| -Ampliado y actualizado el 10 de abril de 2008- BOLIVIA ES UNO DE LOS PAÍSES POTENCIALMENTE MAS RICOS DEL MUNDO. POSEE RECURSOS MINEROS INCALCULABLES, RESERVAS DE AGUA PARA CIENTOS DE AÑOS DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, RESERVAS DE GAS ENORMES Y UN TERRITORIO SUPERIOR A VARIOS DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE EUROPA. HA PASADO POR FIEBRES DE PROSPERIDAD QUE SU GENEROSA NATURALEZA LE HA REGALADO, COMO LA PLATA, EL CAUCHO, EL ESTAÑO Y LOS HIDROCARBUROS. SIN EMBARGO, CONTINUA SIENDO UNA DE LAS NACIONES MAS POBRES DEL MUNDO POR UNA SERIE DE FACTORES DE RETRASO EN SU ECONOMÍA QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL GASTADO DISCURSO DE SUS RECLAMOS PORTUARIOS, DE LA MEDITERRANEIDAD O DE LA FALTA DE COSTAS SOBERANAS, SINO MAS BIEN CON EL PRECARIO NIVEL DE DESARROLLO INTERIOR, QUE ESTANCA AL PAÍS EN UNA ESTRUCTURA QUE DIFÍCILMENTE ALCANZARÍA LOS NIVELES DE INDUSTRIALIZACIÓN, VARIEDAD Y COMPETITIVIDAD QUE REQUIEREN ACTUALMENTE LAS REPUBLICAS PARA CONSOLIDAR SU SUBSISTENCIA. *******************************************
Un chiste contado por los propios bolivianos dice que Dios decidió crear en Sudamérica el país más parecido a su residencia en el Paraíso, con lagos enormes, montañas majestuosas, bosques maravillosos, oro, plata, valles fértiles, etc. Envidiosos de tanta abundancia, los demás países del mundo reclamaron a Dios por su exceso de generosidad, y éste respondió: "¡Esperen que coloque a sus habitantes y verán!". La situación boliviana no deja de ser sorprendente y, a ratos, patética, como si una oscura y siniestra maldición le impidiera acercarse a los niveles de desarrollo a que han llegado prácticamente todas las demás naciones del continente, en mayor o menor medida, contando sin embargo, con infinitas mejores posibilidades que la naturaleza y la historia le concedieron para ello. Sustentada sobre una tradición milenaria (el Collasuyo inca) nacida en las orillas del Titicaca, tuvo el privilegio de ver en su terruño la temprana fundación de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en 1624, y de haber experimentado en su historia tres enormes apogeos mineros comparables solamente a la fiebre del oro de Norteamérica: la plata, el estaño y, últimamente, el gas natural. Tanta riqueza llegó a dar el metal noble del Altiplano, en la colonia, que se llamó a su primera capital como la Plata de los Charcas, eligiéndosela como sede de la administración de aquella audiencia. La ciudad de Potosí fue fundada en torno al centro de la actividad de extracción de plata. Lo mismo sucedió con Oruro, y luego con Cochabamba, esta última capaz de sostener la actividad agrícola casi desde los inicios de la conquista. Actualmente, Bolivia posee más de 14.000 vías fluviales que la conectan directamente con la cuenca del Amazonas, permitiendo una cercana relación Atlántica de departamentos interiores como Santa Cruz y Beni, al contrario de lo que alega el reclamo portuario histórico de Bolivia, según el cual el país estaría ahogado al interior del continente y sofocándose sin acceso al mar. Facilidades entregadas por Argentina para el transporte y desplazamiento hasta la Plata, desde 1955, complementan esta peculiar relación de un estado connaturalmente mediterráneo como Bolivia con el mar. Perú había hecho lo propio en aguas del Pacífico, en la localidad de Ilo y Matarani, donde Bolivia posee además facilidades portuarias insospechadas pero que, sin embargo, ha sido incapaz de aprovechar, pues jamás ha levantado allí un muelle o ha iniciado la creación de una marina mercante propia. El escenario trágico que vende Bolivia al resto de la comunidad internacional es el de un país completamente encerrado, sin accesos al océano y, por supuesto, con la monserga fundacional de que Chile "usurpó" su litoral durante la Guerra del Pacífico. La realidad, sin embargo, es que la propia Bolivia ha recibido de Chile las únicas herramientas que, a partir del Tratado de 1904, le han permitido forjarse una relación con el mar, mismo contacto que nunca antes había tenido siendo su mayor logro la mísera fundación de una caleta como Cobija, enclavada en territorio que jurídicamente correspondía a Chile y que inició el debate por la posesión de Atacama, a mediados del siglo XIX. Fue Chile el país que proveyó a Bolivia de sus primeros accesos funcionales a territorios litorales debidamente implementados y operativos. En el breve período de 1866 a 1879 en que administró las costas de Antofagasta a cambio de facilidades tributarias que no cumplió, Bolivia nunca llegó a establecer una auténtica relación con el mar y sus riquezas, reduciendo sus vínculos a meros trámites aduaneros y policiales, generalmente orientados a perturbar la actividad de los miles y miles de chilenos que allí residían y trabajaban desde inicios de la república, y que representaban más del 90% de la población del territorio. El Tratado de 1904, en cambio, garantizó a Bolivia libre acceso, uso y tránsito por todo el sistema portuario y aduanero de las ciudades del Norte de Chile, medida de avanzada que hasta ese momento no había tomado ningún otro país del mundo para con su vecino. Involucró, además, la construcción totalmente financiada por Chile del tren Arica-La Paz, que acercó como nunca antes al Altiplano con el océano Pacífico, sin contar otros generosos aportes económicos que debieron hacerse para que Bolivia implementara sus redes ferroviarias interiores. No existe, hasta la actualidad, un caso de liberación tan amplia y conveniente en otro lado del mundo. La conveniencia de estas libertades de aduana y tránsito han quedado plasmadas en sucesivas ampliaciones del régimen que ha solicitado Bolivia en años posteriores a la firma del "infame" tratado:
Vemos que Chile, en lugar de condenar a Bolivia al encierro, ha dado a Bolivia todos instrumentos y los recursos para poder aproximarse a un océano al que, al decir de Jaime Eyzaguirre, siempre vivió de espaldas. Tan evidente es este uso político del tema portuario por encima de la realidad boliviana, que el representante de Bolivia que firmó la Declaración de Arica de 1953 pidiendo mantener vigente al Tratado de 1904, el entonces Canciller Walter Guevara Arze, sería el mismo que en 1980 presentaba, ahora como Presidente, una declaración ante la OEA justificando el deseo de Bolivia de romper dicho tratado bajo el pretexto de que todos pactos internacionales eran "susceptibles de cambio y revisión".
Para poder sostener el mito del daño económico por la falta de puertos propios, los publicistas bolivianos se escudan tercamente en ciertos informes propios e internacionales muy poco científicos y generalmente muy cargados de criterios políticos de evaluación. La Cámara Nacional de Industria de Bolivia (CNI), por ejemplo, publicó un estudio del que hablaremos un poco más abajo, según el cual la falta de una salida al mar tenía un impacto negativo del 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país (Editorial del diario "La Razón" de Bolivia, miércoles 23 de marzo de 2005). Estos datos han pasado a cristalizarse en el discurso oficial de Bolivia sobre sus problemas de desarrollo económico. Por el mismo sentido, el estudio dirigido por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), del Ministerio de Desarrollo Económico boliviano, estimó en US$ 4.000 millones las perdidas sufridas por el país en un período de 10 años (desde 1988 a 1998) como efecto derivado de la situación de mediterraneidad geográfica. Otro de los informes internacionales más recurridos por los publicistas bolivianos, es el que presentara en 1998 la firma norteamericana Radelet & Sachs para el estudio titulado “Competitividad: la Clave para el Crecimiento”, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se establece que la duplicación de los gastos de transporte por parte de los usuarios bolivianos de puertos en el Pacífico reduce en 0,5% el crecimiento del PIB de Bolivia. El Informe dirigido por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y por el Proyecto Andino de Competitividad, señalaba también que los costos por el tránsito del comercio exterior de Bolivia inciden directamente en su capacidad de competitividad, llegando a afectar en un costo adicional de hasta el 43% a los productos de origen boliviano. Aunque la cifras ya resultan comparativamente muy inferior a los porcentajes de "pérdida" que alega el país altiplánico, el dato de este Informe resulta anodino por cuanto es la distancia entre los centros urbanos y comerciales de Bolivia con el océano Pacífico lo que le estaría afectando económicamente, y no la falta misma de puertos, de los que, como hemos dicho, goza de plenos accesos y derechos de uso en el Norte Grande de Chile. La utilización de este dato para reclamar un "daño económico" por falta de costas propias, entonces, resulta tan absurda como pensar que por el sólo hecho de que Bolivia llegue a contar algún día con una salida al mar propia de regalo, el mar quedará más cerca o avanzará tierra adentro en el continente hasta situarse a una distancia que resulte conveniente a las necesidades altiplánicas. El otro estudio recurrido insistentemente fue elaborado en 2001 el economista y director del Instituto "Tierra" de la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs (declarado antiliberal y anticonservador, también ligado a la elaboración del informe anterior), por la Luke, Gallup & Sachs de la Universidad de Harvard. De alguna manera, viene a complementar al de 1998. Según concluye Sachs esta vez y por encargo de la CNI boliviana, la mediterraneidad de Bolivia impacta negativamente sobre el 1,5% del PIB (algunas fuentes bolivianas alegaban hasta entonces que este porcentaje llegaba ¡al 30%!), equivalente a una merma de US$ 120 millones anuales. Es desde ahí de donde la CNI tomó las cifras que hemos citado más arriba, y que forman parte del discurso oficializado de La Paz sobre las supuestas pérdidas que le genera la falta de mar propio. Sin embargo, quien conozca este informe advertirá que cuando Sachs procede a señalar los factores de la mediterraneidad que intervienen tan negativamente en la economía boliviana, comete las siguientes imprudencias que no se ajustan a la realidad de las relaciones de Bolivia con la cuenca del Pacífico:
Al parecer, Sachs estaba intentando reafirmar una discutible tesis suya anteriormente presentada en otro ensayo, según la cual los países sin acceso al mar, pierden anualmente en sus tasas de crecimiento un porcentaje cercano al 0.7% del Producto Interno Bruto. Sorprendentemente, sin embargo, consultado por el diario "La Prensa" de Bolivia del 17 de agosto de 2003, el propio economista diría desvirtuando el dogma de las trabas geográficas ante la pregunta:
Nada nuevo para quien ya esté en conocimiento de los otros informes que procederemos a estudiar.
Refutando la raíz de esta clase de "estudios", debe recordarse un informe que ha sido presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Asunción, Paraguay, los días 12 y 13 de marzo de 2003, con el título "Estudio Preliminar de Transporte de los Productos de Comercio Exterior de los Países sin Litoral de Sudamérica" (Documento de Referencia DDR/2, 10 de marzo de 2003, preparado por Ian Thomson, Jefe, Ricardo Sánchez, Consultor y Alberto Bull, Experto en Infraestructura Vial de la Unidad de Transportes de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL). Este estudio establecía que la mediterraneidad boliviana estaba ampliamente compensada por las facilidades de tránsito en países vecinos como para pretender presentarla como un problema o daño a su economía, atribuyendo los problemas más bien a las distancias desde los grandes centros productivos o comerciales de Bolivia con respecto a los puertos del Pacífico (los subrayados son nuestros):
En julio de 2003, a través del Boletín FAL Edición Nº 203 basado en este último documento, la CEPAL demostró nuevamente, de modo irrefutable y considerando variables científicas no estimadas por Sachs, que la falta de puertos propios de Bolivia no ha tenido ni lejanamente los costos millonarios que le atribuyen sus autoridades, sacándola, por lo tanto, de la gama de razones reales y lógicas para explicar su subdesarrollo económico. Dice este documento lo siguiente (los subrayados son nuestros):
La razón de que esta falta de costas no influya se debe, justamente, a que las carencias están ampliamente compensadas con los accesos y libertades que Chile le entrega con el tratado.
Como vemos, para el organismo el "costo" de carecer de puertos propios a penas llegaría al 0,25% del Producto Interno Bruto de Bolivia, por lo que, en el orden estrictamente económico, debemos buscar las razones del retraso boliviano en factores como los que pasaremos a investigar ahora. Ya que difícilmente podría tildarse a la CEPAL de representante de los intereses del capitalismo internacional, en general el organismo ha merecido la credibilidad general de la internacionales "progresistas" de América Latina, todas ellas naturalmente proclives a acoger el mito del retraso boliviano por falta de acceso al Pacífico. Por ejemplo, el autor izquierdista Raúl Ruiz González escribe en "Bolivia, el Prometeo de los Andes" (Editorial Platina, Buenos Aires, pág. 75):
El mito del "daño económico" queda, de este modo, completamente desmentido.
Uno de los primeros y más importantes factores de la involución económica boliviana está en los campos agrícolas del país, cada vez más golpeados por cuestiones políticas y sociales que no parecen hallar remedio. La población boliviana no ha encontrado grandes motivaciones ni cuenta con la voluntad para bajar de los altos territorios de la zona altiplánica. Puesto que los territorios más fértiles y productivos se encontraban en las zonas bajas y las llanuras, esta tendencia dañó particularmente a la agricultura y a las posibilidades de los campos, convirtiéndolos muchas veces en territorios periféricos y marginales, casi excluidos de la influencia del ordenamiento, del derecho y del Estado en su conjunto. Sin embargo, el pasar de las décadas puso en relieve que el problema de la economía agrícola no estaba relacionado solamente con la situación geográfica, sino con otro elemento completamente ajeno al gastado debate de la mediterraneidad y relacionado directamente con las capacidades del elemento humano. En efecto, en áreas rurales de Santa Cruz y la zona del límite Este, han aparecido focos de conflictos poblacionales que nos llevan a reflexionar, nuevamente, sobre las profundas divisiones internas de la sociedad en Bolivia y el riesgo en que se encuentra la propia noción de nacionalidad. Mientras la posesión de la tierra se ha concentrado entre cholos y criollos con mayor acceso a la autoridad local y a las esferas de poder, el trabajo mismo sobre la tierra es llevado por mayorías indígenas locales con nulo acceso a la educación y mucho menos a la autoridad. Muchas de estas tierras fueron acaparadas por las propias familias que hoy las poseen, precisamente durante la Revolución del campesinado de 1952, dirigida por Paz Estenssoro, cuya intención era, supuestamente, destruir las servidumbres y reformar la agricultura, a partir del año siguiente. Pero nadie bajó de las alturas altiplánicas a los campos, dejando a los territorios bajos abandonados a la suerte de los hacendados locales, acosados por el salvajismo y la violencia de las chusmas de indígenas y peones rebeldes que se negaban ahora a trabajar la tierra. Invasiones de indios y mestizos saquearon los campos, se apoderaron indiscriminadamente de las fincas productivas, quemando cultivos y bodegas que representaban años de esfuerzos. Familias terratenientes, inquilinos y los propios peones eran asesinados impunemente por las indiadas iracundas, azuzados por la "guerra santa" que las autoridades de La Paz habíanle declarado a toda la raza blanca, en una impactante exposición de racismo inverso y brutalidad intolerante. Los animales fueron carneados en los mismos corrales y los silos vaciados. Las bodegas de aguardientes y vinos también cayeron en manos de estos singulares "revolucionarios", abriendo paso a escenas de vandalismo, violencia generalizada y degeneración sexual masiva que pocas veces han sido recordadas y que los historiadores bolivianos suelen evadir por pudor. Cientos y cientos cayeron víctimas de riñas o asaltos y las reservas alimenticias de varios años terminaron destruidas, por lo que los tiempos que siguieron se caracterizaron por las escenas de hambruna y miseria extrema por todos los campos, derivadas directamente de este insólito episodio de la historia de Bolivia y que sólo lograron ser mitigadas por una ayuda norteamericana. Por estas razones, la marginación del elemento trabajador de los campos tal vez no se dé en ningún otro país de América Latina como se observa en Bolivia. Medio siglo en Reforma Agraria, desde el 2 de agosto de 1953, no cambió en nada el panorama y la tierra siguió siendo desaprovechada, concentrada entre quienes le daban en uso menos productivo. Prácticamente nula es la participación del agricultor en las fuentes de trabajo de los campos y el efecto de este escenario es una especie de "colectivización privada" de los mismos, situación que, paradójicamente, la reforma de los cincuenta sólo ayudó a afianzar, a costa de un baño innecesario de sangre. La miseria, el descuido del Gobierno Central y la dosis cruel de hostilidad del clima provocaron en la década siguiente la desaparición de poblaciones completas y la destrucción de los poquísimos campos agrícolas de quinoa y papas que existían en las inmediaciones de salares como el de Coipasa. El Censo Agropecuario de la Dirección Nacional de Estadísticas de la República de Bolivia, por ejemplo, demostró en 1960, que dentro del territorio de 1.146.333 hectáreas de la Provincia de Carangas, del Departamento de Oruro, existían a penas 48 propiedades agrícolas que utilizan una superficie cultivable de sólo 804,7 hectáreas. Estos terrenos eran destinados casi enteramente para la siembra de quinoa y papa, cultivos que aprovechan las aguas pluviales. Las obras "Travaux de l'Institut Français d'Etude Andines 1957-1958, París-Lima", y la "Geografía" del boliviano Alfredo Ayala (1956, Editorial Gisbert y Cía de La Paz), agregan que los 6.750 habitantes de Carangas se distribuían en una escasa densidad poblacional de sólo 0,6 habitantes por kilómetro cuadrado, y que en los poblados de Huasquiri, Arcoribes y Chipaya no habían más 200 almas por cada uno, encontrándose en zonas frías de poco y nulo aprovechamiento agrícola, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Inclusive, pobladores de origen Chipaya debieron ser erradicados hasta las Yungas para sacarlos de tan hostiles territorios, evitando su virtual desaparición. Con esta clase de tendencias, no es raro que una buena parte de la tierra boliviana quede en manos de narcotraficantes, de madereros y de toda clase de personajes organizados en formas ilegales de explotación de los campos. La mayoría de los trabajadores rurales, en cambio, quedan en posesión de unos cuantos miserables metros cuadrados del peor territorio, erosionable y muy poco fértil. Por el contrario, los terratenientes acaparan las mejores tierras y las más grandes extensiones. Según un estudio del Ministerio de Economía de Bolivia, presentado en julio de 2003, "El 87% de las tierras (28 millones de hectáreas) está en manos solamente del 7% de propietarios de dotaciones agrícolas". Los campesinos tendrían la propiedad de solamente 4 millones de hectáreas, es decir, del mísero 13%. Muchos de estos clanes latifundistas y monopolizadores de la tierra, están relacionados con algunos de los políticos de más renombre y de mayor vocación para clamar el reclamo portuario de Bolivia. La situación se ve agravada por la persistente marginación de los indígenas y trabajadores del poder y la fuerte vinculación que algunos partidos políticos suelen tener con los millonarios terratenientes. En 1990 y 1996 se desataron violentas protestas indígenas contra el Estado por esta situación de marginalidad, seguidas de los movimientos de cocaleros, es decir, de los productores de coca del Chapare y de Yungas asociados a las internacionales del marxismo a través de líderes tan cuestionables como Evo Morales (antes de su extraña transformación pacifista y altruista, paralela a su triunfo en los comicios electorales del 2005, que lo llevaran a la presidencia de Bolivia), y el ex guerrillero Felipe Quispe, ambos artífices de la violenta agitación que derribó del sillón presidencial a Gonzalo Sánchez de Lozada, el año 2003, en complicidad de grupos de izquierda vinculados al Perú y al Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Quienes conozcan buena parte de la historia reciente de Chile o tengan sus años, recordarán que una situación muy parecida a la que ocurre en Bolivia afectó al país hasta los años sesenta, y entonces se optó por un remedio que, a la larga, resultó peor que la enfermedad: una Reforma Agraria propia. Bolivia también está propiciando condiciones que podrían ir por una peligrosa reestructuración de los campos muy parecida a la salvajemente realizada durante la Rusia de Stalin, a través de proyectos como el de la Ley de Ordenamiento Territorial, estimulada especialmente por grupos marxistas y ecologistas. Los propios campesinos, azuzados por estos oscuros referentes políticos y por los nefastos líderes cocaleros, han solicitado una segunda Reforma Agraria para Bolivia, como supuesta salida a la actual situación de 90% de la población agrícola de Bolivia, que permanece bajo la línea de la pobreza: 250 mil sin propiedades y un millón en minifundios.
Una política boliviana persistente ha sido la de intentar presionar a Chile, en sus afanes de salida al mar, obstaculizando el abastecimiento de agua del Norte grande, especialmente en Arica y al interior de Antofagasta. Los casos del río Mauri, río Lauca y río Silala con los más emblemáticos de esta cruzada. En 1950, hubo varias negociaciones para otorgar una "faja" de salida al mar para Bolivia, ocasión en la que el propio gobierno de La Paz propuso compensar la entrega poniendo a disposición de Chile aguas del lago Titicaca para regar valles de la primera región. Sin embargo, a poco de andar revirtió drásticamente su posición, retiró la propuesta y los medios de prensa bolivianos la plantearon como una verdadera arrogancia solicitada por nuestro país. El panorama, sin embargo, ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas y Bolivia ya no disfruta de una abundancia de agua tal, como para pretender utilizarla de carnada o garrote contra Chile en la búsqueda de satisfacciones a su demanda marítima. El nuevo escenario ha significado incluso que los cultivos de quinoa y papa sean más populares en ciertos sectores del Altiplano, precisamente por necesitar poca agua y proveérsela principalmente de las precipitaciones pluviales. En palabras más precisas, los recursos hídricos de Bolivia ya no son su tesoro factible de usar en despilfarro y la falta del agua dulce ha conducido a graves crisis internas que la alejan cada vez más de la posibilidad de disponer de ella para ofrecerla especialmente en la ilusa oferta de trueque de costas en el Pacífico por agua para los valles fértiles del Norte de Chile. De hecho, ya vimos que han sido campañas mediáticas sobre supuestas ofertas a Chile de aguas del Titicaca (idea originalmente propuesta por el político boliviano Ostria Gutiérrez) las que han lanzado en el pasado grupos nacionalistas bolivianos, para hacer fracasar las negociaciones tendientes a otorgarles un "corredor al mar" por el Norte de Arica. Hasta el día de hoy persisten en Bolivia leyendas siniestras sobre pretensiones que el "expansionismo chileno" tendría sobre las aguas del lago Titicaca. El problema de Bolivia no es la falta de agua, propiamente tal, sino su insólita e inexplicable incapacidad de aprovechar el recurso y de insertarlo en un manejo responsable y productivo. Casos como el de la tediosa y larga disputa artificialmente levantada sobre la captación de aguas en la ciénaga del río Lauca, parecen demostrar que Bolivia sólo es capaz de emplear el potencial del recurso hídrico sólo con fines políticos o estrictamente mezquinos. Sirva de ejemplo que Chile ha logrado hacer maravillas en valles desérticos como Azapa, Lluta, Camarones o Pica, en circunstancias de que las 13.425 hectáreas cultivables de Tarapacá, cuentan sólo con los 45.000 millones de metros cuadrados disponibles en todo el Altiplano de Arica. Por el contrario, el Altiplano de Bolivia cuenta con la cifra majestuosa de unos 950.000 millones de metros cuadrados sólo en el Titicaca, sin contar los millones y millones de medidas adicionales que les provee el Acuífero Aymará del Collao y el sistema hídrico de Oruro que los ancestros incaicos aprovecharan con una ingeniería y una creatividad envidiables. A pesar de eso, Bolivia es una de las naciones que ahora deben recibir ayuda internacional para suplir las crisis de alimento. Algo de este problema se reflejó también en la llamada "Guerra del Agua" o "Rebelión del Agua", surgida el año 2000, producto del enajenamiento de miles de campesinos del vital elemento luego de que durante el año anterior, como parte de las reformas sugeridas por el Banco Mundial, el Gobierno de Bánzer decidiera conceder la propiedad del agua potable de Cochabamba -en oscuras circunstancias de negociación y contrato- a la empresa Aguas del Tunari, dependiente de la internacional Bechtel, que procedió a elaborar un programa de expropiación de los pozos y las fuentes, además de considerar alzas el consumo y el inicio de cobros entre las comunidades que se proveían del vital elemento usando redes fluviales naturales, como ríos y lagos. Intelectuales, políticos y ambientalistas se agruparon en torno a la Coordinadora por la Defensa del Agua y la Vida, organismo que movilizó violentas protestas durante todo el año hasta conseguir detener el despiadado negocio, luego de las elecciones del 2002. Pero el recurso no está salvado. El agua dulce de Bolivia es controlada en gran medida por empresas locales experimentando un encarecimiento progresivo. Las estadísticas de ONG's y grupos ecologistas han demostrado, además, que el relave y la contaminación con aguas servidas podría tener proporciones insospechadas en el daño de la agricultura y del propio abastecimiento hídrico. Particularmente nociva ha sido la influencia de empresas mineras sobre el recurso, sin que deban enfrentar ninguna clase de responsabilidades u obligaciones de reparar el daño, ya que muchas de ellas continúan trabajando con procedimientos poco responsables que se remontan al tiempo de dominio colonial. El costo económico que ha de tener actualmente esta irresponsabilidad, y sobre todo en el futuro, habrá de ser incalculable. La dependencia climática y ambiental del recurso hídrico es otro síntoma de la falta de control del agua dulce. Hacia fines de agosto de 2005, por ejemplo, la Prefectura del Departamento de Beni, en la Bolivia amazónica, reconocía que más de 5.000 familias bolivianas se encontraban damnificadas por la prolongada sequía que afectaba a esta zona, haciendo que dicha gobernación declarara estado de emergencia en la región y solicitara al Gobierno los recursos económicos adicionales luego del peligroso descenso del caudal de los ríos de las cuencas de Mamoré y Yacuma. Las fuentes oficiales como la Defensa Civil de Beni agregaron que la sequía, además, estaba acompañada de contaminación ambiental a causa de los numerosos incendios forestales provocados por agricultores locales para ampliar sus tierras de cultivo, técnica muy recurrida en la zona y de la que hablaremos después. Este problema ha llevado a Bolivia variar la estrategia de reabrir el tema de la mediterraneidad buscando otras carencias en el Norte Grande de Chile -a parte del agua dulce- donde ofrecer carnadas, como es el caso de la energía. El asunto del comodato-gasoducto tiene que ver con este replanteamiento reciente. Veremos más adelante, sin embargo, que esta nueva prospección parece estar tomando el mismo camino desastroso en que han caído todas las fiebres de recursos naturales del Altiplano.
Otro problema derivado del que las tierras hayan ido quedando en escasas manos, es la explotación desmedida de los suelos, especialmente en los territorios naturalmente más ricos. Los bosques naturales de Bolivia han sido los primeros afectados, al ser arrasados por la depredación forestal entre campesinos pobres y también por latifundistas deseosos de hacer que sus tierras puedan ser cultivables y produzcan con prontitud. Según cifras oficiales, entre el año 1990 y 1995, cerca de 2.097.000 hectáreas de bosque nativo fueron aplastadas por la necesidad de ampliar la mezquina fracción agrícola productiva que Bolivia ha logrado conservar en las décadas. Un informe de las ONU titulado "Desarrollo Humano en Bolivia" y emitido por el PNUD, en 1998, advertía:
Aunque los grupos ecologistas se aventuran en indicar que los indígenas serían los primeros afectados por esta irracional explotación, otros identifican a los mismos como protagonistas destacados de tan grave deforestación, al participar como trabajadores de actividades forestales de escasa conciencia responsable, obligados por la pobreza y la falta de oportunidades de ingreso en la miserable vida de muchos de los campos más marginales del territorio. El efecto en la economía tampoco ha pasado inadvertido: algunas maderas finas propias de Bolivia ya han desaparecido irremediablemente de los mercados, sospechándose incluso la extinción de especies completas. La inconciencia altiplánica parece haber estado, históricamente, mucho más marcada que en los demás países del continente, a pesar de que ninguno estuvo libre del pecado medioambiental, especialmente en los períodos de colonización de fronteras interiores. Ya había ocurrido que en 1901, Bolivia firmó un acuerdo comercial que prácticamente saqueaba los ricos territorios caucheros de la selva del Acre y las valiosas fuentes del Javary, entregándolos a la empresa anglo-norteamericana Bolivian Syndicate of New York, con libertades tributarias por 60 años, percibiendo el fisco sólo el 10% de las entradas netas a partir del tercer año. El Brasil rechazó este acuerdo para proteger a sus muchos súbditos que allí trabajaban en la extracción del caucho, amparando a los grupos de resistencia que se formaron espontáneamente y que incluso se declararon independientes en 1899 y en 1901, motivando el conflicto armado del año siguiente, que concluyera con el Tratado de Petrópolis de 1903, por el cual Bolivia debió reconocer todos los territorios disputados como soberanía brasileña. Se debe destacar que muchas de estas actividades depredadoras, como en el caso ocurrido alguna vez en el Brasil, persisten hasta nuestros días y son realizadas por empresas internacionales o privados con oscuros acuerdos directos con las autoridades y por los cuales la comunidad local y el mismo país recibe sólo escuálidos ingresos, a costa de sacrificio de sus santuarios y bosques más valiosos. Esta situación fue la que movilizó al famoso y admirado líder sindicalista de los caucheros brasileños, Francisco "Chico" Mendes, a iniciar la campaña por evitar la deforestación de los territorios amazónicos de los seringueiros, proyecto en el que entregara su vida al ser asesinado el 22 de diciembre de 1988, por las armas de sus enemigos terratenientes. Sin embargo, la destrucción forestal soñada por Mendes en la Amazonía está lejos de terminar por el lado boliviano. Ya hemos visto la costumbre de provocar en Beni pequeños pero numerosos incendios para abrirle paso a los campos entre las forestas, y que estos han acarreado no sólo la destrucción de los bosques, sino la contaminación del aire. Tanto ha aumentado esta clase de quemas controladas, que la Defensa Civil de este Departamento reconoció durante agosto de 2005, la cantidad de humo acumulado por estas fogatas había provocado cierres temporales del aeropuerto de la ciudad de Trinidad, capital del Beni, a causa de la escasa visibilidad. Las provincias más afectadas por esta clase de incendios forestales son Cercado, Iténez, Mamoré y Yacuma. Los recursos mineros bolivianos también han caído en el espiral de la sobreexplotación. Como el recurso hídrico ha pasado al segundo plano dada la crisis de agua dulce interna que hemos descrito, Bolivia no ha tenido más remedio que optar por un cambio de estrategia en su interés por presionar a Chile en la posibilidad de una cesión litoral estimulando el intercambio a través de temas energéticos. Sumado este interés al de recibir ingresos para el fisco de manera rápida y directa, el recurso del gas natural ha sido proyectado con muy optimistas cálculos sobre sus reservas y la cantidad de años que podría ser explotado, en circunstancias de que el mismo país mantiene desde hace mucho graves déficits internos de abastecimiento energético. Un ejemplo lo dan las propias reservas de Tarija, en cuyos alrededores las comunidades locales aún se abastecen de energía recogiendo leña y cortado árboles, pese a estar viviendo prácticamente sobre un estanque de gas gigante. Hacia 1991, se promulgó en La Paz la Ley del Medio Ambiente. Como suele suceder en los países con profundas faltas de desarrollo, la ley fue letra muerta. Probablemente la prohibición del consumo de marihuana en Jamaica tenga más posibilidades de acatamiento que las normas medioambientales en Bolivia. El daño medioambiental no se limita sólo a estas situaciones. Hay también una actitud formidablemente destructiva hacia la fauna que a futuro podrían traducirse en daños catastróficos para la biosfera y con el consecuente castigo económico que estos desajustes suelen traer, especialmente a los países estancados en la dependencia directa de las materias primas. En el año 2000, por ejemplo, se autorizó por ley la explotación de caimanes, de los que se envían al extranjero cerca de 50.000 pieles anualmente. Ese mismo año, las autoridades de Bolivia regalaron a su Santo Patrono en Iquique, el muy entreguista alcalde Jorge "Choro" Soria, cerca de 40 caimanes para que un parque natural. Un año después, la mayoría de estos animales ya estaban muertos por falta de atención y de cuidados de parte del ilustre. La caza y explotación irracional de camélidos y los contrabandos de mamíferos nativos también han cobrado una cuota carísima. Como las leyes de protección medioambiental tienen nula aplicación, en el mismo mercado central de la ciudad de Oruruo los contrabandistas de animales pueden encontrar toda una variedad de animales exóticos propios de Bolivia y a precios de hambre. Incluso han peculiares "guías" que publicitan entre los turistas los lugares más apropiados para encontrar especies de animales para poder llevarse como un recuerdo exótico del país. Según el diario "La Razón" del 20 de septiembre 2000, parte de estas especies podían encontrarse en puestos de ventas de la calle Tarapacá, entre Adolfo Mier y Bolívar, de la misma ciudad. Loros, monos, quirquinchos y ciertas variedades de reptiles son las favoritas de estos contrabandistas, sacados directamente de su medio ambiente y pasando de inmediato a la jaula, a la espera de un comprador. En el caso de los quirquinchos, algunos artesanos insisten en fabricar para los turistas los clásicos charangos con la caparazón del armadillo, a pesar de estar protegido por ley y en franco peligro de extinción. Las pérdidas de estas irresponsabilidades generalmente nunca se cuentan en su capacidad de impacto sobre la economía, pues existe la errada tendencia a creer que tan efecto no llega a producirse debido a la graduación y al largo plazo con que se presenta, para muchos imperceptible, pero muy real. Tampoco ha existido iniciativa de parte del pueblo o del Estado boliviano por regular alguna forma de explotación racionada y conveniente de ciertos recursos nativos de origen animal, prefiriéndose el contrabando y el dinero fácil. Un ejemplo: a mediados de los años setenta, el famoso oceanógrafo y biólogo francés Jacques Cousteau, estuvo por varios meses realizando investigaciones junto a su legendario equipo de hombres en el Titicaca, llegando a la conclusión que la rana gigante que habita en las aguas del lago perfectamente podía ser usada como fuente alimenticia con un programa racional de explotación y cría, aprovechando y manteniendo una abundante población lacustre del anfibio. A pesar del notable y valiosos descubrimiento, jamás ha existido de parte del gobierno paceño alguna iniciativa al respecto para aquella zona que registra, por cierto, algunos de los mayores índices de mala alimentación infantil y adulta.
El daño que el narcotráfico le hace a la economía boliviana debe ser de los mayores y más funestos en sus consecuencias y alcances. No sólo desvía una enorme cantidad de recursos de parte del Estado para intentar combatir sin éxito este flagelo, sino que genera daños internacionales de proporciones enormes a las posibilidades de inversión extranjera y comercio cruzado. Vale recordar aquí que la producción de coca está al centro del huracán de problemas y alteraciones generadas por la influencia del narcotráfico. Las escenas de campesinos y policías enfrentándose en los campos y las de quemas de verdaderas torres de coca en plantaciones ilegales, se han vuelto frecuente. Y, aún así, cientos de indígenas año a año han ido abandonando la pobreza de los cultivos tradicionales en los campos para probar suerte en la producción de coca, como una válvula de escape a la miseria. Lo peor del asunto es que el abandono de los campos sólo acarrea más miseria al conjunto. Por un lado, están los productores cocaleros que han intentado salir de la pobreza y la miseria de los campos concentrando la capacidad de la tierra exclusivamente en este recurso, especialmente en Chapare. La mayoría de ellos son indígenas de muy escaso nivel socioeconómico, con poco o nulo acceso a la educación y a la vida política, que encontraron en agitadores y sediciosos como el futuro presidente Evo Morales, a un abanderado de sus intereses y del discurso antichileno que tan bien les sienta a estos grupos, amparados por mafias productoras de cocaína. Al respecto, resuena el eco de las palabras escritas por el geógrafo chileno Alejandro Pavez Wellmann:
Por otro lado del problema, están los intentos del propio gobierno y las autoridades por frenar la producción de la coca, pues es secreto a voces que la cantidad de producción de los cocaleros supera ampliamente la demanda de la hoja de coca propiamente tal, con lo que todo el exceso va a parar a la producción de cocaína en la región, compartiendo el mal que también envenena a Perú y Colombia. La ONU demostró en 1963, que Bolivia había falsificado sus informes internos sobre producción de coca, pues mucha parte de la hierba iba a parar directamente a la producción de alcaloides. Ese mismo año, fueron denunciados estrechos vínculos entre funcionarios de la administración de Paz Estenssoro y los productores de narcóticos. Luego, en 1968, la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes del mismo organismo solicitó formalmente a Bolivia controlar su producción de coca, pero el país se negó a acatar la petición aduciendo que la hoja era parte de su tradición cultural e histórica. Este estigma, sumado a la corrupción generalizada, ha sido uno de los grandes problemas que Bolivia ha encontrado a la hora de incentivar la inversión extranjera. Basta ver la situación de Chile, convertido en pasadizo internacional de drogas procedentes de este país y del Perú, para comprender el nivel de perjuicios que significa una relación integrada o próxima a la realidad del Altiplano. Concientes de esto, las potencias han optado por relaciones tutelares o intervencionistas sobre el país de estratégica situación geográfica y ubicación continental, muchas veces usando el pretexto de la droga para elaborar y cumplir con tales propósitos. Los Estados Unidos han otorgado innumerables facilidades a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico. Hubo notables avances al respecto en años recientes, dando la sensación de que el problema podía ir en retirada. Sin embargo, el resurgimiento del negocio ilícito y la muy cercana influencia del Perú, en donde el problema está lejos de ser controlado, han tirado por la borda estas expectativas optimistas. La irrupción directa de los propios cocaleros en la vida política ha hecho el resto. Pero de hecho, la droga ni siquiera es un gran "negocio-país" en el caso boliviano, pues la cantidad de intermediarios y traslados que encarecen al producto en su viaje a través del mundo y especialmente a los países del Norte (muchas veces usando a Chile como "trampolín" o corredor de paso de droga, como hemos dicho) hacen que las utilidades principales sólo las acaparen grandes productores-traficantes, y el resto percibe a penas escuálidas ganancias. Según se ha dicho, de cada 10 dólares de droga traficada no incautada en los Estados Unidos proveniente de Bolivia, sólo tres dólares (o menos) son dineros que quedan dentro del territorio altiplánico. Siendo la cocaína el mejor de los negocios de Bolivia (las drogas son el primer negocio del mundo, seguido del contrabando de armas y de la explotación sexual), ni siquiera éste le reporta las grandes utilidades que podrían esperarse de un negociador, productor o administrador aventajado. Ante tan oscuro panorama, se ha insistido en Bolivia de la necesidad de fomentar el uso de la coca como materia medicinal o farmacológicos, lo que contribuiría a liberar al producto de tan espantosa fama y permitir que su producción pueda ser utilizada enteramente en fines legales y aceptables, mas ninguna iniciativa de parte de algún gobierno altiplánico se ha oído alguna vez, actitud pacata e irresponsable que raya en lo sospechoso. El problema es, también, que difícilmente los cocaleros podrían dedicarse a nuevas actividades sin no es con supervisión y orientación directa del Estado, ya que los cultivos de coca son o único que han hecho en toda su vida en los campos. Resulta ridículo que, con la pésima fama y el desprestigio que pesa sobre la nación de Bolivia por la existencia de mafias de la droga y su influencia en el poder, los bolivianos aún intenten atribuir la falta de inversionistas extranjeros y de repunte económico a la mera "falta de puertos".
La Colonia y los cuatrocientos años de dominación española del Alto Perú, actual Bolivia, convirtieron al país en un campo de producciones muy específicas y poco variadas, derivadas principalmente de la minería. En lugar del desarrollo de una estructura social basada en el derecho y la formación de la nacionalidad que se dio en otras repúblicas del continente, el país altiplánico debió conformarse con una estructura de un mínimo de conquistadores explotando a las masas de indígenas para las tareas más duras de la economía, ayudados del estímulo de la coca y el alcohol cuando no eran necesarios el látigo y el garrote. Esta estructura tribal y aislada de actividad económica marcó profundamente al desarrollo de Bolivia desde sus primeros momentos en su vida como república libre, a partir de la Independencia de 1825. El esquema maligno de una economía básica y elemental perduró por casi un siglo más sin grandes cambios. Ya en el siglo XX, en la década del cuarenta y la del cincuenta, presidentes bolivianos como Enrique Hertzog y Víctor Paz Estenssoro implementaron planes para tratar de incentivar la diversificación económica pero las crisis políticas y la caída de la rentabilidad del estaño arrojaron estos planes al espiral del fracaso. La producción de escasa temática dentro del territorio boliviano, está reflejada en los datos que han sido publicados por el Almanaque Mundial y la Cepal:
El antes citado informe de las ONU sobre el "Desarrollo Humano en Bolivia", advertía en 1998 que otro de los factores de la precariedad de la economía altiplánica radicaba en la elementalidad de su comercio, es decir, en la presencia masiva de exportación de materias primas con un mínimo de intervención industrial:
Un caso bastante visible de la precariedad comercial de Bolivia, se encuentra en los problemas experimentados por uno de sus productos más conocidos: los derivados de la soya, producto agrícola que entre 1991 y 2000 triplicó su producción que ya entonces era la más alta del rubro agropecuario, mientras que todos los demás productos de la tierra tendieron a mantenerse o incluso a disminuir. Existe desde hace años una profunda y silenciosa guerra comercial entre los productos chilenos y bolivianos en la zona comercial de ambos países. También participan de ella los peruanos e involucra los aranceles que son subidos de uno u otro lado y las acusaciones de salvaguardias se hacen mutuamente las partes, intentando proteger sus propios intereses económicos en esta disputa que echa por tierra los discursos sobre las supuestas "economías complementarias" de la zona tripartita, dogma que es el pilar de los intentos de integración comercial en el Norte y que ha sido recurrente en el discurso de la ex Canciller Soledad Alvear para justificar sus intentos de lograr un Tratado de Libre Comercio con el país altiplánico. En el verano del año 2001, por ejemplo, Bolivia subió a los productos chilenos una sobretasa del 30%. Esto, en respuesta a alzas arancelarias de parte de Chile que no gustaron en Bolivia, especialmente en el asunto de los aceites, ya que los productos de exportación bolivianos llegan a mercados extremadamente pequeños y limitados, lo que le hace, además, una pésima alternativa para asociaciones o integraciones como las que los entreguistas aplauden con singular entusiasmo. Como vemos, la situación se nota particularmente en las industrias aceiteras, que exportan a Chile el 35% de sus ventas, haciendo a los productores altamente vulnerables y susceptibles de ser afectados por los cambios. Inclusive, el 40% del total de los productos que Bolivia envía a mercados chilenos, corresponden precisamente a productos aceiteros. Por eso, las medidas decretadas en enero 2001 por Chile a las mezclas oleaginosas, afectaron de un sólo golpe la suma de U$10 millones de sus exportaciones, lo que les llevó a apelar a otro acuerdo firmado en 1996 de Complementación Económica ACE-22, que no previó esta clase de situaciones. Bolivia, en represalia, ordenó cargar tributariamente los productos chilenos, afectando el dos tercios de las exportaciones nacionales hacia ese país, que bordeaban los U$200 millones. Pero es tanta dependencia existe en Bolivia respecto del aprovisionamiento de algunos productos chilenos, que cuando se anunciaron protestas con quema de "artículos y productos mapochinos" por organizaciones femeninas en el Alto, durante el año 2004, se terminaron quemando simbólicamente sólo las cajas y los envases vacíos de los mismos, dada la necesidad que representan en el abastecimiento diario de esos habitantes. Esta limitación es propia de economías monoproductivas y erráticas. Y, en las reglas de hierro de la economía actual, los mercados que no son convenientes o las plazas comerciales que obligan más de lo que otorgan, están condenadas al aislamiento por no ser adecuadas para un sano intercambio comercial entre naciones, especialmente si expone distintos grados de desarrollo económico. La larga lista de problemas que resultan determinantes en el retraso económico de Bolivia podrían dar un capítulo aparte, pero como es nuestro interés presentarlos sólo en su verdadera dimensión y su falta de relación con las bases del reclamo portuario boliviano, hacemos, a continuación, un breve resumen de todos estos factores generales de retraso y subdesarrollo:
Un hecho que ilustra perfectamente la proyección monotemática de la producción altiplánica, detectada por los aludidos datos del PNUD, surge con la observación de la propia economía boliviana desde la emisión del informe de 1998: mientras las estimaciones de las reservas de gas han aumentado desde 1998 a la actualidad en forma exponencial, la economía boliviana prácticamente no ha experimentado avance en estos años y, de hecho, en muchos aspectos ha caído en franca crisis, lo que no inspira buenos augurios. De los siete trillones de pies cúbicos estimados hasta 1998, las cifras ascendieron en el 2000 a unos 32, y el año 2002 ya se estiman en unos 50. La economía general, en cambio, logró reducir durante ese mismo período la deuda externa, pero a costa del empeoramiento de la situación interna, con gran impacto social, producto de la vulnerabilidad del Altiplano a las condiciones imperantes del comercio mundial. A fines de los noventa, varios descubrimientos de reservas de gas en el subsuelo de Margarita, en Tarija, convirtieron definitivamente a esta región en un tesoro natural, concentrando nada menos que el 87,5% de las reservas del país. Este grado de proyección económica podrían hacer de Tarija, potencialmente, el departamento más rico de Bolivia, y hasta una república independiente, considerando sus intentos de independizarse desde 1924. Por esto, la necesidad de sacar el gas por el Pacífico se hizo imperiosa ante el esperanza de prosperidad que siguió a los hallazgos. Sin embargo, habían para Bolivia dos problemas muy concretos:
Aunque Bolivia tenía el mapa de un seguro tesoro entre sus manos, no todos compartían las políticas de negociación del gas que dirigieron las administraciones consecutivas de los Presidentes Bánzer, Quiroga y Sánchez de Lozada. Esto explica la cruda y pesimista visión sobre el negocio de exportación del gas a California que algunos bolivianos, como el investigador de la Facultad de Física de la Universidad Mayor de San Andrés, profesor Francesco Zaratti, quien señaló a los medios paceños el 27 de julio 2002, que el negocio gasífero sólo dejaría “realmente migajas” por concepto de regalías y participaciones, por lo que recomendaba urgentemente considerar la exigencia de "cualidad marítima" a Chile como una perspectiva de utilidad en la exportación del licuado. Su planteamiento encontraría pies de apoyo, según él, en puntos que podríamos señalar de la siguiente manera:
La paradoja es evidente: mientras algunos consideraron que el negocio del gas boliviano nunca anticipó pruebas concluyentes de rentabilidad futura por haber sido negociado por un patrón boliviano en desventaja, producto de su estado social y político, el proyecto resultaba altamente beneficioso para un departamento tan golpeado por la miseria como Tarija, razón por la que esta región no ha dejado de clamar su intención de independizarse desde fracasada la negociación e iniciado el proceso de nacionalización del gas. El Gobierno de Sánchez de Lozada estaba a punto de retomar el tema del gas, en febrero 2003, cuando una serie de malas decisiones (como subir los impuestos) precipitaron una nueva ola de descontento popular y la consiguiente postergación del asunto, ante la impaciencia cada vez más explícita de Pacific LNG, acentuadas por la indisposición de Estados Unidos para concentrarse en el negocio, dada la fuerte tensión en Medio Oriente que habría de culminar en la invasión de Irak el 19 de marzo siguiente. Sin poder ocultar más los hechos, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Fernando Illanes, se vio en la necesidad de confirmar públicamente que la consultora Global Energy había demostrado que la mejor opción para la venta de gas a California era el puerto chileno de Patillos y no el peruano de Ilo, como alegaban los nacionalistas altiplánicos confiados en que infringirían un gran daño a Chile al sacar el gas por un puerto del Perú y no tener que negociar facilidades o cuotas con el país mapochino. Aunque la revelación coincidía con información presentada por el Comité Cívico de Tarija, contrario a la salida del gas por Perú y sobretodo a la nacionalización, Illanes se apresuró a restarle exactitud al informe. Poco después, el vocero del Palacio Quemado, Mauricio Antezana, declaró a la prensa que el Gobierno de Bolivia no iba a elegir un puerto hasta que el consocio Pacific LNG (que a esas alturas amenazaba ya con llamar a una nueva licitación del gas) no firmara el contrato con el eventual comprador, es decir, con la norteamericana Sempra-Energy. Lo que en un principio parecía un negocio insospechadamente rentable y la salvación para el departamento de Tarija, poco a poco comenzó a convertirse en uno de los fracasos más grandes de la historia de los gobiernos de Bolivia. Persistentes declaraciones en torno a las Fuerzas Armadas y grupos políticos como cocaleros y socialistas "indigenistas" habían anticipado su malestar por la inminente decisión de sacar el gas por territorio del enemigo chileno, lo que tomó especial fuerza en en el marco de las celebraciones de la semana de la "Pérdida del Litoral" que Bolivia realiza anualmente en marzo. Intentando inútilmente bajar la tensión, Sánchez de Lozada reconoció la conveniencia de sacar el gas por Chile, a principios de abril, pero agregando que "como boliviano, preferiría hacerlo por el Perú". Desesperado, advirtiendo que el tema sería aprovechado políticamente por líderes agitadores como Morales y Quispe para derribarlo del poder, el mandatario llamó públicamente a los bolivianos a "tomar las armas y combatir" en caso de que se le tratase de derrocar. En septiembre y octubre de 2003, una larga y violenta jornada de protestas y de agitación social contra la exportación de gas a Estados Unidos, dejó al Gobierno de Sánchez de Lozada con sólo el 10% del apoyo popular. El 17 de octubre siguiente, se vio en la necesidad de renunciar al gobierno y escapar, acusado de represión y con cerca de 70 muertos en un mes. El proyecto de exportación y del gasoducto por territorio chileno también cayeron con el gobierno, cumpliendo nuevamente el ciclo fatídico de inestabilidad social y política de Bolivia, país donde la mayoría de sus mandatarios jamás logran culminar sus períodos constitucionales, víctimas de la agitación, de la corrupción, de golpes de Estado o de la violencia. El Consorcio Pacific LNG declaró a las pocas semanas de caído Sánchez de Lozada y colocado Carlos Mesa en el poder, que ya desestimaba la opción boliviana, más aún cuando el nuevo mandatario declaró su férrea decisión de que el gas saliera por un puerto peruano y no uno chileno, en agosto de 2004, alterando notablemente el diseño del plan original, ya que, hasta entonces, la opción peruana no había sido económicamente real. Aunque Mesa guardó esperanzas de poder someter el proyecto a la nueva regulación nacional del gas, con tasas impositivas al 32% (Ley de Hidrocarburos), en mayo de 2005 Sempra-Energy y Pacific LNG dieron las señales finales de que podría ser definitivamente abandonada la opción de importar gas boliviano, producto de las necesidades de las empresas de comenzar luego el negocio, contrastadas con los años de postergaciones e indefiniciones que aún persisten en el destino final que tendrá el gas de Bolivia.
Muchos entreguistas chilenos, cumpliendo con la costumbre vernácula de opinar sin contar con un número apropiado de antecedentes de evaluación, quisieron pintar un fantástico cuadro de beneficios en torno al gasoducto que Bolivia pretendió sacar por Chile a principios del presente siglo, presentando a Bolivia como un centro energético mundial, capaz de levantarse exitosamente como proveedor de todos los demás mercados planetarios. Los acuerdos del año 2004 entre Bolivia y Argentina, en donde se exigió a Buenos Aires no desviar "ni una molécula" de gas a Chile, alimentaron más el mito de que el país altiplánico sea una potencia consolidada en materias de abastecimiento energético. Sin embargo, a pesar de que el negocio gasífero de Bolivia tiene larga data, este país jamás ha pertenecido al círculo de naciones controladoras del comercio energético mundial y que manejan estratégicamente los precios de combustibles fósiles en el mercado planetario. De hecho, Bolivia, más bien, es una nación sumisa a las condiciones de mercado procuradas por estas naciones, y sus esperanzas precipitadas se han reflejado en la forma en que ha debido negociar su gas con los consorcios internacionales, en absoluta desventaja y finalmente, perdiendo las riendas del negocio. Como dijimos, a lo largo de su historia, ha tenido innumerables fiebres de riqueza ilimitada (plata, caucho, estaño y, ahora último, gas natural) sin que jamás haya podido revertir su precaria situación económica, por lo que termina agotando sus reservas naturales de recursos casi en el mismo estado en que empezara a explotarlos. Esto explica su intento de negociar con Chile la salida del gas, exigiendo un máximo de facilidades posibles, entre las que se incluyen las consideraciones tributarias y la entrega de un territorio autónomo en el litoral ("cualidad marítima") a cambio de otros presumibles servicios de abastecimiento energético para el Norte chileno. Lo cierto es que, hasta este momento, Bolivia sólo ha demostrado ser una importante RESERVA gasífera, pero no aún una auténtica POTENCIA gasífera con todo lo que ello significa y conlleva, condición relevante a la que sólo podría acceder en base a una exitosa negociación y a un esquema eficiente de producción y planificación que le permitan superar, además, las circunstancias internacionales que aquí procederemos a estudiar. Lamentablemente para el país altiplánico, el escenario político y decisional que ofrece hasta ahora, sumado a la caída del proyecto inicial con Pacific LNG, dicen mas bien que el camino que se está tomando es otro. Insistimos en que las experiencias de la plata o el estaño demuestran que la sola posesión de una riqueza natural no es garantía de prosperidad o desarrollo. Hacia 1930 comenzó a quedar claro cuáles países pertenecían al selecto club de los combustibles fósiles y quiénes no. Cuando Joiner descubrió en Texas el famoso yacimiento petrolífero, las estimaciones de las reservas aumentaron y el mercado cayó drásticamente. Se hizo evidente que la necesidad de organización y de control entre las naciones iba a imperar en favor de permitir que un número reducido de países obtuviese la mayor parte de la utilidad, relegando la participación de naciones menores, como sería ahora el caso de Bolivia, especialmente cuando las reservas de combustibles fósiles ya han comenzado su cuenta regresiva y cada nación miembro del "cartel" busca consolidar los mejores precios a sus exportaciones antes de que ellas se agoten, pero coordinando además con los competidores la vigencia del producto en los mercados y el desarrollo de tecnologías nuevas que ya están a la espera de relevar a las de combustiones. Bastará con que las reservas de las naciones del "cartel" de combustibles fósiles se agote, para que todo el mercado mundial energético sea renovado aún cuando productores menores aleguen poseer todavía reservas de gas y petróleo. Compañías como Standard N. J., la Shell y la Anglo-Persian habían organizado en Escocia, desde el año 1928, varias reuniones secretas con las que se proyectó la fundación del "cartel" internacional llamado "Pool Association of September 17, 1928", más conocido como "Acuerdo de Achnacarry", que sólo excluía a la URSS y los Estados Unidos. Sus disposiciones eran claras: siete principios que tenían por objetivo el control del mercado mundial de combustibles fósiles y eliminar -o a lo menos contrarrestar- la influencia de los competidores. Tras la Crisis de la Bolsa del año 1929 y la sobreproducción petrolífera de Texas, el Gobierno de los Estados Unidos intervino incluyendo el "American Oil Code", medida proteccionista que buscaba aumentar el precio de los crudos. Las acciones de mejoramiento productivo, de eficiencia y de penetración en el mercado fueron fundamentales. Bolivia no estuvo ajena a estos procesos. Tentada por negociar con la norteamericana Standart Oil Company (Esso), en 1932 inició una serie de agresiones contra el Paraguay para arrebatarle territorios del Chaco, ricos en petróleo y, sobre los cuales los paraguayos ya habían planificado explotaciones a cargo de la Shell inglesa. El conflicto desembocaría en la Guerra del Chaco, perdida por Bolivia en 1935. Por su parte, la Irak Petroleum, compañía que negociaba con las reservas de Arabia Saudita, no logró sobrevivir a la Segunda Guerra y su riqueza se diluyó en la leyenda, impedidos además por las restricciones del Acuerdo "Red Line", que delimitaba severamente los mercados y plazas de acción. Con ello, compañías como la Standard N.J. y la Socony Vacuum que habían negociado con Irak Petroleum, disolvieron el acuerdo y, para 1947, ya habían comprado entre ambas el 40% de la Aramco de Arabia Saudita e invertían en la Texas y la California. Comenzaba así a armarse un escenario definitivo. Ambas empresas firman luego con la Anglo-Iranian, y la Shell lo hace con la Gulf, las dos de Kuwait. El acuerdo "Red Line" era disuelto definitivamente al año siguiente, especialmente por las compañías francesas que sólo contaban con Irak para provisión de combustibles fósiles. La organización de competidores se mantuvo largo tiempo, hasta nuestros días, tras el nacimiento de las "Siete Hermanas", organización de países que entonces controlaban el mercado petrolífero. Pero en 1960 nace la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), integrada por Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Libia, Argelia, Nigeria, Gabón, Ecuador, Venezuela e Indonesia, que a partir de los años setenta agita el mercado mundial, arrastrando al mundo a dos recesiones consecutivas. Así, salvo el caso ecuatoriano y venezolano, los países latinoamericanos siempre pasaron a ser socios de segunda o tercera categoría entre los gigantes, precisamente en el estatus de "competidores bajo control" en que los miembros del "cartel" mundial pretenden mantener también a Bolivia con el gas. Siguiendo esta lógica de organización, las dos empresas interesadas en la construcción del gasoducto boliviano, la Repsol-YPF y la British Petroleum se agruparon en el millonario Consorcio Pacific LNG, que se iba a encargar de la comercialización. Como se puede apreciar, es característica de estos países controladores del comercio mundial de combustibles fósiles la capacidad no sólo de inferir directamente y a gusto en el mercado para subir o bajar a conveniencia los precios, sino de la explotar el recurso con un mínimo de costos de producción, como en Medio Oriente, estrategia que les ha asegurado en gran medida el predominio, y que es precisamente lo contrario de lo que actualmente se observa en Bolivia con respecto a sus reservas de gas. Incluso, la fuerte negativa popular boliviana a sacar el gas por las costas chilenas precisamente acepta conciente y voluntariamente el altísimo riesgo de subir los costos de producción por la exportación a través del Perú. Como hemos dicho, el capricho nace del deseo de no otorgar a Chile los "beneficios" que colectivamente se cree estarle dando con la instalación del gasoducto y la planta portuaria. Un problema que ha quedado al descubierto es, sin duda, la pésima capacidad negociadora en que ha caído la clase política altiplánica, comercialmente hablando. Otro hecho que a muchos ha inquietado en los últimos años, es la presencia de campañas de las compañías petroleras del mundo insistiendo en que las reservas de petróleo y gas durarán por largo tiempo y no habría qué temer al respecto. Esto es algo curioso, si pensamos que en toda la historia de la competencia de los combustibles fósiles, hasta los años ochenta, esas mismas compañías solían advertir de lo efímero que resultaban las reservas de combustibles naturales, estrategia que muchos interpretan como intentos por subir el valor del combustible a través de la especulación. Ejemplos sobran: Stanley Jevos declaró en 1865 que las reservas de carbón inglesas estaban al borde del agotamiento, y en 1914 la USA Bureau of Mines también previó lo mismo con respecto a las reservas de petróleo norteamericanas. Contrariamente, entre los años veinte y treinta hubo una serie de descubrimientos en USA que, lejos de hacer escasear el producto, provocaron una sobreproducción y la caída de los valores. Esto llevó a descubrir que la especulación en base a la escasez de combustibles era un factor de incremento de precios. Los pronósticos catastróficos continuaron: en 1939 el Departamento de Interior advirtió que el petróleo podría acabarse en menos de veinte años; en 1951, sin embargo, volvió a pronosticar el agotamiento, esta vez con más precisión: en trece años más. Imitándoles, el "Club de Roma" publicó en 1972 un trabajo donde advertía que en la década siguiente comenzaríamos a echar de menos el producto. Los últimos pronósticos de entre los años setenta y noventa hablaban de entre tres y cinco décadas de provisiones petrolíferas, aunque muchos advertían que el grado de polución medioambiental que la tecnología de llamas y combustiones había provocado en el planeta, no permitirían el uso masivo de la totalidad de esas reservas, siendo desplazadas por tecnologías energéticas más limpias actualmente en desarrollo. En ese mismo período, el mundo empleó casi 600 mil millones de barriles de petróleo. Y sin embargo, la especulación seguía. A partir de mediados de los años noventa, hubo un cambio inusitado y drástico, que provocó más de alguna suspicacia y confusión. Repentinamente, las grandes empresas del mundo comenzaron a asegurar con onerosas campañas que las reservas de combustibles fósiles tendrían para varias décadas más de las que se habían asegurado. Las reservas petrolíferas descubiertas iban en 140.134 millones de toneladas, según datos de la Exxon-Mobil entregados en una reunión de Viena, en junio de 2002. Todo esto, precisamente cuando una gran parte de los últimos conflictos del Medio Oriente parecen estar asociados -a los ojos de muchos analistas internacionales- al aprovisionamiento de reservas que están siendo disputadas como si fueran las últimas (el oleoducto de Afganistán, las reservas de Irak, etc.). Otros han creído ver este mismo patrón en países como Colombia y Venezuela, con recientes sus crisis políticas. Hay incluso videojuegos y filmes especulando con la posibilidad de que, en realidad, las predicciones de desabastecimiento de combustibles comiencen a hacerse reales luego de tantos años jugando a "Juanito y el Lobo". Si bien el informe de la Exxon-Mobil, titulado "Oildorado 2002", parece sustentarse en datos bastante fidedignos, adolece de ciertos problemas que podrían aguar el optimismo de algunos para con respecto a la eternidad de las reservas, incluso cuando suenan tan grandes como las del gas boliviano. De partida, en él se establece que las reservas fósiles habrían aumentado en un 0,4%, pero no se explaya demasiado al recordar que el consumo de estos combustibles ha aumentado en un 0,2% mundial en igual período, y con tendencia a continuar en alza. Esto significa que el porcentaje de consumo podría alcanzar rápidamente al de aumento de reservas, volviendo la situación al principio. Es más: este mismo consumo aumentó en un 0,5% en Europa y un 0,6% en los Estados Unidos, por lo que si el promedio mundial llegó a sólo 0,2%, se debe exclusivamente a la caída del consumo registrada en Sudamérica (incluida Bolivia), donde bajó un drástico 2,3%. No podemos dejar de recordar, además, la fuerte caída de producción que tuvo el petróleo el año anterior al informe, rondando el 5%, año en el cual mientras la producción fue de 3.414 millones de toneladas, el consumo llegó a las 3.494, obligando a comerciar con parte de estas supuestas "reservas" futuras. La baja de la producción del 2001 se debió a los recortes voluntarios de la OPEP, que produjo un 13% menos (1.298 millones de toneladas). El total de la baja en Medio Oriente llegó al 16%. Esto permitió que otros países, como la ex Unión Soviética, aumentaran un 8,8% de producción en el autoequilibrio del mercado. Y en cuanto al gas natural, el informe también tiene revelaciones interesantes: aumentando a 154.248.000 millones de metros cúbicos, en gran parte por las reservas de Bolivia, la región dominante continuaba siendo Medio Oriente, donde sus miembros de la OPEP habían aumentado sus reservas del 44,4% al 45,6%, por lo que continúan controlando el mercado. Como se ve, las reservas de combustibles fósiles han aumentado, pero con ellas también el consumo, la demanda y la especulación. Los cálculos que hablan de combustibles "para 80 años" sólo en la OPEP, pecan de ingenuidad al considerar que ese consumo se daría permanentemente en los términos estrictos que se veían al momento de sacar tan alegres cuentas. Un detalle interesante lo reporta, al respecto, el que durante las negociaciones para que Bolivia dispusiera de un comodato litoral en territorio chileno, se intentó justificar el proyecto (una vez filtrado en la prensa) aduciendo que las reservas de gas durarían, como mínimo, cien años en explotación, razón por la que se lo iba a ceder por 99 años con posibilidad de renovación de plazo. Calculadora en mano, los expertos bolivianos insistieron hasta la majadería que sus reservas fácilmente alcanzarían para proveer a todo el mundo por muchas décadas. Sin embargo, el 31 de julio de 2003 el Canciller Carlos Saavedra declaró en el diario "La Razón", sobre el comodato, "que el enclave debería ser cedido 99 años Y NO SOLO LOS 20 O 40 QUE DURARA EL PROYECTO, para que en ese territorio gobiernen leyes bolivianas...". Las medidas de la OPEP iniciadas en marzo de 1999 para recortar la producción no sólo deben haber tenido un mero interés en subir los precios, sino que también el mantener una racionalidad en el uso de las reservas y la dosificación de la entrega de estos productos al mercado mundial, garantizándose con ello ser la única y monopólica organización encargada del suministro global de las reservas de petróleo y gas, para los próximos años. En tal sentido, Bolivia no sólo se arriesga a caer en el juego de entrar a un negocio de corta duración, sino de convertirse en un proveedor de combustibles de bajo precio, mientras los demás productores maximizan la utilidad y el aprovechamiento de los suyos, condición en la que nunca podría constituirse realmente como una auténtica "potencia" energética. Puntos a tomar en cuenta a la hora de volver a hacer acuerdos descabellados sobre comodatos o plantas "a 99 años" para Bolivia, sobre la base de un negocio gasífero que requiere de una alta y eficiente evaluación proyectual de vigencia y rentabilidad.
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