| -Ampliado y actualizado el 10 de abril de 2008- LA INGOBERNABILIDAD, LA CORRUPCIÓN Y EL NARCOTRÁFICO SON FLAGELOS QUE HAN RETRASADO TANTO EL DESARROLLO DE BOLIVIA, QUE RESULTA IRRISORIO QUE SE ALEGUE AHORA TAN CONVENCIDAMENTE QUE LA FALTA DE PUERTOS PROPIOS ES LA RAZÓN DE SU SUBDESARROLLO Y DE SU HISTÓRICO EMPOBRECIMIENTO. BOLIVIA NO SOLAMENTE ES UNO DE LOS PAÍSES MAS CORRUPTOS E INESTABLES DEL MUNDO, SINO QUE TAMBIÉN OSTENTA UN LUGAR DE PRIVILEGIO ENTRE LAS REPÚBLICAS CON LAS CLASES POLÍTICAS MÁS INEFICIENTES, ENTRE LAS CUALES EL TEMA DE LA DEMANDA MARÍTIMA PASA A SER EL ÚNICO INSTRUMENTO QUE GARANTIZA APOYO ELECTORAL Y UNIDAD POLÍTICA EN LOS CONSTANTES Y REITERADOS TRANCES DE CRISIS INTESTINAS
Producto de la constante agitación social, de la fiera competencia política, del frágil sistema institucional y de la carencia del sentido de nacionalidad, Bolivia es el único país del mundo que registra un promedio de un año de gobierno para cada uno de sus gobernantes, tendencia a la ingobernabilidad, al caos político, a los golpes y las guerras intestinas que jamás se ha revertido en toda la historia de ese país, por lo que debemos buscar sus causas en hechos remotos. En menos de 200 años de independencia, ha experimentado al rededor de 180 golpes militares o asonadas revolucionarias, situación de permanente crisis interior que demostrarían la cualidad involutiva de la república, o mejor dicho, confirmarían que Bolivia no es una nación-estado propiamente tal, sino un ensayo inconcluso y abortado, un intento de república que acabó siendo sólo una ficción geográfica y política. Hacia mediados del siglo XIX el panorama de la América hispánica era realmente desolador. Bolívar había muerto absolutamente frustrado por el triste espectáculo que habían ofrecido las nuevas repúblicas, carcomiéndose desde adentro en crisis internas y autocanibalismos. Ya nada esperaba, por ejemplo, del Perú, cuyo pueblo llegó a definir en 1828 como "esos miserables peruanos, que ya han violado el suelo de vuestro hijo"; o de Bolivia, aquella patria que homenajeó su hombre bautizándose con el apellido del libertador, y que terminó estimándola como un error geográfico, un capricho, perdida sin destino y a la sazón agredida. Argentina también se desangraría con guerras intestinas. Chile parecía ser la excepción hasta venida la crisis entre pipiolos y pelucones de 1830, que culmina en la batalla de Lircay y la instauración del Estado en Forma estructurado por la mente brillante del ministro Diego Portales, herramienta que permitió sacar del círculo fatal de autodestrucción al país. En el ambiente de inestabilidad que ofrecía Sudamérica en el siglo XIX, no fue raro que una seguidilla de intentos de intervención de parte de la Unión de los Estados Americanos reflejaran una concepción que se hizo muy popular entre las potencias de aquellos años, respecto de que las repúblicas hispanoamericanas eran incapaces de gobernarse por sí mismas y que la Independencia sólo las había privado de las comodidades que la vida bajo la tutela española les permitió. El Presidente Buchanan, de la Unión, dejó esto en evidencia con su proyecto de 1850 para intervenir y educar a distintas naciones americanas, en las que la democracia y el Estado de derecho seguían siendo una quimera. Cinco años más tarde, el filibustero norteamericano Walker invadió Nicaragua y se tomó el poder con facilidad extraordinaria, dejando en evidencia otra cara del protagonismo estadounidense que espantó a los pueblos hispanoamericanos. Para las naciones de la tan mal llamada América Latina, se hizo fundamental mantener la unidad interna o simplemente aspirar a ser tragadas por el fantasma del intervensionismo o la fragmentación. En algunos casos, la violencia y los métodos coercitivos fueron lo único que las autoridades tuvieron a su alcance, apoyándose de preferencia en el poder militar. En Bolivia, más que en ninguna otra parte, el escenario dio pie a la aparición de seguidillas de caudillos y delirantes líderes que hacían fila para tomarse el poder, golpe tras golpe. Tan cierto fue esto que, después de Sucre, pasaría casi medio siglo para que Bolivia tuviese su primer Presidente elegido dentro del marco absolutamente legal y constitucional: Tomás Frías, elevado temporalmente tras el asesinato de Morales en 1872. Al respecto, el famoso escritor boliviano Alcides Arguedas confiesa en su "Historia":
Y, refiriéndose al período de Melgarejo en el poder, del que haremos caudal más abajo, agrega el ilustre escritor:
Se podrá creer que la crisis boliviana habrá terminado con el avance de los nuevos tiempos y del desarrollo en los últimos años. Sin embargo, un hecho sorprendente y vital para saber si esto es así, es recordar que en todo el siglo XX, Bolivia experimentó cerca de 80 golpes militares. Obviamente, nada tiene que ver esto con el asunto de la mediterraneidad o la falta de costas.
El ilustre Mariscal Sucre, oriundo de Venezuela, hizo todo cuanto tuvo a su alcance por salvar a la nación boliviana de la crisis económica, del caos interno y de la prepotencia peruana en contra de la ex Audiencia de Charcas, correspondida también por el resquemor altiplánico hacia el Perú por no haberles satisfecho sus pretensiones sobre el puerto de Arica. Sin embargo, al quedar el Palacio Quemado en manos de los bolivianos propiamente tales, el interés personal, la megalomanía y la mezquindad primaron por sobre todas las cosas, sumiendo a Bolivia en una de las crisis morales más abismales que se hayan visto en estas regiones continentales y que, en todos estos años de vida republicana, no ha experimentado ninguna clase de corrección. A pesar de que al muy afrancesado mariscal Andrés de Santa Cruz -boliviano de ascendencia incásica- se le ha tratado de presentar como uno de los primeros bastiones morales de nobleza criolla altiplánica nativa, quizás como premio póstumo al proyecto del Protectorado que culminara con la Guerra Contra la Confederación Perú-Boliviana, autores como Arguedas se han encargado de desmitificar esta clase de afirmaciones difundidas por sus compatriotas. Al respecto, escribe de Santa Cruz (según cita de Sergio Villalobos):
Después, sentencia: "En esta pintura implacablemente cruel del caudillo sorprendido en la realidad de todas sus características, que luego se verán repetidas en los demás caudillos criollos bolivianos, de las costumbres políticas y sociales, de las instituciones, está resumida toda la historia de esos momentos y no se puede en espacio de dar idea más completa del carácter de Santa Cruz..." Fue en este ambiente, precisamente, que se sembrarían las semillas de la controversia con Chile por la posesión del desierto de Atacama y sus costas. No tardó en reflejarse este panorama de decadencia en las discusiones diplomáticas, donde los representantes bolivianos como Surocco, en 1863, fueron sorprendidos mintiendo o falseando datos con descaro; en este caso, cuando el ministro altiplánico negó a Tocornal estar al tanto de las instrucciones de su Gobierno a pesar de que La Moneda ya estaba al conocimiento de ellas. Poco después, la Asamblea de Bolivia autorizaba al ejecutivo a declarar la guerra a Chile, conflicto que, según el ministro boliviano Bustillo, iba a motivar apoyo a su país de todas "las naciones del mundo civilizado". El pizarrón moral de las clases políticas bolivianas decayó a niveles vergonzantes ante la estructura de ascenso al poder que se había institucionalizado en el altiplano luego de tantas décadas de golpes militares y asesinatos políticos. Quizás la llegada de tiranos como Mariano Melgarejo e Hilarión Daza coronaron la decadencia boliviana en el peor momento histórico en que ésta se encontró durante aquel agitado período. Y un detalle curioso parece enlazar invariablemente a todos estos caudillos como Santa Cruz, Melgarejo o Daza: la obsesión por imitar y copiar la imagen de Napoleón Bonaparte, desde las sencillas posturas con que se permitía ser retratado hasta sus modales, símbolos y vestimentas. El 28 de noviembre de 1864, Mariano Melgarejo derrocaba al presidente Achá e iniciaba la era más oscura del Palacio Quemado, que se extendió incluso más allá de la misma Guerra del Pacífico. Hombre de escasos conocimientos y que había vivido prácticamente toda su vida en los cuarteles, su falta de astucia mental era complementada con una fama de violento y hábil con los puños que le hizo muy temido en su entorno. Arguedas ha escrito al respecto:
Declara también que Melgarejo rara vez salía de la cama y llegaba a la imprudencia de solicitar las reuniones en torno a su habitación para no despegarse del colchón. Las orgías y las fiestas impúdicas eran cosa habitual, y el mandatario no tenía problemas para mandar al cuerno a sus propios ministros cuando le rogaban oídos para debatir temas fundamentales del país, distraído por sus propios vicios. Esta irresponsabilidad fue aquella de la que los bolivianos se valieron para desconocer, más tarde, el Tratado de 1866 suscrito con Chile y todos los demás acuerdos firmados por Melgarejo en estas circunstancias orgiásticas y libidinosas. En una ocasión, llegó a manifestar su deseo de invadir al Perú para "recaudar" fondos, alegando la falta de recursos del fisco boliviano: "¡Vean ustedes! -reclamó a su gabinete- ¡Ni sábanas tengo!... ¡A traerlas del Perú...!". Según Arguedas, al recibir la negativa de su gabinete ante tan increíble propuesta, Melgarejo les arrojó su birrete de terciopelo y oro, rugiendo: "¡He ahí para lo que sirven los ministros! Para hacerle a uno observaciones y ponerle dificultades. ¡Maldita la hora en que formé Ministerio! Sin él yo habría dado una orden general y mañana mismo estaría con mi ejército en marcha al Desaguadero..." Sin embargo, el desatado americanismo de Melgarejo lo cubrió de loas de parte de los delirantes seudo bolivarianos chilenos y bolivianos de su época. Llegó al punto de considerar a todos los americanos como "ciudadanos bolivianos", por ley de 1866. Ha sido un caso no excepcional que los americanistas suelan lanzarse de veneración de cuestionables líderes de su corriente, haciendo vista gorda a sus crímenes y excesos, como ocurre actualmente con figuras tan siniestras como el Presidente Hugo Chávez de Venezuela, santificado por sus seguidores "bolivarianos" por todo el continente. Del mismo modo, estos dictadores encuentran en los estamentos sociales fervorosos adeptos, donde la irracionalidad y la megalomanía brotan como el musgo a la sombra húmeda. Hubo, por ejemplo, autoridades religiosas que en su momento tildaron a Melgarejo como un verdadero "santo" o "mesías" del altiplano. Esta clase de delirios también se verán con Paz Estenssoro, un siglo después. Una asonada golpista de Agustín Morales consiguió derribar a Melgarejo. Pero el nuevo presidente vivió en carne propia la violencia al año siguiente, al caer asesinado por su propio sobrino de un balazo a quemarropa. Se cumplía nuevamente el ciclo fatal de los Gobiernos altiplánicos. Aunque muchos bolivianos intentan exponer a Hilarión Daza como la contraparte de Melgarejo, la verdad es que ambos compartían la esencia de la crisis moral de los mandatarios de aquellos años en Bolivia. Los puños, la grosería y las amenazas se abrieron paso a las relaciones protocolares, nuevamente "las trompadas y los bofetones fueron uno de sus favoritos recursos del gobierno." (citando a Arguedas). Daza encarnaba lo peor de los caudillos que aspiraban al poder en la cola de los golpistas. Dominado por bajas pasiones, por la lujuria y por una tremenda bajeza cultural, el líder de los "colorados" llegaba al extremo de redactar cartas con expresiones que bien podrían haber pasado en aquella época por malas palabras. Esta decadencia se reflejó también en las autoridades locales de Bolivia, como el Juez de Caracoles, que era un criminal rematado, que había intentado asesinar en 1874 a un chileno y le había robado especies y dinero a otro particular, al año siguiente. Por muchas décadas persistieron esta clase de dirigentes en el convulsionado poder de Bolivia. Caudillos ciegos de egoísmo y deseos de ser venerados, que retrasaron el desarrollo cívico, social y moral de la nación por tantos años. La tendencia sólo se revertiría con el avance en el respeto del derecho y la profesionalización de las fuerzas armadas que tantas veces detentaron el poder. Sin embargo, veremos que este mal continuó en la clase política boliviana.
Una sorprendente historia que refleja la postración ética de las clases gobernantes y especialmente de los caudillos de Bolivia en el siglo XIX, proviene de la pluma del señor Pedro Nolasco Cruz, quien trabajó como secretario y asesor del representante chileno en La Paz en los años previos a la Guerra del Pacífico, don Carlos Walker Martínez. De no ser por sus palabras reproducidas íntegramente por Oscar Pinochet de la Barra en su obra "Misión en Bolivia, de C. Walker Martínez y R. Sotomayor Valdés" (páginas 31 a 37), quizá nunca se habría tenido conocimiento o sospecha ante la historia de la insólita situación que vivió el representante Walker Martínez tras su arribo a La Paz, el Viernes Santo del 30 de marzo de 1866, como demostración explícita del estado moral que imperaba por entonces en la esfera gobernante del Altiplano y esencialmente en torno a la persona controvertida de Mariano Melgarejo:
A pesar de la controversial figura del dictador altiplánico y de una gran cantidad de episodios abominables de su vida como el aquí narrado, todavía existen autores que insisten en colocarle pequeñas estampas de honorabilidad a su trastocada memoria. Tal es el caso, por ejemplo, del uruguayo Eduardo Galeano, quien escribe con aires de solemnidad en su obra "Las venas abiertas de América Latina" (todo un símbolo literario del discurso bolivariano con fuerte compromiso marxista):
Sin embargo, esta fantástica caricatura en favor de Melgarejo es una leyenda pseudo histórica que sitúa los hechos en 1889, cuando el tirano llevaba ya 20 años asesinado. Además, la historieta original no dice que el representante inglés se negara a tomar un vaso de chicha, como asevera Galeano, sino algo mucho menos decoroso: no saludar con honores a la amante de Melgarejo, invitada a una recepción con estatus de Primera Dama. Tampoco es cierta, sin embargo, a pesar de que se insiste en presentarla con frecuencia como un pasaje de la vida real del dictador.
En los pueblos con sistemas republicanos jóvenes, como es el caso de los países de América, las altas nociones rectoras del derecho y del sentido de justicia están asociadas, en gran medida, a la formación y aplicación de estos valores colectivos en los períodos de dominación europea en donde, guste o no, el elemento superior de cultura occidental se impone a los rasgos inferiores o más básicos de ordenamiento que pudiese existir entre las comunidades locales. Esto, porque los cuatrocientos años promedio de yugo europeo en América superan ampliamente los escasos doscientos años siguientes, en que los mismos países han tenido el único tiempo posible de consolidar y forjar sus bases republicanas propias y modernas. Sin embargo, en el caso del Alto Perú (y también en Perú mismo, de alguna manera), la dominación colonial convirtió al país en un campo de producciones muy específicas y poco variadas, derivadas principalmente de la minería y luego la agricultura. En lugar del desarrollo de una estructura social basada en el derecho y la formación de la nacionalidad, el país altiplánico debió conformarse con el esquema de un mínimo de conquistadores explotando a las masas de indígenas para las tareas más duras de la economía, ayudados del estímulo de la coca y el alcohol cuando no eran necesarios el látigo y el garrote. El resultado de esto fue un sistema colonial que dificultó y retrasó irremediablemente el contrato de la nueva república con la modernidad, desde su independencia de 1825 hasta nuestros días. En cierta forma, sus males estructurales de la actualidad se remontan a ese mismo sistema usado en la administración colonial de los recursos económicos, basado sencillamente en la explotación del individuo. De hecho, en mayo de 2005, la Oficina Subregional de la OIT para Países Andinos, denunció que en Bolivia aún existen trabajadores, especialmente campesinos indígenas, obligados a desempeñarse en condiciones de esclavitud. Al retraso en esta formación íntima de la conciencia y de los altos valores sociales o políticos, Bolivia adiciona además, el problema de ser un país fundado "por decreto", sin ajuste a los derechos territoriales derivados de las leyes coloniales que las demás repúblicas se enrostraban unas a otras, lo que permite sostener que Bolivia, ex audiencia del Virreinato del Perú y luego del de Buenos Aires, sea más bien una ficción geográfica y geopolítica. No es de extrañar, entonces, que la percepción de derechos territoriales de Bolivia o de cualquier otro país cuyo origen no se ajusta a derecho territorial y responde más bien a la ficción que hemos descrito, explique en gran parte la cantidad de conflictos que este país ha tenido con el entorno y el entorno en contra de él. La situación más patética la da el caso de sus controversias con Chile y con Argentina en la segunda mitad del siglo XIX: mientras por Atacama su cuerpo diplomático hacía todo lo imaginable para justificar ante Chile sus pretensiones en base a supuestos derechos coloniales derivados del uti possidetis, frente a la Argentina se esmeraba presentar excusas para hacer una excepción al mismo principio de derecho colonial y poder mantener para sí la provincia de Tarija, que en realidad correspondía a territorio argentino. Al referirse a la dimensión espiritual del boliviano, particularmente a la relación del mestizo dominante llamado "cholo", y de la población general con los conceptos de derecho y justicia, Arguedas la acusa de ser completamente amoral y lo describe con un desprecio inusitado. Coincide en estas acusaciones con las de otros autores como Bunge y el argentino Sarmiento, este último autor de la famosa frase de que a los bolivianos había que "saludarlos en plural" para que no se enojen "el Diablo y la Mentira, que vienen más atrás". Según estos juicios extremadamente duros, la honestidad y la justicia serían absolutamente ajenos a la conciencia del mestizo promedio boliviano, por lo que su concepto es que se trataría de un problema cultural y étnico más que político o dirigencial. Esto explicaría, para él, su desapego al derecho, a la institucionalidad y a las estructuras legales. Es probable, sin embargo, que esto sea en realidad un reflejo más de la crisis moral y social que históricamente ha afectado a la nación altiplánica, no muy distinta -por lo demás- de la que con regularidad y distintos grados ataca a todo el resto de Sudamérica y también a Chile. Aun así, vale recordar aquí la carta confidencial del entonces ministro y futuro presidente boliviano Mariano Baptista, quien, molesto por la actitud del Perú y la Argentina de avalar el principio de derechos soberanos de cada nación según el uti possidetis, escribe en febrero de 1874 al representante peruano en La Paz, don Aníbal de la Torre, una tremenda confesión en la que manifiesta su deseo de desprenderse por completo de los conceptos de derecho había discutido por largo tiempo a Chile por la posesión de Atacama (los destacados son nuestros):
Con esta declaración se explicaría la costumbre histórica de las autoridades bolivianas por sentarse y violar cuanto tratado internacional han firmado y, en oposición, exigir decididamente el cumplimiento de los mismos mientras les resulten en términos beneficiosos. El tratado chileno-boliviano de 1904, por ejemplo, no comenzaría a ser presentado por La Paz en el cuestionamiento ante los foros internacionales sino hasta que Chile había cumplido unilateralmente la mayor parte del mismo, como fueron las instauraciones de facilidades aduaneras y el inicio de la construcción del ferrocarril Arica-La Paz. Otro caso lo reporta el famoso escándalo artificial de río Lauca, provocado por Bolivia después de una serie de avisos de parte de Chile sobre la desviación de sus aguas, que fueron aceptados por el altiplano, para luego ser descarada y groseramente desconocidos, en otra muestra de la imposibilidad de conseguir acuerdos definitivos con una nación cuyos gobernantes se caracterizan, precisamente, por la violación reiterada y constante de lo acordado. Fueron también el Tratado de 1904 con Chile y los desastrosos resultados de la guerra del Acre, hitos fundamentales para configurar en Arguedas la opinión de que Bolivia no tenía vuelta: el inmediatismo, las ambiciones personales y la incapacidad de procurarse peso y valor en el concierto internacional serán males eternos, que relegarán a Bolivia al papel que aún hoy mantiene a pesar de sus inmensas riquezas. Sólo visualizaba una salida en la reestructuración moral del pueblo boliviano, mas no da pautas y indicaciones de cual es el camino a seguir en semejante labor de renovación espiritual. En ajuste a las críticas del historiador, en la vida republicana la expansión de la población boliviana mostró ínfimo interés en moverse dentro del territorio y, por el contrario, permaneció en los centros humanos distribuidos por la altiplanicie, engrosando la densidad poblacional en una extensión limitada. Gran parte derivó hacia los valles cálidos de Tarija y Cochabamba. A los territorios amazónicos, las llanuras o los litorales que Bolivia asegura haber poseído entonces, en cambio, muy pocos o ningunos se decidieron bajar. En consecuencia, el regionalismo extremo, el picadillo del sentimiento de pertenencia y la verdadera devoción por el culto a la personalidad y al caudillismo, como resultado a su vez del personalismo idiosincrásico que se arraigó en el pueblo de la ex audiencia colonial, adquirieron características violentas en plena época republicana y perjudicaron drásticamente el disfrute de su condición de autonomía.
Existe la tendencia a creer que la manipulación política de los movimientos de indígenas en Bolivia es un fenómeno que asociado a la carrera electoral de agitadores izquierdistas como Felipe Quispe o Evo Morales; en el caso de este último, operación fundamental para su ascenso hasta la Presidencia de la República tras contribuir exitosamente al fracaso de los gobiernos de Sánchez de Lozada y de Mesa. Cuanto mucho, incluso analistas de prestigio creen ver el origen más remoto de esta tendencia al aprovechamiento del elemento indígena boliviano en el desastroso experimento revolucionario de Paz Estenssoro, del que haremos caudal más abajo. Sin embargo, la verdad es que esta manipulación ofrece pruebas de larga data, detectables inclusive en el siglo XIX, como fue con la utilización de los indígenas para consolidar la etapa final del derrocamiento de Mariano Melgarejo en 1871, por las fuerzas proclives a Agustín Morales. Y es el siglo XIX, también, desde donde procede un caso crudamente analizado y descrito por el ya mencionado Alcides Arguedas, quien puede corresponder con grandes probabilidades al más grande de los escritores de historia y análisis social de Bolivia, por lo que damos especial crédito a su pluma. Aunque profundamente pesimista y de prosa cruel, la obra "Pueblo Enfermo" de Arguedas, se permite analizar los aspectos más oscuros de esta tendencia de la política boliviana en un capítulo notable, que hemos preferido reproducir tal cual. Para comprender el caso, sin embargo, debe tenerse en consideración que los hechos narrados corresponden a las violentas contiendas civiles que tuvieron lugar entre fines de 1898 e inicios de 1899, durante el gobierno de Severo Fernández Alonso, cuando en una confusa situación, se produjo un choque entre representantes constitucionalistas del poder militar y grupos indígenas comprometidos con el alzamiento "federal" del Altiplano. El clima belicoso había sido cultivado, entre otros, por la prensa de Sucre, que trataba de manera odiosa a los indígenas y alentaba avanzar contra las sublevaciones, por estar ellas comprometidas con los afanes revolucionarios de José M. Pando, quien se valió de la ingenuidad y la ignorancia de los aymarás para engrosar las filas de los alzados, con toda clase de promesas sobre beneficios, libertades y hasta cesiones de terrenos. A la sazón, estos indígenas vivían en condiciones paupérrimas y debían trabajar en condiciones escasamente distintas de la semiesclavitud en que sirvieron al conquistador español durante la explotación colonial de las minas de plata, de modo que prendieron como el pasto seco con las arengas incendiarias de los federalistas. Dice Arguedas sobre este negro episodio de la historia de Bolivia, en su antes citada obra (Edición Ercilla, Santiago de Chile, 1937; páginas 41 y 42):
Considérese que, aunque los porcentajes varían de una estadística a otra, la cantidad de indígenas de la población boliviana supera actualmente el 50%. Ello explica que en el derrocamiento de Sánchez de Lozada, seguido del avance vertiginoso de las fuerzas del castro-chavismo continental representadas en Morales hasta la Presidencia de la República, fueran fenómenos que se basaron en la misma manipulación del elemento indígena, como la que describe con dureza Alcides Arguedas sobre los eventos de 1898-1899. Por ello, queda claro que ha de inscribirse este problema vernáculo entre las verdaderas razones políticas del retraso y la marginación social de las poblaciones bolivianas, por razones muy distintas de las que pretenden adjudicarse a la mediterraneidad del país y a las supuestas secuelas económicas de este régimen geográfico. Prueba de lo anterior es que este mismo horrible espectáculo ofrecido con la exaltación del odio y la manipulación del indígena en Bolivia hacia fines del siglo XIX, reaparecerá a mediados del siglo siguiente, de la mano de la revolución "nacionalista" de 1952, según veremos más abajo. Primera mitad del siglo XX: naturaleza mística y populista del "regreso al mar"  El 8 de abril de 1875, el ministro chileno en Bolivia, Carlos Walker Martínez, dio aviso a La Moneda una situación que le pareció altamente preocupante, en medio de las campañas electorales altiplánicas que estaban por llevar a Ballivián al poder:
En efecto, se había hecho costumbre que los políticos aspirantes a cargos públicos de Bolivia concentraban la totalidad de sus campañas acusando a Chile como culpable de la situación en la que se encontraba el país. Era un anticipo de la promesa de "vuelta al mar" que parece bandera de batalla obligada para cada postulante al Palacio Quemado. Sin embargo, hoy como ayer, cuando estos mismos abanderados llegan al sillón presidencial y se encuentran con la situación de crisis y arcas fiscales quebradas, las circunstancias les obligan a asumir posiciones más sensatas y buscar acuerdos con Chile, mientras las chusmas que los eligieron piden la cabeza de los "traidores" por estas acciones. Así le ocurrió a Ballivián, precisamente, al encontrarse en el mandato de una nación prácticamente en bancarrota, moralmente sin destino y con crisis sociales al borde de la explosión. Respecto de esta época, Arguedas escribe con agresividad:
Por su parte, el diario "La Democracia" de Bolivia, dirigido por Federico Diez de Molina, declaraba hacia 1874: "Bolivia es un caso de tinieblas y zozobras: el pasado es odioso y no tiene prestigio; el porvenir es ilusorio, vago, inquietante; la actualidad es dolorosa, a veces insoportable, Bolivia es la madriguera de todos los malvados". Como vemos, el reclamo portuario boliviano ha estado profundamente ligado al contexto político en que se encuentran los grupos gobernantes y, especialmente, en los períodos de bajo apoyo ciudadano o político, ante los cuales la única perspectiva de unidad nacional e ideológica es cerrar filas en torno a la cuestión marítima. Los casos hablan por sí solos durante la primera mitad del siglo XX, es decir, en los años que siguieron al Tratado de 1904:
Se observa que todos los intentos de Bolivia por abandonar el método histórico de los golpes de Estado y procurar ajustar sus ascensos a la constitucionalidad, ha permitido hasta nuestros días la repetición de la operación antichilenismo = apoyo popular para cada campaña presidencial altiplánica. Y, como entonces, vuelve a repetirse el ciclo maldito, al encontrarse los mandatarios con escasas posibilidades de concretar sus promesas, debiendo optar por el acercamiento a Chile a pesar de las protestas y molestias del electorado, o bien continuar culpando a Chile y la mediterraneidad de todos los males bolivianos, como la famosa frase expiatoria de Paz Zamora al abandonar el gobierno en 1993, acusando a Chile de ser un país "lerdo y cavernícola" por no regalarle el mar a Bolivia que este presidente prometió a su pueblo durante las campañas. Por el contrario, el gráfico que hemos expuesto anteriormente queda demostrado que en los dos períodos históricos de mayor estabilidad política y social dentro de la triste realidad de Bolivia, primero en el cambio de siglo XIX a XX y luego durante el ascenso del Paz Estenssoro al poder, el reclamo marítimo no sólo experimentó un notorio enfriamiento, sino que los respectivos gobiernos de estos períodos se esforzaron en lograr acuerdos realistas para consolidar una relación con el mar a través de territorio chileno, al no tener la necesidad de recurrir a las alegaciones de costas propias. Los resultados de estos dos períodos fueron, precisamente, el Tratado de 1904 y los Convenios de 1953 y 1955, el primero con la gestión de los presidentes Pando-Montes y el segundo con Paz Estenssoro. Sin embargo, veremos que sería el mismo Paz Estenssoro el que reabriría el tema marítimo, primero durante la crisis de los años sesenta, cuando resucitó la cuestión del Lauca, y luego a principio de los noventa, cuando debió suceder a Siles Zuazo en medio de las amenazas de la Central Obrera Boliviana de botarlo igual que a éste. En ambos casos, el reclamo marítimo tuvo características oportunistas y absolutamente políticas.
Quizás uno de los casos más evidentes del uso político del reclamo marítimo y en donde el asunto chileno ha servido al Altiplano como factor de unidad y de dividendos, sea la escandalosa situación de 1958, cuando las rupturas al interior del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), una especie de copia "chola" del nazismo ario, pusieron en riesgo la continuidad política y la estabilidad del país. Pero veremos que la historia de inmoralidad y demagogia del MNR se veían arrastrando desde mucho antes. Si hay un movimiento político que encarnó a la perfección los rasgos de decadencia social y moral que Alcides Arguedas observa en su patria en la obra "Pueblo Enfermo" (La Paz, 1909), es sin duda en Nacionalismo Revolucionario, probablemente el movimiento más demagógico de toda la historia política del continente pero, sin embargo, uno de los más influyentes y decisivos para el futuro político del país altiplánico, incluso en nuestros días y a pesar de las notables diferencias que la colectividad sucesora mantiene -aparentemente- con las bases originales nacional revolucionarias. El Senador izquierdista chileno Salvador Ocampo llegaría a declarar respecto del MNR, en el diario "El Siglo" del 4 de febrero de 1944:
Los orígenes del MNR se remontan al inicio de la década del cuarenta, cuando el entonces joven diputado Víctor Paz Estenssoro comenzó a agrupar a jóvenes intelectuales y activistas bolivianos en un movimiento de corte nacionalista, plagado de discursos chovinistas y de incitación a la violencia. El estallido de la Segunda Guerra Mundial los descubrió profundamente influidos por las ideas totalitarias fomentadas desde Argentina por grupos ligados al General Juan Domingo Perón, posteriormente agrupadas en el Grupo de Oficiales Unidos (GOU). Convencidos de que el eje anglo-yanki no podría doblegar a los países del Eje, se lanzaron en una frenética adhesión por la causa de la Alemania Nazi, copiando descaradamente sus principios políticos y adaptándolos a una extraño discurso de racismo inverso, es decir, de racismo "cholo" e indoamericanista en contra de elemento caucásico. Alberto Ostria Gutiérrez, en "Un Pueblo en la Cruz. El Drama de Bolivia", avanza más allá y establece incluso parangones entre el Programa del Comando Mayor del MNR, presentado el 7 de junio de 1942, y los principios del Partido Nacional Socialista Alemán. La copia burda y plagiadora salta a la vista:
Los MNR, deseosos de hallar aliados, encontraron una simbiosis perfecta con la siniestra Logia Mariscal Santa Cruz que fuera fundada entre los militares prisioneros de los campamentos paraguayos durante la Guerra del Chaco (1932-1936), cuyo ideal era conseguir la imposición de un gobierno estable para Bolivia, con un fuerte acento en la disciplina y la educación antiimperialista, es decir, antinorteamericana y antiinglesa. Con el tiempo, la Logia pasó a llamarse "Razón de Patria" o RAdePA, incorporando al abecedario militar e intelectual boliviano dos juicios que permanecen intactos en su historiografía oficial: primero, que las guerras del Pacífico y del Acre fueron propiciadas por el imperialismo anglosajón contra Bolivia; y segundo, que una razón de características divinas procurar la salida al mar para el país y en lo posible por Antofagasta, el territorio "usurpado", como símbolo de su triunfo sobre la imposición internacional. Curiosamente, desde entonces, la mayor parte de los discursos lanzados por los reivindicacionistas contienen simbólicamente el concepto de la "razón de patria" presente dentro de sus textos, en alusión a esta logia, incluyendo también la esencia del lema del Ejército de Bolivia: "El mar es nuestro por derecho, recuperarlo es un deber". Secretamente fraguada por el MNR y el RAdePA, el 20 de diciembre de 1943, vino a tener lugar la revolución relámpago contra el General Enrique Peñaranda (la revolución 191 en 118 años a la sazón), derrocándolo en un preciso momento en que el país estaba negociando con éxito grandes contratos internacionales para venta de estaño y cuando se preparaba el envío de abundante material de guerra desde Estados Unidos, país que había dado señales de estar dispuesto a apoyar el reclamo marítimo boliviano. Ni siquiera esto último, sin embargo, motivó alguna compasión en el rabioso discurso antinorteamericano de los nacionalistas revolucionarios, repudiando toda forma de entendimiento entre con Estados Unidos e incluso entre los propios países hispanoamericanos, a pesar de la veneración que algunos americanistas profesan por el pasado del MNR. En su obra "La Soberanía de Bolivia Estrangulada", uno de los ideólogos del movimiento, Alberto Mendoza López, había escrito una rabieta contra el imperialismo "anglo-yanqui", según la cual "el panamericanismo había hecho sentir por el soborno y por las armas su peso de aplastante esclavitud en los pueblos indoamericanos", concluyendo que "acoger el panamericanismo es cometer delito de alta traición a la patria", y que quienes sean responsables "de haber que Bolivia forme parte del círculo consagrado del panamericanismo imperialista, cometen y han cometido el delito de traición, que se ha de condenar con justicia en forma inexorable en el futuro". En el lugar de Peñaranda, la Junta revolucionaria colocó al poco conocido e inexperto "hermano" RAdePA, Mayor Gualberto Villarroel, que algunos consideran hoy un títere del peronismo y del GOU argentino. Con vocación traicionera y groseramente inmoral, los revolucionarios abandonaron todos sus discursos antiimperialistas y pro alemanes, justificando el derrocamiento en la supuesta "falta de apoyo" de Peñaranda para con los Estados Unidos, lanzándose a continuación a una despiadada cacería de ciudadanos alemanes y simpatizantes del nazismo que, hasta hacía unos días, entregaban su apoyo y hasta dinero para el movimiento. Sin poder contener su ácida pluma, el historiador Joaquín Edwards Bello comentó en el diario "La Nación" del 27 de diciembre siguiente:
La violencia política del nuevo Gobierno provocaron el retiro de los embajadores en La Paz de Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, seguida de una hecatombe social y moral. La brutalidad de todos modos alcanzó también para los judíos a pesar del discurso antinazista y proaliado del nuevo régimen. Según el diario "La Nación" del 18 de marzo de 1945, de los quince mil ciudadanos judíos residiendo en Bolivia hasta 1943, seis u ocho mil se encontraban allá y todo el resto había debido escapar a Chile y Argentina. Estos datos nos hacen inexplicable la presencia de intelectuales o políticos chilenos de origen judío que, en años posteriores y en nuestros días inclusive, se ponen del lado del reclamo marítimo boliviano justificando precisamente los conceptos que el Nacionalismo Revolucionario boliviano configuró en aquellos años, para sostener su exigencia de costas en territorio chileno. Todo colapsó, sin embargo, en 1946 con un nuevo alzamiento revolucionario. La junta que se designó en reemplazo de los derrocados fue presidida ahora por Tomás Monje Gutiérrez y pusieron de inmediato manos a la obra para reabrir la cuestión de las demandas marítimas, una vez asumido el Chile don Gabriel González Videla. Y lo consiguieron. Fue su forma de mantenerse en el poder hasta las elecciones del año siguiente.
Pero la historia sinuosa e inestable del Nacionalismo Revolucionario es aún más oscura. Aunque hasta ahora, el MNR ha sido quizás el grupo político más importante en la conformación de la mística del mar y del reclamo portuario altiplánico, vale advertir que Paz Estenssoro le escribía con fecha 25 de noviembre de 1950, a su lugarteniente Hernán Siles Suazo, desde su exilio en Montevideo, una sorprendente carta que derrumba estrepitosamente los más arraigados mitos sobre la mediterraneidad boliviana y el supuesto precio del enclaustramiento:
Esta carta fue publicada íntegramente en la edición del periódico "El Diario" de La Paz, del 19 de junio de 1964, como duro e incontestable testimonio de que las reclamaciones de salida al mar en la actualidad son, por parte de Bolivia, consecuencias de sus estados políticos o sociales internos y no una necesidad real. Para entonces, sin embargo, más precisamente desde 1962, Paz Estenssoro ya había olvidado toda esta declaración volviendo su cara hacia las pretensiones sobre el mar, canalizándolas en el famoso y lamentable escándalo desatado por Bolivia sobre el uso chileno de las aguas del río Lauca. Como sucediera también en el caso del Presidente Guevara Arze, parece ser que las autoridades bolivianas tienen, a veces, una forma de flexibilidad moral que resulta confusa a la formación moral tradicional. Urgidos de dar vitalidad a la decaída unidad nacional, las autoridades metieron mano nuevamente en el asunto de río Lauca, que para entonces ya estaba finiquitado. Veremos después que esto permitió restaurar los clamos por la mediterraneidad y abrir una violenta campaña antichilena para poder unir a la masa altiplánica en un solo clamor que aún tiene consecuencias en su relación con Chile. El 6 de mayo de 1951, ante la desazón de las pocas mentes lúcidas del país altiplánico, Paz Estenssoro ganaba las elecciones presidenciales, avalado quizás en que la otra opción presidencial era aún peor: el comunista Gabriel Gonzálvez. Desesperados por contener lo que se venía encima, el Presidente Urriolagoitía y las fuerzas izquierdistas se negaron a aceptar la aplastante derrota, acordando, el 16 de mayo, motivar el alzamiento de una nueva Junta al mando del General Hugo Ballivián Rojas, que anuló las elecciones en medio de una gritadera caótica y de movilizaciones populares extraordinariamente violentas. Urriolagoitía, en tanto, partió a refugiarse a Arica. En medio del desastre, un nuevo golpe militar comenzó el 9 de abril de 1952, encabezado por el General Antonio Seleme, secreto militante del Nacionalismo Revolucionario y "hermano" iniciado en los ritos de la Logia RAdePA. A pesar del éxito, Seleme escapó refugiándose en la embajada de Chile hasta el día 11, en que se derrocó definitivamente a la Junta. Sólo entonces pudo retornar a La Paz -en medio de las euforia popular- Paz Estenssoro, recibido como héroe y tildado de "Salvador". De ahí en adelante, pidió ser llamado compañero Presidente, apodo que años después copiaría en Chile el socialista Salvador Allende. Entusiasmado con un apoyo que parecía unánime e inspirado en el epopéyico levantamiento de Tupac Amaru, el compañero Presidente llamó a desatar una furiosa y brutal "guerra santa" contra todos los blancos de Bolivia, persiguiéndolos hasta la muerte o, en el mejor de los casos, hasta hacerlos huir con lo puesto. Irónicamente, menos de diez años él mismo antes había copiado las bases del MNR plagiando extractos de los puntos del Nazismo Alemán, como hemos visto. Sin perder tiempo, hizo estallar a la espantosa Revolución de 1952, en la que, además, los cabecillas militares fueron barridos y el Ejecutivo intervino directamente el Poder Judicial. Seleme dirigió guerrillas entre las indiadas y se instauró un poder de choque para el movimiento, perfilándose como el "partido único". Los sindicatos fueron disueltos a punta de fusil y reagrupados en centrales milicianas obreras al mando del siniestro ciudadano árabe-boliviano Juan Lechín Oquendo. Un equipo especial de "educadores" se organizó para revisar y rescribir los textos de historia con las perspectivas confrontacionales e intolerantes. En el frenesí de destrucción, indígenas y mestizos se apoderaron de todos los campos cultivados y atacaron a muerte a los terratenientes. Siembras y cosechas fueron quemadas, así como maquinarias, galpones y granos. El ganado fue carneado y repartido en sus propios corrales y las bodegas de aguardientes fueron saqueadas por casi todo el territorio de los valles y las llanuras. Escenas de abominable barbarie y degeneración fueron descritas por testigos presenciales del estado de euforia sexual y delincuencial en que entraron las chusmas iracundas. Tanta fue la destrucción, que Bolivia cayó quedó gravemente desabastecida de alimentos y la hambruna cundió como una peste por los campos debiendo recurrir, insólitamente, a los Estados Unidos, al monstruo imperialista, para poder suplir la situación. Empeorando más aún las cosas, el Gobierno inició sus dos principales planes con la sutileza de un incendio forestal o de un terremoto: nacionalizar la minería del estaño y desarrollar una reforma agraria dentro del año siguiente. A pesar de esto, algunos autores simpatizantes del americanismo y de los brindis bolivarianos, al igual que los bolivianos de corte nacionalista, no se miden en elogios hacia la figura mesiánica de Paz Estenssoro y esta "revolución". No obstante todo lo anterior, Paz Estenssoro fue capaz de mantener fiel, por un tiempo, a sus juicios vertidos en su carta de 1950 sobre la mediterraneidad de Bolivia, además de lograr uno de los pocos tránsitos que este país ha experimentado por las sendas de la estabilidad y la relativa tranquilidad social, lo que le permitió, por algunos años, alcanzar niveles de prosperidad y promesas de desarrollo que nunca ha vuelto a ver. En este escenario optimista, en lugar de restaurar el reclamo y la pretensión portuaria, el Palacio Quemado concentró sus energías en perfeccionar las facilidades que percibía su patria por el Tratado de 1904 y, en enero de 1955, aceptó una invitación a Arica formulada por el Presidente Ibáñez, firmando allí, el último día del mes, un Tratado de Complementación Económica y un Protocolo Complementario que ampliaron las facilidades de tránsito de mercancías por territorio chileno a más no poder, recibiendo también autorización para construir un oleoducto que llevaría petróleo altiplánico hasta el puerto de Arica, llamada posteriormente "Sica Sica". Seguidamente, Paz Estenssoro logró acuerdos con el Presidente Odría del Perú, materializados el 31 de julio, y que también le facilitaban derechos de uso de puertos a Bolivia en los puertos peruanos. Antes de terminado el año, también había logrado acuerdos con Argentina, para facilitar la comunicación con el Atlántico. Con tantas facilidades de acceso al mar, entonces, las posibilidades de La Paz de echar mano al asunto de la mediterraneidad parecían altamente improbables. Inclusive, en marzo de 1953, el ingeniero belga experto en navegación fluvial y al servicio de la ONU, Marcel Merlin, entregó directamente a Paz Estenssoro un informe sobre la integración del departamento de Beni con la cuenca Atlántica, habilitando cerca de 17.000 kms. de navegación fluvial y permitiendo la salida de goma, carne, castañas, petróleo y otros productos. Pero el compañero presidente jamás lo consideró, teniendo satisfechas ya la totalidad de las necesidades portuarias reales de Bolivia a través de las costas de países vecinos. Pero estaba por ocurrir algo que echaría por tierra el aparente altruismo de los nacionalistas revolucionarios y que demostrará más que cualquier otro caso, el carácter meramente político y oportunista del reclamo marítimo boliviano, necesario para devolver la estabilidad a gobiernos que se caen a pedazos y para administraciones corruptas y decadentes que requieran de una excusa urgente para sacarse de encima las miradas acusadoras. Al momento de nacionalizarse el estaño, las minas ya estaban casi agotadas por sobreexplotación y la ingeniería o los aspectos técnicos que antes conducían principalmente profesionales extranjeros de Inglaterra y Estados Unidos, había quedado confiadas a inexpertos e ineptos designados a dedo por el partido único, haciendo caer la producción y la mano de obra especializada a niveles groseros de ineficiencia. Desesperado, el Estado de Bolivia debió correr con todas las pérdidas y emitió cantidades de billetes sin respaldo, que sumieron al país en una fuerte inflación, la más grave de toda su historia. Siguiendo la huella de muchos otros gobiernos, subió los salarios de los trabajadores acrecentando el problema, pero los sindicatos duramente intervenidos no lograron contener la ira de las masas trabajadoras y comenzaron a salir a las calles. Siendo evidente que el MNR marchaba derecho al fracaso, el Gobierno altiplánico decidió buscar acercamientos con las mismas grandes potencias que hasta hace poco despreciaba, con Estados Unidos e Inglaterra a la cabeza. Desde allí, había sólo un peldaño más para que el nacionalismo boliviano diera otro de sus giros vertiginosos y restaurara por conveniencias políticas la cuestión de la mediterraneidad y de la pretensión litoral.
Para poder perpetuar al desprestigiado Nacionalismo Revolucionario en el poder, Paz Estenssoro creó la Corte Nacional Electoral, entidad que dirigió la oscura elección presidencial que dio el triunfo a Hernán Siles Suazo, el 14 de abril de 1956, en medio de un clima volcánico y con una bomba de tiempo en el fisco. El nuevo mandatario logró acuerdos militares con Estados Unidos y aceptó la política del Fondo Monetario Internacional intentando bajar las presiones. Estoicamente, su Gobierno soportó los embates de la crisis hasta 1958, pero la inminencia de una nueva revolución y del colapso del sistema económico, dieron a Siles Suazo la advertencia que necesitaba para sacar urgentemente un as de la manga. En su desesperación por aunar las fuerzas populares profundamente divididas y en pugnas internas, no tuvo más remedio que echar mano a la cuestión marítima, pero abordándola esta vez desde la perspectiva del reclamo por la captación de aguas hecha en la ciénaga del río Lauca, ya que los acuerdos recientemente logrados por Paz Estenssoro había dejado en coma al histórico reclamo portuario. Así, el 24 de junio de 1958 el embajador boliviano en Chile, Renán Castrillo, sorprendió a Canciller Alberto Sepúlveda presentándole un nuevo reclamo, donde alegaba que la comisión mixta no había sido informada de la totalidad de los antecedentes de los trabajos en la ciénaga de Parinacota, y que, por lo tanto, pedía que estos fuesen detenidos. Incapaz de captar la intención del reclamo, La Moneda accedió ingenuamente a restituir los trabajos de la comisión, el 29 de noviembre de 1959. Con esto, el tema de la captación de aguas que ya había sido resuelto el 1949 a satisfacción de Bolivia, volvía a ser reabierto sin ninguna razón. Como era de esperar, esto dio la oportunidad para que La Paz resucitara de la nada misma su gastado reclamo marítimo, a partir de la cuestión del río, lo que dio la pie a la prepotencia y al hostigamiento que Bolivia mostró durante la década del sesenta en contra de Chile, intentando llevar la situación a foros internacionales e incluso solicitando la intervención de las potencias en favor de su pretensión marítima. La oportunidad de Siles Suazo de presentarse ante las muchedumbres como un defensor de la soberanía y del derecho boliviano frente al enemigo usurpador chileno, le dio a su administración un impulso y una popularidad suficiente para extender por dos años más un gobierno que hacía agua por todos sus costados. En este período, fue incapaz de controlar la crisis del Estado y, de hecho, el calvario empeoró. Sin embargo, culminó su período presidencial en agosto de 1960, siendo sucedido por Paz Estenssoro. No es necesario describir más la situación de caos y anarquía que imperaba en Bolivia al momento de volver al Palacio Quemado. Advirtiendo de inmediato que su regreso triunfal podría fracasar, el otrora incrédulo de la necesidad de insistir en el reclamo marítimo, inició su segundo período en la presidencia con una agresiva protesta internacional contra Chile por la cuestión de las aguas de Parinacota y por la pretensión marítima de su país, con un impulso que, con ciertas fluctuaciones de intensidad, se mantiene hasta nuestros días. A pesar de que los resultados de la nueva comisión mixta avalaron la posición chilena, el 31 de octubre de 1961, el Canciller Arze Quiroga de todos modos presentó una nueva protesta reclamando ahora que los trabajos sobre el río involucraban una desviación de caudal, cometida unilateralmente por Chile y en desajuste con el Derecho Internacional. Esto, en momentos en que las obras estaban a punto de ser inauguradas. La agresiva campaña antichilena de los sesenta continuó implacable. A pesar de que hambruna y la cesantía tenían paralizado al país, las chusmas se dieron el tiempo de asistir entusiasmadamente a un acto dirigido por el vicepresidente Lechín Oquendo, donde se quemó ceremoniosamente una bandera chilena al grito repetido de "¡Muera Chile!". Seguidamente, el 13 de abril de 1962 el Canciller Fellman envió una declaración al Presidente del Consejo de la Organización de Estados Americanos, OEA, en la que invocaba contra Chile el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca porque, a juicio del Gobierno de Bolivia, su vecino "amenazaba la paz del continente". Curiosamente, esa misma mañana un muy cínico y falso Fellman se había dirigido al embajador chileno Trucco manifestando su deseo de discutir el tema una vez que viajara a Santiago, en tres días más. Hábil en las artes de la propaganda, Paz Estenssoro decidió instituir el aniversario de la muerte del héroe boliviano Eduardo Abaroa, el 23 de marzo, quien cayó resistiendo en Calama contra los chilenos en 1879. La ocasión dio la oportunidad de organizar un impactante espectáculo de odio y revanchismo denominado "La Semana del Mar", donde se gastaron millones repartiendo miles y miles de libros de historia con la versión boliviana de la Guerra del Pacífico por el resto del mundo, impartiendo charlas y exposiciones internacionales, campaña que jamás tuvo una contraparte de parte de Chile y que perdura hasta nuestros días con la llamada celebración de la "Pérdida del Litoral". El 9 de abril, con motivo del Aniversario 11º de la vergonzosa "Revolución Nacional" y la reforma del campesinado, el mandatario reveló en verdadero sentimiento que animaba al Altiplano con un incendiario discurso:
Los cálculos optimistas de Paz Estenssoro se basaban, principalmente, en la difícil situación diplomática en que se encontraba Chile en el entorno regional. Sin embargo, la situación interna volvió a tomar ribetes de catástrofe que ni con el más antichileno y chovinista discurso podía esconderse. Para empeorarle las cosas, el 6 de agosto de 1963, Lechín Oquendo iba camino a declarar contra el mandatario, haciendo gravísimas acusaciones por corrupción y manipulación política, pero un grupo de matones lo encaró camino al Congreso. Terminó brutalmente golpeado y los documentos incriminatorios desaparecieron para siempre. La noticia corrió como el fuego sobre un reguero de pólvora, llevando al país al borde de una guerra civil. En otro intento desesperado por reunir a sus fuerzas profundamente divididas, Paz Estenssoro quisó agitar nuevamente las aguas de la mediterraneidad y del reclamo portuario, pero su batería ya estaba vacía. El 24 de septiembre fue expulsado del país Siles Suazo. La visita del General Charles De Gaulle a La Paz, durante el día 28, tranquilizó un tanto las pasiones, pero a penas puso pie fuera del país retornó el huracán y, el 16 de octubre, se fracturó el poder con la disidencia del General Barrientos, condenando la censura de la prensa. El 3 de noviembre, los insurrectos sobrepasaron las fuerzas de represión de Paz Estenssoro, quien escapó a Lima, dejando al mando al General Alfredo Ovando Candia, uno de los abanderados del reivindicacionismo altiplánico. La Casa Blanca intentó intervenir de inmediato en favor de Barrientos, para dejarlo en el poder y salvar las apariencias de democracia y constitucionalidad de una nación que, en la práctica, ya se habían perdido. Ovando renunció en favor de Barrientos. Agotada la eficacia de la demanda marítima, y con el intervencionismo de las potencias de la guerra fría haciendo caldo y nata dentro de un territorio boliviano convulsionado por las guerrillas, las mafias de alcaloides y la sedición política, el reclamo portuario permanecería largo tiempo en el más completo silencio, salvo por una que otra presentación rutinaria o insistencias ante foros internacionales como la OEA y la ONU.
Pero Bolivia es capaz de ofrecer problemas aún más graves que la ineptitud política: la influencia del narcotráfico. Y lo peor es que hay instantes en que ambas pestes se cruzan. Los informes presentados por la ONU, hacia 1973, demostraron que la cocaína ya se había extendido por Europa y los Estados Unidos en la primera década del siglo XX. Las guerras mundiales prácticamente estancaron el comercio, pero, terminado el último conflicto, el narcotráfico se restituyó con rapidez. En los Estados Unidos los negocios de la droga se extendieron con velocidad, de la mano de famosos mafiosos como Lucky Luciano y su clan. No pasó mucho tiempo para que se identificara a Bolivia como una de las naciones productoras de este veneno. La guerra contra el alcaloide habría de comenzar hacia 1950 y la misma ONU solicitó a La Paz una actitud sólida de su parte detener esta influencia, pero el Comité Central Permanente del Opio, en 1963, publicó una grave denuncia contra la nación altiplánica, confirmando que las autoridades bolivianas se habían resistido a cumplir con sus compromisos con el organismo. Según el gobierno paceño, el año anterior la producción de coca era sólo de 3.000 toneladas; sin embargo, los datos de la Comisión de Estupefacientes confirmaban que la producción boliviana había sido en realidad de 12.000 toneladas, por lo que los informes estaban falseados. Y más aún: sólo la mitad de esta producción era utilizada en masticación o uso directo de la coca en yerbatería; todo el resto iba a para a manos de los narcotraficantes. Pero el año de 1963, un nuevo escándalo sacudió a la clase política, cuando el antes mencionado vicepresidente de Paz Estenssoro, Lechín Oquendo, fue acusado de vínculos con el narcotráfico de cocaína por el coronel Demetrio Osinaga, en medio de la grave crisis sindical y minera que golpeaba a La Paz. También se señaló como involucrados a funcionarios de la Policía y del Banco Central de Bolivia. Las denuncias fueron confirmadas, más tarde, por las autoridades argentinas de Salta y de la Policía Internacional, pero el Congreso logró esconder el polémico caso rechazando las acusaciones "por falta de pruebas". Para guardar apariencias, Lechín fue enviado como embajador ante Italia, donde permaneció tranquilamente por unos años más en total impunidad. Estos asuntos causaron gran revuelo en la época y motivaron presiones internacionales, pero el nuevo golpe militar de 1965 devolvió la atención del país hacia sus crisis internas y hacia los graves fracturas en el seno de la sociedad boliviana. La ONU intentó una nueva ofensiva criticando directamente la cultura cocalera que existe desde tiempos inmemoriales en Bolivia. Pero, bajo el pretexto de mantener el significado cultural e histórico de la coca en Bolivia, sus autoridades se negaron a acatar las exigencias de la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes, que comenzó a funcionar en 1968. En 1980, el 60% de la droga que ingresaba a los Estados Unidos provenía de Bolivia. Contrariamente a lo que usualmente se cree, las mafias colombianas actuaban más bien en el proceso final de depuración de las pastas bases de cocaína que llegaban desde el país boliviano para ser derivadas después a los Estados Unidos, especialmente por Miami, pero el origen de la droga se encontraba mayoritariamente en los campos cocaleros bolivianos. El 11 de julio de ese año, por ejemplo, en pleno gobierno de Siles Suazo, el juez de Miami Joseph Bogart dictó un mandato de apremio contra el entonces zar de la coca boliviana, Roberto Suárez Gómez, cincuentón que se jactaba de tener altos contactos entre las autoridades y grupos paramilitares, luciendo con orgullo un revólver Browning bañado en oro. Según el documento judicial, el mafioso era responsable de conspiración por abastecer al crimen organizado de los Estados Unidos con cocaína. En la ocasión, incluso se denunció que el Ministro de Interior altiplánico, Mario Roncal, había tolerado la salida de 150 mil kilos de la droga desde su país. En la relación de amor y odio que la nación altiplánica mantiene históricamente con el gran país del Norte, esa situación ha permitido enormes ayudas de parte del Gobierno de Washington D.C., pero también fuertes y evidentes intervencionismos. Por entonces se evidenciaba otro factor de interferencia en las relaciones de Bolivia con el resto de la comunidad mundial y que afectaba principalmente a sus propios vecinos, al convertirlos en pasajes de tráfico de droga destinada hacia los grandes puntos de consumo en Estados Unidos y Europa. En Santa Cruz y Beni aparecieron innumerables pistas de aterrizajes clandestinas, pero otra buena parte del traslado se hacía directamente por Colombia, nefasta influencia que permitió la creación de puntos para escala controlados por mafias locales, las que se convirtieron posteriormente en los carteles que tanto daño y males han acarreado a esta nación (en años recientes, han aparecido estas mismas "pistas" en territorio chileno fronterizo con Bolivia, como las inmediaciones de San Pedro de Atacama). Panamá también fue escala de esta aborrecible influencia desde Bolivia, dando origen a las mafias que en ese país también lograron fuerte influencia en el poder. Además, se cuentan las islas del Caribe y la Amazonía del Brasil. En pocas palabras, la influencia boliviana en el continente, producto del negocio de la droga, ha sido desastrosa para la independencia y el normal desarrollo en la región. En la actualidad, obviamente, es Chile el primer país que ha debido pagar con creces esta nefasta influencia vecinal, al verse convertido en un verdadero corredor de drogas bolivianas hacia el resto del mundo, además de convertir al país un una de sus principales sedes de operaciones y negocios. Sorprende entonces, que Bolivia esté acusando reiteradamente a Chile como un peligro para la estabilidad del continente, cuando en realidad es el país altiplánico el que, por sus problemas de gobernabilidad y por su importancia en la propagación del cáncer del narcotráfico, constituye un eje de crisis permanente en la región. Todas estas características hacen de Bolivia una república que marcha hacia el modelo de lo que podría llamarse un narcoestado, ensayo que ya se intentó en el pasado en algunas provincias de China (recordar la famosa Guerra del Opio, de 1839 a 1842) y, más cercanamente en Colombia (con el "Cartel de Medellín" del fallecido Pablo Escobar Gaviria, y fuerzas paramilitares como las FARC) y Panamá (con el ex agente de la CIA, Manuel Antonio Noriega, derrocado por EE.UU en 1989), donde se asoció también a las guerrillas y a los movimientos de insurgencia fomentados por el marxismo internacional. Sin embargo, la situación particular de Bolivia ofrece un escenario en donde el éxito del negocio de la producción de narcóticos parece más consolidado que en ninguna otra parte del mundo, salvo quizás en el Perú. Los movimientos cocaleros, los partidos de izquierda que -con diputados en la Asamblea- adhieren al movimiento campesino e indigenista, invariablemente tienen conexiones estrechas con las mafias de los estupefacientes, que a su vez se refugian al amparo de las altas esferas, como ha quedado demostrado innumerables veces. En tales circunstancias, veremos que es casi un favor para la humanidad el que Bolivia no tenga puertos propios y disponibles para continuar envenenando al mundo con su droga. El problema de los cocaleros, liderados por el diputado (y futuro presidente) Evo Morales y el ex guerrillero líder de los productores de coca de los Yungas, Felipe Quispe, comenzó a cobrar su cuota a precaria estabilidad política de Bolivia, consiguiendo, entre otras cosas, el derrocamiento del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras violentas manifestaciones y disturbios que, según se ha sabido, contaron con respaldos financieros provenientes de la izquierda indigenista peruana y del socialismo "bolivariano" de Hugo Chávez desde Venezuela. La incapacidad de La Paz por derrotar al narcotráfico y su influencia sobre los políticos corruptos, ha llevado a muestras de querer derrocar a los propios productores de coca, como hemos dicho en otra parte, pues es sabida que la cantidad de hojas de coca producida por los agricultores bolivianos supera ampliamente el consumo interno y externo con que se justifica la masiva producción de la planta, siendo evidente que una buena parte de la misma va a parar definitivamente a los productores de cocaína. De cada 100 kilos de coca, se obtiene al rededor de un kilo de pasta base y, de ésta, unos 200 gramos de cocaína pura, por lo que la producción de coca para las necesidades de los narcotraficantes habrán de ser estratosféricas. Sólo Perú y Bolivia son capaces de producir tales cantidades de hojas de coca. Pero el narcotráfico y las mafias de la droga ya están adquiriendo, desde hace bastante tiempo, características de violencia y agresividad muy parecidas a las vistas en Colombia. Esto trasciende a la mera influencia entre los grupos de poder que los narconegociantes pudieran lograr entre las clases dominantes, y ya quedó claro el 13 de junio del 2003, cuando el Presidente Sánchez de Lozada anunció ante la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz que intentaría impedir los planes de aspiraciones electorales municipales de los cocaleros representados por el futuro presidente Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS). Coincidentemente, un día después fueron asesinados dos soldados de la Fuerza de Tarea Conjunta de Chipiriri, cerca de Cochabamba: Segundino Alborta y Francisco Mamani. Cayeron en un atentado terrorista explosivo muy sofisticado y atribuible sólo a expertos, presumiblemente bajo influencia de narcos colombianos que se han establecido en Bolivia tras la destrucción de los principales carteles de aquella nación. Son parte de los elementos que componen el amplio collage de problemas que han atrasado por décadas el desarrollo económico y social de una nación que, a pesar de esto, insiste en relacionar su situación con la mera falta de costas o puertos propios.
En enero del 2003, varias organizaciones populares de Bolivia firmaron un documento público en el que decía, en uno de sus párrafos medulares:
Este ataque de sinceridad no es fruto de la exageración y la excesiva honestidad. Uno de los sectores donde más notoria sigue siendo la influencia de la corrupción política y la irregularidad es en la distribución de los territorios agrícolas de Bolivia, desde los años cincuenta en adelante. Es claro que la política de distribución ha beneficiado casi exclusivamente a los hacendados y las familias de la aristocracia dominante, en desmedro del campesinado y las masas indígenas. Este factor es vital para comprender el grave retraso en los campos de Bolivia, recordándose que los terrenos productivos son la base de la economía en las naciones tercermundistas y dependientes de la riqueza de su territorio más que de su capacidad industrial, por lo que vemos, de este modo, un nuevo factor de subdesarrollo completamente ajeno al chivo expiatorio de la mediterraneidad. Inevitablemente, el negocio de la droga que hemos descrito, ha adquirido en Bolivia niveles escandalosos de influencia sobre los gobiernos centrales, al punto de que muchas administraciones se han dedicado más a pagar favores a la mafia que a procurar el desarrollo o una mejora en las condiciones del país. Aprovechando la desestabilización social y la histórica tendencia al caudillismo y al golpe militar reiterado, las mafias consiguieron escalar rápidamente en el poder y empujar a varias de las asonadas golpistas de la segunda mitad del siglo XX. Algunas de ellas fueron provocadas especialmente para proteger a los zares del narcotráfico boliviano. Una gran cantidad de casos de estos están descritos en el trabajo "Narcotráfico y Política. Militarismo y Mafia en Bolivia" (Latin America Bureau, 1982). Y cosa curiosa: todos los gobiernos de facto que fueron amparados por narcotraficantes, se caracterizaron por ser férreos "reivindicacionistas" del pretendido "litoral boliviano" y del "derecho a mar" del vecino país; y, por lo tanto, con gran apoyo popular en su gran mayoría. Esto no puede ser coincidencia. Para sorprender más aún al investigador, informes de la DEA y del Senado de los Estados Unidos confirmaron los fuertes vínculos que tenía el fallecido General Hugo Bánzer en su primer gobierno, tras derrocar al General Torres en agosto de 1971. Su conexión parecía estar inicialmente en su yerno, don Luis "Chito" Valdés, pero cuando nombró a su primo Guillermo Bánzer Ojopi como cónsul en Miami, en 1978, el nuevo representante se vio involucrado en complicadas denuncias de narcotráfico, luego de comprar muebles ostentosamente lujosos (10 millones de dólares) cuya dieta no le hubiesen permitido, lo que motivó su reemplazo. Ya después de abandonar la presidencia, Bánzer volvió a verse implicado por su oscuro entorno, luego de un operativo realizado en Santa Cruz a principios de 1980, cuando se allanó su hacienda "Potrero" por el Mayor Fernández, quien encontró dentro del recinto varias maletas llenas de cocaína: 300 kilos en total. El hallazgo comprometió gravemente al ex dictador, al vincularlo con su amigo narcotraficante Wide Razuk, que tenía una hacienda aledaña a la de Bánzer, quien emitió desesperadamente un comunicado público para desviar las acusaciones en su contra. Pero los problemas del General por sus relaciones con el narcotráfico no terminaron allí. Denuncias tan graves como las anteriores cayeron sobre su medio hermano (o hermano político, según otras fuentes) Guillermo "Nato" Bánzer Abastoflor. Después, su Edecán, Coronel Norberto "Buby" Salomón, apareció como director de operaciones de tráfico de droga en Caracas, siendo agregado militar de la embajada y valiéndose del servicio de aviones de propiedad del Coronel Arce Gómez. Como se recordará, desde 1974 Bánzer se había convertido en todo un abanderado de los militares de Bolivia, deseosos de la "recuperación" de costas en el Pacífico. Esta fama de "patriota" le permitió llegar nuevamente al poder, años mas tarde y ahora democráticamente, falleciendo sin poder concretar sus período, en el año 2001. Quizás el caso más patético de influencias mafiosas sea, sin embargo, el del golpe del 17 de julio de 1980, organizado por el General García Meza y el Coronel Arce Gómez, sugestivamente llamado "Golpe de los Cocadólares". Este levantamiento, como se recuerda, fue dirigido por los oficiales del Regimiento Trinidad, precisamente en Beni, donde se acumula gran parte de los cocaleros y los narcotraficantes que operaban entonces en Bolivia. Muchos generales recibían generosas "contribuciones" de parte del narcotráfico, y como lo confirmarían informes de la DEA publicados en el "Washington Post", el golpe se debió al temor de estos militares a perder tan generosas entradas de dinero. Muchas acusaciones fueron formalmente presentadas y documentadas con gran detalle por el Senado norteamericano, desatando gran molestia en la opinión pública en ese país. Insólitamente, estos golpistas de corte "progresista" contaron con ayuda y asistencia de la dictadura militar Argentina, comúnmente asociada a la derecha y que, por esos mismos años, había planificado una intervención contra Chile en el Beagle y estaba próxima a mandarse el numerito bélico de 1982 en islas Falkland. La presencia de los intereses del narcotráfico en el poder motivó los intentos de golpes del Coronel Lanza en Cochabamba y de los militares Natusch y Añez en Santa Cruz, pero todos terminaron en fracasos. Las influencias de la mafia se habían extendido ya por casi todo el cuerpo de altos militares y autoridades bolivianas. El General Landívar reconocería más tarde a "El Mundo" del 19 de mayo de 1982, que el Gobierno de García Meza entregaba los llamados bonos de lealtad en dólares, para los demás militares, ahogando así la tendencia innata a las intentonas golpistas. El "New York Times" del 21 de agosto de 1981 declara que el General Waldo Bernal, de la Junta de Comandantes, recibió coimas de hasta 10.000 dólares semanales por permitir la salida de aviones cargados de coca.
Se ha demostrado hasta la fatiga que un puerto para Bolivia -entregado a modo de corredor al océano por el Norte de Arica- demandaría tal cantidad de inversión para el país altiplánico que, paradójicamente, le resulta infinitamente más conveniente seguir operando por puertos chilenos que habilitar uno en el lugar señalado, con todas las obras de infraestructuras y operaciones necesarias para satisfacer tal capricho. Cifras optimistas hablan de un pie de mil millones de dólares para semejante empresa, que el fisco boliviano no tiene por donde sacar, situación ante la cual el supuesto puerto sólo podría ser concebido bajo licitación y caería en manos privadas a pesar de la verdadera alergia que los políticos bolivianos han mostrado a la privatización de los puertos de Arica que actualmente utilizan. Cuesta suponer, sin embargo, qué clase de privados tomarían el proyecto de habilitar y mantener un puerto para Bolivia con tales riesgos y tendencias al fracaso... O tal vez no cueste tanto presumirlo, después de todo. Las opiniones más sensatas están de acuerdo en que un puerto para Bolivia se convertiría rápidamente en un puerto para el narcotráfico o, lo que es peor, para los intereses de potencias extranjeras. Así lo ha señalado, por ejemplo, la destacada comentarista y analista política chilena Karin Ebensperger. Por su parte, en su libro "Creo en Chile", el ex ministro Sergio Onofre Jarpa ya escribía en 1973:
Sin embargo, cabe preguntarse también si la propia Bolivia está en condiciones de aprovechar la presencia en el mar o si su acceso portuario sólo generará nuevos fracasos y nuevas controversias. La respuesta nos la da la insólita situación que por varios años ha venido dándose en relación a los permisos de navegación con bandera boliviana que el Registro Internacional Boliviano de Buques de la Fuerza Naval de Bolivia extiende a naves extranjeras que navegan en aguas internacionales, a través de las compañías International Register of Shipping y la Isthmus Bureau of Shipping, en New Orleans y Panamá. Resulta tan desprestigiada la concesión de permisos que ha extendido La Paz a estas naves comerciales, que en muchos puertos del mundo se niegan a atender barcos con bandera boliviana, como denunció el diario paceño "La Razón", el año 2002. El motivo se encontraría la negligencia, la burocracia y la mala fama del servicio boliviano, ya que las empresas de fiscalización naviera Mou de París y de Tokio dieron la peor evaluación a los 380 barcos de bandera boliviana, especialmente en asuntos de seguridad y transparencia. Lo curioso es que ni el Registro Internacional Boliviano de Buques y la Fuerza Naval de Bolivia han movido una ceja en este asunto, cuya importancia sería fundamental si al país altiplánico le interesara tanto, realmente, su relación con el mar al que tanto aspira. Curioso es también que el Registro Internacional Boliviano de Buques se haya ganado esta fama casi inmediatamente después de ser creada, el año 2000, lo que nos da una proporción de la crisis moral que existe en Bolivia actualmente. Entre las denuncias contra los barcos fiscalizados figura la detección de cargamentos de droga y otras situaciones deplorables, relacionadas con el narcotráfico.
Se denomina "balcanización" al proceso de fractura en la unidad nacional de un país y al reflejo de esta destrucción en la violencia política y los conflictos sociales que esta situación suele desatar a modo de guerras civiles y separatistas. El término, acuñado por los analistas internacionales, hace referencia a la lamentable y trágica destrucción de Yugoslavia, a fines del siglo XX, aunque está asociado a brotes secesionistas que han sido estudiados, por ejemplo, por el analista internacional Juan Enríquez. Desde hace muchas décadas, Bolivia ha ofrecido también un proceso de fractura interna agravado en los últimos años y cuyo reflejo en la política ha logrado ser controlado con períodos de reforzamiento de la demanda marítima contra Chile que, como hemos visto más arriba, ha sido por largo tiempo el único punto de unidad y tregua para las fuerzas políticas altiplánicas, tradicionalmente hostiles entre sí. Causa y síntoma de esto es, por ejemplo, el periódico resurgimiento de las disputas sobre las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. De este territorio en particular, se destacan los departamentos de Tarija y Potosí. En el pasado se intentó establecer la capital histórica de Bolivia en la ciudad de Sucre, disputa que sirvió de excusa para derrocar al Presidente Severo Fernández Alonso en 1899, reestableciendo la sede en La Paz. Otros intentaron incluso trasladarla a Cochabamba para combatir el centralismo de La Paz alentado por tiranos como el Mariscal Santa Cruz. Como Sucre continúa siendo, sin embargo, la capital judicial y constitucional, una y otra vez resurge la idea de trasladar hasta ella al Ejecutivo, según veremos. Esta "balcanización" boliviana tiene, en lo fundamental, dos orígenes mutuamente relacionados:
La última y más compleja etapa de crisis de Failed State de Bolivia parece haber comenzado con la caída de Sánchez de Lozada, correspondiendo a Carlos Mesa heredar, a partir del 17 de octubre de 2003, todo el caos político y social dejado por el fracasado intento de gobierno. A duras penas, Mesa logró permanecer en el poder menos de dos años, cuando el desorden y las revueltas fomentadas principalmente por los opositores izquierdistas e indigenistas, estaban volviendo imposible el propósito de gobernar, ni siquiera con su recurrida estrategia de revitalizar la demanda marítima y las acusaciones odiosas contra Chile, que revirtieron sólo momentáneamente su baja popularidad. Estrangulado por la situación, presentó su dimisión al Congreso de Sucre el 8 de marzo de 2005, acusando formalmente a Evo Morales, a Abel Mamani y a la élite cruceña por el caos generalizado que por entonces se había tomado al país. Sin embargo, en su misma carta de dimisión, hacía un último llamado desesperado para que una alianza política se constituyera con el fin de recuperar la gobernabilidad. Sin embargo, los parlamentarios no veían un sucesor para Mesa y estaban con la urgencia de impedir el avance de las fuerzas del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, por lo que rechazaron la dimisión casi obligando al Presidente a mantenerse en su cargo. Agobiado por el estado generalizado de ingobernabilidad y por el sabotaje de los izquierdistas a la Ley de Hidrocarburos, logró permanecer en la primera magistratura hasta junio siguiente, cuando debió renunciar acosado por los sediciosos y los conspiradores, cediéndole el poder a Eduardo Rodríguez el día 9, quien llamó a elecciones para el mes de diciembre. Tras años de campaña política y sembrando las discordias que le permitieron aplastar a todos sus enemigos, Evo Morales ganó llana y fácilmente las elecciones, ascendiendo al poder el 22 de enero de 2006, Bolivia siguió cayendo en una progresiva espiral de violencia, protagonizada por los mismos grupos que, bajo la voluntad del caudillo político, lograron derribar dos gobiernos anteriores. El conflicto revela la atomización política de la sociedad boliviana, pues ya no sólo se da entre los grupos de izquierda contra la oposición liberal, sino entre los propios sectores progresistas como movimientos radicales de cocaleros y los socialistas partidarios de Morales que, como históricamente ha sucedido, se han valido del indigenismo para cumplir con los programas del izquierdismo castro-chavista del continente. Hacia principios de enero de 2007, vinieron a tener lugar algunos de los conflictos más graves de la "balcanización" boliviana, cuando los enfrentamientos entre manifestantes y la policía de Cochabamba dejaron dos muertos, más de cien heridos y la evidencia de un país profundamente dividido. La prefectura cochabambina había decidido cursar un referéndum de autonomía que pretendía ser celebrado allí, como parte de un proceso de orientación independentista muy similar al que ha vivido Bolivia con respecto a los departamentos de Tarija y Santa Cruz, en otro síntoma de su virtual disociación nacional. A pesar de la represión y de la suspensión del referéndum, cerca de diez mil campesinos y elementos llegados desde otras regiones siguieron reunidos en la plaza 14 de Septiembre y bloqueando algunas carreteras, dirigidos por agitadores como David Herrera y otros oficialistas miembros del Movimiento Al Socialismo. Los movimientos eran alentados desde La Paz, pues el Presidente Morales motivó irresponsablemente a los cocaleros a reaccionar contra el Prefecto de la Gobernación de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, acusándolo de corrupción, de humillar a los pobres. Morales azuzó las rebeliones con arengas y halagos al orgullo de los "compañeros", con quienes se reunió por esos mismos días. Tras este apoyo, sin embargo, estaba el interés del Palacio Quemado por derribar todos los focos de oposición entre cargos democráticamente elegidos dentro del país, en contra de los propósitos totalitarios del gobierno, además de la preocupación que estaba produciendo en La Paz el progresivo autonomismo de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, departamentos que, en julio de 2006, habían apoyado con amplia mayoría plebiscitaria tal opción de autonomía. En la ocasión, la población de Cochabamba había votado contra la separación. Sin embargo, para el verano siguiente, la situación nacional había empeorado tanto que Reyes Villa creía tener la seguridad de contar con plena mayoría para un voto de autonomía. El día 8 de enero, las turbas oficialistas intentaron asaltar y quemar el edificio de la Prefectura de Cochabamba y luego una comisaría policial, ante lo cual reaccionaron las fuerzas de orden público, desalojando a los revoltosos. Sin embargo, el compromiso del gobierno de Morales con éstos últimos llegaba a tal grado, que la Ministro de Interior, Alicia Muñoz, destituyó instantáneamente al Comandante de la Policía de Cochabamba, Coronel Wilge Obleas Espinoza, responsabilizándolo injustamente por los desórdenes. Acto seguido, el Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, se arrojó en picada contra el Prefecto Reyes Villa, acusándolo de haber provocado los incidentes y no titubeó en apoyar con desparpajo a los violentistas, cuyo intento de destrucción del edificio fue justificado por la autoridad. En tanto, los prefectos opositores y el movimiento cívico del oriente y sur de Bolivia condenaron a coro al gobierno de Morales por lo que estaba sucediendo, apoyando con decisión a la autoridad de Cochabamba. A tanto llegó la jornada de violencia que el propio Prefecto Reyes Villa debió correr hasta Santa Cruz para refugiarse en la casa del cardenal Julio Terrazas, escapando de los alzados tras negarse a renunciar a su cargo y advertir que su cabeza tendría precio con semejante decisión. Intentando denunciar las atrocidades que se veían en Cochabamba con la complicidad del gobierno, Terrazas realizó una homilía en la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, donde declaró ante los fieles la existencia de:
El temor a la guerra civil duró todo el año 2006 y 2007. Mientras se discutía la modificación de la Carta Fundamental, por ejemplo, en una maratónica sesión de la Asamblea Constituyente que se extendió hasta horas nocturnas del viernes 1º de septiembre de 2006, se desató una formidable gresca entre oficialistas y opositores luego de que los primeros consiguieran que, en primera instancia, cada artículo de la nueva Constitución fuese votado con mayoría simple, asegurando así su aprobación al no depender del quorum de dos tercios, que favorecería a la oposición. La riña acabó con el líder de la bancada del MAS, Román Loayza, gravemente herido y en coma luego de caer accidentalmente a una fosa junto a la sala de sesiones donde se produjo la trifulca. Fue tal el nivel de violencia de la jornada que algunos campesinos partidarios del gobierno hasta tiraron latigazos en medio del pandemonio. Después, entre fines de agosto y principios de septiembre 2007 y también en pleno debate de reforma constitucional por la Asamblea Constituyente comenzaron nuevos y bochornosos incidentes que culminaron otra vez en riñas a puñetazos entre los legisladores. De esta manera, lejos de cumplir con los fantásticos augurios de unidad y ejemplo para América Latina que los izquierdistas de todo el continente le anunciaban a la iniciativa de Morales de producir una Carta Magna democrática, participativa y consensuada, la discusión de la Asamblea Constituyente se convertía en otra excusa para hacer explotar las radicales e irreconciliables diferencias de la sociedad boliviana, además de revelar el carácter impositivo que había adoptado el Palacio Quemado en torno a sus intereses políticos en la Asamblea de Sucre. En este oscuro panorama y con la amenaza de la Guerra Civil pendiendo encima, el Gobierno de Evo Morales debió enfrentar el inicio de una ola de huelgas y paralizaciones convocadas por organizaciones civiles de Santa Cruz, Beni, Pando, Sucre y Cochabamba luego de que el Presidente se negara a discutir el traslado del Gobierno desde La Paz hasta Sucre. La Asamblea, de hecho, recibió un ultimátum para que retirara la propuesta de capitalidad plena para Sucre. El Prefecto de Chuquisaca, pese a ser militante del MAS, renunció apoyando las demandas de Sucre. El 6 de septiembre de 2007, la Asamblea Constituyente debió paralizar ante las protestas iniciadas por movimientos universitarios. La región estalló en enfrentamientos y disturbios. Echando leña al fuego, el Vicepresidente Linera anunció el envío de 100 mil campesinos al servicio del oficialismo, para revertir la situación y someter a los alzados. El Gobernador Manfred Reyes declaró que esto era el inicio de la temida guerra civil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pocos días después, el 15 de enero, correspondió a la localidad de El Alto alzarse asistida por el oficialismo, en contra del Prefecto de La Paz, José Luis Paredes, en un nuevo foco de manifestaciones dirigidas por la Central Obrera Regional de El Alto (COR), la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y el Consejo de las Seis Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), todas ligadas a las fuerzas de gobierno. Entre los principales agitadores de estas revueltas, estaban el Presidente de la Fejuve, Nazario Ramírez, y el Diputado Santos Ramírez, miembro del Movimiento Al Socialismo. Si bien los afanes de autonomía de los departamentos de Bolivia constituyen un fenómeno de larga data, el episodio de Cochabamba, a inicios del 2007, puso en el tapete un caso concreto de masiva violencia y de complicidad del gobierno en la generación e impunidad de la misma, para impedir el avance del separatismo, tal como se esperaría de un perfecto proceso de "balcanización".