| LA POLÍTICA DE DESMILITARIZACIÓN Y DESMINADO FRONTERIZO, ADEMÁS DE LA APERTURA Y LA PERMEABILIDAD DE LAS FRONTERAS EN UN VECINDARIO DONDE SE ENCUENTRAN TRES DE LOS PAÍSES MÁS INESTABLES Y CORRUPTOS DEL MUNDO -SEGÚN DATOS CONFIRMADOS DE TRANSPARENCY INTERNATIONAL- CONSTITUYE UN VERDADERO SUICIDIO LENTO DE PARTE DEL ESTADO DE CHILE, QUE HA PERMITIDO LA PROLIFERACIÓN DE UNA SERIE DE MALES EXPORTADOS DESDE NACIONES VECINAS, COMO EL NARCOTRÁFICO, EL CONTRABANDO DE ARMAS, LA INFLUENCIA DE CONFLICTOS EXTERIORES AJENOS, LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LAS REDES DE MAFIAS INTERNACIONALES OPERANDO EN EL TERRITORIO. A PESAR DE TODO, CUALQUIER RECLAMO PIDIENDO CORREGIR ESTAS DEFICIENCIAS SUELE SER TILDADO INSTANTÁNEAMENTE DE XENOFOBIA O AISLACIONISMO POR VOCES HISTÉRICAS DE DETERMINADOS GRUPOS POLÍTICOS PROFUNDAMENTE COMPROMETIDOS CON LOS INTERESES DE ESTA PRETENDIDA "INTEGRACIÓN FRONTERIZA".
Con la caída de los regímenes militares en América Latina, la doctrina de los Derechos Humanos pasó a formar parte de un discurso político que, con cierta regularidad, algunos pillos han utilizado maliciosamente para disfrazar de altruismo y bondad intenciones absolutamente mezquinas y oportunistas. Es así como en 1993, el recién asumido Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, propuso abordar el problema de la mediterraneidad de su país echando mano a asuntos derivativos, entre los que figuraba en primera línea la cuestión de las minas antipersonales instaladas en la frontera Norte chilena durante los tensos años setenta, cuando nuevamente los tres vecinos dieron señales de acercamientos aliancistas contra Chile en el marco contextual del peligro de guerra con Perú y luego la crisis del Beagle con Argentina. La cuestión de las minas antipersonales (y de las minas en general, incluyendo las fragmentarias o para vehículos pesados) no fue tomada al azar por las pinzas de la propaganda paceña. Hacia principios de los noventa, habían proliferado fuertes campañas internacionales en contra la existencia de los campos minados, que habían quedado abandonados en teatros de tensión territorial de varias partes del tercer mundo, causado una gran cantidad de muertes o mutilaciones entre inocentes, especialmente en países del África negra y del Sur de Asia. La cantidad de accidentes en los campos abandonados de la zona cordillerana del desierto chileno, era ínfima en comparación con la de otras naciones del Índico, de ex territorios yugoslavos y de Medio Oriente; o de Colombia (instalados casi exclusivamente por la guerrilla FARC), por poner otro ejemplo en de América Latina. La razón es que el principal peligro de accidentes en los campos minados lo reviste el avance de la vegetación sobre estos terrenos y la transformación de muchos ellos en tierras cultivadas, como sucede en Camboya, por ejemplo. También se ha dado la tendencia a la urbanización posterior de algunos territorios. Aunque esta situación resultaría imposible al interior de los desiertos de Atacama y Tarapacá, por cuestiones geográficas y climatológicas, a La Paz le bastaron algunos pocos casos de "burreros" o ilegales que, por desgracia, tropezaron con algunas de estas trampas, para construir una leyenda negra de los "campos asesinos" instalados por Chile en las fronteras, denunciada con dramatismo sublime ante la ONU en 1994, y respaldada por una cantinela de organizaciones globalistas de gran poder financiero que, en casi todos los casos, jamás habían verificando en forma directa las denuncias. Curiosamente, estos mismos organismos han sido especialmente cuidadosos de no herir la susceptibilidad argentina por las más de diez mil minas que dejaran en islas Falkland y especialmente en las turberas, durante su efímera y desastrosa invasión del archipiélago en 1982, acción que, como sabemos, contó con el respaldo diplomático y hasta ofertas de cooperación de Perú y Bolivia, posteriormente investidos como santos patronos de la lucha contra las los campos minados. A la sazón, el nivel de entreguismo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y su canciller José Miguel Insulza llegaba a tal, que ambos habían acatado de buenas a primeras el fallo arbitral para Laguna del Desierto, en octubre, sin importarles el "detalle" de que resultara adverso a Chile, dada la cantidad de vicios y aberraciones de derecho que se permitieron con tal de que la Argentina acatara el proceso. El reclamo altiplánico no podía llegar en peor momento entonces. Como era de esperar, las presiones de La Paz ante los foros internacionales fueron acogidas con entusiasmo de parte de algunos infaltables entreguistas, entre 1995 y 1996, donde se resucitaron las muletillas de integración y confraternidad americana, con un coro de demagogos jugando a ser estrategas y señalando "innecesaria" la existencia de tales resguardados fronterizos que, hasta ese momento, eran el único mecanismo de control permanente para vastas extensiones del límite. Adicionalmente, constituía en más eficaz de los disuasivos contra el narcotráfico y las mafias de traficantes de vehículos, controladas precisamente desde Bolivia. En 1997, Hugo Bánzer regresó a la presidencia boliviana decidido a revitalizar el reclamo portuario del Altiplano, para lo que tampoco titubeó en asirse fuertemente de nuevas quejas por la presencia de los campos minados que, en casi 25 años de existencia habían provocado el "holocausto" de unos pocos heridos principalmente por situaciones excepcionales, como la falta de señalización, tránsito irresponsable de las víctimas por las zonas peligrosas o por el desplazamiento de las minas a causa de fenómenos naturales (aluviones, derrumbes, etc.). De este modo, el 29 de septiembre, Bánzer presentaba ante la 52º Asamblea de la ONU en New York, un reclamo formal contra Chile por la existencia de estas minas antipersonales en la frontera, llamando a la solidaridad de los gobiernos para motivar su retiro, además de retomar la demanda marítima boliviana en el mismo discurso. Simultáneamente, la Cancillería y el Ministerio de Defensa de Bolivia se prepararon para acusar La Moneda de protagonizar una "carrera armamentística" en la región, con la intención de llevar esta calumnia a Ottawa, Canadá, donde iba a tener lugar el compromiso chileno de desminar la frontera, según veremos. El Palacio Quemado también se formuló una invitación a la activista la norteamericana Jody Williams, premiada con el Nobel de la Paz por su combate contra las minas antipersonales, para que visitara la capital peruana en octubre, ocasión en la que volverían a asomarse más acusaciones. El 10 de ese mismo mes, el representante peruano en La Paz, Harry Beleván, se sumó al lobby de presión contra La Moneda, adhiriendo a la petición de retiro de las minas. Se especuló sobre una posible visita de la Princesa Diana de Gales a La Paz, para apoyar las medidas, idea que abría abortado tras su trágica muerte ese mismo año. Como el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle estaba obsesionado con ofrecerse a los ojos del mundo como un país abierto al internacionalismo, "moderno" y sagradamente respetuoso de los derechos del hombre (incluso si se trataba de indultar a degenerados, asesinos de niños y otros gladiolos), Chile fue suscrito a la Convención de Ottawa del 3 de diciembre de 1997, que comprometía no sólo a apoyar la prohibición mundial del uso de minas, sino que obligaba a retirar paulatinamente las disponibles o ya instaladas en las fronteras. Ésta sería la razón por la que comenzaron a realizarse verdaderos espectáculos de explosiones controladas, con gran asistencia de periodistas, en los años siguientes. Para dicha labor de millonarios costos, se creó una Comisión de Desminado que informaría periódicamente a la ONU sobre el proceso de retiro y destrucción, operando directamente con el Ministerio de Defensa. El objetivo era eliminar todas las minas explosivas que estaban en almacenes militares antes del plazo que la Convención ponía con límite, en el año 2006. El principal sentido de estas exigencias bolivianas y peruanas era de índole absolutamente geoestratégica y militar, pues la cantidad de minas instaladas en gran parte de la frontera perjudicarían cualquier aspiración para una eventual penetración invasora desde alguno de estos dos países, por lo que se entiende que resguardaban muy convenientemente los intereses chilenos en dichas fronteras. Ahora, con el virtual retiro, no se ha implementado ningún mecanismo que reemplace la capacidad disuasiva que tenían los campos minados y que bien pudieron tener una injerencia decisiva en el hecho de que Perú jamás se atrevió a dar el golpe final para "recuperar" Arica, idea que masticó durante casi todos los años setenta sin poder concretarla. Esta desprotección de las fronteras deriva, como vemos, de una política absolutamente ilusa, en la que, en nombre del pacifismo y de la actitud "antibélica", se ha dado una peligrosa desprotección, donde la fiscalización y el control parecen reducidos al mínimo. Es el típico caso en donde el remedio resulta peor que la enfermedad. En vastas áreas de la Puna de Atacama, Parinacota, Tarapacá y otras, las casetas chilenas de vigilancia brillan por su ausencia, siendo posible que un viajero descuidado se interne varios kilómetros hacia uno u otro lugar sin encontrar problemas de ninguna especie. Eso está a un paso de la política de fronteras abiertas, en donde los límites pasan a ser simbólicos y no los reales de una nación, algo propio de países con severas crisis de gobernabilidad y no de los "países desarrollados" como suele recalcar el mito, en donde los intercambios humanos en realidad están bastante más regulados y normados de que podría parecerle al ojo superficial del turista. Impresiones tomadas en terreno durante el año 2001, en la zona del Licancabur y alrededores, nos demostraron que en tramos señalados como pasos internacionales secundarios chileno-bolivianos, es posible encontrarse sólo a unos escasos funcionarios bolivianos en los puestos, pero con total ausencia de agentes chilenos. Parece ser que la presencia de Chile en las fronteras nortinas está más orientadas a asuntos administrativos, aduaneros o de controles fitosanitarios. Para alegría de los narcotraficantes y de sus respectivas patrias, Chile fijó para el año 2011 la eliminación total de los campos minados a lo largo de su territorio, labor que comenzó el 2004 y para la cual se dispusieron monstruosas sumas de dinero, sin que se prevean mecanismos de vigilancia o protección fronteriza en reemplazo de los que serán eliminados. Las minas en bodega y sin utilizar fueron las primeras en comenzar a ser destruidas en pomposa ceremonia dirigida por el General Izurieta, en septiembre del 2001. Cabe advertir que el desminado no sólo ha tenido lugar en los tramos de la frontera Norte de Chile, sino también en el extremo austral. En efecto, a principios de mayo de 2006, el Ministerio de Defensa anunció la firma de un convenio entre el Gobierno de Chile, la Unión Europea y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que obliga a retirar 3.642 minas antipersonales en la Región de Magallanes, particularmente en Tierra del Fuego, mismas que antaño lograron mantener a raya a las fuerzas argentinas, especialmente durante las últimas crisis de la relaciones exteriores con Chile. El acuerdo de desminado austral fue firmado el 2 de mayo de 2006 por la Ministra de Defensa, Vivianne Blanlot; el jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Chile, Embajador Wolfgang Plasa; y el representante del PNUD-Chile, Enrique Ganuza, con asistencia de los los embajadores de los países integrantes de la Unión Europea, autoridades de Gobierno y otros.
La primera gran consecuencia de esta desprotección y de la permeabilidad de las fronteras del Norte, es la consagración del país como un "corredor internacional" de drogas duras, una especie de trampolín para el resto del mundo, hermosa y enorgullecedora fama que ya ha comenzado a afectar la imagen exterior y el trato recibido por quienes porten el pasaporte chileno en el extranjero, especialmente en Europa. Las cárceles nortinas reflejan este nuevo fenómeno, atestadas de traficantes peruanos y bolivianos, pues no hay semana en que la Brigada Antinarcóticos no esté informando de nuevos y cada vez más voluminosos descubrimientos de redes de tráfico. En las poblaciones capitalinas y de algunas ciudades nortinas, a apareció la figura del "chasqui", apodo que reciben los intermediarios de droga aludiendo a los mensajeros y encomenderos del Imperio Inca, precisamente por ser de preferencia ciudadanos peruanos residentes en Chile. Repetimos que, hasta ahora, los campos minados habían sido la única forma eficaz de amedrentar y detener a los "burreros" y contrabandistas de cocaína que provienen de Perú y mayoritariamente de Bolivia, país donde la influencia de los narcos ha estado históricamente asociada a las altas esferas políticas. Existen más de 30 pasos ilegales de Perú o de Bolivia hasta Chile. Otros, conectan con el Norte de Argentina, al interior de Antofagasta y desde el hito tripartito de Zapareli hacia el Sur. El año 2000, se llegó a descubrir en la Puna de Atacama una pista de aterrizaje básica de aviones para descargas de droga, técnica que en Bolivia llevaba varios años en práctica para sacar la mercancía desde el departamento de Beni hasta los territorios de Colombia, cuando el flujo de narcóticos era hacia el Atlántico. El abandono y las distancias despobladas del Norte de Chile en los tramos donde comparte frontera con sus tres vecinos, hacen prácticamente imposible el control riguroso en la zona. La frontera, la línea limítrofe es, por lo tanto, el único punto donde se hace posible la protección y la eficaz e instantánea fiscalización inmediata. Otra vía de narcotráfico no menos concurrida se da entre la provincia argentina de Cuyo y la Zona Central de Chile. En noviembre de 1998, por ejemplo, fue desbaratada una red internacional de traficantes de marihuana, decomisándose cuarenta kilos de droga prensada procedente del Paraguay e ingresada a Chile por vía terrestre a través del paso fronterizo Los Libertadores. Se sospecha que estos contactos oscuros podrían llegar incluso a Aysén, donde algunos escándalos y casos siniestros han sugerido la existencias de mafias traficantes de cocaína operando ya en estos territorios australes y que podrían estar ligados con la desaparición y muerte de varios jóvenes sucedidas en estas localidades, todos ellos de sexo masculino y de un un rango de edad común. Lo anterior no significa que las redes del narcotráfico operen sobre Chile sólo desde la vecindad inmediata. En enero de 1992, por ejemplo, en aguas internacionales frente a Guantánamo, Cuba, guardacostas norteamericanos detuvieron la motonave mercante "Harbour", con sus 32 tripulantes. En el interior se encontró la estratosférica cifra de 5 mil kilos de clorhidrato de cocaína colombiana, ocultos bajo un cargamento de zinc, listos para ser desembarcados en Baltimore, Estados Unidos, donde esperaba un grupo de narcos cubanos. Pero lo más aterrador es que el navío había zarpado desde Valparaíso. La revelación generó una controvertida investigación denominada "Operación Océano", que incluyó filtraciones en la prensa, prohibiciones de informar y durísimas críticas al Consejo de Defensa del Estado. En mayo de 1998, trece personas fueron procesadas por el escandaloso contrabando, incluyendo al empresario naviero viñamarino Manuel Losada Martínez, quien era el dueño del navío dispuesto para el famoso y temido jefe del cártel de Cali, Mario Valencia Trujillo (líder de una poderosa organización que operaba en Estados Unidos, México, Panamá y... ¡Chile!), durante el viaje de este último a Valparaíso en 1991, entrando al país con nombre falso en absoluta comodidad e impunidad, según confirmó después la DEA y el OS7 de Carabineros. La investigación se cerró recién el 2003, procediéndose a dictar sentencias por asociación ilícita y tráfico de drogas. Hasta este momento, el caso de la "Operación Océano" no sólo constituye el más grande hallazgo de droga y lavado de dinero que haya vinculado de alguna manera al territorio chileno, sino que demuestra de modo fehaciente e irrefutable que Chile, más allá del consumo y la distribución interna, ha sido usado para necesidades de distribución y tránsito internacional de drogas duras. En otro caso, de 1996, fue desbaratado también un enorme contrabando de droga colombiana ingresada a Chile. Y en junio de 2005, fue interceptado en el aeropuerto de Santiago un ciudadano mexicano con más de cinco kilos de heroína concentrada, equivalente varios miles de dólares, que estaba siendo enviada a Europa con una previa "escala" por Chile, con objeto de desviar la atención y marear a los agentes internacionales al evitarse rutas directas. No hay duda de que algo nuevo y desagradable está ocurriendo en el país desde unos años hasta hoy. Si en el pasado era más fácil ver un platillo volador que un gramo de cocaína, en la actualidad no sólo hay una familiarización con el nefasto "producto bandera" boliviano y peruano, sino también con sus peores sucedáneos, como la pasta base, veneno que constituye una de las razones principales del aumento de la delincuencia juvenil y de la violencia extrema en los sectores más marginales de la sociedad chilena. Productos que, hasta los noventa, eran casi leyendas urbanas en la noción popular chilena, como la marihuana prensada y las famosas pastillas "éxtasis", hoy entran casi regularmente desde la Argentina por casi toda la extensión de las fronteras compartidas. Tampoco es un misterio entre las poblaciones "bravas" y los estratos socioculturales más bajos de la población, que gran parte de los armamentos que están siendo descubiertos en manos de peligrosos hampones y narcotraficantes chilenos, provendrían de partidas traídas por contrabando desde Argentina, siendo frecuentemente algunos ex miembros de grupos subversivos que actuaban durante el Gobierno Militar, comprometidos en la distribución de tales armamentos entre mafias y pandillas. Esto explica la presencia de armamento de guerra entre estos grupos, como fusiles Kalashnikov y subametralladoras Uzi, que en Chile son inaccesibles para el ciudadano común. A pesar de esto, las políticas del Gobierno y del Congreso insisten en culpar a los particulares por el explosivo aumento de armas usadas en la delincuencia, dictando medidas cada vez más restrictivas y descabelladas contra la tenencia de las mismas, que sólo contribuyen a acrecentar la creciente desprotección ciudadana. Hay un caso que parece resaltar por sobre todos los otros. Al momento de su trágica muerte durante una cirugía digna del doctor Frankenstein, el temido narcotraficante mexicano jefe del cártel de Juárez y apodado "El Señor de los Cielos", Amado Carrillo Fuentes, se estaba preparando para establecer residencia y negocios en territorio chileno, especialmente para satisfacer sus necesidades de lavar dinero, intercambiando actividades en Argentina, donde se sospecha de contactos con altas esferas que iban a otorgarle protección. Carrillo había estado clandestinamente ya en Santiago y Viña del Mar buscando dónde instalar su nueva sede de operaciones. Había llegado viajado por tierra desde Mendoza con algunos cómplices, en mayo de 1996. Su idea era volver con una estrategia inquietante para poder actuar en tranquilidad, según se comprobaría durante las investigaciones: financiando campañas de elecciones a los políticos, pues quería evitar lo ocurrido poco tiempo antes, cuando un intento de ingresar droga desde Colombia fue desbaratado por la Policía de Investigaciones de Chile. Por fortuna, el mafioso murió macabramente en una clínica de ciudad de México, en julio de 1997, en medio de una compleja cirugía estética que tenía por objeto cambiar completamente el aspecto de su rostro. Su cadáver quedó tan grotescamente desfigurado que debió ser identificado por las huellas dactilares. A pesar todos estos antecedentes, la campaña contra la protección de las fronteras chilenas y la creciente apertura al tránsito continúa siendo cada vez más amplia e indefinida. En el caso particular de la falta de control fronterizo y del retiro de herramientas disuasivas como los campos minados, se ha exaltado que la vida y la integridad de un delincuente o contrabandista que atraviesa ilegalmente la frontera es más importante que las de los cientos de persona que quedan en peligro si éste logra pasar con éxito su peligrosa carga, la más mortal de las armas: la droga. Poca gente sabe, sin embargo, que estos alegatos, supuestamente humanitarios, coinciden con el momento en que acciones de la DEA y golpes de la propia Brigada Antinarcóticos de Chile liquidaron la popularidad de los pasos de la droga desde Bolivia al Norte de Chile, obligando a los narcotraficantes a ingresarla ahora por la frontera con Perú, aproximadamente desde 1990 en adelante. Sólo entonces saltarían a la palestra las voces de congoja por el uso de minas en las fronteras, que eran la única forma de restringir estas entradas, debido a la comprensiblemente escasa policía chilena que se puede destinar a labores fuera de la detección de las bandas de narcotraficantes que ya operan en las grandes ciudades, pues la detención de "burreros" por toda la frontera requiere de una infinidad de mayores esfuerzos y recursos que no siempre están disponibles. Durante el 2001, Arica fue escenario del 48% de los decomisos nacionales de cocaína y el 61% de los de pasta base en todo el país. Ninguna vida, de ningún narcotraficante, bajo ninguna excusa, puede ser colocada por encima del poder nefastamente destructivo de la droga y su imperio, cuya capacidad de muerte ha arruinado a países enteros. La carga explosiva de una mina antipersonal de un kilo es cien o más veces menos mortal que la de un kilo de cocaína pura, para cuya obtención la mafia mató, sigue matando y matará aun después de vendida y consumida, en esta guerra mundial contra la droga que, por mucho tiempo, pareció tan lejana a la realidad chilena. Los derechos humanos de delincuentes y "burreros" han sido melodramáticamente exaltados junto a postales de mutilados por minas en algunos canales de TV, olvidando que en sus sacos de contrabando traen el arma más peligrosa para una sociedad... Más peligrosa aún que una simple mina antipersonal que mata, en el peor de los casos, de a uno, y no de a miles. El 13 de febrero del 2000, el Subprefecto Antonio Cubillos, Jefe (s) Nacional de Antinarcóticos, explicó en un reportaje del diario "La Tercera", que el ingreso crónico de drogas a Chile se debía a que posee fronteras extensas y abiertas que "permiten que los narcotraficantes ingresen tanto por los pasos ya habilitados como por los que no lo están. Aunque en el norte hay apenas tres controles en 800 kilómetros de frontera, los delincuentes siempre buscan la forma de eludir la acción policial. Así es como gran parte de los detenidos en las cárceles de Arica e Iquique son peruanos y bolivianos". Poco después, en una carta publicada en distintos medios nacionales, en el mes de marzo, el científico chileno, Doctor Francisco J. Duarte, escribía desde New York:
Cinco años después, la situación sólo había empeorado y los peores pronósticos se habían cumplido en su totalidad. En un detallado informe presentado por los Senadores Jaime Orpis (UDI) y Alberto Espina (RN) en marzo de 2005, sobre la situación de los pasos internacionales de Arica e Iquique y la influencia del narcotráfico en la región. Del lapidario y detallado informe, se confirman los siguientes hechos (Diario "La Segunda", martes 8 de marzo de 2005):
Agrega el informe al respecto:
Al proceder a describir las graves deficiencias detectadas en terreno, Orpis y Espina señalan lo siguiente sobre el Paso Fronterizo de Chacalluta, ubicado a 20 kms. al norte de Arica en la frontera con Perú (Diario "La Segunda", martes 8 de marzo de 2005):
Luego, al detallar las deficiencias de paso Chungará, ubicado a 200 kms. de Arica en la frontera con Bolivia y a 4.678 mts. sobre el nivel del mar, dice el informe:
Al abordar la situación del Paso Fronterizo de Colchane, a 262 kms. de Iquique en la frontera con Bolivia y a 4.200 mts. sobre el nivel del mar, se denuncia lo siguiente:
Con relación a la Brigada Antinarcóticos de Arica, Orpis y Espina señalan:
Y sobre la Brigada Antinarcóticos de Iquique, dice el Informe:
No sabemos hasta qué punto habrá influido este informe en una ambiente ya contaminado por el clima electoralista. Orpis y Espina señalaban en su texto que el Gobierno ya estaba al tanto de estos antecedentes, no obstante que nada hizo por corregirlos. De cualquier modo, presumimos que poco se intentó resolver después de estas relevaciones, a juzgar por la progresión en el aumento de los casos detectados de narcotráfico fronterizo, que monitoreamos más abajo. Cabe indicar, sin embargo, que en los exactos momentos en que ambos parlamentarios presentaban este sorprendente informe, analistas peruanos como Jaime Antezana advertían que el Perú se estaba convirtiendo en el principal productor de hoja de coca y de cocaína en el mundo a causa de la resistencia de los cocaleros y de las organizaciones que los apoyan a reducir sus cuotas de producción, precisamente por estar vinculadas a los narconegocios (Diario "Expreso" de Lima, sábado 5 de marzo del 2005).
Como si el problema de la droga no fuese suficiente, a mediados del mes de abril del 2000, otro grave peligro quedó al descubierto en el Norte de Chile a causa de la política de fronteras permeables de los sucesivos gobiernos de la Concertación, y asociado esta vez a las crisis políticas y sociales de Perú y Bolivia, que por entonces tenían lugar con particular violencia. Parece ser que se había olvidado la gran inestabilidad social y la tradición de ingobernabilidad de estos países cuando se trazaron planes de aperturas fronterizas, sin considerar que la aparente tranquilidad de ambas naciones ha estado históricamente amenazada y tambaleante. Perú vivía una inquietante situación derivada del muy maloliente proceso eleccionario de aquel año, en donde Chile no estuvo fuera de la citas: el Presidente Alberto Fujimori usó, entre otros argumentos para promoverse, su éxito en las conversaciones con el entreguismo chileno (principalmente en lo referido al regalo de un puerto para Perú en Arica), mientras que el otro candidato, Alejandro Toledo, intentó una buena jugada triunfalista haciendo correr el rumor de que el Gobierno de Chile le habría llamado "para felicitarlo por su éxito electoral", antes de que se supieran los resultados. En medio de protestas y enfrentamientos, la situación ardía por la negativa de las Fuerzas Armadas peruanas a reconocer el eventual y poco transparente triunfo de Fujimori, por considerarlo un fraude y un acto inconstitucional, lo que podría culminar en algo peor dentro de los próximos días, cuando escapó despavorido a Japón. Qué ironía, sin embargo, que este mismo ex mandatario volviera a ser quien comprobó la falta de control de los espacios fronterizos chilenos y de la vulnerabilidad a las crisis internacionales que significa esta política de fronteras absolutamente permeables, cuando Fujimori -que estaba dando señales de querer abandonar su autoexilio en Japón para intentar volver al Palacio de Pizarro-, pudo entrar tranquilamente a suelo chileno a principios de noviembre y luego de una escala en México, pasando sin problemas por los controles de policía internacional. Como existe desde 1932 un tratado entre Chile y Perú relativo a la extradición de prófugos, el Gobierno de Toledo solicitó de inmediato la captura y envío de Fujimori a la justicia de su país, dejando a Chile en una complicadísima posición ante el gobierno del Japón, que se ha mostrado preocupado por la situación del ex mandatario. Bolivia, por su parte, llevaba hacia abril de 2000, varios días de disturbios, escaramuzas sociales y enfrentamientos callejeros que habían detonado la declaración de un estado de sitio por parte del Presidente Bánzer, con la promesa de reprimir las protestas con energía y más muertos de los que ya habían. Las revueltas derivaban de los problemas sociales bolivianos y económicos que Bánzer había intentado distraer el mes anterior con la vieja receta de los mandatarios de dicho país: volver a poner la vista contra Chile y "la salida al mar" y luego del escándalo artificial del río Silala. Pocos parecen tener conciencia, hoy, del grave problema que se generó por aquellos días. De haber continuado los convulsionados escenarios internos de Perú y Bolivia, todo indicaba que muchos ciudadanos de estos países iban a intentar escapar en masa, atravesando ilegalmente la frontera con Chile, siendo factible que los incidentes llegaran hasta la propia línea limítrofe dada la cantidad de poblados altiplánicos allí establecidos, especialmente en el caso de Bolivia. En el peor de los casos, era probable hasta una migración descontrolada, ante un eventual empeoramiento de las crisis del Altiplano, recordándose la libertad de tránsito de la que gozan los ciudadanos bolivianos por puertos nortinos de Chile, en virtud del tan vilipendiado Tratado de 1904. Para evitar estas situaciones, el entonces Director General de Carabineros, Manuel Ugarte, dio a conocer las medidas "precautorias" (en realidad eran de urgencia) de Carabineros de Chile para resguardar las tan desprotegidas fronteras y el envío de más efectivos para controlar los pasos limítrofes. Irónicamente, el martes 23 de mayo siguiente a estos hechos, la Ministra de RR.EE, Soledad Alvear, se reunía en la Academia Diplomática con la nueva nómina de embajadores chilenos, próximos a partir a desempeñar sus labores en las respectivas legaciones por el mundo. Allí sostuvo también una reunión con el Presidente de la Comisión de RR.EE. del Parlamento de Perú, Oswaldo Sandoval, quien le aseveró que las relaciones del Perú con Chile estaban en situación óptima, y que la grave situación política y social interna de ese país no las afectaría. Agregó que no iba a haber fraude electoral ni irregularidades en la segunda vuelta de los candidatos Toledo y Fujimori... Promesas al viento. Al respecto, no hay que desplazarse demasiado lejos en la región continental para descubrir hasta dónde puede agravarse una situación como la descrita. El caso más interesante lo ofrece acaso el Ecuador, país que se ha visto sumamente afectado por la situación de los refugiados colombianos y de las presiones de la guerrilla en el país del norte casi encima de su frontera, especialmente después de que el Presidente Patrana cediera una gran cantidad de territorios adyacentes a la frontera para los insurgentes, motivando un enorme despliegue de parte de Quito no sólo con el objeto de atender a los miles de ciudadanos colombianos que coparon los albergues y los escasos presupuestos que aporta el Fondo de las Naciones Unidas escapando de los horrores de la guerrilla, sino para la propia protección militar del país en sus rangos limítrofes. Recordemos que, a diferencia de Colombia, el Ecuador no recibe apoyo logístico ni financiamiento de parte de los Estados Unidos para combatir la guerrilla que amenazaba con penetrar sus fronteras, debiendo correr con su propio erario para tan onerosa situación. Nada de esta experiencia parece haber hecho escarmentar al entreguismo de los políticos chilenos. Durante el primer semestre de 2005, por ejemplo, se anunciaron al viento toda clase de medidas de integración que relajarían más aún las fronteras, con las disposiciones como las contenidas en un pretendido TLC con Perú (cuya negociación quedó truncada luego del escándalo que Lima quiso levantar por una supuesta venta de armas ilegales al Ecuador diez años antes, en plena guerra del Cenepa) y en proyectos para reconocer los títulos de profesionales de la salud argentinos en territorio chileno. Recuérdese que ideas por el mismo tenor se habían estudiado hasta un par de años antes, a propósito de los intentos de seducir a Bolivia para sacar su mentado gasoducto por territorio chileno, ofreciéndole también feromonas diplomáticas de integración estratégica y TLC, afortunadamente sin éxito. Durante el mes de junio de 2005, sin embargo, el peligro de guerra civil y el colapso político que terminó precipitando la renuncia del Presidente Carlos Mesa en Bolivia, volvió a poner de manifiesto los peligros de las fronteras permeables, al temerse que, si estallaba un conflicto armado -incitado principalmente por indigenistas y grupos cocaleros, aunque por suerte sin dicha capacidad de fuego-, miles y miles de ciudadanos bolivianos podían llegar en masa a las I y II regiones, colapsando todas las capacidades de las mismas, ya bastante desprotegidas de la asistencia del Gobierno Central como quedó en evidencia con el terremoto ocurrido sólo un par de semanas más tarde. Para el caso de la Argentina también conviene recordar que durante las violentas tomas y disturbios ocurridos en Peñalolén, Santiago, a mediados del mes de marzo de 2006, entre los manifestantes que exigían la aceleración de los trámites para la obtención de casas propias en dichos terrenos, fueron detectados varios "piqueteros" argentinos, traídos seguramente a territorio chileno por los mismos partidos de izquierda que se encontraban detrás de la organización de estos grupos. La noticia de los piqueteros argentinos entre los manifestantes de Peñalolén a penas fue abordada por los medios de comunicación y del recién asumido Gobierno de Michelle Bachelet. Al respecto., el vocero de La Moneda, Ricardo Lagos Weber, se limitó a declarar que la justicia actuaría igual con ciudadanos chilenos extranjeros, bajándole el perfil a la gravedad de la noticia.
A pesar de que las autoridades peruanas han alegado hasta el agotamiento que la mayoría de sus compatriotas emigrados a Chile están en situación de normalidad migratoria, la realidad nos ofrece un hecho bastante distinto, que podría hacer revisar las cifras de supuestos ilegales que se encontrarían dentro del país aprovechando la avalancha migratoria de ciudadanos peruanos que han venido a buscar mejores horizontes de vida en territorio chileno desde el masivo "perdonazo" del año 1998. No todos estos ciudadanos peruanos en situación irregular necesitan entrar por pasos fronterizos ilegales. Una gran cantidad de ellos lo hace por las aduanas establecidas de la I Región, ya que la política de fronteras abiertas aún mantenida allí (y con intenciones de ser ampliada más aún), les otorga tremendas facilidades de acceso hacia las regiones de más al Sur, solicitando como requisitos un contrato de trabajo de su país o una bolsa de viaje de unos 2.700 dólares, ya que la visa de turista en Chile dura tres meses, lo que equivale a 30 dólares por día, aproximadamente. Sin embargo, en el especial de la revista "El Sábado", del diario "El Mercurio" del 24 de agosto del 2001, en el artículo titulado "La Vida al Límite", pág. 41, reproduce las siguientes palabras del Comisario de Extranjería de Investigaciones de Chile en su puesto de Chacalluta, don Jorge del Pino:
La irresponsabilidad de las políticas de extranjería y de tránsito chilenas, basadas en legislaciones de 1974 completamente ajenas a la realidad actual, han llegado a provocar casos indignantes y atentatorios a los más básicos sentimientos de autoconservación y salud social. En enero de 1992, por ejemplo, tres criminales peruanos prontuariados ingresaron para perpetrar un asalto en Arica: Rómulo González Quispe, René Larico Aguilar y Lisbert Mamani Morales. A pesar de los antecedentes que tenían en Perú como delincuentes comunes y temibles, se les permitió ingresar tranquilamente a Chile. Como resultado de esto, después de fracasar en su plan original, secuestraron a una joven pareja de ariqueños -Alexander Orrego y Marjorie Navarro- con la intención de pedir rescate. Pero, al complicarse el plan, decidieron asesinarlos en un acto de barbarie y brutalidad salvaje que horrorizó a la opinión pública. El nefasto Presidente Patricio Aylwin los indultó el 26 agosto de 1992, librándolos de la pena de muerte y permitiendo que hasta hoy estos semianimales disfruten de celdas propias con comida caliente y ropa limpia a diario. El 8 de enero de 1999, tendría lugar otro lamentable ejemplo de lo que hablamos, cuando el ciudadano colombiano Hugo Gómez Padua violó, asesinó y descuartizó a una niña de 10 años llamada Camila López, en Santa Cruz. Gómez Padua había estado 15 años preso en su país por una condena de originalmente 21 años por lo mismo: violación y asesinato. Sin embargo, había ingresado por Arica en 1996, ocasión en la que se le descubrió marihuana dentro de su equipaje. Si no fuera por este detalle, nunca se habría sabido de sus antecedentes en Colombia. A pesar de esto, no fue detenido y logró escapar hasta la ciudad de Santa Cruz, antes de que se pudiese hacer efectiva su expulsión. Intentó regularizar su estadía tras vencer su visa de turista, para lo cual se presentó en diciembre de 1997 ante la Intendencia de San Fernando, que lo rechazó. Insistió en abril de 1998. En este trámite se descubrió su expulsión pendiente desde 1996, pero nuevamente se postergó. Poco más de un año después, cometía el atroz asesinato que conmocionó al país en esos meses. También traeríamos a colación un caso de fines del año 2001, cuando fue detenido en Maipú el ciudadano norteamericano Thomas Arthur Bertinuson, de 53 años, contra el cual se denunciaron prácticas pervertidas hacia niños del barrio. Bertinuson tentaba a los infantes dejando juguetes en su jardín o invitándolos a jugar videojuegos y tomar con el clases de inglés, oportunidad que aprovechaba para desnudarlos y tomarles fotos que subía a su propia página web en internet, para compartirlas con otros degenerados. A pesar de que se le requisaron 30 mil fotografías comprometedoras, 500 videos de material pornográfico para pedófilos y un computador saturado de mas imágenes digitales evidentemente pedofílicas, el 34º Juzgado del Crimen de Santiago decidió dejarlo en libertad. Insólitamente, este individuo tenía cargos tanto o más graves también en su patria natal, por lo que estaba siendo perseguido por el FBI. ¿Será que en el afán de la justicia chilena de dar un trato supuestamente "igualitario" a todos los ciudadanos sin distinciones de nacionales o inmigrantes, se terminó dando un trato de privilegio a un extraño, en desmedro de los derechos y las denuncias de los ciudadanos chilenos que victimizó? Misterio. Afortunadamente, la historia tuvo un fina feliz: Bertinuson intentó abandonar el país aprovechando esta libertad, siendo apresado por agentes del FBI que lo pusieron tras las rejas en los Estados Unidos, con bastante menos interés en las sensiblerías o los clichés legalistas de la justicia chilena. La selectividad migratoria, por lo tanto, no es una política de segregación racista o clasista. Es una obligación de un país por evitar y controlar sus problemas internos antes de comenzar a recibir otros provenientes de afuera. El entreguismo siempre se apresura a acusar de "xenofobia" o "racismo" cualquiera de estas propuestas, cuyo único objetivo es preservar el bienestar de la comunidad nacional y la de los propios ciudadanos inmigrantes correctamente incorporados e integrados a la sociedad chilena y a su fuerza laboral, por sobre el beneficio de un reducido grupo de extraños indeseables. Lamentablemente, las señales que ha dado hasta ahora la Reforma Procesal Penal, hablan de que se ha vuelto más dificultoso aún ordenar la expulsión de los ilegales y los indocumentados aun cuando sean sorprendidos cometiendo delitos. Otro punto curioso que no puede dejar de ser mencionado, es la falta de interés de las autoridades peruanas por mantener a sus compatriotas dentro de su propio país y de aplicar su propia selectividad emigratoria, es decir, de la salida de su propia gente, del "exilio económico" al que se ve forzada una gran cantidad de sus habitantes, pues un éxodo masivo no puede ser ni buen síntoma ni buen destino para un país. Parece ser que una parte de los problemas sociales del Perú, se prevé solucionar con este fenómeno migratorio focalizado hacia países extranjeros como Chile, pero que incluyen también a Estados Unidos, España e incluso Argentina.
Lamentablemente, el intercambio entre los países no sólo significa una transacción amistosa de elementos culturales o históricos, sino también el traspaso de aquello que queda en las sombras y en lo más siniestro de las sociedad, cuando las condiciones de apertura y falta de escrúpulos de "integración" así lo permiten. En tal sentido, el tipo de apertura de fronteras que las autoridades chilenas han tratado de ofrecerle a la vecindad de Argentina, Bolivia y Perú, ha sido tan radical y profundo que incluso se ha mostrado permeable a ámbitos delincuenciales provenientes de ese país, del mismo modo que la subcultura delincuencial chilena puede jactarse de tener un nutrido intercambio con sus pares de países vecinos, cáncer del cual el asunto del narcotráfico es sólo uno de muchos casos. Al contrario de lo que se cree con frecuencia, los focos de riesgos y de abusos sobre las libertades o las aperturas de las fronteras no sólo se dan en el intercambio en el límite Norte. En mayo de 2003, por ejemplo, el equipo de reportajes de Canal 13 transmitió por varios días, durante su noticiario central, una completa investigación que denunciaba la existencia de varios clubes de estafadores extranjeros (peruanos, brasileños, colombianos, etc.) haciéndose pasar por brujos, asesores espirituales, curanderos y pitonisas, pero que en la realidad sólo embaucaban a sus víctimas, en ciertos casos muy modestas y humildes. También existiría una sociedad de timadores como los descritos, agrupados en una supuesta "Comunidad Indígena Amazónica", con casa central en Santiago Centro y con otras filiares regionales. Lo curioso es que casi todos estos "magos" se encuentran desempeñando funciones laborales a pesar de contar sólo con una visa de turista, que impediría la posibilidad de trabajar en territorio chileno, independientemente de que usen tan cuestionables y curiosos métodos de "sanación". Muchos de ellos también se dedicaban a la estafa y el engaño en sus respectivos países de origen, apareciendo regularmente en los medios de comunicación en calidad de expertos, gruías, consejeros y hasta "Doctores". Entre los problemas que sí parecen focalizados en la vida y la relación de la frontera Norte con los países vecinos, está el derivado de la necesidad de muchos chilenos nortinos de atender a menor costo sus requerimientos de salud, de preferencia asuntos dentales u oftalmológicos, en ciudades como Tacna, donde la medicina es ofrecida en forma popular y a bajo precio, pero encerrando un riesgo siniestro, según veremos. La instancia ha permitido que en los diarios chilenos de Tarapacá se publiciten algunos médicos del Perú, arrogándose sendos títulos como dentistas, otorrinos o cirujanos plásticos con especializaciones y postgrados que en realidad no poseen ni remotamente. Delito con peligrosa frecuencia en aquella sociedad que, de afectar directamente a un chileno atendido en Tacna, puede quedar sin sanción por no haber sido cometido en territorio de Chile. Algunos testimonios de estos casos son reproducidos en el mismo especial de la revista "El Sábado" agosto del 2001, pág. 42. Al respecto, han sido de particular connotación pública otros casos famosos de negligencia o irregularidades médicas en Tacna, como el las antofagastinas Sandra Labarrera Allende y Claudia Urra Labarrera, madre e hija respectivamente, que terminaron con severas deformidades y lesiones internas luego de serles practicada una liposucción por un cirujano tacneño llamado Ángel Arce, a fines de febrero de 2004. Más dramático resultaría el caso de la pequeña de cuatro años Sofía Sverdlov Matrás, que falleció en el Policlínico Villanueva cuando sus padres chilenos le encargaron una rutinaria atención dental al incompetente personal "profesional" del servicio, a principios de diciembre de ese mismo año. Sofía murió al recibir una dosis inadecuada de anestésico proporcionado por el doctor peruano Roland Villanueva Oporto, para inducirla al sueño mientras fuera entendida, a pesar de que esta clase de consultas sólo están facultadas para hacer atenciones ambulatorias y no de anestesia general. Entre los problemas "importados" y que ya parecen enquistados en la sociedad chilena, seguramente uno de los más conocidos, luego del narcotráfico, sea la aparición de mafias de traficantes de teléfonos celulares y clonadores de tarjetas de pago y de tarjetas de crédito, ámbito delincuencial en el que participan con frecuencia inmigrantes peruanos y que era casi desconocido en Chile hasta ser traído desde el país incásico, donde dichos delitos son habituales.
En las principales ciudades del extremo Norte, la relación cercana con el Perú y Bolivia, producto de la comunicación expedita y de la apertura, ha traído lamentablemente, algunas posibilidades para que delincuentes del exterior puedan extender sus actividades reñidas con la ley hasta el vecino país, surgiendo así las peligrosas y temidas "mafias de frontera", que en otros lados del mundo constituyen un problema de extrema gravedad. Las funciones de los "coyotes" o "jaladores", por ejemplo, que operaban pasando ilegales mexicanos a los Estados Unidos, han aparecido también en la frontera Norte chilena, realizando servicios ilícitos de tráfico humano principalmente para peruanos. Con este problema, las fronteras, lejos de convertirse en esos lugares luminosos y vastos del paraíso de integración entre países vecinos, se vuelve más bien un sitio oscuro y siniestro, que queda a merced de intereses y fuerzas aún más peligrosas. Es preciso señalar que las "mafias de frontera" constituyen un fenómeno un poco más complejo que el simple actual de los grupos narcotraficantes, con los que sin duda tienen estrechos vínculos. Se trata más bien de organizaciones criminales que llegan a controlar todos los procesos ilícitos que se dan en la relación fronteriza de dos o más países, sea el tráfico de droga, el contrabando de especies, el paso de ilegales, la prostitución y hasta los robos de vehículos vendidos a uno u otro lado del límite, convertido por tales grupos en una tierra de nadie. La experiencia internacional indica que estas "mafias de frontera" son extremadamente peligrosas y violentas, pues comprometen un rentable negocio que se hace preciso proteger a toda costas por sus ejecutores, de modo que no es de extrañar la presencia de verdaderos ejércitos de sicarios trabajando para tales grupos y logrando tener hasta algunas conexiones con las esferas de poder. En el caso de México-Estados Unidos, por ejemplo, la brutalidad de estos grupos de "coyotes" y narcotraficantes llegó al extremo de realizar sacrificios rituales de seres humanos, según quedó al descubierto en 1989, cuando se encontraron los cuerpos de 15 "sacrificados" en una estancia de Matamoros, asesinados en un rito de brujería por la llamada secta "narcosatánica" que aun en nuestros días opera en dicha zona limítrofe. Se podrá pensar con ingenuidad que Chile está lejos de llegar a sufrir algún tipo de sintomatología semejante a la de los grupos mafiosos que operan en las fronteras de otros países. Sin embargo, desde hace algunos años a la fecha, la frontera Norte ya ha pasado a convertirse en escenario de extraños y violentos hechos de sangre que, por alguna razón, han pasado prácticamente inadvertidos en la Zona Central, a pesar de tener todas las características del tipo de operaciones criminales de las "mafias de frontera". Sirvan estos ejemplos:
Cabe señalar que la total apertura de las fronteras de Arica a la inmigración de peruanos y bolivianos durante el año 2005, no desplazó ni minimizó las operaciones oscuras de los "coyotes" que trabajaban en este sector traspasando inmigrantes ilegales con papeles adulterados y bolsas de viaje falsas, al contrario de lo que se había asegurado al momento de firmar dichos cuerdos aduaneros. Por alguna razón, muchos de estos ciudadanos de países vecinos han preferido la entrada a Chile por procedimientos informales a pesar de contar con las señaladas facilidades de ingreso, siendo utilizados por los mismos mafiosos para que hagan las veces de "burreros" o microtraficantes de droga, favor por el cual reciben el servicio de ingreso ilegal a la frontera chilena y una paga que les permite contar con dinero suficiente para sostener el período de inserción en el mundo laboral, una vez establecidos en alguna ciudad de Chile. Como hemos dicho, las "mafias de frontera" tiene la precaución de reclutar para sí agentes de seguridad y personales con cierta influencia dentro del ambiente del país del que procedan. Esto quedó confirmado, por ejemplo, el 24 de febrero de 2006, cuando Carabineros de la Tenencia de Visviri desbarataron una red de contrabadistas peruanos de vehículos que operaba en Arica, y en la que participaba activamente un oficial en retiro de la Policía Nacional de Perú (PNP) identificado como Henry Zegarra Torres, de 33 años, en complicidad con un comerciante de Tacna llamado William Pampa García, de 26 años, ambos detenidos en el kilómetro 96 de la Ruta A 23 Parinacota-Visviri, mientras hacían ingreso por un paso no habilitado en el límite con Bolivia y luego de luego de haber asaltado y robado un camión municipal en el Distrito de Alto de la Alianza en Tacna. Al parecer, Zegarra se identificaba como policía para poder detener y asaltar a sus víctimas. Estas mafias de contrabandistas de vehículos llevan tiempo operando en Arica, Iquique y Antofagasta, al punto de ofrecer por catálogos fotográficos los vehículos que serán robados y llevados hasta la frontera por pasos no habilitados, principalmente a manos de compradores bolivianos. Una gran cantidad de detenciones y de reportajes periodísticos han ido arrojando nuevas luces sobre este flagelo. Es notable advertir, al respecto, cómo el contrabando de meros artículos traídos desde la Zona Franca de Iquique hacia fines de los ochenta y que nunca alertó demasiado a la autoridad chilena, ha mutado finalmente en esta peligrosa manifestación de crimen organizado. Los contrabando llegan, en algunos casos, a salpicar la camisa de importantes autoridades, en otra muestra del alcance que pueden tener los tentáculos de las "mafias de frontera". Durante el año 2004, por ejemplo, se descubrió que el muy antichileno diputado de Tacna, Ronnie Jurado (el mismo de las protestas contra una caseta de vigilancia de la Armada y luego del trapeo del suelo del Congreso del Perú con una bandera chilena), estaba ligado a un contrabando de locos (abalones) que hacían desde Arica un grupo de traficantes peruanos (precisamente por el lugar donde estaba la caseta de la Armada que tanto le molestaba y que fue retirada el año 2001). Estos contrabandos del molusco en veda son intrigantemente comunes en la zona y parecen constituir un negocio de rentables proporciones. El 29 de noviembre de 2005, por ejemplo, la Policía de Investigaciones del Complejo Fronterizo Chacalluta detuvo a un hombre y una mujer, Jaime Ramírez Campo y Verónica Tapia López, cuando pretendían ingresar al vecino país 250 kilos del molusco ocultos en un compartimiento especial de un furgón. Luego, el 20 de diciembre siguiente, fue detenido tras una persecución el ciudadano peruano Efraín Marca Inca Cutipa, de 32 años, quien llevaba en su vehículo más de media tonelada de locos con destino a su país. Como se ve, los volúmenes de este coontrabando son enormes, lo que explica el que altas autoridades peruanas hayan aparecido comprometidas en tan lucrativo ilícito.
Otro hecho intrigante y condenable, también derivado de esta apertura fronteriza y de la influencia de las mafias de frontera, vino a quedar indirectamente develado hacia el 2000, con la desaparición de una serie de jovencitas chilenas del poblado de Alto Hospicio, al interior de Iquique, y que culminara en octubre del año 2001 con el repugnante escándalo que reveló la existencia de un asesino serial psicópata, que les había dado muerte una por una, a pesar de que las autoridades policiales y gubernamentales insistían en que las muchachas habían abandonado sus hogares voluntariamente, que eran drogadictas o que se habían vuelto prostitutas. La conocida psiquiatra Doris Cooper, de hecho, ya había advertido públicamente de la alta posibilidad de que se tratara de un asesino en serie, pero se hizo caso omiso de este dato, en otra de las muchas irresponsabilidades que acumuló este escándalo. Pues bien: mientras las autoridades chilenas se entretenían imaginando a las jovencitas asesinadas como mercancía sexual o pasteras, sus familias se negaron a aceptar la apatía policial y, ayudadas de algunos funcionarios dignos y rectos, barajaron las posibilidades de lo que realmente había ocurrido, teniendo entre las principales opciones la posible existencia de un asesino en serie. Sin embargo, otra de las posibilidades dominantes -que algunos investigadores consideraron entre las más probables, por entonces-, era la de que hubiesen sido víctimas de una red de trata de blancas que actualmente existiría en Tacna, donde los prostíbulos y los clubes rojos abundan. Habría antecedentes, además, de que una mafia organizada trabajaría en esa y en otras ciudades peruanas para reclutar muchachas y mantenerlas trabajando en tugurios locales, o enviándolas hacia el interior del Perú, o quién sabe incluso si al extranjero, considerando lo sucedido en Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia y otros países que registran el mercado del turismo sexual y la explotación femenina como una de sus principales negocios. El tiempo demostró que estas muchachas en particular no habían caído en manos de alguna misteriosa banda de explotación sexual, porque fueron víctimas de algo peor: asesinatos en serie. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Desde cuándo están operando estos círculos malditos de tráfico humano? ¿Qué medidas han tomado los gobiernos chilenos para que la influencia de estas redes delincuenciales, si existen, no afecten al país? ¿Qué clase de precauciones han establecido como necesarias las autoridades chilenas encargadas de la seguridad social, al tener conocimiento -no sabemos desde cuándo- de la existencia de estas presuntas redes mafiosas peruanas operando a sólo 50 kilómetros de Arica? El lector podrá anticipar que la respuesta a todas estas preguntas es la misma y de una sola palabra: NADA Podría pensarse en un mito urbano cuando se oyen las historias de trata de blancas llevadas al Perú. Sin embargo, existen aterradores antecedentes de que esto es bastante más real y peligroso de lo que quisiéramos creer:
Pero el comercio con mujeres no remite sólo a chilenas llevadas por la fuerza al extranjero aprovechando la permeabilidad de esta frontera. Otro ámbito ilícito bastante novedoso y peculiar, derivado del fenómeno migratorio y de la permisividad chilena para con el elemento extranjero, es el que ha comenzado a hacer noticia en los últimos años y que parece estar ligado también al comercio sexual, pero en este caso con la traída de prostitutas argentinas y también de raza negra. Muchas extranjeras operando en Chile de esta mantera y procedentes de la Argentina, Brasil y Colombia, obtienen visa de residencia contrayendo matrimonio provisorio con algún chileno, generalmente de estrato sociocultural muy bajo, al que "contratan" por una suma de dinero en pesos chilenos que equivaldría entre los 400 y 1.000 dólares según el caso. Se han detectado casos de este tipo en Concepción y Santiago. Cabe señalar, sin embargo, que mientras la legislación chilena no contempla estos matrimonios por conveniencia como un delito, en países donde también es común tal práctica para legalizar la residencia de inmigrantes, como los Estados Unidos, la ley castiga severamente a quienes incurren en dicho acto.
El tráfico ilegal de productos comerciales y el "contrabando hormiga", que han existido casi desde siempre, han experimentado un abrupto y peligroso crecimiento en los últimos años. De una forma u otra, cientas de ciudadanas peruanas que diariamente atraviesan la frontera, se las arreglan para pasar una enorme cantidad de productos y llevar de vuelta unos tantos más desde Chile. Entre sus pintorescas técnicas, está la de colocarse verdaderos armarios completos de ropa nueva o usada, adquirida en Arica e Iquique, que les da un aspecto de gordas espectaculares, cuando en realidad toda la corpulencia de su figura está determinada por las docenas de vestidos, calcetas y poleras que llevan puestas, a pesar del caluroso sol tarapaqueño. Una vez en Tacna, reciben una comisión por este traspaso, que llegan a efectuar una vez cada día. Por este particular modo de operar, la gente las llama "mujeres fardo", "fardos humanos" o "cholitas roperos". Estos hechos no siempre resultarán tan simpáticos o folclóricos. En 1995, fueron descubiertos fraudes en el complejo aduanero de Chacalluta, precisamente el que regula el tráfico entre Arica y Tacna. Ese mismo año, se denunciaría un contrabando de prendas de vestir en el Servicio de Aduanas de Santiago, además de casos de corrupción en los que habría participado el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG. Al año siguiente, serían detectadas nuevas irregularidades, esta vez en declaraciones de importación por pago simultáneo en el servicio aduanero. En 1997 las irregularidades alcanzarían a la Zona Franca de Iquique, uno de los centros de abastecimiento comercial utilizado por los ciudadanos bolivianos. Como se ve, bien puede ser que la corrupción política y el entreguismo hayan hecho alianza en algunos casos relacionados con las políticas aduaneras. Como hemos dicho, la Ley Migratoria actualmente vigente en Chile es de 1974, cuando, por el contexto histórico en que fue emitida, en pleno Gobierno Militar y a sólo meses del 11 de septiembre del año anterior, era suficiente para controlar la escasa inmigración de aquellos días. Sin embargo, la presencia de miles y miles de ilegales, y el hecho de que sean estos mayoritariamente de una nacionalidad común, nos pone a la vista el hecho de que la ley ya es insuficiente y obsoleta. Menos inocente que las "mujeres fardo" es también la situación de productos liberados de impuestos, que son adquiridos en Iquique y Arica y luego pasados con gran facilidad por los controles de Santa Rosa, en Perú. Algunos son directamente alcoholes, como algunas marcas de cerveza. La mayor parte de estos productos de contrabando, sin embargo, no quedan en Tacna, sino que llegan a Lima a los mercados populares, donde son vendidos a precios más bajos dada la larga cadena de evasiones tributarias y engaños a los controles que arrastran. Al tener una política de fronteras tan abiertas como la ofrecida por Chile, el control minucioso de quienes entran o salen es prácticamente imposible. Unos pueden entrar por pasos ilegales y salir tranquilamente por la aduana, mientras que otros pueden entrar por la aduana para salir por pasos desprotegidos, o simplemente no salir jamás. Controlar en pasos establecidos a los cientos de entradas y salidas diarias (5.000 personas al día hacia el 2002, sólo en Chacalluta), verificar su posterior salida o regreso y, más encima, ejercer sobre el mismo las tareas de fiscalización fitosanitaria, comercial y aduanera, se vuelve algo cada vez más dificultoso ante una progresión masiva de tráfico inmigratorio, lo que permite estas pequeñas posibilidades a los contrabandos hormigas. Indigna pensar que, contando los chilenos con los beneficios de un puerto libre y de una zona franca internacional como Iquique, la legislación interna permite a penas un limitado número de facilidades para desplazar desde la zona las mercaderías al tradicional bajo costo, hacia el resto del país, mientras que contrabandistas de un país extranjero se permiten sendas libertades que superan ampliamente el bien que pudiese hacer al resto de los propios chilenos la existencia de este tipo de zonas libres. Es digno de recordar, también, el escándalo desatado en julio del año 2000, cuando controles chilenos del Servicio Agrícola Ganadero al tren de Tacna-Arica, producto de la entrada de moscas de la fruta a Chile entre algunos productos ingresados ilegalmente desde el Perú, se hizo imposible ante la reacción de la muchedumbre y las autoridades peruanas, que llegaron a la abierta agresión física de los funcionarios chilenos. La fiscalización, en ese caso, no pudo concretarse normalmente, pagando tributo a la extrema debilidad de control y protección fronteriza sostenida por las autoridades. Ese mismo mes, otra delicada situación relacionada con el tránsito aduanero quedó al descubierto, tras una serie de denuncias sobre evidencia de que desde Antofagasta hacia Arica, existía un millonario contrabando de ácido sulfúrico en camiones que, con el pretexto de ser utilizado en actividades mineras, era llevado hasta Bolivia para ser destinado a labores de obtención de la cocaína, parte de la cual, después, reingresa al país y se distribuye hacia el resto del mundo. El tráfico da ganancias casi tan grandes como la propia droga e incluye otros químicos como acetona y éter, todos ellos involucrados en el procesamiento de la cocaína. La delegación de funciones aduaneras o las tramitaciones "compartidas" bajo pretextos de integración entre Chile y Argentina también han comenzado a dejar una huella sospechosa. El domingo 1º de septiembre de 2002, por ejemplo, Chile cedió el control del Paso Libertadores a personal argentino del complejo aduanero Horcones, situado al otro lado de la cordillera. Esta medida nacía del interés por ir agilizando y haciendo progresivamente más expeditos los controles de entrada y salida. Sin embargo, a pesar del moderado tráfico de visitantes, los chilenos que comenzaron a transitar por el Paso Libertadores al aproximarse las Fiestas Patrias de aquel año, alegaron haber sido retenidos por casi seis horas para el control correspondiente, sin alimentos, sin lugar de descanso y sin calefacción. La empresa Transportes Nevada denunció públicamente que la jefatura de migraciones argentina en Los Libertadores retrasaba de manera intencional el paso de los vehículos, para cobrarles un impuesto fuera de horario de oficina, que sube al doble del normal. Recordemos que, en el Índices de Percepción de Corrupción (CPI), publicado anualmente por Transparency International, Argentina viene figurando desde 1995 a la fecha como uno de los países más corruptos de todo el mundo, y bajando cada vez más en sus niveles de transparencia pública. La deshonestidad de la que frecuentemente se acusa a los funcionarios de la Argentina no es caso nuevo. Las denuncias de agresiones y asaltos a camioneros chilenos en territorio argentino, sumada a la evidencia de que los llamados "piratas del asfalto" que saqueaban transportes en esta zona, estaban operando en complicidad con funcionarios aduaneros y policiales del país platense, movilizó la espectaculares caravanas y convoyes de camiones que llegaron ruidosamente a Santiago durante el año 2000, para exigir al gobierno garantías en estos y otros temas. Aun así, hasta ahora, las políticas de integración vecinal siguen poniendo un especial énfasis en la apertura de las fronteras y en el difuminado de los límites, tendiendo a compartir las actividades bajo la sombra de esta bandera idealista de la integración vecinal.
El siguiente, es un simple seguimiento que hemos hecho sobre la prensa nacional en un plazo comprendido entre agosto de 2000 y mayo de 2006, donde puede verse la evidente progresión de casos de narcotráfico involucrando ciudadanos extranjeros, especialmente de países vecinos, a nuestro juicio como consecuencia de las políticas de facilitación de traspaso de la frontera chilena, que deposita toda la capacidad de control en el trámite aduanero. Cabe señalar que estos son sólo los casos que llegaron a la prensa, pues existe una enorme cantidad de ellos que permanecen fuera del conocimiento público:
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