LA OCUPACIÓN DE UNA PEQUEÑA CALETA EN COBIJA, ORDENADA HACIA 1826 LUEGO DE FRACASAR UN INTENTO POR ARREBATARLE EL PUERTO DE ARICA AL PERÚ, FUE LA LLAVE DEL INTENTO DE EXPANSIÓN DEL ALTIPLANO PARA CONSTRUIR TODA UNA NOVELA MÍSTICA DE SUPUESTOS DERECHOS TERRITORIALES EN ATACAMA, DONDE LOS ARGUMENTOS JURÍDICOS Y LEGÍTIMOS BRILLAN POR SU AUSENCIA. LA PENETRACIÓN DE BOLIVIA EN EL LITORAL QUE POR DERECHOS COLONIALES CORRESPONDÍA A CHILE, SERÍA EL INICIO DEL HISTÓRICO CONFLICTO TERRITORIAL SOSTENIDO POR ESA NACIÓN EN TORNO A SU MEDITERRANEIDAD GEOGRÁFICA

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Independencia de Bolivia en 1825. Las resistencias de Bolívar
¿Nació Bolivia con una costa y un mar propio?
El legendario decreto de Bolívar que daba mar a Bolivia en Cobija
Bolivia sale a buscar mar. Intentos por apropiarse de Arica
Se consuma la ocupación ilegal: el fantasma del "puerto de Cobija"
Arica, Tacna y Moquegua piden anexarse a Bolivia: Actas en 1836
Superposición de intereses en Atacama. Ley chilena de 1842
Mística boliviana del litoral propio. Argumentos irracionales
La consolidación del mito del "Litoral Boliviano"

Independencia de Bolivia en 1825. Las resistencias de Bolívar

Hacia el final de la dominación hispana, Chile tenía su límite colonial del Norte en el río Loa, colindando con el Perú. En la transcordillera, al Este de esta zona, se encontraba la Audiencia de Charcas, futura Bolivia, segregada entre los territorios interiores conocidos como el Alto Perú, lejos de la costa atacameña que pertenecía enteramente a Chile, como lo demuestran las últimas disposiciones reales de 1803 y 1805 en este territorio y también los últimos mapas coloniales de cartógrafos oficiales de la Corona Española (Baleato, Lángara, Malaspina, etc.).

A la sazón, Charcas estaba bajo la administración del Virreinato de Buenos Aires, futura Argentina. En virtud del principio de uti possidetis juris de 1810, todos estos territorios que fueron chilenos durante la Colonia y hasta aquel año (el del inicio de la independencia) seguían siendo chilenos durante la república.

Se advierte desde ya que Bolivia ni siquiera nacía a la vida independiente en los momentos en que cobró vigencia la referencia de 1810 para el derecho territorial de uti possidetis. Tendrían que pasar otros quince años más, cuando el enviado del Libertador Simón Bolívar, Mariscal Antonio Sucre, arribó en los territorios de la ex audiencia con la intención de someterla administrativamente a la voluntad del Congreso de Lima, según las instrucciones del prócer.

La voluntad de Bolívar, frente al tristísimo escenario moral y político que ofrecían los países recién liberados por los próceres, era agrupar a todas las naciones de la región en una Confederación de los Andes suficientemente poderosa y sólida como para contrarrestar la influencia que ya entonces le anticipaban a la Unión de los Estados Americanos sobre el resto del continente. Esta Confederación debía estar integrada por los países de la Gran Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador) y por Perú. En relación a este ordenamiento, la aspiración de Bolívar era que la Audiencia de Charcas quedaba bajo la administración del Perú o se mantuviera formando parte de las Provincias del Plata.

Sin embargo, casi al unísono con el grito libertario dado por Sucre en el alto territorio charqueño, la Asamblea de Chuquisaca había decidido constituirse en una república autónoma, proyecto que se vio facilitado por el caos en que se hallaban entonces las Provincias Unidas de la Plata (Argentina), no teniendo más remedio que dar a Charcas la condición de nihil obtats, el 9 de mayo de 1825, para que decidiera su destino y se separara del resto del país a pesar de que, en virtud del mismo principio de uti possidetis, estas provincias pertenecían enteramente a la Argentina.

Al enterarse de los planes independentistas, e inconsciente de las adulaciones que la nueva república iba a manifestarle al bautizarse con su apellido, Bolívar escribió con molestia a Sucre, desde Arequipa, el 15 de mayo siguiente, advirtiendo el camino que estaba tomando la situación política charqueña:

"Estoy convencido de que nadie quedará conforme... y francamente puedo decirle que no me siento autorizado a dictar ese decreto (de independencia) y que sólo la fuerza de las circunstancias me obliga a aprobar su conducta, para apaciguar al Alto Perú, para contemporizar con el Río de la Plata, para probar los sentimientos liberales del Congreso del Perú y para mantener mi reputación de firme defensor de la soberanía popular y de la libertad de las instituciones".

La independencia fue aprobada en la Asamblea el 6 de agosto de 1825 y se bautizó al nuevo país como República de Bolívar para adular al libertador, nombre derivaría poco más tarde a Bolivia.

No obstante estas zalamerías para con el prócer caraqueño y el compromiso que los historiadores bolivianos pretenden adjudicarle al mismo con la total independencia de la provincia charqueña, la noticia de la decisión de la Asamblea altiplánica cayó como un trago de hiel a Bolívar, quien veía en esta separación un conflicto seguro con Buenos Aires y con el Imperio del Brasil.

A pesar de su descontento, sin embargo, debió aceptar resignado los hechos, comprendiendo el error histórico que se había cometido al permitir la separación del país desde cualquiera de los dos grandes ex virreinatos de América del Sur.

Si en caso de la independencia del Uruguay y del Paraguay la separación fue dolorosa y difícil para la Argentina, en lo que respecta a Bolivia, resultó casi exclusivamente administrativa y bastante fácil. Es, por estas extrañas y curiosas circunstancias en que nace el país, que se ha descrito a Bolivia como una ficción política y geográfica más que como un Estado-nación constituido.

¿Nació Bolivia con una costa y un mar propio?

La historiografía oficial boliviana declara, invariablemente, haber poseído de forma originaria un territorio litoral de aproximadamente 120 mil kilómetros cuadrados en el desierto de Atacama, reclamando con ello que toda la franja costera que habría entre el río Loa al extremo Sur del Perú y hasta Paposo, que identifica como el límite Norte de Chile, correspondía supuestamente a la Audiencia de Charcas y, por herencia de uti possidetis juris de 1810, a la república de Bolivia.

Aunque en otras ocasiones el mismo país rechazó terminantemente la observación del principio de uti possidetis (como en el caso de la apropiación de la provincia argentina de Tarija y en el de su propia independencia), el alegato oficial boliviano se sostiene en el dogma de que el país nació a la independencia poseyendo estas costas propias en el Pacífico, en 1825, las que se interponían entre los territorios chilenos y peruanos, abriéndose paso por el actual sector cuyo centro es Antofagasta y Mejillones. Chile y Perú, en consecuencia, no habrían sido países colindantes.

No queda claro, sin embargo, cómo Bolivia puede hacer valer derechos territoriales con referencia a 1810, si su independencia vino a ocurrir en 1825 y violando, precisamente, el uti possidetis, por cuanto se desprende de las Provincias Unidas de la Plata que equivalían al ex virreinato de Buenos Aires, al que pertenecía por estos derechos territoriales coloniales, como hemos dicho. Menos favorables a esta posición le son los instrumentos de derecho colonial disponibles en los archivos indianos de España. Además, considerando la geopolítica histórica de la Argentina de expansión hacia el Pacífico, muy probablemente Buenos Aires jamás habría accedido a aceptar la separación de Charcas, de haber contado esta audiencia con un mar propio, como lo han aseverado los historiadores altiplánicos.

Tampoco aparece mencionado el supuesto territorio del "litoral" que Bolivia asegura tener entonces, en su primera Constitución Política de 1826, cuyo Artículo 3º establece con toda claridad:

"El territorio de la República Boliviana comprende los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro".

Como se ve, no se hace señal alguna al pretendido "Departamento Litoral" con el que supuestamente había nacido a la vida independiente.

El discurso actual de los historiadores y publicistas bolivianos intenta zafarse de este tremendo problema apelando al muy débil argumento de que el litoral era parte del departamento de Potosí y por eso no aparece mencionado. Sin embargo, en 1827 se ordenó la creación del sello oficial para la "Prefectura del Departamento Litoral de Bolivia", un departamento que no existía el año anterior en la carta magna y que súbitamente apareció de la nada en algún momento posterior a la fecha de la independencia de 1825. De hecho, la primera referencia constitucional de Bolivia a su supuesto territorio litoral aparece recién en 1831, y ni siquiera mencionada como departamento, sino como mera provincia de algún departamento no especificado.

En contraste, el Artículo 3º de la Constitución Política de Chile decía ya en 1822: "El territorio de Chile conoce por límites naturales: al sur, el Cabo de Hornos; al norte, el despoblado de Atacama". Los autores bolivianos intentaron declarar, más tarde, que el hecho de reconocer como "deslinde" a Atacama, significaba que no le pertenecía a Chile, razonamiento según el cual ni el Cabo de Hornos ni la cordillera hubiesen quedado en su jurisdicción tampoco, interpretando de dicha manera el texto. Sin embargo, en el Artículo 4º de la siguiente Constitución de 1823, se especifica: "El territorio de Chile comprende... desde el Cabo de Hornos hasta el despoblado de Atacama". Luego, las Constituciones de 1828 y 1833 llegan a ser más específicas, indicando que Chile comprendía el territorio que hay: "desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos". A esto se suma la gran cantidad de actos concretos de soberanía chilena ocurridos en Atacama durante 1810 y 1825, es decir, precisamente en el período en que la independencia de Bolivia aún estaba en suspenso.

A pesar de lo anterior, y para cultivar artificialmente el convencimiento de una "posesión histórica" del territorio atacameño, autores bolivianos como Alberto Gutiérrez, alteran sin rubor estos antecedentes. En su caso particular, cuando escribe en "La Guerra de 1879" (París, 1919):

En la actualidad, la posición oficial del relato histórico boliviano y de sus simpatizantes, insiste en que el país nació con un litoral propio comprendido entre el Loa y Paposo, de unas 350 millas de costa litoral. Litoral que, más tarde, le habría sido arrebatado por el "expansionismo chileno".

Cabe recordar que, en la práctica, el establecimiento boliviano en este ilusorio Departamento fue tan pobre que sólo se redujo a la presencia en la caleta de Cobija, tan aislada y mal implementada que, para 1876, ya estaba prácticamente cerrada por la falta de habitantes y por el retiro de los consulados internacionales, que se trasladaron a Antofagasta, debiendo ser desplazada hasta allá toda la actividad administrativa. De hecho, desde 1865 habían debido actuar fuerzas militares chilenas en el resguardo de este sitio, ante la incapacidad boliviana de proteger sus propias "posesiones" frente a la amenaza que por entonces representaba la flota española en guerra con Chile y con el Perú.

Sello del mítico "Departamento del Litoral de la República Boliviana", producido en 1827 al iniciarse la ocupación de Cobija o "La Mar", luego de que Perú le negara acceso al mar a los bolivianos por Arica. La idealización boliviana sobre sus inexistentes costas se ve incluso en la presencia de un gran navío en el escudo, a pesar de que entonces, Bolivia no poseía ni una sola embarcación propia o un muelle siquiera para atraques de grandes naves.

El legendario Decreto de Bolívar que daba mar a Bolivia en Cobija

Como hemos dicho, contrariamente a lo sostenido por bolivianos y por muchos autores americanistas, Simón Bolívar nunca estuvo a favor de la autonomía del Alto Perú y abogó por su permanencia en el ex Virreinato de Buenos Aires o, de preferencia, a su reincorporación en el Perú. Esto es muy fácil de demostrar, pues la capacidad visionaria del ilustre venezolano le permitía advertir que la posición geográfica remota y aislada en el continente condenaría a la miseria y el abandono infinito al país altiplánico, si no dependía directamente de otra nación con la mitad del camino ya recorrido. Con tal objeto había enviado al Mariscal Sucre a Charcas.

Con las preocupaciones de la anómala independencia boliviana en mente, Bolívar se empeñó de inmediato en la tarea de procurarle a la nueva nación una salida al mar, como aquella de la que gozaban casi todas las demás naciones del continente.

Durante la declaración ante el Congreso de Bolivia para el proyecto constitucional iniciado ese mismo año de 1825, Bolívar había declarado echando por tierra el mito de las costas propias del Altiplano con las siguientes palabras:

Aferrados al mito fundacional de que Bolivia nació con costas propias, historiadores bolivianos como Gutiérrez (quien reaparecerá varias veces más en este tema, pues corresponde a uno de sus artífices), se atrincheraron ferozmente en un decreto de Bolívar que "comprobaba" que ese país poseía costas al momento de su independencia, concediéndoselas en base al derecho territorial en 1825.

Sabiendo que el papel aguanta cualquier cosa, el contenido de este misterioso decreto era un enigma que persistió por muchos años, intrigando y generando especulaciones sobre su contenido, pues parecía sorprendente que Bolivia manejara una "prueba irrefutable" en un simple papel del período republicano y capaz de contrarrestar toda la evidencia que provenía de tiempos coloniales. ¿Qué podía decir? ¿Qué prueba "irrefutable" podría ofrecer un simple documento por mucho que fuese Bolívar su firmante? ¿Cuál era el misterioso contenido de este archivo y dónde estaba escondido? ¿Por qué no se reflejaba en su Constitución Política?

Encabezados por Francisco Antonio Encina, ciertos historiadores chilenos ponen en duda la existencia y la autenticidad de un documento con estas características, al no existir antecedentes registrados de un decreto bolivariano que "comprobara" tan fehacientemente, como dice el folclore altiplánico, la existencia de costas atacameñas en territorio boliviano al momento de su independencia. Sin embargo, al volver a confrontarse posiciones y fundamentos tras los agitados años de disputas en torno al primer proyecto de "corredor" al Pacífico  para Bolivia y las controversias derivadas del asunto del río Lauca, la propaganda paceña comenzó a enrostrar con insistencia el famoso y controvertido decreto que "comprobaba" sus derechos litorales en Atacama, y que no era otro que el propio decreto de erección de Chuquisaca del 28 de diciembre de 1825.

El estudio del texto del famoso decreto (de ser real), sin embargo, lejos de demostrar que Bolivia poseía costas propias o que Bolívar se las concedía definitivamente a través de una herramienta jurídica, verifica más bien que, en ocasiones, algunos investigadores ven sólo lo que quieren ver de los documentos y las pruebas históricas:

“Simón Bolívar, Libertador de Colombia y Perú”

Considerando:
1- Que, estas provincias (Bolivia) no tienen un puerto habilitado.
2- Que, en el partido de Atacama, se encuentra el denominado Cobija, que proporciona muchas ventajas
3- Que, en justa recompensa al mérito contraído por el Gran Mariscal, don José de la Mar, vencedor de Ayacucho, llevará su nombre el enunciado puerto: oída la diputación permanente.

Decreto:
1- Quedará Habilitado desde el l de Enero entrante (1826) por Puerto mayor de estas Provincias con el nombre de "Puerto de La Mar", el de Cobija.
2- Se arreglaran allí las oficinas correspondientes a la exacción y seguridad de los derechos correspondientes a la Hacienda Publica.
3- El Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, queda encargado de la ejecución de este Decreto.

Informase publíquese y circúlese.

Dado en el Palacio de Gobierno, en Chuquisaca, a 28 de diciembre de 1825.

Simón Bolívar

Por Orden de su Excelencia
Felipe Santiago Esteros"

Aun asumiéndolo como legítimo y válido, en este decreto NO HAY NINGUNA PRUEBA DE QUE BOLIVIA POSEÍA COSTAS EN TERRITORIO ATACAMEÑO.

Es más: el estudio cauteloso del texto demuestra que el Libertador ESTÁ ORDENANDO GESTIONES PARA COMENZAR UNA RELACIÓN ENTRE BOLIVIA Y EL MAR, HASTA ENTONCES INEXISTENTE, A TRAVÉS DE ALGÚN PUERTO. A partir de su propia iniciativa, por consiguiente, se ha propuesto darle a Bolivia un territorio costero como aquellos de los que gozaban las demás repúblicas, PERO SIN DEMOSTRAR QUE BOLIVIA POSEYERA DERECHOS JURÍDICOS EN ESTOS TERRITORIOS.

La interpretación boliviana del famoso decreto, entonces, no es más que el resultado del mezclar la historia con la propaganda. Expresa, sin embargo, la intención reflejada en la gestión de varios otros mandatarios de Bolivia por otorgarle costas urgentemente a la flamante nación, como Sucre y luego Santa Cruz, especialmente en la zona de la caleta de Cobija (rebautizada "La Mar" en el decreto), que sería el epicentro de la construcción del sueño boliviano de poseer costas propias, según veremos.

En definitiva, el documento no comprueba más que la intención de Bolivia y del prócer caraqueño de iniciar la ocupación del litoral a través de Cobija. No hay en él pruebas jurídicas, ni evidencias de derechos soberanos anteriores a su Independencia, ni alusiones a cualquier otro instrumento de valor jurídico para clamar soberanía en el aludido territorio. Es sólo una declaración de intenciones, sin valor como ejercicio de derecho soberano, pues los decretos internos de un país no pueden establecer derechos territoriales que puedan superponerse a los de otra nación, algo que Bolivia explota con particular acento en relación a Chile al referirse al decreto de 1842, por el que el Presidente Bulnes declaraba chilenas las guaneras al sur del paralelo 23º, del que hablaremos más abajo,

Bolivia sale a buscar mar. Intentos por apropiarse de Arica

En 1545, se descubrió en Potosí un gran yacimiento de plata que llenó de viajeros y aventureros a la Audiencia de Charcas. Como carecían de puertos propios para satisfacer las necesidades comerciales y de transportes generadas, la Corona Española promulgó al año siguiente una ley donde se le permitía a Charcas disponer del puerto de Arica para algunas necesidades específicas, pero sin dejar de pertenecer al territorio de la Audiencia de Lima. Hacia 1567 el Oidor de Charcas Juan de Matienzo -en otra prueba de que la Audiencia no poseía costas propias- solicitó a la Corona Española que este puerto de Arica formalmente establecido para la Audiencia de Charcas, debiendo enfrentar la categórica negativa de la Audiencia de Lima. Irónicamente, esta misma historia se iba a repetir cuatro siglos después, cuando ambos países gozaban ya de su condición de repúblicas independientes.

Es evidente que un pueblo como Bolivia, que nace en autonomía nacional a partir de un favor y de una consideración que hace completa excepción y vista gorda a los derechos jurídicos que regían para el resto de los países americanos, tendría una percepción de sus propios derechos territoriales muy distinta a la de los debates legalistas en que se agitarían las demás naciones para resolver sus controversias fronterizas. No fue raro que intentara materializar, entonces, su ancestral intento de avanzar sobre Arica.

En septiembre de 1825, Bolívar instruyó a Sucre, al mando de Bolivia, para que realizara reconocimientos en la zona litoral, con miras a proveer a l país de un puerto operativo. Una nota dictada por el propio Sucre el 25 de octubre siguiente, en Potosí, encargaba la tarea al Coronel irlandés Francisco Burdet O'Connor. Allí le dice que Bolívar tiene la intención de conseguir un puerto para Bolivia "a cualquiera costa" y, acto seguido, menciona los territorios postulantes a tal apropiación:

Puede advertirse que Sucre no señala ningún derecho jurídico o título de dominio derivado de las Leyes de Indias, ni referencia alguna a algo que justifique el principio de uti possidetis juris en favor de Bolivia. Simplemente, indica los territorios de los que "puede escogerse" el más satisfactorio y conveniente. Algo realmente revelador. En otras palabras, uti possidetis pero de facto, basado en la imposición de un hecho consumado como fue la ocupación del territorio.

Paralelamente, se iniciaron negociaciones con el Perú con la intención de obtener una salida al mar por Arica, puerto del otrora Virreinato del Perú que, durante la colonia, había estado disponible para ciertas necesidades de la Audiencia de Charcas precisamente por no poseer costas propias. Esto había terminado de consolidar una fuerte pretensión altiplánica sobre Arica, cuya relación con el Alto Perú se remontaba incluso a los tiempos prehispánicos, constituyéndose en su salida natural e histórica al Pacífico. Sin embargo, los peruanos en general tenían una desconfianza y un desprecio marcado por el comercio de Bolivia a través de Arica. Esto era fatal para las aspiraciones de la nueva república, ya que el acceso más expedito al mar por este puerto, comparado con las pocas posibilidades que ofrecía el aislado puerto de Cobija, cercado por desiertos casi intransitables y útil sólo a servicios auxiliares, era la única garantía de éxito en la difícil búsqueda de un litoral permanente.

Motivado por los políticos de Chuquisaca poco convencidos de las bondades de Cobija, el Mariscal Sucre creyó oportuno pedirle a Bolívar que intercediera ante Lima para obtener la cesión a Bolivia de los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá. El prócer caraqueño, que estaba cerca de marchar de regreso al Perú dejando a Sucre con plenos poderes, consideró pertinente pasar primero por Tacna para verificar que la opinión pública fuese favorable a la segregación de los territorios, cosa que le parecía altamente probable ante la desidia y la falta de espíritu nacional con que Lima actuaba ante los intereses y necesidades de muchas de las provincias del Perú. Estos sondeos resultaron altamente positivos y el 30 de enero de 1826, la Municipalidad de Tacna comunicaba personalmente a Bolívar, en un acto público, su deseo de "pertenecer a la la República Bolívar" y separarse del Perú. El 2 de febrero recibió la misma clase de ofrecimientos por parte de la comunidad de Arica, con lo que creyó facilitada la aspiración altiplánica de avanzar al Pacífico por el sur del Perú.

Sin embargo, al llegar a Lima, Bolívar debió enfrentar la fiera resistencia de los políticos locales, liderados nada menos que por el boliviano y futuro Protector de la Confederación Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz, a la sazón Presidente de la República del Perú. Aunque no era precisamente un ejemplo de respeto a las leyes y a la soberanía de otras naciones, Santa Cruz le enrostró a Bolívar nada menos que la falta de derechos territoriales de Bolivia, su patria natal, en las costas y los puertos del Pacífico. Temía, además, que echarse encima al pueblo limeño marcaría el fracaso de sus íntimos propósitos de restaurar el virreinato bajo la imagen del Imperio Incásico, como efectivamente lo intentó diez años después, con la Confederación.

Por esta razón, el autor boliviano Alcides Arguedas, escribe en "Historia General de Bolivia" (La Paz, 1922):

Incapaz de aceptar la derrota, Bolivia intentó una nueva negociación valiéndose de las simpatías del Ministro Plenipotenciario del Perú en el Altiplano, Ignacio Ortiz de Zevallos, quien firmó por motu propio en Chuquisaca, el 15 de noviembre de 1826, un tratado de federación y un acuerdo de límites que proponía una extraña permutación de territorios: Perú entregaría Arica a Bolivia (desde el sur del río Sama, entre los grados 18 y 21) y Bolivia entregaría al Perú la provincia paceña de Apolobamba y el pueblo de Copacabana. Sin embargo, al conocerse la noticia de los acuerdos firmados en Bolivia, se levantó una espectacular gritadera en Lima, que obligó a Santa Cruz y al Ministro José María Pando a desautorizar al representante peruano.

Se consuma la ocupación ilegal: el fantasma del "puerto de Cobija"

Al ver fracasados todos los intentos por llegar al océano Pacífico por Arica, los ojos volvieron a ponerse sobre la costa despoblada y casi deshabitada de Atacama y Bolivia optó por el camino más sencillo: reforzar la ocupación de Cobija, al Norte de Mejillones, y validarla como la salida boliviana al Pacífico declarando la caleta, incluso, como puerto franco con gobierno independiente del resto de las comarcas. Es así como la declaró dentro de los límites del país en la Constitución Boliviana de 1831.

El escritor y diplomático peruano Alberto Wagner de Reina, en su obra "Los Límites del Perú", confesará sobre esto:

"Al final de la dominación española, las autoridades de Potosí intervinieron algunas veces en el puerto de Santa María de Cobija (23º 30' S) situado en el desierto, y al independizarse Bolivia, separándose del Perú, Sucre se apoderó de una buena parte de él".

"Chile y Perú aceptaron, tácitamente, esta apropiación aunque en la parte Sur del litoral boliviano la frontera quedó imprecisa. La Constitución de Chile de 1822 dice que su territorio "conoce por límites naturales... al Norte el despoblado de Atacama"..."

La indolencia y el entreguismo de las autoridades chilenas de entonces, sumada a la fiebre americanista (que en aquellos años imperaba en los círculos políticos fuertemente ligados a la intelectualidad aristocrática) y al aislamiento de los territorios que eran escenario de estos hechos, permitió que Bolivia actuara con insólita facilidad en la toma de la caleta, acontecimiento que tendría consecuencias nefastas para la estabilidad de las relaciones entre ambas repúblicas. Así, el día 6 de agosto de 1833, Santa Cruz estaba en condiciones de hablarle a sus compatriotas del Congreso sobre su visita a "nuestro único puerto de Cobija".

Técnicamente, Cobija era ya una "salida al mar" que, en 1831, la indiferencia y la falta de previsión de las autoridades de Chile le habían permitido a Bolivia, tácitamente, y en prenda del sentimiento bolivariano que animaba particularmente a Bernardo O'Higgins, además de su amistad con Santa Cruz, quien se encontraba precisamente en Chile en misión diplomática cuando el Congreso Boliviano lo eligió Presidente de ese país. Sin embargo, este asentamiento nunca pasó de ser un "enclave", un punto inconexo con el resto de Bolivia, satelital, enajenado y casi como una minicolonia o una embajada, separada irremediablemente del resto de la República.

Tan imaginaria era la condición del "puerto" inexistente en esa mísera caleta pesquera, que Santa Cruz se vio en la necesidad de dictar un decreto para destinar fondos a la construcción de una infraestructura digna de aquella condición ostentosa para Cobija. En él se lee:

Pero, hacia 1936, los planes de Santa Cruz eran bastante más ambiciosos que la mera apropiación de costas. Con su Confederación, formada por Perú y Bolivia, vino a sumarse el agresivo proyecto de restituir el virreinato e incluso el imperio peruano incásico, para lo cual era necesario "recuperar" toda la zona Norte de Chile: Atacama. Hemos visto, además, que los ciudadanos de Moquehua, Tacna y Arica estaban solicitando voluntariamente la anexión a Bolivia en esos días. Una guerrilla comercial de los confederados, y el hecho culminante de intentar organizar un golpe contra el Presidente José Joaquín Prieto, dirigido por el exiliado pipiolo Ramón Freire, desatarían la Guerra Contra la Confederación Perú-Boliviana, ganada rotundamente por Chile y algunos rebeldes peruanos que apoyaron al General Bulnes.

Un detalle muy significativo sobre las intenciones adicionales de esta intentona, está en el hecho de que Santa Cruz, apostando íntimamente a la efectiva recuperación de todo Atacama para su reedición del Imperio, pretendía darle una salida directa a Bolivia hacia el océano por esta franja territorial. Esta frustración dejó su huella, no obstante la derrota, en el pueblo del altiplano.

Por supuesto que la instalación de los intereses bolivianos en Cobija tuvieron un trasfondo comercial interesante en una economía totalmente aislada y casi autosuficiente del Altiplano, durante sus primeros años de Independencia y con la expectativa de abrirse al comercio con otras naciones, a la sazón prácticamente inexistente. Sobre este tránsito, en autor Raúl Ruiz González escribe en "Bolivia, el Prometeo de los Andes" (Editorial Platina, Buenos Aires, pág. 50):

"Durante el primer período, Bolivia se desenvuelve bastante aislada del comercio y las finanzas internacionales. No tiene deuda externa y su comercio exterior es limitado. En realidad, la importancia comercial del salitre y del guano, canaliza el comercio exterior del país, su incorporación a la red de las finanzas internacionales y su retorno a la minería, como actividad básica de la economía nacional".

Terminado el conflicto en enero de 1839, Chile pudo volver a sus problemas domésticos pendientes, como los asuntos de control soberano y de un reconocimiento internacional de su independencia. A pesar de que el país llevaba ya más de veinte años de existencia como República, no todas las potencias del resto del mundo estaban enterados de ello, pues algunos aún creían a las naciones de Hispano América dependientes de la Corona Española. Aprovechando las circunstancias, se intentó reflotar el lapidado sentimiento americanista que acababa de caer por su propio peso en Yungay con el fracaso de Santa Cruz.

Mientras, un derrotado Santa Cruz en exilio y decadencia, confesaba en su manifiesto del 26 de enero de 1840, como Protector de la Confederación y Presidente de Bolivia (los destacados son nuestros):

"Bolivia, por su situación geográfica, ALEJADA POR TODAS PARTES DEL MAR, no podrá hacer grandes progresos en su comercio y en su industria, ni aun en la carrera a la civilización... Para remediar este gran defecto, me decidí a proteger con todos los esfuerzos del Gobierno la caleta de Cobija, de que tan sólo puede disponer Bolivia por efecto de una VICIOSA DEMARCACIÓN TERRITORIAL".

Arica, Tacna y Moquegua piden anexarse a Bolivia: Actas en 1836

Todavía diez años después del intento boliviano de anexarse Arica, éste aún seguía provocando pasiones el interés por apropiarse de tales puertos peruanos.

Los territorios del Sur del Perú estaban en tal punto de abandono y desatención por parte del Gobierno central luego de iniciado el período de disputas intestinas fomentadas por Santa Cruz y de la nula ayuda recibida tras los terremotos de 1831 y 1832, que sus propios habitantes solicitaron la anexión al vecino país en un Acta de los Cabildos de Tacna, Arica, Moquegua y Locumba en 1836, que es reproducido por Carlos Varas en "Tacna y Arica bajo la soberanía chilena" (Imprenta de "La Nación", Santiago de Chile, 1922, pág. 23 a 28):

"REPRESENTACIÓN DEL VECINDARIO DE MOQUEGUA

Señor Coronel Subprefecto de la Provincia:

Los ciudadanos vecinos de ésta que suscriben, con el debido respeto se dirigen a Ud. y dicen:

La rebelión encabezada por el general Salaverry en el año próximo pasado, puso al Perú entero en el melancólico estado de encontrarse sus instituciones sufriendo todos los males de la guerra civil y la anarquía su fiel compañera; en tales circunstancias viendo el país completamente desorganizado, celebraron algunas resoluciones por el Excelentísimo Presidente provisorio, para la reorganización, dejando a los pueblos del Sur en la plenitud de sus derechos primarios, para resolver de su suerte futura. La memorable y muy feliz jornada de Socabaya, del 7 de Febrero último, terminó aquella revolución y nos ha dejado más expeditos para trabajar con más libertad por la consecución de la felicidad, objetivo exclusivo de los hombres, pueblos y naciones, y parece llegado el caso de hacer uso de tan solemnes promesas, y muy particularmente, la que contiene la proclama de S. E. el jefe superior del ejército unido, de 10 de Julio, datada en Puno.

Muy inútil empeño será hacer una pintura exacta de los padecimientos de esta población y las demás del Sur, cuando no hay un habitante a quien se le oculten y que no convenga en la necesidad de que por medios eficaces consonantes con nuestros verdaderos intereses, nos pongamos a cubierto de su repetición, y que cierren las profundas heridas que han abierto en las propiedades y demás garantías sociales. Recórrase la historia de estos diez años inmediatos anteriores y encontraremos, de un lado, oscilaciones políticas incesantes que han estallado en las capitales y se han sentido en las provincias sus estragos; y por otro, el cuadro triste de desmoralización general, depredaciones y la miseria más espantosa. Todavía nos aterra el recuerdo de las plagas que se han hecho conjurar: la naturaleza misma por dos veces parecía acordarse con tan crudos enemigos de nuestra propiedad y reposo, causándonos por separado destrozos irreparables, tanto que habíamos desesperado mudar de condición, caminando apresuradamente al abismo que nos amenazaba. ¿Y quién así no estaría persuadid, cuando la misma industria que forma nuestras subsistencias se hallaba desatendida, y lo que es más, se la había mirado con el mayor abandono? ¿Quién no divisaría su próxima ruina, si las producciones valiosas del valle estaban encadenadas y reducidas a la insignificancia?

Nuestras relaciones comerciales están circunscritas a los pueblos limítrofes de la Nación boliviana; allá residen nuestras conveniencias, y si no aprovechamos la oportunidad de que sean permanentes y no se expongan a los diarios vaivenes de que han sido víctimas, renunciamos para siempre a los consuelos de conseguir la propiedad que se nos niega por otros medios. Tiempo es de hacer realizables estas ventajas, y corrido este tiempo corto y preciso, ya será tarde y se harán negatorios nuestros empeños y trabajos.

El pacto que nos unía a la sociedad peruana ha sido violado en daño sólo de los pueblos, y los pueblos no pueden sujetarse a ligámenes que contrarían los fines principales de ese pacto. Cada pueblo se encuentra autorizado para celebrar el que le conviene y consulte los bienes que le hacen contraer. Moquegua y las demás poblaciones se hallan en el caso, y sus habitantes habrían perdido hasta el sentido común, si no procuraran en esta disociación universal, asegurarse, estableciendo uno que les prometa estabilidad, garantías, protección y bienestar. Omitimos hablar de la Constitución que nos ha regido, porque allá es bien notada por los hombres sensatos, afectada de todas las anomalías políticas, y se la mira como de origen o causal de los sacudimientos ocurridos, y por lo mismo merece animadversión universal.

Mientras tanto ha marchado la república hermana, Bolivia, con majestad al punto de sus tendencias y atracciones; su constitución y sus leyes son la salvaguardia de su firme Gobierno, y los ciudadanos disfrutando de una libertad comparable con su ilustración, progresan en todo orden. El Jefe ilustrado que la preside con la dignidad que le es característica y la respetabilidad que le concilian su tino y virtudes, es el muelle principal de esta máquina regularizadora, y la lleva en su engrandecimiento sin término. Esto es cabalmente lo que apetecemos, y a lo que la fortuna nos llama con esfuerzo. Unámonos a la Nación que sabe gobernarse y que excita elogio por su prudencia y moderación de las naciones extranjeras: florezcamos unidos a nuestros hermanos y renovemos los lazos que desde tiempo inmemorial nos ataban con ellos; logremos la benéfica influencia del eminente mandatario que ha sabido conducirla, y no querrá contentarnos con quimeras y expresiones seductoras.

Nuestra posición geográfica y las comodidades que presentan nuestras tres provincias de Tacna, Tarapacá y ésta, para erigirse en departamento y labrar nuestra dicha, hace que indiquemos como lo más sustancia la separación del de Arequipa y erección de uno nuevo, bajo las bases precedentes. No bastaría gozar de los beneficios que nos hemos propuesto, si se descuida este instante, y estamos convencidos de que sin semejante separación son vanos nuestros conatos, o al menos perderán una mitad de su interés. Demasiada experiencia tenemos, y si las lecciones que nos ha dado no producen el escarmiento, y nos disponen a huir de una de las fuentes emponzoñadas de que hemos vivido, releguemos a las páginas de las teorías nuestra cumplida ventura. Sobre este punto debemos rodar nuestra conferencia y abrazarse como esencial. Tal es el voto de los distritos de esta provincia, y estamos instruidos de que lo es de las otras de Tacna, Arica y Tarapacá.

Animados de tan nombres sentimientos, los infrascritos excitan y comprometen al señor Subprefecto, para que tome medidas al efecto de una reunión pública donde se traten con franqueza asuntos de tanta vitalidad, y en la que puedan acordar los medios de conseguir la suspirada felicidad de esta ciudad y su provincia; proponiendo a la mayor brevedad, y no se pierda tan propicia coyuntura. En consecuencia, hacen responsable a la Subprefectura, de la menor tardanza, y así lo piden, dicte las providencias conducentes.

Moquegua, Marzo 11 de 1836"

(Siguen 200 firmas)

No bien tuvo en sus manos el Acta del Cabildo, el Coronel de la Subprefectura ordenó inmediatamente y en el mismo día 11 la fijación de la reunión del Cabildo Abierto correspondiente, fechándola para el 14 siguiente, a las 9 de la mañana en la Iglesia del Colegio de la Libertad, "En atención a la importancia de un asunto de tanta trascendencia, que debe tratarse con toda circunspección y madurez convenientes, consultándose la voluntad y voto libre de todo este vecindario..."

En las Actas de las reuniones, todas las ciudades participantes plasmaron la simpatía con la idea de anexarse a Bolivia. En el Acta de Tacna, fechada el mismo día 14 de marzo, queda consignado "Que se declara separada de su capital de Lima, por cuanto ella ha sido el foco de las conspiraciones, donde estallaron las revoluciones una en pos de otra que hemos sufrido", y "Que tampoco quiere depender como provincia, de la capital del Departamento de Arequipa, porque ese Gobierno ha mirado con indiferencia la suerte de estos pueblos". El Acta de Locumba, protocolizada el 20 de marzo, dice que "Un paso tan concordante con nuestros antiguos sentimientos, si no debía iniciarse por vuestra moralidad y moderación, debe segundarse como el necesario, para libertaros del abatimiento en que os halláis", agregando que adhería a "un proyecto viejo", como era este de unirse a Bolivia. Por lo tanto, "Locumba está conforme con la separación declarada por la capital de la Provincia del Departamento y formar el nuevo, compuesto de los tres de la costa del Sur: Tacna, Tarapacá y Moquegua". El Acta de Arica, firmada el 22 de marzo, establece su simpatía y aprobación a la erección "en un nuevo departamento compuesto de su provincia, la de Moquegua y Tarapacá, con independencia absoluta de Arequipa y Lima, apoyándose para ello en la abyección y abatimiento en que nos hallamos, y que nos ha sumido su administración política".

A pesar del entusiasmo, la guerra con Chile y la caída de la Confederación terminarían por ahogar las pretensiones separatistas del Sur del Perú, destruyendo para siempre la aspiración de los peruanos del Sur por anexarse a la órbita comercial de Bolivia.

Superposición de intereses en Atacama. Ley chilena de 1842

Hubo una urgente necesidad de proteger la economía chilena en tiempos de paz, especialmente en las zonas del desierto de Atacama. En 1835, el Gobernador de Copiapó, don Juan Melgarejo, había comunicado a la Intendencia Provincial de Coquimbo su preocupación por el contrabando de guano en Paposo, pero las distracciones de la guerra postergaron las medidas necesarias para el resguardo.

El Congreso de Chile pudo dictar una ley al respecto sólo en 1842, previa inspección del territorio litoral de las covaderas ordenada por el Presidente Bulnes. Promulgada el día 13 de octubre, la ley declaró propiedad nacional las guaneras desde la bahía de Mejillones, 23° de latitud Sur, prohibiendo a cualquier barco extranjero sacar este material sin consentimiento del Estado de Chile, pues se volvía a dar por hecho que esta parte del territorio era chileno sin lugar a discusión.

En la redacción de la ley, participaron varios políticos de profundo ideario americanista y de modo alguno al servicio de alguna supuesta política expansionista. Destácase la presencia del parlamentario, académico e intelectual venezolano símbolo del americanismo continental, don Andrés Bello, quien intervino directamente en la redacción de su texto. La presencia de estos sentimientos se refleja en el echo de que, teniendo Chile los derechos territoriales para hacer valer su soberanía hasta el río Loa, la ley declaró patrimonio nacional, sin embargo, sólo hasta Mejillones, mucho más al Sur, por un acto de generosidad para con el Altiplano, pues por entonces ya era conocida por Chile y por los viajeros extranjeros la presencia boliviana en la caleta de Cobija, hasta donde se habían trasladado algunas representaciones consulares, comenzando a aparecer en los mapas internacionales este fragmento del territorio atacameño como perteneciente a Bolivia, con algunas piezas cartográficas de las que los historiadores bolivianos hoy se aferran ferozmente para fundamentar sus pretensiones sobre el territorio, ante la escasez de mapas oficiales españoles que demuestren de modo terminante la existencia de un litoral propio en tiempos coloniales.

Autores bolivianos y peruanos han difundido también la monserga de que Chile habría declarado sólo con la ley de 1842 -y a partir de ese momento, no antes- su soberanía sobre Atacama, pasando por alto leyes anteriores de la República y la propia inclusión de este territorio en la Constitución boliviana, y donde habían instalado su puerto que, según el propio consejero presidencial boliviano, don Pedro Guerra, en carta de 1841 al Presidente Ballivián, era "miserable... sostenido sin provecho de la República y en gravísimo daño del mejor de los departamentos: La Paz".

Al respecto, el historiador Guillermo Lagos Carmona complementa:

"Sin embargo, la creación no era tan artificial: la "miserable Cobija" serviría para extender las pretensiones de Bolivia hacia el norte y hacia el sur de la costa del Pacífico, en detrimento de Chile. El puerto de Arica, peruano en aquel entonces, estuvo siempre en la mira de Bolivia".

De este modo nos explicamos por qué el día 30 de enero de 1843, Bolivia oficializó un sorpresivo reclamo contra la medida de Mejillones, declarando que, para su país, el límite de Chile no está en el Loa y que Bolivia se interponía entre Perú y Chile. El ministro del país altiplánico en Chile, don Casimiro Olañeta, presentaría la nota exigiendo revocar la ley dictada el 13 de octubre del año anterior. Según el texto de la queja, Bolivia consideraba que Atacama le pertenecía hasta el río Salado, situándolo en el paralelo 26º. En una prueba de la improvisación y falta de fundamentos de esta queja, Olañeta rectificó luego sus afirmaciones, colocando ahora al Salado en el paralelo 25º, a la altura de Paposo, unos 50 kilómetros al Norte de la ciudad de Taltal.Sin embargo, Bolivia no consideraba una razón de derechos la disputa por Atacama, sino un asunto de orgullo. Es así como en la Constitución Política de ese mismo año, Bolivia declararía a la caleta de Cobija como suya, nuevamente, pero esta vez con la altruista denominación de "Distrito Litoral de Cobija". Así, estaba todo listo para dar rienda suelta al mito de la Bolivia oceánica, o, en palabras de otros, la Bolivia con "cualidad marítima". "La pequeña Cobija de 1826 y 1833 -comentaría Lagos Carmona- ya no era suficiente en 1843. Las pretensiones habían crecido a la par que los años".

Un hecho muy significativo, sin embargo, es que esta misma constitución boliviana declaró como territorio propio, además de Atacama, la provincia por entonces argentina de Tarija, sobre la cual Bolivia no tenía ningún derecho jurídico válido, según lo reconoce el propio historiador y político altiplánico Alberto Gutiérrez en "La Guerra de 1879". Esto nos revela cuál era el verdadero país que habría de avanzar en sus pretensiones sobre el territorio de Atacama como parte de un plan de expansión territorial, imputación que los historiadores bolivianos hacen en forma casi unánime contra Chile.

El Canciller chileno, don Ramón Luis Yrarrázaval, respondió el 6 de febrero siguiente. Comentó la imposibilidad de derogar leyes con tal facilidad e invitó al demandante a presentar en conjunto argumentos para demostrar el dominio territorial de la región, en representación del respectivo país. Con ello, el capítulo de los derechos ficticios de Bolivia en el océano Pacífico comenzaba a ser escritos por primera vez.

Este proceso de comparación de argumentos se inició sólo en 1847 en un ambiente no poco tenso. Se presentaron ante los reclamantes todos los antecedentes históricos que avalaban la decisión chilena, incluyendo los mapas del virreinato peruano y otras evidencias incuestionables de los títulos jurídicos coloniales y de los derechos republicanos de Chile en el desierto de Atacama, desde el río Loa hacia el Sur.

Pero los bolivianos no quedaron conformes. Eran los tiempos en que las guaneras hacían furor en la industria mundial de abonos, llegando cada barco a lograr una carga de varias toneladas del preciado fertilizante por jornada de trabajo, que para algunos tenía el valor del polvo del oro, de modo que el interés soberano tenía un innegable plus de motivación.

Quiso la gran voluntad que, mientras esto tenía lugar, hacia el interior de aquellos desiertos poco apetecidos y hasta despreciados con anterioridad por aquellos mismos que ahora los reclamaban, siguieran apareciendo focos de atención mundial cuando los expedicionarios y viajeros que se internaron por sus valles rocosos, descubrieran yacimientos mineros como las salitreras, con las que poco después empezarían a amasar fortunas y a fundar nuevos poblados. La época del "oro blanco" de Atacama traería noticias, despertando ambiciones comparables sólo a la fiebre del oro de los Estados Unidos o de los diamantes en Sudáfrica.

Mística boliviana del litoral propio. Argumentos irracionales

En tanto, el encargado de negocios de Bolivia, don Joaquín de Aguirre, inició el debate en representación del Altiplano, hasta que los trastornos sociales y políticos de su país lo obligaron a volver deteniendo la discusión, en la que Chile ya manifestaba su deseo de establecer un tratado de límites.

La verdad es que, viendo hoy día algunos de los argumentos ofrecidos por Bolivia, no dejan de semejar los disparates afiebrados e improvisados de una obsesión indescriptible. Póngase por ejemplo el caso en que Aguirre fue enfrentado a la Memoria chilena de 1845, que citaba a la "Guía Política, Eclesiástica y Militar del Virreinato del Perú", escrita por Hipólito Unanué para el Virrey Gil de Taboada y Lemus, donde dice en la Ley 5 Título XV que Perú tiene por territorio "las costa que hay desde la dicha ciudad, hasta el Reino de Chile exclusive", comprobando -como todos los demás documentos indianos- la colindancia de Perú y Chile, sin que Bolivia se interpusiera entre ellos. Agregaba el documento colonial que el límite estaba en el Loa "por el sur del desierto de Atacama y Reino de Chile".

Al respecto, el representante boliviano tuvo el desparpajo de dar una rebuscada interpretación del texto:

Esta pretendida argumentación cae por sí misma pues, como lo recordaría el paladín intelectual de los derechos soberanos de Chile, Miguel Luis Amunátegui, en 1863, si Aguirre hubiese tenido razón, el texto habría indicado que el Loa dividía al Perú de Charcas o del Virreinato de Buenos Aires, y no del Reino de Chile, como en realidad dice. Muchas de estas excelentes observaciones y fundamentos de Amunátegui serían publicadas aquel año, en su "Memoria sobre la cuestión de Mejillones", que echó por tierra este tipo de argumentos bolivianos.

La inexistencia de un tratado específico entre ambas repúblicas para sus límites colindantes permitió que algunos acogieran las posiciones de uno u otro lado en los mapas internacionales. El embrión del expansionismo altiplánico comenzaba a dar, de este modo, sus primeras señales de vida externas a Bolivia, pues el pueblo boliviano llevaba un buen rato ya convencido de estos derechos atacameños, por lo que la aparición de las riquezas contribuyeron más aún a alimentar esta mística. Enterada Bolivia de las prospecciones salitreras, fijó sus expectativas sobre estas nuevas posibilidades de prosperidad dentro de lo que consideraba su territorio atacameño. Y fue, precisamente en aquella época, que comienzan a aparecer estos mapas independientes acogiendo la fantasía boliviana de que un extenso territorio al Sur de Perú les pertenecía en Atacama, cortando la histórica comunicación directa que había entre Chile y Perú.

Fue así como, en 1861, Bolivia autorizó al brasileño Pedro López Gama a explotar las covaderas de Mejillones. La audaz medida afectaba a don Matías Torres, quien había recibido de Chile autorización para la misma labor desde hacía varios años. El Gobierno de La Moneda protestó una y otra vez a Bolivia por este hecho, sin obtener respuesta. Ante esto, se envío un buque de guerra capitaneado por el ilustre marino Williams Rebolledo, que reestableció el orden rápidamente en el lugar.

Como hemos visto, sin embargo, la ineficacia diplomática y la falta de visión política llevó a las autoridades de Chile a proponer, por aquellos años, que se aspirara sólo al reconocimiento de los derechos chilenos hasta el paralelo 23º, ya que -en otra de las innumerables volteretas americanistas que contaminaron todo el debate- se pretendió conciliar voluntades reconociendo la ocupación boliviana de Cobija e independientemente de las conversaciones en las que se seguía sosteniendo que los derechos históricos de Chile llegaban hasta el río Loa. Lejos de manifestarse alguna señal de gratitud de parte del Altiplano, su convicción absoluta de poseer también costas en la zona permitió que el gesto sólo fuese tomado como un tácito "reconocimiento" a tales derechos territoriales en disputa.

Frías, no obstante, traía una estrategia más agresiva y desafiante apoyada por el Canciller de Bolivia, Rafael Bustillo, que no le permitió atender las argumentaciones de Tocornal. Ya en junio de 1863, se dictó una ley en Bolivia que autorizaba al Gobierno a declararle la guerra a Chile si éste no desalojaba las costas del litoral atacameño, tras lo cual solicitaron formalmente retirar a la población chilena de todo el territorio como condición para sentarse a conversar de cualquier tratado de límites:

"Se autoriza al Poder Ejecutivo para declarar la guerra al gobierno de la república de Chile, siempre que, agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere la reivindicación del territorio usurpado o una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional".

En la ocasión, Bustillo se había dirigido al Congreso de Bolivia con una delirante arenga bélica, según la describe el escritor boliviano Arguedas. Llegó a jurar que "las naciones del mundo civilizado se pondrían todas de parte de Bolivia", en un tono tan confrontacional que incluso obligó a varios de sus propios compatriotas a emitir llamados urgentes a la cordura.

Apesar de todo, el gobierno chileno no se dejó amedrentar. Amunátegui publicó en agosto siguiente su "Memoria sobre la cuestión de Mejillones", refutando hasta la desintegración todas las argumentaciones presentadas por Bustillo en la Asamblea Extraordinaria en Oruro, el 6 de mayo. Y Tocornal, que reaccionó molesto y negó toda posibilidad de cumplimiento a la exigencia de desalojar a los cientos de esforzados chilenos establecidos en la zona, enrostró a los bolivianos en nota del 8 de enero de 1864, que Chile era "poseedor de legítimo, apoyado en títulos antiguos, auténticos e incontestables", y que, por lo tanto "tales protestas no son capaces de alterar de manera alguna los derechos de las Partes ni de variar la línea de conducta que Chile se ha propuesto seguir respecto del territorio declamado por Bolivia".

Bustillo, en tanto, contraatacaba a la argumentación chilena con ideas que hoy nos parecen carentes de toda seriedad. En la exposición dejó constancia de su convicción de que, al declarar Chile en su Constitución Política que empezaba territorialmente "desde el desierto de Atacama", daba evidencias de que el desierto no le pertenecía. Haciendo gala del talento lingüístico expresado también por Aguirre, anteriormente, para poder hacer que los textos digan algo distinto de lo que se lee, Bustillo alegaba que las preposiciones "desde" y "hasta" significaban hitos fuera de la referencia, o sea, que era un término excluyente, "desde la A hasta la Z", significaría que la "A" y la "Z" están fuera del rango señalado. Por lo tanto, Chile declaraba así... ¡que Atacama no le pertenecía!

Al parecer, cuando Bustillo oía que alguien podía estar "mojado desde la cabeza hasta los pies", pensaba que el cuerpo del pobre tipo aludido empezaba en el cuello y terminaba en los tobillos. Amunátegui también se tomó la molestia de abordar estas burdas afirmaciones incluyendo para Bustillo una clase sobre el uso y significado de la preposición "desde".

Consolidación del mito del "Litoral Boliviano"

Con este nivel de sólido convencimiento boliviano sobre sus derechos marítimos, en contraste con la extrema insignificancia y fragilidad de sus supuestos argumentos, cabe preguntarse si habrían en ellos, acaso, interpretaciones antojadizas o erradas de títulos de dominio dudosos, o de letra confusa, derivados de las Leyes de Indias y mal asociados al principio de uti possidetis.

A diferencia de las demás naciones de las latitudes americanas y de las apariencias guardadas por sus cuerpos diplomáticos, Bolivia nunca se tomó el trabajo de recurrir seriamente a la interpretación del uti possidetis para argumentar sus pretensiones, por mucho que sus autores se desangren señalando otra cosa, pues el concepto le resulta secundario en importancia. La ocupación, la toma ilegítima y paulatina de territorio o el respaldo de contar con la espada de próceres de la magnitud de Simón Bolívar entre sus héroes fundacionales, ha dado a este pueblo una noción muy particular de lo que es el derecho jurídico y de cuánto vale en realidad el uti possidetis juris a la hora de respaldar sus pretensiones. Si no, confirmémoslo en la carta confidencial del ministro boliviano Mariano Baptista -molesto por la actitud de Perú y Argentina de respaldarse en interpretaciones de este principio-, dirigida en febrero de 1874 al representante peruano en Bolivia, Aníbal de la Torre:

"Le llamo la atención sobre ese maldito uti possidetis deslizándose en las soberanías nacionales. Le repito que, aceptándolo en su vaguedad, ni Guayaquil pertenece al Ecuador, ni Montevideo es la capital de la Banda Oriental. Llevémoslo allí donde debe estar, al Chaco y Atacama para nosotros, a sus llanuras de oriente para ustedes, a los desiertos de Patagonia para Chile..."

Y años más tarde, el prestigiado historiador boliviano Alberto Gutiérrez, en "La Guerra de 1879" escribía sobre el principio base de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y su aplicación con respecto al problema de Bolivia y Argentina en Tarija:

"...el propósito de Baptista era sustraer los derechos territoriales de Tarija de toda ulterior controversia, por cuanto ellos se fundaban en la voluntad soberana de los habitantes de esa provincia, manifestada solemnemente en acta pública de 26 de agosto de 1826, título que, en concepto de los bolivianos, vale más que el uti possidetis, que sólo tiene aplicación allí donde no existen otros antecedentes, ni la expresión de la voluntad popular, ni la posesión efectiva del Estado, larga y pacíficamente ejercida."

Con estas evidencias de la verdadera mentalidad territorial boliviana, ¿era o es esperable alguna vez que Bolivia realmente aceptara los títulos jurídicos de Chile? ¿Queda alguna duda de que Bolivia basa sus pretensiones en la VOLUNTAD y no en el DERECHO? ¿No se explica esto acaso por tratarse Bolivia de una nación que nació, justamente, de una consideración especial y de una excepción al uti possidetis, gestionada por Bolívar para independizar Charcas del territorio de la Argentina? ¿Qué clase de conversaciones podrían desarrollarse ayer, hoy y mañana, si mientras Chile presenta derechos jurídicos, Bolivia los tapa sólo con intenciones irrenunciables?

Fue, de este modo, que la convicción de derechos inexistentes de Bolivia, derivadas de la facilidad con que llegaron a instalarse a una de las caletas chilenas sin encontrar resistencia y alimentada por la necesidad de salir al océano que se habían impuesto desde el momento de nacer como República, les llevó a levantar los puños en actitud confrontacional, defendiendo la quimera fantástica de su condición oceánica, amenazada por la codicia de un país vecino. El mito no sólo estaba creado ya, sino que de veras institucionalizado en el sentir colectivo de un pueblo... Baste verificarlo en el agresivo discurso del General José María Achá, en 1863, poco antes de ser derrocado:

"Si el Gobierno de Chile desoye nuestras justas demandas y persistiese en apoderarse DEL ANTIGUO LITORAL DE ATACAMA Y DE LA BAHÍA DE MEJILLONES, fijando por sí solo, como lo ha hecho, su límite en el grado 23, grandes deberes nos impondrían, señores, la dignidad, el honor y los caros intereses de nuestra patria".

El fervor del General estuvo a punto de volverse profecía aquel año, cuando el 27 de mayo, promulgó la antes citada ley que autorizaba la declaración de guerra a Chile en caso de que "no se obtuviese reivindicación del territorio usurpado", declaración que estuvo a punto de cumplirse anticipando la Guerra del Pacífico, aquel año, siendo detenida fortuitamente por la invasión española de las islas Chincha en el Perú, que movilizó una ola de americanismo y unidad en toda la costa del Pacífico.

Sí; porque la humilde caleta de Cobija, para Achá, pasaba a ser todo el litoral de Atacama y la bahía de Mejillones, en una notable e increíble amplificación. Convicción enquistada, por la que las relaciones entre ambas naciones jamás volverían a ser las mismas, produciendo trastornos definitivos en la vecindad forzada de las dos.

La fantasía de la Bolivia marítima había sido, finalmente, engendrada.