-Ampliado y actualizado en enero 2005-

En octubre de 1842, Chile dictó una ley que impedía la extracción de guano en las costas de la península de Mejillones hacia el Sur, territorio que, en virtud de las leyes coloniales indianas, le correspondía al patrimonio de la República. Sin embargo, al año siguiente Bolivia protestó alegando que la península de Mejillones también le correspondía, mostrando como prueba su ocupación de la caleta de Cobija, al Sur del río Loa e indicando que Chile sólo llegaba por el Norte hasta el paralelo 25 o 26, sin ser colindante con el Perú sino con esta salida al océano reclamada como propia por el Altiplano.

La situación diplomática empeoró tras la captura chilena del navío norteamericano "Sportaman", que había sido ilegalmente "autorizado" por Bolivia para realizar extracciones de guano en Atacama, llegándose a una autorización de guerra por parte de la Asamblea altiplánica, en 1863, que facultaba al Presidente a declararla contra Chile.

Se estaba en este ambiente volcánico cuando, en 1865, la invasión española de islas Chincha del Perú generó una ola de americanismo y solidaridad delirante por la vecindad, y Chile decidió declarar la Guerra a España el 25 de septiembre, enviando misiones por el resto del continente para buscar apoyo para los peruanos.

Respondiendo a este nuevo clima, Chile y Bolivia buscaron resolver sus cuestiones con la firma del Tratado de 1866, el 10 de agosto, que establecía el límite entre ambas naciones en el paralelo 24º, reconociéndole a Bolivia una salida al mar y haciendo que Chile renunciara en condición resolutiva a sus derechos sobre Mejillones. Sin embargo, se creaba a cambio una zona de medianería o condominio entre los paralelos 23º y 25º, de la que todas las utilidades mineras serían compartidas entre ambos países.

En el contexto de todos estos sucesos, intrigas no menores ocurrían en Perú y se acercaban peligrosamente al escenario de las controversias entre Chile y Bolivia. Luego de haber decretado el estanco del guano, Lima había cerrado grandes contratos de extracción con la Casa Augusto Dreyfus y Hnos., de un comerciante de origen judío-francés de poderosos vínculos con el temible sistema financiero galo. El resultado de estas gestiones fue una sobrehipoteca del recurso natural de las covaderas, que comenzó a ser cada vez menos abundante y cuya utilidad que se vio mermada por el surgimiento de la competencia representada por el salitre, mineral usado también como fertilizante, que en Atacama era explotado por la Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama en la ciudad fundada por empresarios y trabajadores chilenos en 1866 una vez pacificados los ánimos entre Chile y Bolivia, y dentro del área de medianería.

Ignacio Santa María escribe al respecto en "Guerra del Pacífico" (Santiago, 1919):

Efectivamente, desde 1845 en adelante, las autoridades del Perú destinaron la totalidad de los esfuerzos a combatir la grave situación de anarquía interna y la inestabilidad política, sin participar de los litigios por Atacama que agriaban las relaciones entre Chile y Bolivia durante similar período histórico. Sobresaltados sólo por la Alianza contra España, el año de 1866 tocó distantes a los peruanos de participar en la solución del conflicto chileno-boliviano a través del tratado. Pero el espectacular triunfo del Callao contra la flota hispana al final de la Guerra contra España, comparado con los escuálidos resultados de Chile en materias de autodefensa luego del bombardeo y destrucción de Valparaíso, el 31 de marzo, desató una explosión de reivindicacionismo comercial y sentimiento triunfalista de parte del Perú.

Confiados en la desigualdad de las fuerzas y seguros de su capacidad de imposición, Perú había comenzado a actuar con creciente prepotencia, perjudicando a la población de trabajadores chilenos que eran la tremenda mayoría de la actividad en las guaneras de Tarapacá. Una gran cantidad de abusos y atrocidades de funcionarios peruanos contra obreros chilenos, de los que muy poco se habla en nuestros días, tuvieron lugar en aquellos tormentosos años. Hacia febrero de 1869, por ejemplo, la Municipalidad de Arequipa decretó formalmente la expulsión de todos los chilenos que allí trabajaban sin presentar razones; y en 1871, en esta misma ciudad oficiales peruanos abrieron fuego sobre una multitud de chilenos que se habían reunido a curiosear en una pelea callejera de borrachos, dejando varios muertos.

Aunque los historiadores peruanos se resisten tercamente a aceptarlo, hay un hecho muy particular sobre el desarrollo de las relaciones chileno-bolivianas y la intromisión peruana en el conflicto. Se trata de la adquisición de los blindados "Cochrane" y "Blanco Encalada" que Chile había iniciado a propósito de una gestión relacionada con la Guerra contra España y que, como veremos, estuvo detenida largo tiempo por la imposibilidad británica de abastecer militarmente a una nación en estado bélico, según las normas de neutralidad, y luego por la falta de interés de propio gobierno chileno. Cabe recordar que durante los primeros intentos chilenos de 1866 por ampliar la flota para enfrentar la guerra, Perú, el supuesto "aliado", intentó hacer gestiones para boicotear estas compras.

Las actividades de adquisición de los blindados tuvieron un eventual reinicio en febrero de 1868, ocasión en la que el agente chileno, Alberto Blest Gana, envió nota al ministro peruano ante la corte británica, Teniente Coronel Jara Almonte. Esto echa por tierra la leyenda de la conspiración chileno-británica de los buques adquiridos "secretamente" por Chile con miras a provocar una guerra.

Recordemos que estos hechos tenían lugar sólo dos años después de la onerosa ayuda dada por Chile al Perú en el conflicto con España, que costara además la destrucción de su principal puerto. Era, por lo tanto, la prueba más terrible y patética de ingratitud que los ilusos americanistas sólo creían posible en sus pesadillas, y de la presencia del histórico sentimiento antichileno peruano manifestándose con fuerza ya en aquellos años.

Al notificarse a Lima esta gestión de compra por su representante Jara Almonte, el 31 de agosto, otro hecho sorprendente viene a revelarnos la actitud temeraria que el Perú había comenzado a fraguar prematuramente, con respecto a su histórica competencia con Chile. El agente recibe, inmediatamente, órdenes desde su Gobierno para protestar ante el Gobierno británico -pretendiendo que los representantes chilenos no se enteraran de ello- y, con grosero descaro, alegó a Lord Stanley que Perú y Chile estaban en guerra o, cuanto menos, al borde de una, por lo que exigía continuar con la postergación de la entrega de los blindados como lo requiere la sana y estricta política de neutralidad.

Confidencialmente, este incidente se puso en conocimiento del Oficial Mayor de la Cancillería de Chile, don Abdón Cifuentes, quien insistió al Ejecutivo en la urgente aceleración de la compra, temiendo proféticamente una Alianza del Perú y Bolivia, además de prever que la agresividad de Lima contra Chile iría aumentando vertiginosamente. Sin embargo, el mandatario José Joaquín Pérez, imbuido aún en los aromas de la cepa americanista, descartó la idea aludiendo a la falta de presupuesto, a pesar de que contaba con todas las condiciones internacionalmente admisibles para poder armar al país, postergándola por otros tres años más y dando al Perú un tiempo valiosísimo para adoptar un actitud definitiva en el asunto.

En síntesis, la noticia de la compra de los blindados había caído como una catarata de agua fría sobre el Presidente José Balta (1868-1872) y los suyos, pues ponía en peligro seriamente la ansiada primacía militar del Perú en el continente americano. Esto desató una estampida de medidas de emergencia e intentos por acelerar proyectos comerciales. Ciento treinta años más tarde, hemos vuelto a ver similar actitud del Perú, a través del Presidente Alejandro Toledo, al ofrecer planes de "homologación militar" e intentar frustrar renovaciones de material bélico chileno respondiendo a las presiones contra su Gobierno de parte de sectores de ultraderecha y estrategas castrenses, justamente para poder mantener el liderazgo armamentístico peruano en la región del Pacífico Sur.

El sagaz ministro Cifuentes -alertado por los preocupantes informes del jefe de la legación chilena en Lima, don Joaquín Godoy, sobre el clima confrontacional que crecía en el Perú- lograría convencer a La Moneda de restaurar la adquisición tres largos años más tarde, en 1871, una vez que Federico Errázuriz Zañartu llegara al poder.

Se recordará que esta nueva administración, además, creó por ley del 2 de diciembre de 1871 el Ministerio de Relaciones Exteriores, que hasta entonces era una pequeña oficina dependiente del Ministerio de Interior, precisamente para poder atender con eficiencia los problemas generados por las cuestiones de Atacama y la Patagonia oriental, con Bolivia y Argentina respectivamente.

Para fortuna de Chile, se colocó en esta secretaría al ilustre Ministro Adolfo Ibáñez Gutiérrez, uno de los pilares del patriotismo civil en la historia de Chile y una de las pocas mentes completamente lúcidas y amplias que registra la clase política chilena.

Nuevos contratos de Lima con Dreyfus. Hipoteca del guano

La actitud peruana ni siquiera fue apaciguada por la enorme asistencia dada por Chile al Perú tras el terremoto que asoló sus costas, el 13 de mayo de 1868. El pueblo chileno envió de inmediato grandes embarques de ayuda solidaria, pero esto no fue más que un pequeño recreo al ambiente de desconfianza y odiosidad.

En aquel entonces, Lima se encontraba negociando la construcción de los ferrocarriles en su territorio. El Presidente Balta llamó a concurso el proyecto, tomándolo la Casa de Augusto Dreyfus & Hermanos y la compañía de don Enrique Meiggs, en contra del deseo de su Ministro García Calderón, radical opositor a los contratos con Dreyfus.

Sin embargo, veremos que fue precisamente en aquellos años que el guano comenzó a bajar peligrosamente sus reservas en las covaderas donde operaba la compañía, dañando gravemente las expectativas que la licitación que se habían presentado en 1860, ganada por don Augusto Dreyfus, y los créditos que se habían prometido, poniendo el interés peruano en acaparar la totalidad del negocio salitrero cuyo principal competidor era, precisamente, el capital chileno en los desiertos.

Se dice que, ya entonces, muchos opositores al contrato con Dreyfus fueron capaces de levantarse advirtiendo sobre los peligros y las negras expectativas. Estre habría sido en parte el origen del posterior apoyo a la Presidencia de mariano Ignacio Pardo. Con respecto de este punto y a su cruce con la cuestión del aliancismo antichileno, en una conferencia dictada el 21 de agosto de 1898 recién vuelto a su patria desde Europa, el poeta y escritor anarquista peruano Manuel González Prada, diría:

"No contemos con el Civilismo de 1872, con ese núcleo de consignatarios reunidos y juramentados para reaccionar contra Dreyfus. Los corifeos del Partido Civil fueron simples negociantes con disfraz de políticos, desde los banqueros que a fuerza de emisiones fraudulentas convirtieron en billete depreciado el oro de la nación hasta los cañavereros o barones chinos que transformaron en jugo sacarino la sangre de los desventurados coolíes. La parte sana del Civilismo, la juventud que había seguido a Pardo, animada por un anhelo de reformas liberales, se corrompió en contacto con los malos elementos o, segregándose a tiempo, vivió definitivamente alejada de la política".

"Pardo incurrió en graves errores económicos renovando el sistema de empréstitos y adelantos sobre el guano, sistema que él mismo había combatido; pero sufría los efectos de causas creadas por sus antecesores, luchaba con resistencias superiores a sus fuerzas; se veía encerrado en estrecho círculo de hierro. Se comete, pues, una grave injusticia cuando se le atribuye toda la culpa en la bancarrota nacional, iniciada por Castilla, continuada por Echenique y casi rematada por el Ministro Piérola con el contrato Dreyfus".

"Sobre el Civilismo gravita una responsabilidad menos eludible que la bancarrota; dándose un nombre que implicaba el reto a una clase social, partiendo en guerra contra los militares, olvidó que si las capas inferiores de la Tierra descansan en el granito, las sociedades nuevas se apoyan en el hierro. Este olvido contribuyó eficazmente a nuestro descalabro en la última guerra exterior. Chile tuvo la inmensa ventaja de combatir, en el mar contra buques viejos y mal artillados, en tierra contra pelotones de reclutas a órdenes de militares bisoños, cuando no de comerciantes, doctores o hacendados. Castilla, soldado sin educación ni saber pero inteligente y avisado, comprendió muy bien que al Perú le convenía ser potencia marítima. Cuando los chilenos construyan un buque de guerra, decía, nosotros debemos construir dos. Pardo prefirió las alianzas dudosas y problemáticas a la fuerza real de los cañones, y solía repetir con una ligereza indigna de su gran suspicacia: Mis dos blindados son Bolivia y la República Argentina. Con todo, puede también disculpársele de no haber aumentado nuestra marina: tuvo que malgastar en combatir contra Piérola el oro que debió invertir en buques de guerra".

Vale recordar, a pesar de todo, que la Casa Dreyfus y Meiggs conocían la capacidad de trabajo y la fortaleza de los chilenos en las guaneras, y por ello contrataron trabajadores de esta nacionalidad para la mano de obra, menospreciando la capacidad del elemento humano peruano. Como veremos, esta decisión fue causa y excusa de nuevas agresiones y nuevos sentimientos antichilenos, como el caso de José Gamboa, que en abril de 1872 fue asesinado a tiros por soldados peruanos mientras era conducido de La Noria a Iquique, en un fusilamiento absolutamente ilegal.

Como se recordará, la Casa Dreyfus era la misma firma que había establecido un millonario contrato con el Estado del Perú para la explotación del guano en Tarapacá. Sin embargo, hacia fines de la década y principios de los 70's, comenzó a cundir la inquietud de los inversionistas por el progresivo decaimiento de la producción de las covaderas, definitivamente sobrexplotadas y sobre las cuales el Perú había otorgado créditos excesivos.

Una gran cantidad de negocios estaban ligados al guano, por lo que preocupación de los inversionistas no era injustificada. Tanto los ferrocarriles como los servicios portuarios en la región, dependían directamente de la prosperidad de las covaderas, sin contar con los innumerables poblados y campamentos que habían ido surgiendo en torno a los sectores donde se desarrollaba esta actividad. A diferencia de su competidor el salitre, que se encontraba en sectores de Tarapacá poco conocidos y de difícil acceso, el guano estaba en las costas, junto a los mismos fondeaderos, lo que resultaba favorablemente cómodo para la extracción y el embarque.

En sólo cuatro años, de 1865 a 1869, Perú había debido solicitar otros siete empréstitos, por un valor total de 36.763.000 de soles, ascendiendo su deuda pública a $60.816.302. Pero no bastaron: al iniciarse la década siguiente, el Ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, por encargo del Presidente Balta, debió solicitar en París un nuevo empréstito de 298 millones de francos (19 de mayo de 1870) y otro en Londres por 15 millones de libras esterlinas (7 de junio de 1870).

Sin embargo, en una acción comparable sólo a intentar apagar el fuego con gasolina, debido a la carencia de recursos explotables se garantizaron los préstamos hipotecando las covaderas y prometiendo en consignación de deuda el equivalente a dos millones de toneladas de guano, a 38 soles la tonelada. Parte de este dinero se utilizó para pagar la contratación de la Casa Dreyfus y la compañía de don Enrique Meiggs en la construcción de las líneas ferroviarias ya mencionadas.

En cambio, por esos días el salitre sustituía rápidamente la fiebre del guano y las expectativas de riquezas depositadas sobre las covaderas. Es por eso que Balta, el día 30 de noviembre de 1868, había decretado un impuesto de 4 centavos de sol por quintal exportado, agregando que todas las calicheras no reclamadas ni explotadas pasaban a reserva exclusiva del Estado para las faenas de comercialización del salitre. Los primeros afectados con estas medidas fueron los chilenos, que constituían la mayor parte de la fuerza de trabajo y comercio en las salitreras de los desiertos. Tal fue el caso de los Gallo. En Europa se llamaba indistintamente como "salitre chileno" a todo el nitrato producido en los desiertos. Es evidente que la medida tenía, por lo tanto, el objetivo de arrebatarle a los chilenos la presencia en el negocio.

Sin embargo, era tal el desorden y la precariedad de la hacienda peruana, que el Gobierno se vio en la necesidad de estar acordando mecanismos fraudulentos con los empresarios del guano y a costa de los compradores de bonos, adelantándoles dinero a los consignatarios y descontándolos de las ventas a través de procedimientos irregulares.

Bolivia inconforme con Tratado de 1866. La demarcación Pissis-Mujía

Mientras tanto, lo que podría haber sido una simple y sana envidia entre naciones, desde el lado boliviano hacia Chile (afectados emocionalmente por ver cómo las inversiones chilenas operaban tan positivamente en el territorio que les pertenecía desde 1866), ésta fue mutando hacia un odio antichileno que comenzaría a tener sus primeros efectos es actitudes abusivas de parte de autoridades y uniformados bolivianos contra la comunidad chilena, similares a las que ofrecían por entonces también los peruanos, lo que a su vez generó fuertes sentimientos independentistas que clamaban la reincorporación del territorio de Antofagasta a la soberanía chilena.

La actividad salitrera experimentó, en tanto, una creciente utilidad, favorecida por las condiciones de paz, y creó intereses de nuevos inversionistas en la zona, a pesar de que la Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama tenía derechos exclusivos. Melgarejo había extendido en 1868 estos contratos de exclusividad con la Sociedad, con la condición de que ésta construyera el camino de 30 leguas de la costa al interior de Antofagasta, a cambio de 10 mil pesos. El monopolio salitrero de esta empresa en Atacama comenzó a incomodar no sólo a los bolivianos, sino también a los peruanos, ante el peso que tenía como su principal competencia.

Esta exclusividad fue causal de protestas en Bolivia a partir de 1870, pero nunca se pensó que tales descontentos pudiesen pasar a mayores, y menos que llegasen a arribar en la revisión del Tratado de 1866. Veremos, sin embargo, que cobrarían especial relevancia después de la caída del dictador boliviano.

Una carta del ministro boliviano Mariano Baptista, firmada en febrero de 1874 y dirigida a un diplomático peruano, declaraba su deseo de pasar por encima de los derechos jurídicos de las naciones con estas palabras que reflejan perfectamente el sentimiento que animaba a las autoridades altiplánicas en aquellos años, tentados por las riquezas del despoblado que ahora compartían con Chile y reflejando, de paso, el nulo deseo boliviano de respaldarse en auténticos derechos territoriales para sus pretensiones sobre el mismo (los destacados son nuestros):

Sería simplista afirmar que el fracaso de Tratado de 1866 se debió única y exclusivamente a la violación directa de una de las partes. La verdad es que generó una seguidilla de inconvenientes y dificultades de interpretación. Sin embargo, la realidad histórica acusa ampliamente que Bolivia, en su interés de mantener un control único de estos territorios que consideraba suyos, obró perturbando completamente la aplicación del tratado, conciente de las dificultades que de él derivaban.

Desde su llegada a Bolivia, en 1867, para garantizar las labores de condominio y demarcación pendiente, el representante Sotomayor contempló asombrado la postración moral y social boliviana que afectaba entonces a las altas esferas del Gobierno y al propio dictador Melgarejo.

Nada positivo logró anticipar para los tiempos inmediatos, y acertó: poco después, la cancillería altiplánica otorgaba al ciudadano brasileño López Gama una amplia concesión de explotación de guano, con características de exclusividad superpuestas a las otorgadas por Chile con ajuste al condominio territorial, que casi hacen fracasar su misión. En nota a La Moneda del 23 de diciembre de 1868, Sotomayor escribe:

Por todo el año siguiente, la misión de Sotomayor sólo se encargó de construir y alimentar la ilusión de que, fijando la demarcación definitiva del límite norte, las controversias llegarían, finalmente, a su ocaso.

En marzo de 1869, la Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama, creada por José Santos Ossa y Francisco Puelma, fue refundada gracias al aporte de capitales de los empresarios Agustín Edwards y Williams Gibbs, pasando a llamarse Melbourne, Clark & Cía., la futura Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. La presencia de Gibbs como asociado y la de Jorge Hicks en la dirección de la Melbourne, Clark & Cía., ha permitido a los historiadores peruanos y bolivianos exagerar hasta los cielos su influencia dentro de la sociedad, para sentar el mito de los intereses ingleses defendidos por Chile al estallar la Guerra del Pacífico.

En diciembre de 1869, fue notificado por Bolivia de la designación de un comisionado para cumplir con la fijación de límites establecida en el Tratado de 1866. Se trataba de don Juan Mariano Mujía, con quien debía establecer la demarcación de la frontera acordada con hitos visibles desde la distancia. Se llamó, entonces, al experto geógrafo y topógrafo francés Amador Pissis, quien se puso al servicio de La Moneda el 16 de enero de 1870. Se notificó a Bolivia el día 21, y para el 10 de febrero de 1870, Pissis y Mujía canjeaban credenciales iniciando las labores demarcatorias.

Las actividades tuvieron algunas dificultades, según confiesan los demarcadores en sus actas:

• El hito costero del paralelo 24º no encontró un terreno apto para su colocación, pues en la zona sólo hay arrecifes bajos y poco distinguibles, por lo que ambos comisionados convinieron en colocarlo en una punta más al Norte, de unos 20 metros, situada específicamente en el paralelo 23º 58' 11''. Partiendo de isla del Nido hacia el interior, el paralelo debía llegar hasta la cordillera. Los comisionados lo fijaron pasando por Morro Jorgillo, quebrada de Mateo, salitrera de Agua Dulce y culminando en volcán Apagado-Pulgar.

• El paralelo 23º de Mejillones se fijó con precisión, ya que las costas están bordeadas por amplios y visibles altos que en nuestros días siguen atrayendo la atención de geólogos internacionales. Continuaba al Oriente por el mineral de Chacaya, la Punta de Candamo, el pueblo de Mejillones, el puente del río Miscanti, la cumbre de Limón Verde, la capilla del pueblo de Calama, el volcán Licancabur y, finalmente, el Tonar.

• Se culminó trazando el paralelo 25º desde un punto a 118 metros de la casa del establecimiento de Paposo, continuando por la quebrada de Yumbe, la de Atacama, el cerro del Desierto, el portezuelo de quebrada San Pedro y finalmente el volcán Llullaillaco.

Los paralelos, de este modo, corrían hasta rematar en los accidentes y puntos geográficos más visibles de Los Andes, aún cuando se intentó establecer la divisoria de aguas como principio, cosa que fue imposible por los caprichos de la propia naturaleza, como lo hiciera ver años más tarde un estudio del ingeniero Alejandro Bertrand. La división de aguas del Pacífico con las del Atlántico resulta ilusoria en este tramo de la cordillera andina, entre otras cosas, porque el Lago Titicaca y la pampa Aullagas son sistemas hídricos autónomos e independientes, que desaguan en el salar de Coipasa, a 3.700 metros sobre el nivel del mar e inconexos de todo océano. Ante esta necesidad, los comisionados resolvieron demarcar sobre las más altas cumbres visibles.

Aunque sólo se logró cartografiar sin gran precisión el acuerdo, Pissis y Mujía suscribieron el informe de actas en Taltal el 11 de mayo de 1870, llegando a Santiago una semana más tarde.

Todo este esfuerzo, sin embargo, iba a estrellarse con una nueva ofensiva altiplánica que se empeñó en desconocerlo a toda costa.

Camino al rompimiento: codicia boliviana por mina de Caracoles

No terminaba de firmarse la demarcación de Pissis y Mujía, cuando el 25 de marzo de 1870 una expedición chilena organizada por el intrépido explorador de Mejillones y Sierra Gorda, don José Díaz Gana, da con enormes reservas de plata en un mineral al interior del despoblado, llamado Caracoles.

El capricho del destino había colocado esta mina apenas a 3' al Sur del paralelo 23º y a escasa distancia del límite internacional cordillerano, que acababa de ser demarcado por los comisionados. Esta ubicación obligaba a considerarlo dentro del territorio en condominio, por lo que sus riquezas debían ser compartidas entre ambas naciones. Como veremos, sin embargo, se desató de inmediato la codicia y la ambición boliviana, cuyas autoridades -acostumbradas a sentarse en cuanto acuerdo o firma suscribían- comenzaron a idear alguna forma de correr el límite cordillerano para poder exigir la exclusividad de las riquezas y sacarla de la repartición.

Los problemas derivados de la mala administración de Melgarejo, sumados a la decadencia moral de la clase política boliviana, comenzaron a hacer mirar con cada vez mayores resquemores al tirano, generando afanes golpistas que estaban próximos a hacer erupción en aquellos días.

Sin embargo, la mayor parte del pueblo y la dirigencia boliviana, mal informada y en una situación cultural penosa, con analfabetismo poblacional superior al 90% y casi sin diarios que informaran en las provincias, atribuyó la crisis del país no sólo a la persona del dictador, sino particularmente a su obra estrella: el "oprobioso" acuerdo con Chile, materializado en el Tratado de 1866 que, en rigor, había sido realmente un gran progreso y acercamiento de Bolivia a las riquezas y al espacio litoral que no supieron explotar, distraídos por las crisis internas y la falta de iniciativa generalizada hacia la generación de recursos por la vía del esfuerzo y del sacrificio.

Otro factor que comenzó a hacer llamas en el desierto fue el creciente odio antiboliviano, motivado por los cada vez más frecuentes abusos de las autoridades altiplánicas en contra de la comunidad chilena en salitreras y guaneras. El año de 1871 sería aquél en que se verían algunos de los principales actos de salvajismo, de los que el representante chileno Santiago Lindsay se enteró tan pronto llegó a La Paz informado de ello a Santiago.

En este clima, la cuenta regresiva de Melgarejo en el poder concluyó el 15 de enero de 1871, cuando fue derrocado por Agustín Morales. El nuevo caudillo inició una nueva y tal vez peor etapa de lujuria, inmoralidad y corrupción en la presidencia de Bolivia. Con razón Oscar Espinosa Moraga declararía al respecto:

Cumpliendo con la tradición de los malos gobernantes paceños, Morales sumió aun más a Bolivia en la postración pero, sin abandonar la ambición, canalizó sus esfuerzos en acaparar las riquezas del mineral de Caracoles y conseguir, en segunda instancia, la renuncia chilena a la repartición de ganancias. Para este objetivo, se pone en funciones a la carta secreta de la diplomacia boliviana: Rafael Bustillo. Su misión era conseguir a toda costa el rompimiento con Chile y una situación que favoreciera el fin del condominio.

Sobre lo anterior, una nota del ministro Bustillo (quien tuvo el descaro de definir al brillante canciller chileno Adolfo Ibáñez, como "deficiente" y "sin la debida preparación"), enviada La Paz hacia 1871, se lee esta sorprendente confirmación de las afirmaciones que acusan a Bolivia de haber hecho fracasar intencionalmente el Tratado de 1866 (los destacados son nuestros):

"Las negociaciones con Chile, si tienen éxito, pueden, pues, conducirnos a grandes resultados; si no lo tienen, si todos nuestros afanes se estrellan en la desconfianza y recelos de aquel gabinete, en su espíritu egoísta, sabremos ya a qué atenernos y el gobierno arreglará sus medidas sobre este interesante litoral, teniendo en cuenta las tristes y ominosas condiciones en que lo ha colocado el Tratado de Límites con la maldita participación de los productos del territorio".

Esta comunicación fue dada a conocer casi cuarenta años después de haber sido emitida, al aparecer en un archivo particular de Sucre, invitando a una observación desde otra interesante perspectiva sobre lo que en realidad fueron los conflictos derivados del Tratado de 1866, y cómo Bolivia los manejaba en favor de las condiciones que le serían satisfactorias poco después, con un nuevo tratado.

Bolivia busca revisar acuerdos. Violación de Actas Pissis-Mujía

Rápidamente, se notó el efecto de la nueva política altiplanica de sesgo nacionalista, sobre los compromisos de 1866. La Asamblea boliviana declaró nulos los acuerdos de Melgarejo, por considerarlos nocivos y fuera de la responsabilidad del Estado, especialmente el contraído con la Compañía de Salitre y Ferrocarriles de Antofagasta, amenazando con la exigencia de tributos por trabajar en el territorio y revocando todas las concesiones territoriales. Como siempre sucedía cuando el Palacio Quemado rompía su palabra jurada con Chile, la principal excusa para estas medidas también fueron las supuestas pérdidas generadas por calamidades naturales en el territorio.

De advertirse que es una vieja tradición de los países carentes de verdadero sentido de cohesión nacional y de estabilidad gubernamental, el que sus autoridades exijan constantes "revisiones" a los acuerdos, aduciendo que tales tratados o pactos son responsabilidad de quienes los firmaron y no un compromiso de orden nacional. Lamentablemente, esta costumbre parece estar muy arraigada en los tres países del entorno de Chile país que, por el contrario, ha basado sus relaciones internacionales precisamente en el cumplimiento ciego de los acuerdos y los tratados.

Sin embargo, el Tratado de 1866 seguía vigente a pesar de la caída de Melgarejo. A medidos de 1871, Bolivia se comprometió a depositar en el Banco Edwards y luego en el Banco Inglés, la suma de $5.000 que correspondían al dinero chileno por concepto de repartición de ganancias de Mejillones. La verdad es que el monto de entradas se calculaba en $100.000, pero, interesado en iniciar de una buena vez la repartición pendiente y sobre todo el reconocimiento de hecho al derecho chileno al condominio, Lindsay aceptó la pequeña suma de dinero.

Luego de algunos intercambios diplomáticos, la Cancillería de Bolivia accedió a hacer una declaración oficial en la que se comprometía a no perjudicar a la Melbourne, Clark & Cía., para entonces ya denominada Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, pero sin reponer la exclusividad, razón por la que la firma consideró dañino a sus intereses este viso de acuerdo, dado que la construcción del camino de Antofagasta le había costado un desembolso de dinero que no le garantizó los derechos que Melgarejo le había asegurado.

La nueva sorpresa vino, sin embargo, los días 24 de junio y 3 de julio de 1871, cuando el Ministro Corral manifestó a Santiago Lindsay sus reparos al condominio y solicitó antecedentes para modificar el régimen de impuestos en el paralelo 23º. Todos los esfuerzos de años por llegar a una demarcación y una solución definitiva para la frontera chileno-peruana, comenzaban a derrumbarse.

Adolfo Ibáñez comprendió hacia donde marchaba el asunto y previó claramente que Bolivia preparaba la violación del tratado. El 15 de junio, respondió a las observaciones de Corral, recordando al Gobierno altiplánico que había sido el descubrimiento del mineral de Caracoles aquel que precipitó el desconocimiento del sistema jurídico pactado y del deslinde cordillerano en el 23º, además del intento de Mujía por presentar, en 1870, un cambio al mismo peritaje demarcatorio que él había realizado un año antes.

El Ministro Corral se comprometió a responder después de someter el asunto a la Asamblea del 6 de agosto de 1871. Este período coincidía con el final del Gobierno de José Joaquín Pérez y la llegada a La Moneda de Errázuriz Zañartu, en septiembre de 1871, mientras Chile se encontraba en el más absoluto y evidente aislamiento regional, en gran medida debido a los problemas limítrofes sostenidos no sólo con Bolivia, sino también con Argentina por la cuestión de la Patagonia oriental.

El 15 de abril de 1872, y en respuesta a una nota de marzo del ministro Adolfo Ibáñez para regular la repartición de ganancias en la zona de condominio, el Ministro Bustillo desconoció en nombre de Bolivia la demarcación Pissis-Mujía, alegando que no había sido aprobada y que era necesaria, por lo tanto, una nueva ejecución demarcatoria de los paralelos 23º, 24º y 25º. Evidenciando sin escrúpulos que el interés boliviano se concentraba ahora en la mina de plata de Caracoles, declaró que ésta se conformaba de varias vetas que no estaban en su totalidad dentro del área de condominio, sino también fuera de ella, pues aseguraba que el límite oriental pasaba por el meridiano 71º 41'' longitud Oeste del de París. Y, por si fuera poco, se opuso a la presencia chilena en la ciudad Antofagasta (fundada por chilenos y habitada casi enteramente por ellos), señalando que sólo podía circunscribirse a la península Mejillones.

Aunque era claro que Bolivia estaba intentado violar y desconocer el Tratado de 1866, bajo la excusa de no reconocer las precisiones de la demarcación Pissis-Mujía, el 25 de abril siguiente el ministro Ibáñez aceptó la realización de nuevas mediciones geodésicas, con la intención de desmentir las afirmaciones de Bustillo. Mientras, secretamente, los bolivianos continuaron operaciones irregulares en el territorio, destinadas a evadir las obligaciones del condominio. Aunque este detalle no lo conocía, Ibáñez advirtió a Bustillo del peligro que podría arrastrar su posición de desacato al acuerdo, pues un tratado que es intencionalmente desconocido se puede considerar disuelto y la parte demandante puede exigir la restitución de la situación previa a la firma del mismo. Fue preciso, sin embargo, en recordarle que el límite oriental era la cordillera de Los Andes y no otro.

Pero Bustillo, en lugar de ofuscarse, envió una nueva nota el 16 de mayo, donde propuso arreglar el diferendo liberando los derechos de exportación de minerales extraídos entre los paralelos 23º y 24º. Ibáñez respondió el día 23, haciendo ver las debilidades de la propuesta y la necesidad de hacer algunas precisiones.

Un hecho que ilustra perfectamente la visible posición chilena de aquellos días en contraste con la del Altiplano -contrariamente a lo que hoy afirman autores bolivianos con referencia a este período-, lo representa una nota del propio Bustillo dirigida al Presidente Morales, también en mayo de 1872, donde dice el representante boliviano al Palacio Quemado (los destacados son nuestros):

Incidente del "Paquete de los Vilos". El oportunismo político altiplánico

Contrariamente a lo que alegan peruanos y bolivianos en nuestros días, la migración de aquellos años no estaba representada sólo por chilenos que viajaban por motivos económicos a Tarapacá y Atacama, sino también por un fuerte movimiento de personas de esos países hacia Chile, principalmente por motivos políticos. En este grupo de exiliados y refugiados, se encontraban en Chile varios bolivianos amigos y simpatizantes del derrocado Melgarejo, muchos de ellos arrancados con lo puesto desde el mismo día del ascenso de Morales. Entre tales, se encontraba el General Quintín Quevedo, quien había sido un asesor directo de Melgarejo y, negándose a aceptar la decrepitud y la decadencia del ex dictador, abrigaba con singular entusiasmo la ilusión de que éste algún día recuperara la presidencia.

Al poco tiempo de llegar a Chile, Quevedo comenzó a organizar secretamente un grupo de rebeldes bolivianos decididos a dar un golpe al Gobierno de Morales, con la intención de reponer al entonces moribundo Melgarejo o a un Gobierno afín. Encontró otro fervoroso aliado en la oscura persona del boliviano Donato Mariano Muñoz, el ex Secretario Universal del caudillo derrocado, ahora exiliado en Chile al igual que Quevedo. La asonada pretendían darla en Mejillones o Cobija, suponiendo que esta aventura iba a provocar un alzamiento generalizado del pueblo boliviano.

Pero esta intentona no prosperó. Quevedo y Muñoz no supieron ser suficientemente discretos entre sus paisanos y la noticia llegó a la Cancillería de Bolivia, en agosto de 1871, motivando una advertencia de parte del ministro Bustillo a Chile. Inmediatamente, las autoridades chilenas desbarataron cualquier indicio siquiera de la tentativa revolucionaria, antes de terminado el mes.

Quevedo no se rindió y con gran meticulosidad, organizó una segunda expedición que debía salir desde Valparaíso en noviembre siguiente. Para infortunio del revolucionario, Bustillo también anticipó esta nueva intentona y pidió a Chile una investigación destinada a frenarla. Siguiendo los datos entregados por el Ministro altiplánico, el 18 de noviembre, el Intendente Francisco Echaurren Huidobro y sus hombres descubren dentro del vapor "Tomé", al mando del capitán Mac Iver, más de 100 ex soldados bolivianos armados con 40 rifles y varias municiones, que iban con destino a Antofagasta haciéndose pasar por pasajeros. Todos fueron pasados al tribunal y el vapor fue retenido.

Pero la obstinación de Quevedo no cesó. En julio de 1872, tenía lista otra expedición a la espera de la orden de salida. Los agentes bolivianos se enteraron del plan e informaron al Cónsul del Perú y viceprefecto de Cobija, S. Salmon, quien oficiaba también como encargado consular de Bolivia y se hallaba en Valparaíso. La noticia llegó a la autoridades de Cobija.

El día 31 de julio, Salmon daba aviso de una nueva intentona de los melgarejistas, esta vez a bordo de la nave "Paquete de los Vilos". Esto motivó a las autoridades chilenas a abordar la nave pretendiendo encontrar a los revolucionarios, pero dos fracasos consecutivos habían enseñado a Quevedo a tomar precauciones. No se encontró nada sospechoso entre los 20 pasajeros de primera, segunda y cubierta, totalmente desarmados. La Intendencia de Valparaíso notificó a Salmon de los resultados de la inspección, hecha por el entonces gobernador marítimo Patricio Lynch en altas horas nocturnas, y ofreció detener formalmente la nave para que designara un delegado responsable en el caso. Esta acción era formalmente necesaria para poder detener la nave sin tener pruebas de lo que se conjeturaba sobre su carga. Mas se consideró prescindible cuando el representante se negó a tal posibilidad, declarando por nota que estaba "satisfecho de lo obrado".

Lamentablemente, nadie sabía que Quevedo y Muñoz iban cuidadosamente escondidos dentro de la nave y que el grueso de sus hombres aparentemente no iban a salir sólo desde Valparaíso, sino también desde Los Vilos, en otra embarcación. Todos desembarcaron de las naves "Paquete de los Vilos" y "María Luisa" en Antofagasta, en agosto de 1872. Sumaban un número aproximado de 48 hombres, reducida cantidad que bastó para tomar pacíficamente la ciudad, para entonces siendo aún un pequeño puerto.

Por todos los puntos de vista, la aventura de Quevedo era una ilusión disparatada, fuera de toda posibilidad de éxito y alimentada únicamente por en entusiasmo más que por fundamentos reales. Al salir un destacamento boliviano desde Cobija, como respuesta, Quevedo y sus simpatizantes debieron huir como la aves al tronar de un disparo. Refugiándose dentro de los remolcadores "Morro" y "López Gama", en su escape chocaron entre sí y casi se hunden, por lo que escaparon hasta la nave chilena "Esmeralda", que se encontraba en la caleta. Su capitán A. Lynch ordenó de inmediato la detención de los rebeldes, culminando así la delirante experiencia. Todas sus armas fueron requisadas.

A pesar de toda la buena voluntad manifestada por Chile para detener los alzados; a pesar de haber aguado las dos primeras intentonas y tratar de frenar la tercera; a pesar de la oportunidad que se le dio al Ministro Salmon para involucrarse en la inspección; a pesar de la detención de Quevedo por los propios chilenos; a pesar de que las armas con que fueron derrotados los alzados habían sido enviadas desde Valparaíso; y a pesar de todas las muestras del Gobierno de Chile demostrando estar completamente ajeno a la asonada, los representantes peruano y boliviano se apresuraron a sacar dividendos políticos culpando inmediatamente a Chile de haber fraguado la intentona, convicción ridícula y patriotera que aún se mantiene en nuestros días en la historiografía oficial de ambos países.

Hemos visto que, desde la designación del ministro Bustillo como representante altiplánico, Bolivia sólo buscaba reformular las bases del Tratado de 1866. Chile tomó precauciones enviando hasta allá a don Santiago Lindsay, en mayo de 1872. Por esto, tan pronto se supo de lo sucedido en Antofagasta, el ministro altiplánico Bustillo sacó total partido al hecho en favor de su interés que ya hemos tratado, para producir una situación de eventual quiebre que forzara a Chile a renunciar a la repartición de ganancias establecida en 1866, nuevamente en favor de la paz y de la mantención de las relaciones. Si las condiciones ofrecidas por Chile no se daban, Bolivia se acogía a la autorización a declarar la guerra que tenía promulgada desde 1863 y junto a la cual había intentado obtener una Alianza con el Perú, que no prosperó entonces.

Es este escenario, la cantinflada de Quevedo caía como anillo al dedo al interés no sólo de Bolivia, sino también del Perú, pues una declaración de guerra boliviana a Chile significaría otra postergación de la construcción de los blindados por parte de los astilleros ingleses, obligados a acatar las reglas de neutralidad y dejando a los chilenos fuera de capacidad de respuesta ante las aspiraciones peruanas para recuperar su predominio militar y comercial en el océano, con miras al desplazamiento del capital chileno en la industria salitrera. Con este objeto, el agresivo Ministro boliviano en Chile dirigió a la Cancillería un violento oficio donde ruge:

Ibáñez se limitó a contestar calmadamente a Bustillo, recordándole la larga lista de precauciones y medidas preventivas que el Gobierno de Chile había tomado tras cada una de las notas de advertencia enviadas por los representantes bolivianos.

Por su parte, en nota del 10 de agosto, el apacible Intendente Echaurren intentaba llamar a la cordura al representante altiplánico recordándole:

Pero Bustillo carecía del altruismo y de la mesura del Intendente. No contento con emitir tan graves e infundadas acusaciones en un extenso "informe" -donde abundaban pasajes extravagantes y literarios dignos de una novela policial, pero no se veía cerca ninguna prueba-, arremetió en otra nota contra el propio Echaurren, el mismo que tan buena voluntad puso en intentar detener las conspiraciones y actuar en cada uno de los avisos dados por el propio Bustillo. Ante tales infamias, el Gobierno de Chile exigió al Ministro retirar sus expresiones ofensivas. Bustillo se limitó a devolver la nota sin abrirla. Acto seguido, se cortaban las relaciones diplomáticas entre ambos países. El 25 de agosto, Ibáñez le enviaba una última nota:

A pesar de que una verdadera avalancha de críticas cayó sobre el ministro boliviano en su propio país por su precipitación -pues muchos advirtieron el plan beligerante representado por Bustillo-, hoy en día sus compatriotas ponen como ejemplo de firmeza el haber roto las relaciones con Chile producto de meras especulaciones y desvaríos inverificables. La verdad, sin embargo, es que en Lima el ministro Riva Agüero y el representante boliviano, Juan de la Cruz Benavente, confesaron que las conjeturas de Bustillo para acusar a los chilenos eran en realidad "indemostrables". Esto jamás es mencionado entre autores bolivianos.

Por su parte, las autoridades peruanas -ni cortas ni perezosas-, tampoco dejaron pasar la oportunidad a nivel diplomático para intentar complicar más aún la situación entre Chile y Bolivia. Enviaron de inmediato al "Huáscar" y al "Chalaco" para hacer alardes de audacia con su súbita presencia frente a Antofagasta y emitieron un insólito oficio desde su Cancillería, enviado al representante chileno, el 20 de noviembre, donde Torre Tagle declaraba con todo descaro -y en tono de amenaza- su interés por consolidar una alianza con Bolivia buscando excusa en el incidente de Quevedo (los destacados son nuestros):

Siguiendo una línea de ignorancia y exaltación irresponsable de sentimientos patrioteros y antichilenos, innumerables autores bolivianos y peruanos comenzaron de inmediato la producción de documentos donde culpan directamente a Chile de la aventura de Quevedo, afirmación que se ha mantenido en nuestros días para justificar la condenable posterior actitud que ambas naciones ofrecieron al acercarse contra Chile, precisamente, bajo la excusa del incidente del "Paquete de los Vilos", quitándole importancia al hecho central de la política peruana de aquellos días: el plan de monopolización del salitre y la firma de la Alianza de guerra con Bolivia.

Superchería histórica perú-boliviana sobre incidente de 1872

Gilberto Harris Bucher ha abordado con amplitud este tema en más de una ocasión, demostrando al detalle la falta de rigurosidad y honestidad de parte los historiadores obsesionados con culpar a Chile de lo sucedido con Quevedo y su expedición.

No son pocos estos autores en Perú y Bolivia. En "La Guerra del Pacífico" y "Guano, Salitre y Sangre", por ejemplo, el boliviano Roberto Querejazu Calvo alega que la miserable intentona fue financiada por "capitalistas chilenos", como Nicomedes Ossa (vinculado a Quevedo por ser conocidos entre sí), y apoyada por el presidente Errázuriz Zañartu, el Canciller Ibáñez Gutiérrez y el Intendente Echaurren Huidobro. El boliviano Velentín Abecia, en su "Historia de las Relaciones Diplomáticas de Bolivia", propone que Chile financió a Quevedo para provocar una guerra civil en Bolivia. El peruano Mariano Paz Soldán, por su parte, también vincula a Nicomedes Ossa con Quevedo en su "Narración Histórica de la Guerra de Chile contra el Perú y Bolivia", señalándolo, además, como "intermediario" entre él y el Presidente Errázuriz, que habrían negociado cesiones territoriales a cambio de apoyar la asonada. ¿Pruebas de la participación de Chile en el complot?... Ninguna, sólo repasos a dimes y diretes de unos y otros, desembocando siempre e invariablemente en las notas de Bustillo en las que no hay fuentes. No existen las pruebas. Todas se encuentran en la imaginación de los narradores.

Quizás por lo anterior, el boliviano Alberto Gutiérrez, en "La Guerra de 1879", dedica más de 20 páginas al asunto, repitiendo constante y sospechosamente que la pretendida complicidad chilena en el asunto era un asunto "definitivamente terminado", con "términos sustanciales", que la "luz lo inunda por completo", que "no podría ser destruida en la hora actual", etc. ¿Es necesario reafirmar tantas veces la pretendida certeza "veracidad" de un hecho si ésta es tan "evidente" como intenta hacer creer el autor?. Y no sólo eso: advirtiendo que la bajísima cantidad de alzados no daba para un intento de revolución militar (menos de 50 hombres), Gutiérrez infla las cifras colocando "114 hombres, 600 fusiles y 40 cajones de munición" como la estructura del grupo rebelde, afirmación que se ha repetido varias veces en autores posteriores.

La cita "estrella" que estos historiadores suelen hacer como prueba, es la del rufián y reconocido traidor antichileno, el ex Coronel Juan L. Muñoz, que declaró, en efecto, contra Chile a propósito de este caso. Sin embargo, su "revelación" no fue en aquellos años, sino en un interrogatorio respondido por carta el 20 de abril de 1879, ya plena Guerra del Pacífico, siete años después del incidente. Si se observa con atención la declaración de Muñoz (que a la sazón había demostrado de sobra y sin rubores su odio a Chile y a la guerra contra Perú), se advierte, sin embargo, que repite taxativamente los detalles de la extensa nota enviada por Bustillo siete años antes a la Intendencia de Valparaíso, especulando sobre los hechos que vinculaban, según él, a las autoridades chilenas con los golpistas. Su único aporte fue presentarse descaradamente como testigo presencial y uno de los protagonistas directos de los hechos, en primera persona, cuando en realidad jamás se habría permitido la participación de un tipo como con su pésima fama en una tarea de tales características y riesgos diplomáticos, de haber existido tal.

Otra "confesión" similar fue ofrecida por uno de los golpistas, Donato Muñoz, y coincide exactamente también con lo dicho en la nota de 1872 de Bustillo y la de Muñoz, pero justo al día siguiente de emitida la de éste último, el 21 de abril de 1879. Lo curioso, sin embargo, es que ni Quevedo ni Muñoz vincularon en se momento a Chile en la gestación del complot, mientras que todas las declaraciones "confirmando" las notas de Bustillo de 1872, sólo aparecerían años más tarde y en plena Guerra del Pacífico, producto de una publicitada campaña disfrazada de "investigación", organizada por el ministro de Bolivia en Lima, don Zoilo Flores, valiéndose de melgarejistas exiliados en Perú y con el objeto de fomentar la adhesión contra Chile, justificando y estimulando el compromiso peruano del Tratado de Alianza Secreta de 1873.

Se recordará, además, que Donato Muñoz era un político de pésima fama y reconocida baja calidad moral, al punto de haber sido definido por su propia mujer como "un ratero". Como parte de su misma participación en aquella campaña de odio antichileno, el ex Ministro no titubeó en hacer, adicionalmente, afirmaciones tan absurdas y delirantes como que el representante chileno Vergara Albano le habría "confesado", en 1866, que Chile se disponía a aceptar el tratado firmado con Bolivia ese mismo año, prometiendo secretamente a La Paz preparar un plan para invadir Arica y entregársela al Altiplano, leyenda que ha gustado enormemente a los más revanchistas autores peruanos. En su obra "Entre el Perú y Chile: la Cuestión de Tacna y Arica", por ejemplo, el peruano Enrique Castro y Oyanguren intenta elevar la figura de este rufián a la de una fuente de plena y demostrada honestidad (los destacados son originales):

"...nos limitamos, a consignar estas líneas, entresacadas de una carta del diplomático boliviano señor Muñoz, quien, narrando las conferencias celebradas por él en La Paz, en su calidad de Ministro de RR. EE. de Bolivia con el Plenipotenciario chileno Vergara Albano, afirma, bajo la fe de su palabra y de su alta investidura, que el representante de Chile le hizo la siguiente proposición: "Que Bolivia consintiera en desprenderse de todo derecho a la zona disputada, desde el paralelo 24, hasta el Sur, o cuando menos hasta Mejillones inclusive, bajo la formal promesa de que CHILE APOYARÍA A BOLIVIA, DEL MODO MÁS EFICAZ PARA LA OCUPACIÓN ARMADA DEL LITORAL PERUANO HASTA EL MORRO DE SAMA, EN COMPENSACIÓN DEL QUE CEDERÍA A CHILE"; en razón de que la única salida natural que Bolivia tenía al Pacífico, ERA EL PUERTO DE ARICA (Carta del Ministro D. Mariano Muñoz a D. Zoilo Flores, Ministro, Plenipotenciario de Bolivia en el Perú)".

"Aquí se ve el primer golpe asestado traidoramente al Perú, ¿Qué le había hecho esta nación a Chile? ¿Por qué tramaba en silencio su desmembración y ruina? El Perú era ajeno a las contiendas que se ventilaban entre esas repúblicas; no tenía parte ni parte en sus diferencias, y, sin embargo, Chile desliza arteramente en los oídos de los hombres públicos bolivianos la idea de ayudarles del modo más eficaz para que se apoderen de nuestro territorio, jamás disputado por bolivianos ni chilenos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién ha sembrado los odios y las desconfianzas en Sud América?; ¿quién es el pueblo que no sólo pugna por apoderarse de lo ajeno, sino que promete a los demás su apoyo decisivo para que también se echen encima de lo que no les pertenece? ¿Cómo podrá justificar Chile esta conducta, ante la conciencia de los hombres honrados?".

Concientes de esta carencia argumental y de que JAMÁS se ha podido demostrar la supuesta oferta de Albano a Muñoz ni la participación chilena en la cantinflada de los melgarejistas, otros autores contemporáneos de Perú y Bolivia -siguiendo las muy mal informadas líneas del historiador aficionado Cástulo Martínez, nacido en Chile pero autodefinido "boliviano de corazón" y miembro de una oscura secta religiosa que no reconoce patria ni nacionalidades fuera de la "Israel del Reino de Cristo"-, a penas consiguen ofrecer como "prueba" de la pretendida la participación chilena en la aventura de Quevedo el hecho de que al arribo de las fuerzas bolivianas en Antofagasta, llegó casi simultáneamente una escuadra chilena a Mejillones y Tocopilla. Como lo destacaría también Harris Bucher en "Inmigrantes y Emigrantes en Chile, 1810-1915", lo que estos escribas ignoran -cegados por la interpretación tendenciosa de los hechos- es que estas naves arribaron allá producto de la nota que el Ministro de Marina enviara al Intendente Echaurren, el 9 de agosto de 1872, comunicándole del desembarco de Quevedo en el puerto nortino y pidiendo la inmediata salida de dos corbetas "en prevención de cualquiera emergencia que de ese suceso pudieran resultar para resguardar en caso necesario los intereses chilenos allí radicados", según se lee en la nota dirigida después por el propio Echaurren al Canciller Ibáñez, el 13 de agosto, disponible en el Apéndice a la Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile de 1872, para herir la terquedad de autores peruanos, bolivianos y todo otro "boliviano de corazón" empeñado en seguir haciendo semejantes afirmaciones ignaras u otros disparates. Esta clase de salidas inspectoras de buques chilenos para evitar abusos o amenazas era, además, de larga data, iniciada en 1852 y continuada hasta las vísperas de la Guerra del Pacífico.

Otro dato significativo que, por supuesto, nunca es abordado por los autores peruanos o bolivianos, es la buena voluntad que también tuvo el Capitán A. Lynch de la "Esmeralda" tras capturar a los alzados, poniéndolos a disposición de las autoridades de Cobija. En su parte del 24 de agosto dice actuar:

"...para hallarse a la expectativa de los hechos en que pueda ser necesario intervenir con el exclusivo objeto de prestar auxilio que soliciten las autoridades (de Bolivia) para poner a salvo a las personas y propiedades contra algún atentado de malhechores".

A pesar de estos gestos, el Prefecto boliviano de Cobija, F. Fernández, tuvo la feroz ingratitud de culpar al capitán chileno de haber firmado una declaración de "simpatía" por Quevedo y por los demás revolucionarios, la que, obviamente, jamás existió y de la que no hay indicio alguno de realidad, salvo en la desatada imaginación de la campaña de ruptura.

Mirando hacia atrás, parece fácil advertir la inocencia del Gobierno de Chile en los acontecimientos del "Paquete de los Vilos". Está, por ejemplo, la nota del 23 de julio de 1872, donde el ministro Ibáñez ordena al intendente Echaurren poner el máximo rigor de la ley ante cualquier actividad boliviana con olor a complot; o las medidas precautorias tomadas en Valparaíso, el 27 de julio, con este mismo propósito; o la nota del Intendente de Coquimbo, M. Orrego, enviada al ministro Ibáñez el 8 de agosto, donde acusa recibo de las órdenes para vigilar cualquier actividad sospechosa del buque; o la orden de Ibáñez al intendente Echaurren dada al día siguiente, para extremar la vigilancia sobre los bolivianos asilados; etc.

Las pruebas a favor de Chile abundan, pero tal como abunda también la infamia de quienes, intencionalmente, las ignoran en favor de justificar decisiones políticas.

Verdadera razón del acercamiento aliado y de la ruptura con Chile

Como parte de su intención de anular todos los compromisos adquiridos durante el gobierno de Melgarejo, desde mediados del año 1872, aproximadamente, Bolivia estaba realizando una verdadera cacería tributaria contra los chilenos de Cobija, cada vez más altos, lo que desató protestas que llegaron a oídos de La Moneda.

Por esta razón, el 14 de septiembre el Canciller Ibáñez ordenó a Lindsay presentar este problema ante el Gobierno de Bolivia. Entre otras cosas, Lindsay había convencido a Corral, el 12 de septiembre, en la próxima firma de un protocolo donde Bolivia se iba a comprometer en reconocer las altas cumbres cordilleranas como límite longitudinal chileno-boliviano y la repartición del salitre, bórax, sulfatos y otros. Este acuerdo se materializaría en el llamado Convenio Lindsay-Corral, de noviembre de ese año. Ese mismo mes, Ibáñez advertía al Gobierno boliviano:

"Todo contrato bilateral, como lo es el de límites, lleva envuelta la condición resolutoria si no se cumple por uno de los contrayentes; de suerte que si Bolivia resiste el cumplimiento de sus obligaciones, aquel contrato debe quedar nulo y sin ningún efecto y volver las cosas al estado que tenían antes de su celebración..."

Lamentablemente, la leyenda tendenciosa de la expedición de Quevedo en el "Paquete de los Vilos" comenzó a ser hábilmente difundida por aquellos días en la sociedad boliviana y peruana, contagiándose paulatinamente del mismo odio y antichilenismo que hacía caudal en la persona de Bustillo. Esto fue fundamental para el súbito enfriamiento de las conversaciones que hasta ese momento se llevaban con Bolivia, y del acercamiento definitivo de esta nación a los brazos del Perú, en momentos en que Lima se veía desesperada por conseguir el monopolio salitrero y la recuperación comercial, antes de la llegada de los blindados chilenos desde Inglaterra.

En de octubre de 1872, Bolivia solicitó a Chile la devolución de la armas de los hombres de Quevedo, acción que Chile prometió para cuando concluyese el juicio contra el filibustero. Curiosamente, el día 8 del mes siguiente, la Asamblea boliviana autorizó al Presidente para firmar una alianza con el Perú "contra toda agresión extraña", declarando la guerra si fuese necesario...

La pregunta nace por sí sola: ¿Con qué objeto se autorizó una Alianza?. La respuesta: los cuerpos diplomáticos de Bolivia y Perú habían iniciado, en el más absoluto secreto, la discusión de las bases de un acuerdo militar de Alianza contra Chile, durante el invierno. Las negociaciones de acercamiento entre ambos países habían comenzado ese mismo año, meses antes de la escaramuza de Quevedo, cuando Perú fue informado del armado de los blindados chilenos en Inglaterra y dirigió notas confidenciales a Bolivia y Argentina, en agosto de 1872. La cuestión del "Paquete de los Vilos" no sería más que una excusa o una fachada para justificar políticamente las intenciones reales de ambos países en proceso aliancista.

De este modo, mientras se discutía con Chile la aplicación del Tratado de 1866, Bolivia buscó dar un golpe diplomático al cobrarle la palabra al Perú, solicitando la firma y compromiso formal para el acuerdo secreto de apoyo bélico. Con este objeto, envió instrucciones urgentes a su agente en Lima, don Juan de la Cruz Benavente, poniéndole como prioridad sacar la firma peruana a la Alianza. Aunque Perú ha tratado por décadas de excusarse a través de sus historiadores por los hechos que estudiaremos, alegando que Bolivia fue quien le "invitó" a la alianza y tomó la iniciativa, la verdad es que Lima acogería con sorprendente entusiasmo la propuesta aquel año de 1872.

Ya hemos visto que la noticia de la compra de blindados produjo en Lima una avalancha de acusaciones contra el "armamentismo chileno", precipitando en gran medida las emociones de que se valieron mutuamente los aliados para la firma de su pacto secreto. Sin embargo, un informe hoy casi desconocido por los textos de historia fue rendido el 11 de noviembre de 1872, por el representante de Perú en Chile, Ignacio Noboa, precisamente para verificar esta situación. En el documento, el representante informa a Lima en los siguientes términos (los destacados son nuestros):

"En un principio el Gobierno del Sr. Coronel Balta se sintió lleno de aprensiones por las apariencias que manifestaban en este Gobierno, un inmoderado deseo de aumentar considerablemente sus armamentos, tanto terrestres como navales; yo mismo concebí iguales juicios y contribuí a acrecentar los recelos del Supremo Gobierno, como parece de algunas comunicaciones mías sobre el particular, que no designo por no tenerlas a mano".

"Más, transcurrido algún tiempo, observé con detenimiento lo que ocurría, ví que se discutía públicamente en las Cámaras acerca de estas adquisiciones, que la prensa divulgaba y que salían comisionados para llevar a cabo las resoluciones sobre compra de armas y adquisición de dos blindados, como había resuelto por el Congreso Nacional".

"No se ocultaba nada concerniente a este punto; los fondos para adquirir los armamentos se habían votado; se mandó levantar un empréstito de $1.800.000 para la construcción de dos blindados y un buque de madera de gran porte, para la navegación del Maule" (detrás de este lapsus, el autor parece referirse aquí, en realidad, a Magallanes).

"Yo he tenido amistad con alguno de los más caracterizados jefes que han marchado en comisión; todos estaban contestes en sus informes; por todo lo cual me he convencido de que ESTE GOBIERNO NO ABRIGA INTENCIONES MALÉVOLAS, QUE SE ARMA EN LA ESTRICTA MEDIDA DE SUS NECESIDADES NACIONALES; QUE YA QUE CAMBIA SUS ARMAS, PROCURA CON SENSATEZ HACERSE DE LAS DE MODERNA INVENCIÓN, Y QUE AL MANDAR A CONSTRUIR DOS BUQUES BLINDADOS, QUE NO PUEDEN ALARMAR AL PERÚ CUYA MARINA ES SUPERIOR BAJO TODOS LOS ASPECTOS, NO SE PROPUSO SINO ATENDER AL DESEO PÚBLICO SIEMPRE SOLICITO porque la nación no esté (como lo está en el día) completamente inerme en los mares y sin poder oponer ninguna resistencia en caso extremo..."

A pesar de contundente evidencia que representa esta nota, veremos que peruanos y bolivianos insisten en afirmar que, en aquella época, Chile estaba sumido en una loca y desenfrenada carrera armamentista, derivada de sus "intereses expansionistas" sobre el territorio de ambas naciones.

El Perú había trepidado en un primer momento, ante el entusiasmo boliviano, por suscribir el pacto. Concientes de la agresiva política demostrada por Bustillo y el interés del Palacio Quemado por desatar un enfrentamiento tan pronto fuese posible, el Presidente Pardo (que tampoco contaba aún con la garantía de la entrada argentina al tratado, como veremos) decidió aplazar la adhesión e intentar resolver primeramente la situación de competencia entre Chile y Bolivia en la industria del salitre, disputa comercial que, a su juicio, amenazaba el éxito de la monopolización calichera. Su prioridad era provocar la ruptura del condominio y del Tratado de 1866, mas no inmediatamente una escalada bélica, que la razón sugería dejar como alternativa última.

Pero, sin poder eludir el compromiso de recibir a la misión boliviana destinada a dialogar directamente sobre una alianza, Pardo se vio en necesidad de aceptar la invitación e iniciar las conversaciones. Paralelamente, debió poner en aceleración una serie de jugadas políticas y medidas de reforzamiento militar que estaban pendientes: el 1º de octubre creó la Escuela Militar y la organizó al mes siguiente; el 4 daba cuenta al Consejo de Gabinete del avance en la construcción de los blindados; el 7 de noviembre organizaba la Guardia Nacional; el 18 estructuró el Cuerpo de Caballería; el 19 informaba al Consejo de los roces entre Chile y Bolivia culpando a nuestro país de apoyar la expedición de Quevedo; y el 20 presentó la Ley de Conscripción Militar destinada a ampliar las filas del contingente. Curiosa actitud de un país que ha acusado históricamente a Chile de haber protagonizado una "carrera armamentística" por esos mismos años.

Exactamente ese mismo día 20, Torre Tagle instruía al plenipotenciario peruano en Santiago de intentar influir en la definición del problema chileno-boliviano con prontitud, precisamente con el objeto de facilitar la materialización del estanco. En otra hábil medida para controlar la tendencia precipitada de la diplomacia altiplánica, Pardo comprometió a Bolivia en una cláusula donde se la obligaba a "...no concluir tratados de límites o de otros arreglos territoriales, sin consentimiento previo de la otra parte contratante".

Así, utilizando en incidente de los melgarejistas como anzuelo, Pardo propuso en noviembre al Consejo la idea de apoyar a La Paz, con un rechazo a la política chilena de no entregar las armas de Quevedo a Bolivia hasta el fin del juicio y a los reclamos por el funcionamiento de las aduanas de Antofagasta y Cobija. Esta propuesta ante el gabinete se realizó el 11 de noviembre y por sugerencia del Palacio Quemado, y durante ella, el Canciller peruano Riva Agüero declaró que (los destacados son nuestros):

En el intertanto, el 24 de octubre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenaba poner las armas del filibustero boliviano Quevedo a disposición de la Intendencia de Valparaíso, fallo aprobado por la Corte Suprema el 27 del mes siguiente. De este modo, cuando salió emitida después la declaración del Consejo peruano en apoyo a Bolivia, la supuesta razón que motivó la Alianza, estaba absolutamente resuelta y desaparecida. La prueba está en la comunicación enviada a los bolivianos por el Canciller Ibáñez, el 14 de diciembre siguiente, disponiendo la entrega de las armas, que se concretó a principios del año siguiente, período en que, no obstante, las negociaciones por la Alianza Secreta continuaron.

El Convenio Lindsay-Corral. Gestiones finales de la Alianza

Santiago Lindsay, sin embargo, se enteró en Lima de las gestiones de Alianza casi de inmediato, aunque con referencias vagas e imprecisas cuyo instinto diplomático urgió completar.

Comprendiendo que jugaba contra el tiempo y que no habían grandes posibilidades para Chile ante un cuadrillazo sin contar con los dos blindados, el 8 de noviembre (el mismo día en que la Asamblea boliviana aprobaba la firma de una Alianza y la posibilidad de declararle la guerra a Chile) envió nota al Ministro Corral de Bolivia donde, refiriéndose a la solución pendiente de la forma de aplicación definitiva del condominio, decía que:

"...sin más demora pongamos término a la cuestión tan debatida ya y que por su propia naturaleza ha debido terminarse tiempo ha".

Adicionalmente, reclamó por los recargos tributarios a los chilenos en Atacama y le hizo saber que estaba enterado de la existencia de conversaciones reservadas con el Perú con propósitos hostiles hacia Chile.

La respuesta de Corral tuvo lugar el 15 siguiente. Allí manifestó su sorpresivo interés compartido en poner fin al asunto pendiente. Pero agregó algunos reparos al compromiso que había firmado el 12 de septiembre. Sobre las negociaciones secretas, las negó y alegó que las sesiones correspondían sólo al análisis de los pormenores de la expedición golpista de agosto. Alegó que en ellas no se discutió nada "...hostil y ofensivo" hacia Chile.

Todo iba en marcha cuando, el 27 de noviembre, se produce un nuevo hecho inesperado. En un altercado con su sobrino Federico Lafaye, el Presidente Morales de Bolivia cayó fulminado de un disparo a quemarropa. Tras la gran consternación que produjo el asesinato, la Asamblea colocó al anciano político Tomás Frías en el poder, quien llamó de inmediato a elecciones, constituyéndose así como el primer mandatario boliviano en llegar al Palacio Quemado sin el respaldo de un golpe militar o tras un proceso revolucionario y en situación absoluta e incuestionablemente transparente de ascenso al poder.

Pese a todos estos tropiezos, el 5 de diciembre de 1872 se suscribía un acuerdo entre los representantes de Chile y Bolivia, en La Paz, conocido como el Convenio Lindsay-Corral. Se pretendía dar paso, con él, a la revisión formal de las bases y las posibilidades de aplicación del Tratado de 1866 y a un nuevo nivel de discusiones. Curiosamente, Bolivia aceptó todas las objeciones chilenas, demostrando una sospechosa buena disposición. Reconoció el límite oriental en la cordillera y el condominio zonal, además del derecho de Chile a nombrar un interventor en Mejillones. Se dispuso que cualquier dificultad fuese resuelta por un árbitro, conviniéndose en que tal debía ser el Emperador del Brasil. En segunda instancia, sería el Presidente del Perú si se mantenía la disposición que entregaba a Chile el financiamiento de los gastos administrativos.

Sin embargo, el acuerdo estaba condenado a convertirse en otro iluso intento por llegar a entendimiento con un país que se ha basado su política, precisamente, en la violación reiterada y permanente de los acuerdos y compromisos internacionales. Lo que la mayoría en Chile ignoraba el día de la firma del convenio, era que ya no se estaban satisfaciendo sólo los intereses bolivianos, sino también los peruanos, que comenzaban a amalgamarse estrechamente con la diplomacia altiplánica con la expectativa de materializar la Alianza Secreta, que ya se discutía entre ambas naciones, tras las declaraciones que se había emitido en noviembre.

Por esta razón, mientras Chile aprobó de inmediato el convenio, Bolivia lo envió a consulta postergándolo. Y es que, exactamente en ese momento, la diplomacia altiplánica le pedía ganar tiempo para sentar las últimas bases del acuerdo de Alianza con Lima.

Cualquier expresión de descontento de parte de Chile estaría, así, condenada al fracaso al no poder contar con los blindados encargados a Inglaterra y debiendo simplemente desocupar la zona salitrera atacameña, donde el interés comercial peruano se había depositado.

Acababa de firmarse el convenio. Lindsay decidió partir a Santiago para presentarlo en forma personal. Infortunadamente, el mismo día de la firma, el Presidente Frías era informado desde Lima de la aprobación peruana para firmar un tratado de alianza con Bolivia. Esto fue una inyección de agresividad y envalentonamiento formidable para el Altiplano, que se manifestó en la orden de Frías a Corral para que desconociera inmediatamente el recién firmado convenio y levantara nuevas intrigas con el representante chileno, reiterando las acusaciones contra las autoridades de Chile por lo sucedido con Quevedo y el intento golpista de agosto, justificando textualmente la acción de Bustillo. Así lo haría a partir del mismo día 5 de diciembre.

Lindsay, perturbado, canceló su viaje a Santiago y el día 10 respondió a las notas de Corral con molestia, recordando por enésima vez las precauciones que el Gobierno de Chile habría tomado con respecto a las noticias de la asonada y reprochando la precipitación que Bustillo ofreció en ese momento.

Como hemos dicho, una semana más tarde se notificó desde la Cancillería chilena la entrega de las armas de Quevedo a Bolivia, acontecimiento que tapó la boca momentáneamente a muchos de los instigadores de la política antichilena de los aliancistas y obligó a cerrar el tema entre todos aquellos que entusiastamente seguían culpando a Chile de la calaverada de agosto.

Aprovechando esta pausa, Lindsay salió a Santiago y, el día 2 de enero de 1873, le entregaba el proyecto del convenio al Canciller Ibáñez en Santiago. El texto fue aceptado rápidamente, pero se hicieron reparos sobre comentarios innecesarios y poco elegantes contra la persona de Melgarejo, que Corral había insistido en incluir. Y, en otro acto de buena fe y generosidad, Chile aceptó cargar los gastos administrativos tras presentar la necesidad de fijar un monto acordado mutuamente. El Presidente Errázuriz lo promulgó el 8 de enero de 1874.

Firma de la Alianza. ¿Por qué se involucró Perú? El estanco del Salitre

Como vimos, el incidente del "Paquete de los Vilos" dio a Perú y Bolivia una excusa para concertar una airada campaña contra Chile y de la mutua Alianza que ya se venía fraguando, en realidad, desde unos meses antes según puede verificarse fehacientemente con la documentación diplomática de ambos países circulante en aquellos meses. Pero, para poder comprender las motivaciones de la Alianza, es necesario observar en su contexto la situación en la que se encontraba precisamente el Perú, por entonces.

Al llegar al poder Pardo, en 1872, se encontró con un país que había despilfarrado sus inmensas riquezas y se hallaba al borde de la bancarrota. No había dinero y, lo que es peor, con el guano hipotecado, a bajo precio y escaseando peligrosamente, no habían tampoco posibilidades reales de cancelar. Sin embargo, a diferencia del negocio del guano, la industria salitrera había aumentado vertiginosamente sus ganancias y su producción, que parecía infinita. Si en 1840 la exportación de salitre en Tarapacá era de 860.000 kilos, en 1872 era de 26.520.000 kilos. En 1870 se habían exportado 3.943.000 quintales a 15 chelines y 3 peniques; en 1871, 3.607.000 quintales a 16 chelines y 3 peniques; y, a la llegada de Pardo a la presidencia, 4.421.000 quintales a 15 peniques y 10 chelines.

Con estas cifras, fue casi natural que Pardo metiera mano a la producción de salitre ante el agotamiento progresivo del guano. Deseoso de encontrar allí la solución al pago de las enormes deudas contraídas en el extranjero, y especialmente las mantenidas con la Casa Dreyfus y la Banque Française, visualizó el estanco como el objetivo primordial de la política económica de su Gobierno: el Estado del Perú sería el único propietario, explotador, comerciante y exportador de salitre en el territorio de Tarapacá y Atacama. Su idea original era el cobro de un impuesto al nitrato, pero rápidamente se la modificó a un proyecto de características claramente monopolistas.

Estas medidas, además, tenían la intención de salvar la industria del guano y no perderla para el potencial económico del Perú, pues se creía que manteniendo estable el precio del salitre -materia que competía con el guano en sus usos agrícolas- se recuperarían los precios de las extracciones desde las covaderas, actividad que al Perú le resultaba mucho más cómoda y culturalmente más simpática. Sin embargo, para poder arrancarle utilidades al nitrato y mantenerlo a precios que no compitiesen con los del guano, resultaba fundamental para el Perú hacerse de un monopolio que excediera sus propias fronteras y abarcara la mayor parte de la actividad.

En otras palabras, se requería eliminar a la competencia, dándose la curiosa situación derivada de los tratados internacionales, de que, estando todos los demás negocios del nitrato en el territorio que entonces correspondía a Bolivia, en Atacama, la mayor parte de sus actividades eran llevadas por chilenos en la zona. La más importante de todas, sin duda, era la del Salar del Carmen, en Antofagasta, descubierto por José Santos Ossa, y que desde 1872 era explotada por la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, empresa esencialmente chilena como hemos dicho, en la que los inversionistas ingleses -contrariamente a lo supuesto por el mito peruano y boliviano de nuestros días- no llegaba al 30%.

Sin embargo, hacía sólo un par de meses que la Compañía había logrado un nuevo acuerdo con el fisco boliviano que reemplazara al derogado contrato con Melgarejo, para poder seguir trabajando en Atacama y sin alzas de impuestos por 15 años. Aunque esta negociación no había dejado conforme a sus directores, era la única salida que se había logrado en la transacción directa con el Gobierno de Bolivia después de perder los derechos de exclusividad.

Así las cosas, el 17 de enero de 1873 el Congreso peruano (donde las fuerzas del Gobierno y del Partido Civilista eran amplia mayoría) había aprobado una ley evidentemente estanquera. En su artículo 4º se lee:

I.- La adjudicación de terrenos salitreros.

II.- La explotación de la tierra de la que se extrae salitre.

II.- La explotación de salitre que no haya sido comprado al Estado. Caerá en comiso el que se intente exportar contra esta prohibición."

Modificada el 13 de abril y luego el 12 de julio, la consecuencia de esta medida fue funesta para los inversionistas, trabajadores y los mismos chilenos. Comenzaba a mermarse, así, la influencia de Chile en Tarapacá, que había despertado toda clase de temores entre peruanos y bolivianos, sentimiento que acabó influyendo profundamente en la gestación de la Alianza.

Veremos más adelante, sin embargo, que el estanco resultó en absoluto fracaso y produjo desde ese mismo año una sobreproducción de salitre mundial, que haría caer el precio del nitrato en un cuarto. Esto motivó la reacción instantánea de Lima por sacar del escenario a su principal competencia, representada por la Compañía que los chilenos tenían en Antofagasta, además de las extracciones de El Toco. En ambos casos, era Bolivia la que debía tener la última palabra, y para eso los agentes peruanos en el Altiplano llegaron a ofrecer directamente la escuadra y el ejército como garantías de seguridad para que La Paz rompiera con La Moneda.

Dijimos que el 8 de enero de 1873, el Presidente Errázuriz promulgaba -con ingenua esperanza- las bases del Convenio Lindsay-Corral. Nueve días más tarde, Perú promulgaba la ley de estanco del salitre. Y, por esos días, Corral renunciaba a la cancillería boliviana para dedicarse a su candidatura para sucesor de Frías, siendo reemplazado en el ministerio por Melchor Terrazas.

La sincronía de estos acontecimientos no es pura casualidad: exactamente en esos momentos, Bolivia y Perú ya habían acordado casi el total del texto del Tratado de Alianza Secreta, redactado casi enteramente por los representantes de Lima, firmándolo el 6 de febrero.

En un giro con respecto a la actitud dubitativa de Pardo, ofrecida inicialmente frente a la euforia boliviana, después de la serie de ajustes políticos y militares se vio en la necesidad inversa de insistir a La Paz, luego del atraso provocado por la muerte de Morales y el ascenso provisorio de Frías al poder. Con intención de acelerar la firma de la Alianza y poder promulgar tranquilamente el estanco salitrero, Perú siguió presionando asistido por agentes y grupos políticos repartidos en el Altiplano, entre los que se encontraba el candidato presidencial Adolfo Ballivián, quien ambicionaba el poder, ahora de manera democrática.

Así, después de innumerables sesiones reservadas, el día 6 de febrero de 1873, el representante boliviano Juan de la Cruz Benavente y el representante peruano José de la Riva Agüero, firmaban en Lima el Tratado de Alianza Secreta (o "Alianza Defensiva", que de "defensiva" tenía bien poco, como se demostrará). Un artículo adicional remataba diciendo:

Sin embargo, el Convenio Lindsay-Corral no fue entendido por muchos de los políticos bolivianos en el marco estratégico de Frías y de la Alianza Secreta, considerándolo un verdadero acto de traición, al que dieron un escandaloso uso político. El anciano mandatario había comenzado a ser acosado por sus opositores liderados por Ballivián, listo a reemplazarle ya, apoyado por los peruanos más optimistas con el Pacto de Alianza. Estas acciones fueron las que perjudicaron notoriamente la candidatura de Corral en favor de Ballivián, ya que representaba la continuidad del Gobierno.

El proyecto fue aprobado en el Congreso el 22 de abril, siendo ratificado por Pardo el día 30. La noticia de esta ratificación fue comunicada a la cancillería boliviana el 3 de mayo por Riva Agüero, mismo día en que se designaba a Aníbal Víctor de la Torre como nuevo Ministro del Perú en La Paz. La ratificación boliviana se llevó a efecto el 2 de junio y se promulgó el 16 siguiente, cuando Frías ya había abandonado el Palacio Quemado.

Insólitamente, ese mismo día Terrazas respondía a Ibáñez sobre las observaciones chilenas al convenio, aceptando retirar las alusiones a Melgarejo en el texto. Chile aceptó la propuesta el 26 de febrero y dio aviso de designar próximamente un perito para la fijación de los deslindes cordilleranos entre ambas naciones. Pero la Asamblea de Bolivia, envalentonada con el pacto de alianza y recomendada por los propios peruanos, postergó el examen y la aprobación oficial del acuerdo para un próximo ciclo extraordinario, a realizarse en 1874, tras formular nuevos reparos a la totalidad del mismo.

Estos hechos coincidían con la llegada al poder boliviano de Adolfo Ballivián, el 28 de abril de 1873, tras derrotar a Corral en las primeras elecciones libres que tenía el Altiplano desde su debut en la vida independiente en 1825. Aunque enfermo y desgastado luego de años de exilio en Europa, Ballivián encarnaba perfectamente la política antichilena de los sectores más radicales de Bolivia y de los peruanos que soñaban con la restitución virreinal.

Desconociendo que el pacto se había consolidado, los chilenos siguieron negociando la tramitación del convenio. Con tal objeto, enviaron en marzo de 1873 al Plenipotenciario Carlos Walker Martínez.

Pero Ballivián, ya en el poder, tuvo un gran desengaño al encontrarse presidiendo un país en bancarrota y en crisis social severa. Orientó su política a un progresismo europeísta, inspirado en sus años viviendo en el Viejo Mundo. Sus planes de desarrollo e inversiones en infraestructuras se estrellaron, sin embargo, con la negativa de sus opositores políticos, más interesados en dificultarle el mandato que en los reales intereses de Bolivia.

Por alguna razón, autorizó a su Canciller Mariano Baptista para continuar las conversaciones con Chile a pesar de haberse aprobado la Alianza con Perú a principios de junio, lo que desató molestias de los peruanos que habían apoyado su candidatura, iniciando nuevas gestiones de presión de parte de la diplomacia limeña. El motivo lo descubrimos al advertir el surgimiento de nuevas propuestas argentinas para entrar a la Alianza, pero dando una solución favorable a Buenos Aires sobre el problema que sostenía con Bolivia por la provincia de Tarija y parte del Chaco, las que provocaron nuevos aplazamientos de parte de La Paz.

Justificando la Alianza, no obstante, el ministro Riva Agüero decía en carta del 5 de octubre de 1873 a su compatriota representante en Buenos Aires, don Manuel Yrigoyen:

Al reclutar a la Argentina inicialmente en este acuerdo, se inauguró una tendencia aliancista vecinal que varias veces volvería a verse en la historia. Además, hay razones para sospechar que el Perú tuvo interés en invitar al Brasil en la aventura antichilena, oferta a la que la nación carioca no manifestó ninguna clase de simpatía, cerrando toda posibilidad.

Por otro lado, el Canciller Ibáñez se enteró a fines de 1873 de la posible existencia de este Tratado Secreto, comunicándoselo al Presidente Errázuriz. El asunto quedó, aparentemente, en conocimiento de un selectísimo e ínfimo grupo de autoridades, que decidieron mantenerlo lejos de la inteligencia pública, temerosos de la reacción política y popular que una revelación de ese tipo podría haber desatado.

Texto del Pacto de Alianza Secreta entre Perú y Bolivia

Las Repúblicas de Bolivia y Perú, deseosas de estrechar de una manera solemne los vínculos que los unen, aumentando así su fuerza y garantizándose recíprocamente ciertos derechos, estipulan el presente Tratado de Alianza defensiva; cuyo objeto, el presidente de Bolivia ha conferido facultades bastantes para tal negociación a don Juan de la Cruz Benavente, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en el Perú, y el presidente del Perú a don José de la Riva Agüero, ministro de relaciones exteriores quienes han convenido en las estipulaciones siguientes:

Artículo II.- La Alianza se hará efectiva para conservar los derechos expresados en el artículo anterior, y especialmente en los casos de ofensa que consistan:

II ) En actos dirigidos a someter a cualquiera de las altas partes contratantes a protectorado, venta o cesión de territorio, o establecer sobre ella cualquier superioridad, derecho o preeminencia que menoscabe u ofenda el ejercicio amplio y completo de su soberanía o independencia.

III ) En actos dirigidos a variar o anular la forma del gobierno, la Constitución Política o las leyes que las altas partes contratadas se han dado o se dieren en ejercicio de su soberanía.

Artículo III.- Reconociendo ambas partes contratantes que todo acto legítimo de Alianza se basa en la justicia, se establece para cada uno de ellos, respectivamente el derecho de decidir si la ofensa recibida por la otra está comprendida entre las designadas en el artículo anterior.

Artículo IV,- Declarado el casus foederis , las altas partes contratantes se comprometen a cortar inmediatamente sus relaciones con el Estado ofensor; a dar pasaportes a sus ministros diplomáticos, a cancelar las patentes de los agentes consulares, a prohibir la exportación de sus productos naturales e industriales y a cerrar los puertos a sus naves.

Artículo V.- Nombrarán también las mismas partes, plenipotenciarios que ajusten por protocolo, los arreglos precisos para determinar los subsidios, los contingentes de fuerzas terrestres, y marítimas, o los auxilios de cualquier clase que deben procurarse a la república ofendida o agredida; la manera como las fuerzas deben obrar y realizarse los auxilios, y todo lo demás que convenga para el mejor éxito de la defensa. La reunión de los plenipotenciarios se verificará en el lugar que designe la parte ofendida.

Artículo VI.- Las altas partes contratantes se obligan a suministrar a la que fuere ofendida o agredida, los medios de defensa que cada una de ellas juzgue poder disponer, aunque no hayan precedido los arreglos, que se perciben en el artículo anterior con tal que el caso fuera, a su juicio urgente.

Artículo VII.- Declarado el casus foederis, la parte ofendida no podrá celebrar convenio de paz, de tregua o de amnisticio, sin la concurrencia del aliado que haya tomado parte en la guerra.

Artículo VIII.- Las altas partes contratantes se obligan también:

II ) A conceder ni aceptar de ninguna nación o gobierno, protectorado o superioridad que menoscabe su independencia o soberanía, y a no ceder ni enajenar en favor de ninguna nación o gobierno, parte alguna de sus territorios, excepto en los casos de mejor demarcación de límites.

III ) A no concluir tratados de límites o de otros arreglos territoriales, sin consentimiento previo de la otra parte contratante.

Artículo IX.- Las estipulaciones del presente tratado no se extienden a actos practicados por partidos políticos o provenientes de concesiones interiores independientes de la intervención de gobiernos extraños; pues tenido el presente tratado de alianza por objetivo principal la garantía legítima de los derechos soberanos de ambas naciones, no debe interpretarse ninguna de sus cláusulas en su posición con su fin primordial.

Artículo X.- Las altas partes contratantes solicitarán separada o colectivamente, cuando así lo declaren oportuno por un acuerdo posterior, la adhesión de otro u otros estados americanos al presente tratado de alianza defensiva.

Artículo XI.- El presente tratado se canjeará en Lima o en La Paz, tan pronto como se obtenga su perfección constitucional, y quedará en plena vigencia a los veinte días después del canje. Su duración será por tiempo indefinido, reservándose cada una de las partes el derecho de darlo por terminado cuando lo estime conveniente. En tal caso notificarán su resolución a la otra parte, y el tratado quedará sin efecto a los cuatro meses después de la fecha de notificación.

En fé de lo cual los plenipotenciarios respectivos lo firmaron por duplicado y lo sellaron con sus sellos particulares.

Hecho en Lima a los seis días del mes de febrero de mil ochocientos setenta y tres.

* Artículo adicional.- El presente tratado de alianza defensiva entre Bolivia y el Perú, se conservará secreto mientras las dos altas partes contratantes de común acuerdo no estimen necesaria su publicación.

(Firma) Benavente

(Firma) Riva-Agüero