| -Ampliado y actualizado el 03 de abril de 2008- EL GOBIERNO MILITAR DE CHILE SE PROPUSO CERRAR LA DEMANDA MARÍTIMA DE BOLIVIA PROPONIÉNDOLE UN "CORREDOR" AL MAR AL NORTE DE ARICA. SIN EMBARGO, PERÚ SE OPUSO TENAZMENTE HACIENDO UNA DESCABELLADA CONTRAPROPUESTA E INCENTIVANDO A LOS GRUPOS NACIONALISTAS BOLIVIANOS A DESECHAR LA NEGOCIACIÓN QUE SE HABÍA INICIADO EN CHARAÑA EN 1975. EL RESULTADO FUE QUE BOLIVIA ROMPIÓ CON CHILE, DESCARTÓ LAS CONVERSACIONES Y SE DEJÓ SEDUCIR POR LA ALIANZA QUE POR ENTONCES SE ORGANIZABA INFORMALMENTE ENTRE LOS TRES PAÍSES ANTE LA INMINENCIA DE UN CONFLICTO ARMADO EN LA ZONA DEL BEAGLE. APROVECHANDO LAS PRESIONES INTERNACIONALES QUE PESABAN SOBRE EL GOBIERNO MILITAR CHILENO, BOLIVIA SE VOLCÓ NUEVAMENTE ANTE LA OEA OBTENIENDO GRANDES TRIUNFOS A CAUSA DE LAS RAZONES POLÍTICAS QUE IMPERABAN EN EL FORO. SE INTENTARON NUEVAS NEGOCIACIONES EN 1987, PERO EL EXCESO DE CONFIANZA Y LA PRECIPITACIÓN PACEÑA VOLVIERON A HACER FRACASAR ESTE EXPERIMENTO. BOLIVIA NUNCA ESTUVO TAN CERCA DEL MAR COMO EN TODO ESTE PERÍODO, PERO NUNCA HA VUELTO A QUEDAR TAN LEJOS A CAUSA DE SUS DECISIONES IMPULSIVAS Y LA FALTA DE CULTURA DIPLOMÁTICA
La inestabilidad política y social tras la muerte del Presidente René Barrientos continuó por largo tiempo en el Altiplano. En octubre de 1970, el General Alfredo Ovando fue derrocado un año después de haberse apoderado del poder, cumpliendo el insólito promedio histórico de los mandatarios bolivianos desde su independencia en 1825, precisamente de un año para cada uno. La nueva Junta golpista fue encabezada por el General Juan José Torres. El flamante mandatario comulgaba con las ideas "progresistas" de tendencia a la izquierda, muy similares a las que inspiraban entonces la presidencia del General Velasco Alvarado, en Perú, pero que aún no era del todo bienvenidas en el Altiplano. Como hemos dicho, Bolivia era un bastión que el socialismo internacional apetecía desmedidamente conquistar, precipitando la alocada aventura del "Che" Guevara en la que fue capturado y muerto allí, pocos años antes. La sola idea de que el país se transformara en una nueva Cuba, aterró a algunos militares nacionalistas y alentó más aún los afanes golpistas de varios de ellos. Los días de Torres, de esta manera, estaban contados desde el mismo día que en asumió. En tanto, la tendencia al entreguismo del Presidente Salvador Allende y su ministro Clodomiro Almeida, ambos socialistas, les llevó a atender con demasiada buena disposición al cónsul boliviano Franz Ruck Uriburu, durante los años 1970 y 1971. Fue un diálogo entre "compañeros". Deseosos de presentarse como "amigos de Bolivia", según los describió después el propio representante altiplánico, ambos se mostraron dispuestos a escuchar su petición por reabrir el tema de la "mediterraneidad". La verdad es que los políticos de la Unidad Popular de Chile estaban deseosos de establecer vínculos con el Altiplano, dada la tentación que las Internacionales del marxismo tenían y tienen aún sobre este país, de las que haremos caudal más adelante. En las reuniones de la OEA de abril de 1971, el Canciller Almeida y su homólogo paceño Huáscar Taborga había llegado a testimoniar su deseo de reestablecer relaciones diplomáticas. El día 15 de abril, Almeida declaraba que "la actual situación entre nuestros países no tiene justificación ante nuestros pueblos y ante la Historia". Esta misma clase de acercamientos se estaban intentando desde La Moneda con el antichilenísimo Gobierno de Velasco Alvarado, en Perú. Antes de fin del año 1971, sin embargo, el Presidente Torres fue derrocado. El General Hugo Bánzer Suárez se encargó de pasarle la cuenta, cumpliendo nuevamente el fatídico promedio anual de la historia de los presidentes del Palacio Quemado.Sin embargo, a poco andar, la DEA y del Senado de los Estados Unidos descubrieron fuertes vínculos de Bánzer con mafias narcotraficantes, a través de su yerno Luis "Chito" Valdés. Esta clase de denuncias caracterizaron el mandato del militar y de sus sucesores. El peligro de la impopularidad, sin embargo, fue diluido por la proximidad del aniversario 150º de la Independencia de Bolivia, provocando grandes orgullos y arengas nacionalistas por todo el país. Anticipados, otros prefirieron exaltar la proximidad del centenario del Tratado de 1874 (cuya violación de parte de Bolivia desencadenó la Guerra del Pacífico) y, por supuesto, el estallido mismo de la guerra, en 1879, que la historia oficial boliviana describe como la razón de su "pérdida del litoral". Hacia 1973, por ejemplo, el profesor Manuel Frontaura Argandoña, acumuló una serie de mapas con los que organizó una exposición itinerante que, según se decía, quedaba incontestablemente demostrado que Bolivia (ex Audiencia de Charcas) había tenido costas propias en tiempos coloniales. Su trabajo causó gran agitación en el sentimiento patriota altiplánico, lo que no deja de llamar la atención dada la pobre calidad documental que en realidad tenían los mapas ofrecidos por el profesor y que fueron publicados en el libro compendio "El Litoral de Bolivia". En efecto, de todos los mapas ofrecidos por el autor, los únicos que muestran costas claramente delimitadas para Bolivia son los producidos por cartógrafos independientes, no oficiales y en tiempos posteriores a la ocupación ilegal de Cobija con la consecuente reclamación de costas, ya en plena independencia. En otros casos, el autor intenta rellenar la falta de pruebas incluyendo toda clase de diagramas, mapas etnográficos y esquemas de gobernaciones tomados de documentos actuales que muy poco o nada tienen que ver con el tema central de su exposición. A pesar de todo, la obra del profesor y las constantes arengas revanchistas comenzaron a dar resultados exacerbando a la opinión pública y procurando un acercamiento con el velasquismo peruano, que, por aquellos días, planificaba su famoso intento de invasión contra Chile para procurarse la recuperación de Arica. En este acercamiento participaron mucho los militares izquierdistas altiplánicos que habían salido del Gobierno con el derrocamiento de Torres y parte de los medios de comunicación, según veremos.
Para 1974 el General Bánzer ya se había convertido para muchos, en un nuevo abanderado y una nueva promesa de los reivindicacionistas bolivianos, deseosos de la "recuperación" de las costas atacameñas o, en su defecto, de acariciar las ideas del practicacionismo para obtener una salida al mar por Arica. Sin embargo, las malas relaciones exteriores de Bolivia y el corte de relaciones diplomáticas con Chile que se arrastraba desde 1962, impidieron poner en algún tapete el tema concreto de satisfacción a los propósitos de la reivindicación. En tanto, Chile tenía sus propios problemas e intentaba prepararse para una eventual invasión peruana, nación que se había armado vertiginosamente desde 1968, con miras a recuperar la ciudad de Arica. Al mismo tiempo, estaba en suspenso la resolución del árbitro para el Laudo Británico del Canal del Beagle, que Argentina se había comprometido a acatar en 1971. La falta de material de guerra tenía a Chile en una situación peligrosísima, en circunstancias de que Perú y Bolivia habían comenzado a acercarse tenuemente en lo que podría ser el germen de un nuevo proceso aliancista, que sólo estaba pendiente por las diferencias políticas entre Velasco Alvarado y Bánzer. Curiosamente, sin embargo, comenzó a cundir por Bolivia un notable predominio de la teoría practicacionista de recuperación de costas, es decir, aquella que desistía de la tesis de la "reivindicación" de Antofagasta prefiriendo, en su lugar, negociar una salida al mar por la región de Tarapacá, como tiempo atrás lo había propuesto Ostria Guitérrez. Tal vez, años de insistencias y fracasos habían convencido a las autoridades paceñas de que aquella era la vía más sensata y geográficamente racional para celebrar el "centenario de la usurpación" con costas de vuelta en Bolivia. Nadie sabe bien las circunstancias en que ambos gobiernos se enteraron de las respectivas voluntades e intenciones, pero la idea de resolver de una buena vez la cuestión boliviana con un acuerdo franco y definitivo permitió al Gobierno Militar de Chile estudiar la posibilidad de reestablecer la vía del "corredor al mar" para Bolivia, al norte de Arica, a cambio de arreglos o cesiones proporcionales de territorio que quitarían todo rasgo de entreguismo al proyecto, o al menos en apariencias. Por otro lado, el plan ahogaría los brotes reivindicacionistas peruanos al bloquearles el camino a Arica con una lengua de territorio de un tercero, también superando la tendencia aliancista natural de esta nación con Bolivia ante cualquier eventual conflicto con Chile. Sin embargo, las relaciones seguían cortadas, por lo que no había instancia para que ambos gobiernos discutieran el asunto. Casualmente, en marzo de 1974 el General Augusto Pinochet y su símil Hugo Bánzer se encontraron cara a cara durante el cambio de mando del Brasil. Por primera vez en mucho tiempo, las más altas autoridades de ambos países tuvieron oportunidad de conversar en forma franca y relajada sobre los problemas fronterizos, ocasión en la que se analizó la posibilidad de negociar la salida al mar que fuese satisfactoria al interés del vecino. Bánzer quedó sorprendido por la iniciativa del General de Chile para buscar la que sería la solución más realista y viable de todas las que se habían conversado alguna vez en la historia de la reclamación boliviana, aún cuando ésta había sido esbozada de forma muy general e imprecisa. Con las relaciones aún cortadas, se acordó iniciar las conversaciones, en lo posible, al inicio mismo del siguiente año. El periodista y profesor chileno Rigoberto Díaz, Cónsul General en La Paz, tuvo especial participación en la organización de las reuniones.
El 8 de febrero de 1975, se reunieron en la estación de ferrocarriles de Charaña -pueblo altiplánico situado casi en la frontera misma chileno-boliviana-, los presidentes Pinochet y Bánzer, constituyendo de inmediato un documento que ha sido conocido como el "Acta" o la "Declaración Conjunta de Charaña", en la cual se justifica el encuentro estableciendo que su objetivo es "intercambiar puntos de vista sobre asuntos que interesan a los dos países y acerca de la situación continental y mundial". Entrando de lleno al propósito real de la reunión, manifiestan su interés en:
Esta era, en verdad, la esencia del encuentro. Se acordó, desde ese momento, que Chile y Bolivia restituyeran sus relaciones diplomáticas, aunque es necesario recordar que estas relaciones se redujeron al desempeño que asumieron los Cónsules Generales haciendo las veces de agentes diplomáticos. En cierta forma, era una promesa de restituir las relaciones regulares si la negociación funcionaba. Las principales figuras políticas, el gabinete y las fuerzas armadas de Bolivia aplaudieron la decisión. El ambiente cordial y libre de presiones permitió que Bolivia plantease tranquilamente su demanda, sin golpear la mesa por primera vez en décadas. El 26 de agosto, la restaurada Embajada de Bolivia entregó un ayuda memoria, en el que plantea lo que denomina "criterios concretos" para atender su problema. En el documento, se leen textualmente los siguientes puntos:
Chile tomó tiempo para estudiar las opciones y respondió más tarde el ayuda memoria. El día 12 de diciembre hubo una reunión en la que se discutió verbalmente la propuesta, y el 16 siguiente, el embajador boliviano Guillermo Gutiérrez Vea Murguía notificó al Canciller chileno Patricio Carvajal aceptando los términos de la contestación y solicitó la emisión de un documento que testimoniara por escrito lo conversado cuatro día antes. Del agradecimiento del embajador, se desprende que la opción que se habría aceptado estudiar era la del corredor al norte de Arica, como podía anticipar. La respuesta por escrito la presentó Chile el 19 de diciembre de 1975, en la famosa nota Nº 686. Como resumen de la misma, podemos enumerar en los siguientes puntos su contenido:
Ese mismo día 19, La Moneda notificó de esta pauta al gobierno peruano, preguntando directamente si estaba de acuerdo con el propósito general. La respuesta que prepararía Perú iba a resultar fundamental para el éxito o fracaso de las negociaciones iniciadas en Charaña. Había muchos puntos difusos o imprecisos, como establecer si las facilidades de tránsito y aduanas del Tratado de 1904 serían mantenidas en favor de Bolivia tras un eventual acuerdo, y qué sucedería si Perú no aceptaba la fórmula. Sin embargo, La Paz lo tomó con entusiasmo y formuló reparos sólo a lo que llamó "aristas": la desmilitarización, el uso de aguas del Lluta y la definición de un área marítima. Chile respondió aclarando los tres puntos y todo pareció ir por el camino del optimismo, viento en popa. Sin embargo, las negociaciones estaban cerca de experimentar un insólito giro. Aunque en nuestros días los políticos e historiadores bolivianos intentan presentar -además de uno que otro entreguista chileno- el destino de toda esta negociación como condenada al fracaso por la ambición chilena y el oportunismo de La Moneda, todavía es posible encontrar algunos pocos intelectuales del Altiplano que valoran la iniciativa de este intento de negociación, registrado en las relaciones exteriores de ambos países como la que más cerca estuvo de darle una solución marítima al reclamo boliviano. Por ejemplo, el diplomático e historiador boliviano Ramiro Prudencio Lizón escribe tres décadas más tarde en un interesante artículo editorial titulado "A treinta años de Charaña" (Diario "La Razón" de Bolivia, martes 15 de febrero de 2005. Los destacados son nuestros):
Como hemos dicho, la línea izquierdista y pro-soviética del Gobierno del Perú que había dejado el General Velasco Alvarado, agravó las pésimas relaciones con el Gobierno Militar de Chile. El derrocamiento del socialista Salvador Allende -además, amigo personal de Velasco- tras la crisis institucional, era un detalle en el currículum capaz de imposibilitar cualquier virtual acuerdo entre Chile y las autoridades limeñas, frenéticas de deseos de recuperar Arica y que sólo entonces comenzaban a frenar -por falta de recursos- la más desaforada y compulsiva carrera armamentística que alguna vez se haya visto en América Latina, que le permitió al Perú encabezar la lista de clientes premium de los arsenales y maestranzas militares de la Unión Soviética. En este ambiente, Perú tenía la enorme responsabilidad de permitir el desarrollo exitoso de las negociaciones que estaban a punto de darle salida al mar a su ex-aliado de la Guerra del Pacífico, pues la disposición del Protocolo Complementario al Tratado de 1929 establecía en su Artículo 1º:
El destino de la negociación quedaba, entonces, en manos del General Francisco Morales Bermúdez, que había derrocado arteramente al enfermo y decaído Velasco Alvarado el año 1975, pero que continuaba gobernando al alero del movimiento progresista militar que alojaba entonces en los cuarteles peruanos. En la víspera del Año Nuevo 1976, Lima respondió la nota chilena. Expresaba su comprensión sobre el sentido y la voluntad de Chile para resolver el problema de la mediterraneidad de Bolivia, pero solicitaba que se le proporcionara oficialmente toda la información relacionada a las conversaciones para poder pronunciarse. Evitando dilaciones, Chile entregó la totalidad de los documentos y notas el día 7 de enero de 1976. La contestación quedó en suspenso... Se intuía que algo no andaba bien. Hemos dicho innumerables veces que el discurso americanista y bolivariano -tan extendido hoy en día en la región latinoamericana y especialmente entre los políticos chilenos- con frecuencia sólo es parte de la manipulación cínica y viciosa que suele hacerse de la emotividad popular, para alcanzar determinados objetivos políticos. Lo que ocurrió con Perú cuando le tocó pronunciarse en favor de su ex-aliado, demostraría lo frágil e irreal de este ideario americanista, y cómo los egoísmos y las odiosidades siguen siendo la inspiración que ha movido a la diplomacia muchas veces en la historia americana, por encima de los protocolares buenos deseos y de las apelaciones a la fraternidad continental. Años de expresiones coloquiales, de solidaridad y de apoyo peruano a la causa boliviana, incluidas las frecuentes condenas mediáticas a Chile, estaban llegando a su prueba de fuego, a su encrucijada, dependiendo ahora de Lima que las negociaciones pudiesen continuar. Los problemas comenzaron el 29 de enero. En su nueva respuesta, Lima expresa su preocupación por lo que llamó:
Palabras decoradas, sin duda, porque es claro que entre aquellas líneas se escondía, en realidad, el pánico peruano a que la cesión de una lengua de territorio a un tercer país frustrara los impulsos reivindicacionistas que habían estado a punto de materializarse en intentos de invasión desde 1973 hasta la fecha. Esto parece confirmado por la sugerencia que hace la Torre Tagle al final de la nota, cuando propone "un análisis del problema tanto en sus aspectos jurídicos como en el ámbito de los intereses que corresponden apreciar a nuestros dos países"; es decir, conversaciones directas entre Chile y Perú con exclusión de Bolivia. Se cumplía, de esta manera, la vieja sentencia nacionalista que el entreguismo se ha negado tan tercamente a aceptar: que las actitudes complacientes en materias territoriales con unos, sólo estimulan la tentación de las bajas ambiciones de otros.
Con el éxito de la negociación en evidente peligro, Chile respondió el 17 de febrero reiterando a Lima el respeto a todos los "derechos específicos concedidos al Perú", aceptando iniciar conversaciones bilaterales si éstas estaban destinadas a cumplir con el propósito de resolver el problema de la mediterraneidad boliviana. Para tales efectos, Chile designó al ex Canciller, don Julio Phillipi, y al Asesor de RR.EE., Embajador Enrique Bernstein; Perú eligió a su Secretario General de la Cancillería, Embajador Luis Marchand. Las conversaciones se fijaron para abril y julio de 1976, en dos reuniones. Las dos primeras se realizaron sin traspiés, no obstante que se reconoció por ambas partes la complejidad del asunto. Sin embargo, cuando se estaba cerca de realizar una tercera reunión que se había acordado por mutua voluntad, la representación del Perú sorprendió a los chilenos presentando -de improviso- un memorándum traído a Santiago por el propio Marchand, y que contenía la "propuesta" de Lima para conseguir el objetivo que se perseguía con las negociaciones iniciadas en Charaña. Por el contexto en que se dio esta propuesta, sin embargo, es altamente probable que viniese siendo preparada por el Perú desde principio de año y que todo lo que se había conversado hasta ese momento con Chile, fuesen sólo distracciones para ganar tiempo. El memorándum peruano, fechado el 18 de noviembre de 1976, se desentiende de toda la propuesta que Chile había acordado con Bolivia y emite su propio planteamiento al respecto, en términos insólitamente arrogantes y faltos de modestia, pudiéndoselos sintetizar de la siguiente manera:
Desde todo punto de vista, esta propuesta era absolutamente delirante e irrealizable, no sólo por el absurdo de proponer zonas de soberanía compartida entre tres, sino también desconocer la imposibilidad de establecer condominios territoriales en el contexto de las radicales diferencias políticas que separaban especialmente a Chile y al Perú. A ello debe agregarse, además, la excesiva generosidad de la propuesta construida, por supuesto, en base a la capacidad de desprendimiento de Chile, pues el planteamiento no consideraba ninguna clase de cesión de territorio por parte del Perú, particularmente en Tacna, donde la lógica hubiese sugerido un equilibrio con relación a la cantidad de territorio chileno que se proponía ceder. Cabe preguntarse si la intención del Perú era realmente ensayar una audaz fórmula experimental para abrir las puertas a sus afanes reivindicacionistas sobre Arica, o bien si era lisa y llanamente hacer fracasar el proyecto de salida al mar para su ex-aliado, dada la insensatez de su propuesta. En uno u otro sentido, no hay duda de que el nuevo esquicio buscaba aplastar la primera propuesta chilena y, en consecuencia, privar a Bolivia de una salida al mar dentro del territorio de la Región de Tarapacá, un propósito que el Perú mantenía desde tiempos de la Independencia, cuando Bolivia intentó conseguir costas propias en Arica antes de aventurarse en Cobija. Gran luz a este asunto ha aportado el conocimiento posteriormente confirmado de que, entre fines de 1975 y principios de 1976, Perú estuvo otra vez al borde de cumplir con el deseo de invadir Arica, idea que tenía eufóricos a los cuarteles limeños. La invasión dependió, en aquel momento, del resultado de las negociaciones entre Chile y Bolivia, si el Altiplano aceptaba la propuesta chilena o se desconsideraba la opinión del Perú. Así las cosas, el 24 de noviembre Philippi y Bernstein recomendaron a la Cancillería de Chile:
El memorándum chileno del día 26 enviado a Perú, manifiesta esta decisión declarando por expreso que La Moneda "declina considerar el planteamiento referido", argumentando la negativa por incidir "en materias propias de su soberanía nacional", además de alterar los acuerdos que se habían logrado entre Chile y Bolivia, y por modificar lo establecido en el Tratado de 1929 por el cual Chile devolvió Tacna al Perú conservando Arica. Uno de los pocos autores altiplánicos que reconoce la irrupción de este factor peruano como fundamental en el fracaso de la negociación es don Ramiro Prudencio Lizón en el antes citado artículo editorial (Diario "La Razón" de Bolivia, martes 15 de febrero de 2005), donde confiesa:
Con el problema de la mediterraneidad boliviana trasladado al arena diplomática chileno-peruana, además, vino a intervenir un nuevo factor de contingencia: Argentina. A la larga, resultó decisivo para el curso del largo proceso iniciado hacía dos años.
Coincidentemente a estas fechas, el día 17 de abril de 1977, el Foreign Office comunicó públicamente la decisión de Su Majestad Británica sobre el Laudo para el diferendo del Canal del Beagle, tras extenuantes años de estudios, investigaciones e indagaciones. Su fallo fue definitivo y categórico: las islas Picton, Lennox y Nueva, reclamadas por la Argentina, eran incuestionablemente chilenas. El acuerdo firmado honorablemente por Chile y Argentina en 1971, obligaba a ambos países a acatar el resultado del Laudo Arbitral, fueran cuales fueran sus resultados. En esencia, la misma naturaleza de la sentencia impedía el rechazo o la anulación o el desacato. Sin embargo, desde el primer momento, los argentinos se mostraron absolutamente decididos a desconocer el fallo y pidieron tiempo para "estudiarlo", comenzando a desfilar por los medios de comunicación y las declaraciones de las autoridades bonaerenses toda clase de argumentos disparatados y contradictorios, destinados a argumentar el rechazo argentino al Laudo de 1977, que se planificaba en la Casa Rosada para dar pie a una invasión sobre el Canal del Beagle. La prepotencia argentina se explica sencillamente por la evidente superioridad militar de que podía jactarse entonces. El bloqueo internacional de venta de armas que pesaba sobre Chile, el desabastecimiento de material militar que venía arrastrándose desde varias décadas, la tensión y los gastos en armas que había provocado la tensión fronteriza con el Perú en el Norte, además de la difícil situación diplomática en que se encontraba el Régimen Militar de Chile con las grandes potencias mundiales, habían creado el ambiente ideal para una invasión a toda la zona austral, a juicio de los estrategas militares de la Argentina. Así las cosas, durante todo aquel año de 1977 las señales de matonería y las declaraciones desafiantes marcaron el calendario de las relaciones peruanas y argentinas con Chile. Esto, porque secretamente políticos peruanos habían estado en comunicación con grupos militares y partidistas de Bolivia, intentando convencerlos de desistir de las negociaciones y dar pie a los afanes reivindicacionistras sobre Antofagasta ante una eventual guerra. Poco después, esta misma clase de acuerdos orientados a la constitución de un cuadrillazo continental contra Chile involucrarían conversaciones con Argentina, como veremos, cumpliéndose así la tendencia anunciada por la Hipótesis Vecinal Máxima. Coincidían estos acercamientos con el fuerte sentimiento revanchista que había cundido como reguero de pólvora en Perú y Bolivia, con motivo de la proximidad del centenario de la Guerra del Pacífico. Los discursos, la cantidad de publicaciones relacionadas y el tenor que adoptaron los medios de prensa, evidenciaron el interés de ambos países por celebrar los cien años del conflicto con los territorios que aún consideraban suyos reincorporados a su soberanía. El 29 de septiembre, el diario paceño "Presencia" se refería a las últimas declaraciones del General Bánzer, manifestando que:
Aquel mismo mes, el Canciller Patricio Carvajal se había reunido con su homólogo boliviano Alberto Guzmán en New York, aprovechando los encuentro de la ONU. El chileno estaba intrigado por el súbito freno de las conversaciones, por lo que solicitó la designación de representantes especiales que continuaran con ellas. Ambos acordaron hacerlo, pero sólo Chile nombró a su representante; Bolivia, en cambio, jamás cumplió con el compromiso. Por el contrario, súbitamente iba a ser llamado desde La Paz, poco después, su embajador destacado en Santiago. Ni siquiera una carta enviada por el propio Presidente Pinochet al Palacio Quemado, el 23 de noviembre de 1977, hizo desistir al gobierno paceño de su insólita terquedad. Nunca hubo respuesta. Finalmente, en diciembre de 1977 se cumplen los peores pronósticos (mejores, sin embargo, para Perú y Bolivia) y la Argentina declara con descaro como "insanablemente nulo" el fallo de Su Majestad Británica, verdadera aberración jurídica, técnicamente imposible en términos de derecho. Desde ese momento, todo lo que involucró las relaciones de los tres países vecinos con Chile, se remitió casi exclusivamente a tomar posiciones para el conflicto y ganar tiempo. El acercamiento con el Perú rindió sus frutos a principios de 1978. Curiosamente, el sabotaje que Lima había hecho a la negociación que estuvo al borde de darle costas propias, lejos de provocar un alejamiento y algún resquemor hacia el Perú, permitió restaurar los más belicosos sentimientos aliancistas que habían obrado en favor del estallido de la Guerra del Pacífico, un siglo antes. El delirio reivindicacionista se apoderó de los políticos y los militares bolivianos, sentimiento que se mantuvo con los ascensos al poder de Pradena Asbún y Padilla Arancibia, ambos aquel mismo año. En cierta forma, se descartó la oferta de salida al mar que había ofrecido Chile y se apostó por la incierta posibilidad de una opción que hacía ver pequeño e insignificante el planteamiento del "corredor" al mar: la de "recuperar" Antofagasta por la vía de las armas. Nuevamente, como tantas veces en su historia, Bolivia volvía a obrar en contra de su propio destino, alentada por el inmediatismo y el deseo de revancha, desoyendo la sentencia napoleónica sobre lo mala consejera que es la ira. Decidida ya a seguir el camino peruano de hacer fracasar la negociación, Bolivia revitalizó el ya aclarado tema de las mentadas "aristas" que había observado sobre el primer planteamiento chileno. Al no encontrar terreno fértil para poder pautar desde allí nuevas exigencias, se arrojó de lleno, a continuación, contra el concepto del "canje territorial" que se había propuesto como base de acuerdo y que, en los intercambios de notas de los días 16 y 19 de diciembre de 1975, había aceptado sin reparos ni peros. Y, repitiendo las estrategia de principios de los años cincuentas, cuando se hizo fracasar la gestión de Ostia Gutiérrez haciendo correr el rumor de acuerdos concretos sobre el aprovechamiento de aguas del Titicaca en favor de Chile, en 1978 comenzó una extraordinaria campaña de la prensa y los sectores políticos revanchistas paceños, difundiendo la falsedad de que Chile habría solicitado como "canje" grandes extensiones de la cuenca del río Lauca del lado Boliviano y al norte de la meseta de la Puna de Atacama. La verdad era, sin embargo, que hasta aquel momento, las cesiones que Chile iba a solicitar a Bolivia a cambio del corredor al océano no habían sido discutidas sino de manera muy general y ambigua, pues la continuación de la negociación estaba dependiendo de la actitud peruana que, como hemos visto, había sido negativa. El ánimo totalmente opuesto al testimoniado en Charaña, se reflejó en las posteriores notas bolivianas. En ellas, La Paz comenzó a enclaustrarse paulatinamente hasta volver al ostracismo intransigente y restaurar el mismo tono con que había presentado su reclamación desde 1916. Nada satisfacía sus aspiraciones, ya no había interés alguno en la propuesta de 1975 y los intentos por continuar las negociaciones se volvieron inútiles e infructuosos. Como era de esperar, se produjo el nuevo rompimiento de La Paz, el 17 de marzo de 1978. Para comprender a qué nivel de retroceso habían llegado las conversaciones, basta advertir que en su nota final de aquel día, el Palacio Quemado reclama por el "enclaustramiento geográfico que nos fue impuesto hace ya noventa y nueve años" y, acto seguido, "descarta toda posibilidad de arreglo" y punto. Desde ese momento, las relaciones diplomáticas quedaron rotas, persistiendo dicha situación hasta nuestros días. El resto del año fue de preparativos. Como hemos dicho, una gran influencia en la decisión fue la animosidad que tenían contra Chile los países de Perú y Argentina. En noviembre, las cancillerías de Lima y Buenos Aires habían entrado en conversaciones reservadas sobre una alianza contra Chile, luego de la Declaración de Puerto Montt, en la que el General Pinochet descartó definitivamente satisfacer el expansionismo argentino sobre el Beagle. Considerando que la guerra tendría lugar la última semana de diciembre, la Embajada de Argentina en Lima logró reunirse con el Canciller peruano José de la Puente para intentar convencerle de materializar un acuerdo secreto, que comprometiera a ambas naciones a una alianza. Pero, dado que Argentina exigía tácitamente al Perú iniciar acciones inmediatas en caso de conflicto y sin una propuesta formal de alianza militar, el Canciller se negó a dar su consentimiento a un pacto de tales características, según reconocería después recordándole a los representantes argentinos que, durante la Guerra del Pacífico, Argentina se había comprometido a entrar al conflicto, pero nunca ratificó su acuerdo. Aún así, ambos países quedaron al tanto de que intentarían sacar su parte del territorio chileno ante un eventual estado bélico. La Alianza, si bien no estaba formalizada, surgiría espontáneamente de las condiciones otorgadas por las circunstancias (principio de la HV3). Por lo anterior, queda claro Bolivia respondía a un contexto que creía favorable con sus precipitadas decisiones de 1978, sometiendo su propio interés al de los dos grandes países del aliancismo antichileno en la región: Perú y Argentina. Bien ha dicho el testigo directo de muchos de estos hechos, Guillermo Lagos Carmona, sobre lo sucedido:
Como se recuerda, la intervención del Vaticano en la crisis del Beagle logró postergar, en el último instante, el estallido de la guerra entre Chile y Argentina. La frustración entre los militares "halcones" de Perú y Bolivia era sólo comparable a la de sus símiles argentinos. En abril de 1979, fresco aún el cadáver de las conversaciones de Charaña, la Comisión Económica de América Latina (CEPAL) inició en La Paz su XVIII período de sesiones. Como era esperable, el dueño de casa aprovechó desde el discurso inaugural en delante, toda esta instancia para volver a colocar en el mantel el tema de su mediterraneidad y la necesidad de que el resto de las naciones presionara una solución de parte de Chile, la "potencia agresora", según la definió allí en Canciller Raúl Botelho. Esto obligó al Ministro Consejero en la delegación chilena, don Jaime Lagos Erazo, a referirse al asunto declarando no era tiempo ya "de hacer marchar hacia atrás el reloj de la historia". En efecto, habían pasado ya cien años del inicio de la Guerra del Pacífico y más de 70 desde la firma del Tratado de 1904, y, para Bolivia, el tema estaba tan candente como en las negociaciones iniciadas en 1847. Como también podía esperarse, La Paz recurrió a la ONU -nuevamente- para declarar que su Gobierno rechazaba la perpetuidad del Tratado de 1904. Correspondió al embajador chileno, Sergio Diez, responder a las nuevas reclamaciones y acusar al Canciller de Bolivia por "distorsionar la historia". Pero no fue sino hasta unos meses después que quedó claro hasta dónde pretendía llegar Bolivia esta vez, presidida por Walter Guevara Arze en el Palacio Quemado. Llevando sus reclamos de vuelta a la OEA por ser La Paz sede de las reuniones, manifestó cero interés en respetar los requerimientos del foro de la organización internacional, donde los problemas bilaterales -es decir, entre sólo dos partes- no tienen tribuna. Como país anfitrión de esta IX Asamblea, Guevara Arze inició la reunión con una declaración donde se expresa:
Y luego, olvidando su formación como hombre de leyes, diplomático y ex Canciller (bajo cuyo ministerio se firmó, en 1953, una declaración en Arica que aceptaba la vigencia del Tratado de 1904) declaró abiertamente el deseo boliviano de desconocer lo firmado con el honor y para la perpetuidad, en contra de las mismas disposiciones aceptadas en la Carta de la OEA y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados:
Esta vez, sin embargo, los años de insistencia y lamentos había llegado a dar sus primeros frutos. La pésima situación internacional en que se encontraban Chile y el Gobierno Militar, hostigado desde todos sus flancos y presionado por potencias internacionales para que no se concretase la continuidad en el poder por la vía de la aprobación plebiscitaria, efectivamente realizada al año siguiente con el proyecto de Constitución Política que entonces diseñaba la Comisión Ortúzar, Carta Fundamental de Chile que fue aprobada por mayoría popular. Por otro lado, los problemas con Argentina y Perú sólo habían bajado en fracción. De hecho, con esta última nación venía arrastrándose un grave problema diplomático luego de que marinos chilenos fueran acusados de un supuesto intento de atentado en el puerto de Talara. Con Estados Unidos, en tanto, las acusaciones que esa nación hacía sobre el Gobierno de Chile vinculándolo directamente con el atentado de muerte del dirigente socialista Orlando Letelier, hacían casi imposible un entendimiento. Así, el interés panamericano por sumarse al boicot internacional que, en distintos grados, afectaba al Gobierno Militar desde el resto del mundo, llevó a la abierta y descarada violación de la letra B del Artículo 5º del Capítulo II de la Carta constitutiva del organismo, en donde se establecía como principios:
Pasando por encima de su propia carta constitutiva, la OEA iba a dejar, además, otro testimonio de la inoperancia e inutilidad que ya entonces pesaba sobre este organismo, absolutamente politizado y desajustado al derecho internacional. Chile quedaba sólo ante el resto de la comunidad continental.
La OEA, como hemos dicho, no tenía competencia sobre este tipo de problemas bilaterales, como lo hizo notar a tiempo el delegado chileno, embajador Pedro Daza Valenzuela. A pesar de esto, el incendio comenzó con un Informe de la Situación Marítima Boliviana, presentado por Venezuela (que lideró el apoyo a La Paz), donde recomendaba a ambos países iniciar negociaciones "encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacífico". Por su parte, el Canciller venezolano, Alberto Zambrano, se refirió a la "mutilante mediterraneidad de Bolivia", alegando que afectaba directamente el "ánimo del continente". Al fin, el reivindicacionismo altiplánico había comenzado a ver las utilidades de su propia insistencia y paciencia. Lo que Bolívar no había logrado en los inicios de la Independencia, se lo proponía ahora su patria natal venezolana, con su moción en favor del reclamo de Bolivia ante la OEA. La voluntad férreamente pro-boliviana de ciertos grupos políticos de Caracas ya había quedado sellada con el regalo simbólico de un barco a Bolivia, de parte del demagógico presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, bautizado "Navacerreda". Curiosa e inesperada actitud, si consideramos que ya entonces Venezuela tenía graves controversias limítrofes con Colombia (sobre lago Coquivacoa y el Golfo) y con Guyana (por la cuenca Esequiva y algunas islas), conflictos en los que no había aceptado la intervención de terceros y, de hecho, la existencia de esta última controversia mantuvo a Guyana fuera de la OEA por décadas, situación que se solucionó sólo a principios de los noventas con la reforma de la Carta. Conciente de estas contradicciones, en nombre de Chile don Pedro Daza declaró indignando ante la delegación venezolana aquella ocasión de 1979:
Chile, solo ante el resto de la Asamblea, se retiró de las reuniones y el Canciller Hernán Cubillos -el mismo paladín diplomático que logró sobrellevar la crisis del Canal Beagle dos años antes- declaró la falta de relevancia de la propuesta de la OEA por estar interviniendo en materias que no son de su competencia. Ante esta negativa de atender el llamado, Bolivia ensombreció más aún su posición y reforzó la guerrilla de difamaciones y declaraciones muy poco filtradas por la cordura. Entre ellas, la más sorprendente vino del presidente interino boliviano, respecto de que "la Guerra de 1879 no ha terminado". Una clara evidencia de cómo opera la conciencia del reivindicacionismo. Al final de las reuniones, la OEA, esta vez en un tono más conciliador, se volvió a llamar a la calma y el diálogo a ambos Estados. Bolivia puso así, como tema prioritario, el asunto de su mediterraneidad en la agenda de la OEA, buscando con ello involucrar a los demás países de la comunidad americana en presiones contra Chile. Y, en parte, lo logró. En tanto, un nuevo período boliviano de fuerte inestabilidad alteraba el desarrollo de estos sucesos. El discurso y la promesa de reivindicación eran, por momentos, lo único que parecía sostener en equilibrio a los frágiles gobiernos paceños. Pereda Asbún había sido sucedido por Padilla Arancibia, luego de un año de gobierno, período entre el cual se había producido el último rompimiento con Chile. Tres figuras más pasaron por el Palacio Quemado al año siguiente, en 1979, en el lapso de los fuertes reclamos que hemos repasado: Guevara Arce, luego derrocado por Natusch Busch, que debió dimitir en noviembre, en favor de doña Lydia Gueyler Tejada. Ex Presidenta del Congreso, se creyó que la llegada de la señora Gueyler recuperaría la senda del derecho y la democracia, pero el 17 de julio de 1980 le esperaba a ella la ocasión de ser derrocada, en su caso por el General García Meza ayudado por el Coronel Arce Gómez. Este levantamiento comenzó en el Regimiento Trinidad, de Beni, provincia de los cocaleros y los narcotraficantes que controlaban por entonces y desde las sombras a Bolivia, y que solían pagar generosas "contribuciones" para protección de parte de las oficialidades, según lo confirmarían informes de la DEA publicados en el "Washington Post". Para la posteridad, esta asonada ha sido llamada como el famoso "Golpe de los Cocadólares".
Lejos de aislar a Bolivia, sin embargo, el nuevo gobierno golpista fue recibido con el beneplácito que suele haber secretamente en la región hacia los llamados "gobiernos progresistas", durante períodos de izquierdización. Se sabe, por ejemplo, que estaba íntimamente ligado y apoyado por los altos militares que por entonces conducían la dictadura de Argentina, curiosa y usualmente identificada como un gobierno "de derecha". Este acercamiento también alcanzaría a la otra república rioplatense. En noviembre de 1980, Uruguay presentó en Washington, ante la X Asamblea Interamericana, una resolución al problema chileno-boliviano que insistía en la necesidad de retomar negociaciones encaminadas a la entrega de una salida al mar para Bolivia. Curiosamente, había sido justo desde Uruguay que, en 1919, Chile había recibido una de las más contundentes defensas históricas frente a las reclamaciones peruanas y bolivianas, en sendos artículos publicados por el destacado académico Washington Paullier. Esta operación respondía, en gran medida, a la necesidad de apoyo que el precisaba entonces el Gobierno del General Aparicio Méndez, al advertir el rechazo popular que iba a tener el proyecto de Constitución Política llevado también por ese país y por su Gobierno, con el que pretendía reemplazar la Carta de 1966; rechazo que, efectivamente, habría de concretarse ese mismo mes. Siendo otrora uno de los países más estables de la región, Uruguay arrastraba una crisis social e institucional desde el controvertido gobierno de Juan María Bordaberry, agravada por la llegada de la guerrilla de los "tupamaros", por lo que el discurso americanista y solidario con la "victimada" Bolivia buscó estimular apoyo internacional para Montevideo y evitar las temidas presiones foráneas como las que había tenido que soportar Chile y, en general, varios otros gobiernos militares del continente en distintos períodos históricos. A Bordaberry (como en el caso de Alfredo Stroessner en Paraguay) se lo había identificado como un mandatario proclive al Gobierno Militar de Chile, pues en abril de 1976 había condecorado al General Pinochet con la medalla "Protector de los Pueblos Libres General José Artigas". Por lo tanto, Méndez tenía la necesidad de establecer claramente su distancia con el predecesor y evitar caer en el círculo de países demonizados del continente, luego de las muestras de impopularidad y del incierto futuro del proyecto constitucional. La oportunidad de atrincherarse en la imagen americanista y solidaria por Bolivia le dio una ocasión de evitar este destino, especialmente ante los ojos del mandatario norteamericano Jimmy Carter, famoso por su intervencionismo antimilitar inverso a la política del intervención antimarxista de Nixon, su antecesor en la Casa Blanca. Perú solidarizó de inmediato con la petición uruguaya en favor de Bolivia, que habíase anotado así -producto de la monstruosa campaña de difamación y desprestigio internacional iniciada hacía sesenta años- los primeros logros concretos. A fines de ese mismo mes de noviembre de 1980, la propuesta de Uruguay fue aprobada por consenso. En esencia, solicitaba a Chile entregarle una salida al mar a Bolivia. La delegación se retiró tras expresar sus reparos. Una última propuesta chilena de 1981, relacionada con las reuniones de 1975 y con la respuesta pendiente de Perú sobre la opción del "corredor al Pacífico", fue descartada por el propio Gobierno de Bolivia, que reclamaba una salida gratuita al mar, alegando además que el problema perdía su carácter bilateral por la presencia de Perú en el mismo y por las intervenciones de la OEA el año anterior. Bolivia renunciaba así, por cuenta propia, a las mismas instancias de negociación ofrecidas por Chile, y también sugeridas por la OEA como solución con marcado favoritismo a La Paz. ¿Qué quería concretamente, entonces, el Altiplano? ¿Mar, un puerto o todo Atacama?... Misterio. Por lo pronto, Bolivia podía descorchar champagne celebrando su mayor hazaña diplomática: la artificial internacionalización de su mentado problema de mediterraneidad.
La inestabilidad política de los años setentas continuó durante la década siguiente en Bolivia. Tras una sucesión de golpes militares, 1982 era testigo de otros cuatro gobiernos pasando aceleradamente por el palacio de La Paz. En orden cronológico: García Meza, la Junta Torrelio-Bernal-Pammo, Torrelio Villa solo, Vildoso Calderón y Siles Zuazo. Entre medio, las acusaciones desde Estados Unidos vinculando a las altas autoridades del Gobierno y las fuerzas armadas con narcotraficantes eran presentadas una tras otra. Este agravamiento de la situación política y los eventos que convulsionaron a América Latina aquel año, como la Guerra de Islas Falkland, se llevaron por el río de la actualidad internacional la situación de la "mediterraneidad" boliviana como asunto prioritario. Esto no impidió, sin embargo, que para el año 1983, los países del Pacto Andino apoyaran oficialmente un plan peruano para darle facilidades de uso de sus puertos a Bolivia, en el mes de octubre. Esta propuesta peruana fue aplaudida y beatificada con cantos de hermandad americana, poniéndosela en contraparte a la "negativa" permanente de Chile a buscar una solución para el reclamo altiplánico, en circunstancias de que aquellas mismas facilidades de tránsito y aduanas eran las que Chile le venía dando a Bolivia desde firmado el Tratado de 1904, y que había sido ampliada infinitamente con la Convención de Libre Tránsito de 1912, la Convención de Tránsito de 1937 y el Tratado de Complementación Económica de 1955, sin que ninguno de estos mecanismos hubiese logrado curar el orgullo herido de los afanes reivindicacionistas. A favor chileno, sin embargo, debe recordarse que innumerables veces la ignorancia y la parcialidad han influido en las relaciones continentales de la comunidad americana, no sólo en el caso del conflicto que Bolivia pretendía abrir con Chile. Pero las cosas no marcharon mejor para Bolivia, ni siquiera con las muestras de generosidad de su ex-aliado. En abril del año siguiente, el gobierno debió devaluar el peso en un 300%, provocando de inmediato olas de descontento y amenazas de huelgas. Las paralizaciones comenzaron el día 30 de ese mes, organizadas por la Central Obrera Boliviana. Un mes después, Siles Zuazo anunciaba la suspensión del pago de la deuda externa boliviana. En tales circunstancias, la lucha romántica por el retorno al mar perdió toda urgencia y se la marginó incluso de las habituales arengas presidenciales destinadas a buscar la cohesión de las masas permanentemente divididas. A pesar del clima recalcitrante de la política boliviana, los agentes al servicio de sus pretensiones marítimas no guardaron silencio en aquellos días. En 1984 se realizó el denominado "Primer Congreso sobre el Pensamiento Político Latinoamericano" convocado por el izquierdista argentino Jorge Abelardo Ramos. Durante el encuentro, se suscribió la llamada "Acta Chileno-Boliviana de Córdoba", entre el ex simpatizante del nazismo chileno y luego conocido defensor de cuanta pretensión expansionista contra Chile provenga de Perú, Bolivia o Argentina, el Profesor Pedro Godoy, y el delegado altiplánico Andrés Soliz Rada. En ella, apelando a las conocidas peroratas de fraternidad bolivariana, se pretendía legitimar la aspiración portuaria marítima de Bolivia pasando por encima de la difícil situación estratégica en que se encontraba Chile, resolviendo la cuestión del Canal Beagle que, hacía sólo unos años atrás, había estado al borde de constituirse en la excusa de un nuevo acercamiento aliancista de Buenos Aires con Lima y La Paz (Hipótesis Vecinal Máxima). Aunque el encuentro de Córdoba terminó siendo una excusa insulsa de los grupos de izquierda continental para lanzar toda clase de proclamas en favor de la tiranía castrista de Cuba, como siempre aferrados a disparatados discursos sobre unidad latinoamericana y manipulación redonda de la memoria del Prócer Bolívar, el episodio demostró la existencia de un pujante grupo de entreguistas chilenos que, si bien sucumbieron de los escenarios políticos por no representar a nadie y por generar más anticuerpos que simpatías en la población, estaban dispuestos a arrogarse la voz de todo un país para comprometerlo en acuerdos totalmente impropios y desajustados del momento histórico en que se encontraban las perturbadas relaciones exteriores del continente. El tiempo les demostraría lo delirante de sus aspiraciones. El resto del año 1984 llegó a ser otro de los más complejos de la historia de Bolivia, especialmente por las movilizaciones y las amenazas de los sindicatos que consiguieron el casi imposible logro de poner la cuestión marítima en un muy secundario lugar. Para el 20 de marzo de 1985, finalmente y luego de trece días de paralización casi total, las fuerzas armadas derrocaron a Siles Zuazo y llamaron a elecciones libres, además de establecer casi inmediatamente relaciones con China. Como ningún candidato logró superar el 50% de los votos, el Congreso eligió al ayer líder del nacionalismo revanchista paceño, "bolivariano" declarado y fundador del MNR, Víctor Paz Estenssoro, quien asumió el 6 de agosto.
Antes de terminado el año de 1986, personeros de la diplomacia al servicio de Paz Estenssoro, aprovecharon algunas reuniones internacionales para probar un acercamiento con las delegaciones chilenas en Bogotá, New York, Lima y Guatemala. Aunque la información vertida en estos encuentros estuvo por largo tiempo dentro de las reservas diplomáticas, hoy se sabe que en ellas se discutieron abiertamente fórmulas de solución para Bolivia y la creación de una Comisión Binacional de Acercamiento. Ahora bien, cuando las conversaciones pasaron al plano de las Cancillerías, Bolivia creyó oportuno destacar en Santiago a un Cónsul General, designando para tales funciones a Jorge Siles Salinas, uno de sus políticos más preparados y expertos en materias de relaciones exteriores. Se había desempeñado como representante de La Paz ante la Santa Sede, entre otros subrayados de su largo y envidiable currículum. Casualmente, era también cuñado del Canciller chileno, Jaime del Valle, pues estaba casado con su hermana. Estas condiciones dieron pie a un buen nivel de conversaciones, otra vez en calma y cordialidad, en 1986. De ellas surgió el proyecto de reunir a las dos cancillerías en Montevideo, para el 21 de abril del año siguiente. Hubo grandes esperanzas de entendimiento depositadas en estos encuentro, según se desprende del comentario del ministro chileno que, el mismo día de la reunión, reproducía en Santiago el diario "El Mercurio":
Sin embargo, el Canciller Guillermo Bedregal de Bolivia, declaró en los medios ese mismo día en que partía: "Bolivia asistirá con su mentalidad libre de todo prejuicio, pero con el objetivo de lograr esa ambición y derecho boliviano..."
Como puede apreciarse comparando las declaraciones, ambos ministros iban a reunirse trayendo en mente dos disposiciones absolutamente contrarias e incompatibles. Y nótese, también, que si por el lado chileno la voluntad era escuchar y atender a Bolivia, por el de ésta se buscaba obtener acuerdos concretos y lineamientos definitivos para solucionar geográficamente su mediterraneidad sin cesiones ni canjes. Ninguno fue capaz de anticipar (o aceptar), por lo tanto, que estas negociaciones estaban fracasadas desde el principio; o peor, desde antes de comenzar. Del Valle llegó al Uruguay acompañado por el Director de Política Exterior, Gastón Illanes, el de Planificación, Juan Enrique Castro y el de Fronteras y Límites, General Pedro Ewing. Bedregal se hizo acompañar del segundo Viceministro de Informaciones, Irving Alcaraz, del Embajador ante la ONU, Jorge Gumucio, y del Cónsul Siles Salinas. El grupo paceño era completado por cuadro funcionarios técnicos de su Cancillería, liderados por el embajador especial Walter Montenegro. Todo marchó con dificultad desde el principio. Un par de horas después de empezar la conversación en el "Hotel Carrasto" de la capital uruguaya, quedaron en evidencia las grietas abismales que habían entre ambas posiciones. Mientras Del Valle insistía en oír y luego estudiar la propuesta, Bedregal se arrojó de lleno a definir la situación como un "problema fronterizo" que urgía ser resuelto por el bien de América Latina. Luego, declaró que "el punto crucial de la negociación estará en el planteo que formule Bolivia". En este punto, ardió Troya: la delegación boliviana realmente estaba convencida de que las reuniones eran su oportunidad para abrir precipitadamente una "negociación" directa sobre fronteras, con un inmediatismo sorpresivo. Menos apropiado aún era basar el asunto a formatos de "derecho", según la declaración del ministro al salir del Altiplano, pues se abría allí un incierto y agobiador campo de discusión infinitamente más complejo que las argumentaciones prácticas y entendibles de Bolivia por poseer costas propias, fuera del discurso legalista. A pesar de todo, Del Valle decidió no reorientar la exposición boliviana y se limitó a continuar cumpliendo su anuncio de limitarse a atender la propuesta que tuviese el vecino país. Al final de la reunión, sin embargo, ambas delegaciones acordaron mantener en reserva todas las materias discutidas dentro de la misma, presentando en su lugar sólo una declaración conjunta. Confiados en seguir las conversaciones, todos se retiraron de la reunión preparándose para el siguiente encuentro. Sin embargo, a penas salió de la sala la delegación boliviana, el ministro Bedregal declaró a los medios de prensa que durante el encuentro se había discutido sobre la entrega de "una franja territorial continua, que sea útil, propia y soberana" para su país. La promesa boliviana de mantener reserva no había durado ni diez minutos. Consultado por los medios de prensa, por su parte, Del Valle, se limitó a ser más general y describir el optimismo que aún abrigaba en la continuación de las reuniones. Complicando aún más las cosas, la prensa de Santiago se llenó de "trascendidos" tomados del diario "Última Hora" de La Paz, hasta hacía unos años dirigido por el propio Siles Salinas. Según estas filtraciones, Chile había ofrecido una franja de territorio de 2.500 kilómetros cuadrados que, en lo fundamental, era similar a la propuesta tras la reunión de Charaña de 1975; como compensación, Chile recibiría facilidades para uso de aguas de ríos y gas natural.
Las reuniones de Montevideo germinaron el 23 de abril de 1987, entregándose a la opinión pública una comunicación oficial conjunta, en la que, de modo muy amplio, se testimonia que Bolivia presentó un planteamiento para buscar una salida al mar, contenidas en dos memorándums y dos mapas. La información sería llevada a Santiago para ser analizada y estudiada con detención. Puede observarse entonces que, en tres días, las meras "conversaciones" supuestamente sin compromisos previos, habían quedado convertidas en lo peor que podían llegar a ser: negociaciones concretas para un proceso entreguista. La falta de luz respecto del trasfondo de las mismas y el desinterés de la Cancillería de Chile por informar oportuna y correctamente a la opinión pública respecto de lo que en realidad ocurría (tradicional política chilena en materias de relaciones exteriores) han dejado sombras que aún persisten sobre esta negociación, también en Bolivia. De lo que si no hay dudas, es de lo mal llevado del proceso por parte de Chile. Lo cierto es que la documentación de las reuniones quedó en manos de un Comité Especial de la Cancillería, presidido por el Viceministro, Brigadier General Francisco Ramírez, seguido del Subsecretario, Coronel Ramón Valdés. Tenían encomendado un estudio exhaustivo del mismo y la emisión de una conclusión al respecto. Sin embargo, el Comandante en Jefe de la Armada, José Toribio Merino, anticipó desde su lugar en la Junta el 27 de abril:
Dos días después, el Canciller se reunió con los miembros de la Junta para informarles sobre la propuesta boliviana. Extraoficialmente se supo, además, que para el día 5 de junio era probable que ambos países diesen a conocer simultáneamente la información señalada. Pero, ante las perturbaciones y temores que se desataron en la opinión pública nacional, el Almirante Merino declaró a "El Mercurio" el 8 de mayo:
Con la declaración, todos los patriotas chilenos recuperaron el aire, pero también provocó frustraciones entre círculos de tradición apátrida y entreguista de Chile, como algunos académicos. Por esto, cuando se reveló finalmente el contenido de la propuesta el día prefijado y en medio de una plétora de arengas fraternas y de "buena disposición", ya era clara su escasa probabilidad de éxito. Ésta contenía esencialmente dos opciones tan estudiadas que cuesta creer que sólo salieran de los tres días de conversaciones en Montevideo:
No acababan de tomarle la última foto a Del Valle durante la conferencia de prensa en que reveló las propuestas, cuando ya comenzaban a escucharse los primeros rugidos de rechazo por todo el país, especialmente en las Regiones I y II, donde se produjo un verdadero estallido de descontento popular. Varios movimientos y agrupaciones de defensa del territorio y la soberanía surgieron espontáneamente en rechazo a la gestión, sentimiento al que se sumó, por supuesto, nuestra Corporación de Defensa de la Soberanía, para entonces Comité Patria y Soberanía. La prensa de la época reaccionó también en la misma línea de descontento. Pero el Almirante Merino descartó por completo el planteamiento, dos días después, al declarar a "El Mercurio":
Esta clase de declaraciones indignaron a la opinión paceña y generaron una ola de resquemor contra el Almirante, como veremos, ubicándolo en un sitial de odio boliviano que hasta entonces estaba reservado sólo para el propio Presidente Pinochet. Más aún, cuando ese mismo día 9 de junio, un "extra" de último minuto anunciaba el rechazo rotundo de la Cancillería a la propuesta, por orden de la propia Presidencia. El comunicado oficial del rechazo fue leído después, cerca de las 19:00 horas, descartando de plano la propuesta boliviana.
Como no podía ser de otra forma, La Paz entró en erupción. El embajador Jorge Gumucio declaró ante la ONU que su Gobierno "creía que la América Latina va a resentir la acción de Chile", en otro arrebato megalómano. Seguidamente, expresó "su agradecimiento a la buena disposición del gobierno peruano y del Presidente Alan García de contribuir a solucionar el problema". Por su parte, Siles Salinas renunció irrevocablemente al consulado en Chile. Protestas espontáneas se armaban en las calles de La Paz contra Chile, mientras tanto. Libres ya de trabas morales para contener el histórico antichilenismo del Altiplano, un atentado con bomba sacudió el Consulado de Chile en Cochabamba y varios camioneros chilenos fueron atacados en las carreteras. El Canciller Bedregal se refirió en términos insolentes y groseros contra su colega chileno, definiéndolo el 11 de junio de 1987 como "alarife de un gobierno totalitario" y un "cobarde". Del Valle se limitó a negar conocer la supuesta propuesta boliviana antes de la reunión y atribuyó la actitud grosera del ministro a su ofuscación. La demanda volvió a la OEA al día siguiente, cuando el representante boliviano Armando Soriano, solicitó a su presiente mexicano Antonio de Tonza la realización de una sesión extraordinaria dedicada especialmente a analizar el rechazo chileno a la propuesta altiplánica, petición que era imposible e irrealizable, según quedó demostrado el miércoles 17 de junio, cuando tuvo lugar la reunión en Washington. El embajador Javier Illanes declaró con acierto, en la ocasión, que:
Simultáneamente, Bolivia intentó buscar apoyo en la ONU y en el Vaticano, estrategia que, como veremos, volvería a repetir en futuras escaramuzas diplomáticas. La idea era procurar que el Papa Juan Pablo II interviniese, pues la deuda moral contraída por Chile tras su mediación en el litigio del Canal Beagle y su reciente visita al país eran factores que difícilmente podría eludir Santiago. Y, también haciendo debutar un estilo de hostigamiento que ha perdurado en el tiempo, al día siguiente, viernes 12 de junio, el Ministro de Informaciones de Bolivia declaró que su país denunciaría ante la OEA y la ONU la presencia de aviones chilenos violando su espacio aéreo en Charaña y Calacota. Nadie lo tomó en serio, para su desgracia; sólo los chilenos, que emitieron un comunicado de inmediato, negando las acusaciones. Esto quedó demostrado cuando el Ministro de Defensa de Bolivia, Alfonso Revollo, admitió la falsedad de las imputaciones y su homólogo chileno, Almorante Patricio Carvajal Prado, declaró que los aviones que habían sobrevolado Bolivia no eran chilenos, sino peruanos. El clima violento continuó el día 15, cuando el Comandante General de la Armada de Bolivia, Contralmirante Douglas Extremadoiro García, dio en Guayamerín un duro discurso contra Chile declarando que su rama militar "contribuye al desarrollo nacional para potenciar económicamente a Bolivia y proporcionarle un verbo vigoroso en toda la discusión con el enemigo" (los destacados son nuestros). Por su parte, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea boliviana, General Jorge Rodríguez, declaró en Cochabamba el día 24 que "el cabal ejercicio del poder aéreo liberará a Bolivia del enclaustramiento, encauzará a la patria hacia su verdadera integración y proyectará sus alas más allá de los mares". Terminaba de esta manera la triste negociación iniciada en Montevideo. Sería fácil culpar de todo a la precipitación y el evidente inmediatismo desesperado de Bolivia por aprovechar la instancia de diálogo ofrecida por Chile, pero en honor a la verdad debe admitirse que las autoridades chilenas no estuvieron menos equivocadas al no esclarecer desde el principio el alcance y la disposición que tenían frente a cualquier propuesta que Bolivia pretendiera hacerles durante las conversaciones, sin considerar además el punto de ebullición en que sen encontraba el ya centenario frenesí antichileno del sentimiento nacionalista boliviano. Una señal más sobre el grado de dificultad que estas negociaciones revisten y de la que, sin embargo, no se recordarían enseñanzas durante los años siguientes. Finalmente, el diario boliviano "El Diario" del 26 de junio, editorializaba canalizando la chilenofobia del Altiplano en esos días:
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