EL FENÓMENO DE INMIGRACIÓN ECONÓMICA MASIVA HACIA CHILE: ¿ESTÁ PREPARADO EL PAÍS PARA SOSTENER UNA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA ABIERTA Y UNA SITUACIÓN IRREGULAR DE RECEPCIÓN MIGRATORIA?
-Ampliado y actualizado en septiembre de 2008
UN TEMA ÁSPERO, DONDE SE RECURRE A ARGUMENTOS MAS IDEALIZADOS Y SENSIBLES QUE REALISTAS, ES EL DE LA INMIGRACIÓN MASIVA DESDE PAÍSES VECINOS HACIA CHILE, ESPECIALMENTE EN EL CASO DEL PERÚ. AUN CUANDO EXISTE TODA LA HOSPITALIDAD Y LA BUENA VOLUNTAD DE RECIBIRLOS, LA REALIDAD ES QUE EL PAÍS NO ESTÁ EN CONDICIONES DE EXPERIMENTAR UN DESBORDE INMIGRATORIO, BAJO EL RIESGO DE SUFRIR GRAVES DESEQUILIBRIOS EN SU PRECARIA Y FRÁGIL ESTABILIDAD. TAMPOCO HA EXISTIDO NINGUNA CLASE DE INICIATIVA DE PARTE DE LOS FOMENTORES DE ESTE FENÓMENO, PARA IMPLEMENTAR UNA LEGISLACIÓN Y UNA REGULACIÓN QUE NORMALICE LA INFORMALIDAD Y EL DESORDEN CON QUE ESTE SE DA, AFECTANDO INEVITABLEMENTE LOS NIVELES DE INGRESO Y DE OCUPACIÓN INTERNOS
Antecedentes contemporáneos sobre el flujo migratorio en Chile
Se denomina MIGRACIÓN al fenómeno de desplazamientos humanos de ciudadanos de un espacio territorial hacia otro, ya sea con intenciones de establecerse temporalmente o bien de modo definitivo. Usualmente, se denomina EMIGRACIÓN al flujo migratorio que abandona un territorio, e INMIGRACIÓN al que ingresa. Se llama MIGRACIÓN INTERNA a los desplazamientos humanos dentro de los territorios de un país o república, mientras que la MIGRACIÓN EXTRANJERA corresponde al que se da entre los territorios de países o repúblicas distintos.
Que las normas de inmigración chilena son extremadamente básicas -remontándose a 1974, pero para criterios y necesidades que datan de principios del siglo XX- es algo por nadie discutido. Esto se explica porque el flujo migratorio hacia Chile era muy bajo entonces y permaneció así por más de un siglo. Sin embargo, la drástica alteración de escenario en Sudamérica, la caída de virtuales potencias económicas como Argentina, el daño económico experimentado por el Brasil, la desestabilización social peruana o boliviana y otros varios factores, han obligado a Chile a asumir circunstancialmente una responsabilidad imprevista con los inmigrantes, para la cual no existían ninguna preparación ni providencia.
Este panorama ha generado simpatizantes y detractores, a veces enfrascados en acaloradas discusiones sobre las conveniencias o los perjuicios del fenómeno, lamentablemente con tintes más políticos o ideológicos -de uno y otro lado- que de argumentos serios y visiones realistas. En estos intercambios, se recurre con frecuencia a la argumentación basada en experiencias que ya anteriormente ha tenido Chile en materias de migraciones. Por un lado, están los que recuerdan la inmigración de alemanes o yugoeslavos que en el pasado se dieron hacia el país, advirtiendo que podrían significar ejemplos de favoritismos o "racismo selectivo" en desmedro de la procedencia de los actuales grupos inmigratorios desde países vecinos, con lo que buscan justificar a estos últimos. Por el otro, están los que responden que las migraciones germanas a Chile fueron absolutamente intencionadas y de intereses bilaterales, cuidadosamente planificadas y sujetas a un de proyecto de colonización previo, en momentos en que la baja población chilena no permitían otra vía de desarrollo austral.
El caso de los inmigrantes de origen árabe llegados a Chile desde la primera mitad del siglo XX en adelante, tampoco sería un buen ejemplo de analogía con el fenómeno peruano, por ejemplo, pues los viajeros desde Medio Oriente llegaron a establecerse fundamentalmente en actividades comerciales, permaneciendo poco tiempo agrupados en círculos con resistencia a la asimilación y, de hecho, muchos de ellos hasta se cristianizaron y formaron familia con ciudadanos chilenos, salvando rápidamente los escollos culturales que pudiesen hacer áspera su presencia, aunque -como no podían faltar- algunos exagerados también han creído identificar tempranos brotes de "xenofobia" contra estos inmigrantes árabes en aquellos años, poniendo como ejemplo algunas expresiones duras o la denominación genérica de "turcos" que erradamente se les dio. Pero un hecho curioso es que esta inmigración árabe derrumbe uno de los mitos pilares de los defensores de las inmigraciones peruanas: la leyenda negra del "racismo chileno", receptivo sólo con los europeos.
Chile viene enfrentando el problema de asumir sin más postergaciones las consecuencias del fenómeno migratorio. Los argumentos a favor o en contra discurren con la pasión de esos temas donde se incluyen asuntos de valores éticos y humanistas. Incluso el profesor Pedro Godoy P., posterior acólito de la integración bolivariana y defensor apasionado de inmigraciones de países vecinos, había escrito este sorprendente párrafo en la página 109 de su libro "Ciencias Sociales. 3er Año de Enseñanza Media" (Santiago de Chile, 1970):
"La inmigración es otra medida modificatoria de la composición cuantitativa y cualitativa del cuerpo poblacional. Fue muy estimulada en el siglo XIX porque se la estimó una solución para lograr el "despegue". Está comprobado que los inmigrantes -por lo demás muy pocos en Chile con relación a Brasil y a los demás países del Río de la Plata- han hecho un aporte muy pobre al desarrollo. La mayoría se dedicó a actividades socialmente improductivas -comercio, por ejemplo- y algunos grupos constituyen círculos herméticos que son un franco peligro para la cohesión nacional. Hoy el Estado en vez de fomentar la inmigración debiera crear fuentes de trabajo que permitan la repatriación del medio millón de chilenos que laboran en provincias australes de Argentina. Ellos son nuestros exiliados económicos. Se marchan no por vocación andariega (el mito del chileno "pat'e perro"), sino porque, radicándose en el país vecino, escapan de la miseria criolla".
Sin embargo, el paso del tiempo no sólo cambió el discurso de americanistas como el profesor Godoy, sino que también incorporó factores emocionales y "políticamente correctos" que han invalidado toda posible inspiración sobre el texto anterior y sus sentencias relacionadas con la improductividad social de las actividades que desarrollan los inmigrantes, o de su tendencia a constituirse en círculos herméticos reacios a asimilarse con la sociedad local, imputaciones que en estos momentos vienen como anillo al dedo a las críticas que pudiesen formularse, precisamente, a los inmigrantes peruanos.
Mitos "políticamente correctos" sobre la inmigración mundial
"Al salir a Norteamérica, oía historias sobre sus calles pavimentadas de oro... Pero al llegar, descubrí que: primero, no estaban pavimentadas de oro; segundo, ni siquiera estaban pavimentadas; y tercero, estaban esperando que yo las pavimentara..." (Testimonio de un inmigrante irlandés anónimo en los EE.UU. del siglo XIX)
MITOS
HECHOS REFUTATORIOS
"La inmigración siempre fomenta la paz, la integración y el sano intercambio cultural entre los pueblos"
La inmigración ha sido innumerables veces en el mundo un factor de división y de quiebres políticos que incluso han conducido a algunas de las guerras más sangrientas de las que se tenga registro. La situación de tensión chino-japonesa por la colonia manchuriana; los conflictos limítrofes entre la India y Pakistán; la histórica disputa entre serbios y albano-kosovares; el choque entre los pueblos de Israel y Palestina; etíopes y ugandeses; dominicanos y haitianos; y tantos otros ejemplos, demuestran que las inmigraciones masivas pueden llegar a generar conflictos de delicado orden geopolítico y militar. Pocos saben, por ejemplo, que la famosa política del "apartheid" sudafricano, instaurado en 1944 y convertido más tarde en el símbolo de la lucha entre blancos y negros en ese país, tuvo entre sus intenciones originales impedir la inmigración masiva de habitantes de los vecinos países negros de Namibia, Botswana, Rhodesia (Zimbabwe) y Mozambique, a la sazón sofocados por tiranías y caudillismos políticos. El carácter segregacionista de la medida se acentuó conforme los inmigrantes negros comenzaron a superar en número a los habitantes blancos de Sudáfrica, con las consecuentes controversias políticas que concluyen recién en 1990, tras la abolición de la medida. Del mismo modo, se recordará que la invasión japonesa a la provincia china de Manchuria, en 1931, y la proclamación del Estado Independiente de Manchuco tuvo que ver con el interés nipón de proteger del comunismo a su comunidad de inmigrantes estables y a los "dekasegis" (inmigrantes que, como en el caso de muchos peruanos residentes en Chile, se establecían con la intención de regresar a su patria después de algunos años de trabajo y de ahorro). Recuérdese, además, que en la propia historiografía oficial de Perú y Bolivia figura como una causa de la Guerra del Pacífico la masiva incorporación del elemento obrero y empresarial chileno en Antofagasta (93% de la población, según el historiador boliviano Alcides Arguedas) a pesar de que la ciudad estaba fundada sobre territorio que había sido cedido a Bolivia por el Tratado de 1866. La intención de Daza al decretar el impuesto y el embargo de la Compañía de Salitres de Antofagasta, detonante final de la guerra, tenía por objeto expulsar, precisamente, a todos estos miles de chilenos de ese territorio de riquezas por entonces apetecidas por el Estado del Perú. La ocupación boliviana de la provincia de Tarija también fue la razón por la que Argentina terminó cediéndola al Altiplano, a fines del siglo XIX.
"La inmigración masiva y sin trabas legales es parte del nivel normal de relaciones entre los países en la actual realidad del globalismo"
La flexibilización de las fronteras bajo la filosofía del globalismo se refiere en realidad a la facilitación de los intercambios económicos y comunicacionales entre los países como resultado de las nuevas tecnologías y de la ampliación de las coberturas de transportes, pero no precisamente en lo relacionado con los desplazamientos humanos entre uno y otro país. Quienes pretenden darle graciosas lecturas iluministas al globalismo (el arquetipo de la Tierra Prometida), adjudicándole características o facultades que no le corresponden, simplemente no han comprendido el verdadero alcance y la naturaleza de este fenómeno histórico y, por el contrario, el encandilamiento con el mismo hace que se le otorguen propiedades extraordinarias, como sucedió en algún momento con los fenómenos mundialistas eufóricamente anunciados con optimismo en teorías novedosas en su momento, que han resultado sólo parcialmente cumplidas, generando nuevas revisiones y nuevos planteamientos que, a su vez, también se cumplen sólo en parte: la "Tercera Ola" de Alvin Tofler, la "Primera Revolución Mundial" de Alexander King, la "Aldea Global" de Marshall McLuhan, el "Shopping Center Global" de Theodore Levitt, la "Evolución de la Sociedad High Volume a la High Valuer" de Robert Reich o el "Fin de la Historia" de Francis Fukuyama. Por otro lado, cada vez queda más claro que el llamado globalismo va estrechamente emparentado con el triunfo de la imposición del modelo neoliberal en las economías del mundo, identificado precisamente por su fundamento de capitalismo especulativo y materialista, donde conceptos humanistas o sensiblerías tienen muy poco arraigo entre los intereses o las ideologías que lo sustentan. Esto se ve confirmado por el hecho de que muchos países liberales que en algún momento pretendieron flexibilizar sus políticas migratorias sintiéndose partícipes importantes del fenómeno globalista, como Australia, Estados Unidos, Canadá o Francia, en tiempos posteriores han debido revisar estas políticas y endurecer los criterios de apertura a la inmigración, adoptando posiciones conservadoras precisamente para impedir que un arribo masivo de extranjeros llegue a superar sus capacidades para poder acogerlos. Como la mayoría de los países desde donde proceden las migraciones corresponden a naciones sumidas en la pobreza o el caos político, cabe preguntarse, entonces, si las inmigraciones masivas, lejos de ser una característica de las bondades del globalismo, no serán más bien un gravísimo problema propio de estos tiempos globales; un rasgo de decadencia o de crisis del cual nadie quiere hacerse responsable.
"Los fenómenos migratorios no afectan a las plazas laborales, porque los inmigrantes toman los trabajos que los ciudadanos locales desprecian"
Este es uno de los mitos más expandidos a nivel internacional sobre el fenómeno migratorio, con la piadosa explicación de que los inmigrantes sólo llegan a captar los puestos de trabajo disponibles para el segmento que representen y no otros. Eso sucederá con los flujos migratorios regulares y moderados a grandes potencias económicas, pero en lo que se refiere a los flujos masivos, es decir, la migración numerosa de personas -generalmente muy menesterosas o de escaso nivel sociocultural-, a países en vías de desarrollo, la tendencia es captar los puestos de trabajo más sensibles en las tasas de ocupación locales (obreros, empleados, aseadores, etc.) pero con la disposición de trabajar por remuneraciones menores, producto de sus necesidades puntuales e insatisfechas. En una sociedad de capitalismo salvaje, donde la moral ha sido desplazada por los criterios de oferta y demanda, la presencia del elemento inmigrante dispuesto a ser explotado como mano de obra barata (y a veces tolerante a toda clase de atropellos laborales y abusos, producto de esta misma situación de urgencia económica) cae del cielo a empleadores que ven allí la oportunidad de reducir salarios e incrementar utilidades por medio de la explotación del empleado, incluso dentro de los márgenes que la legalidad permita. En este sentido, es evidente que aquello que estos inmigrantes captan en la sociedad que los hospeda no son los puestos de trabajo que los locales desprecian, sino los NIVELES DE REMUNERACIÓN INFERIORES A LOS DE TRABAJADORES LOCALES, trayendo como consecuencia la caída de los estratos de ingreso. El ejemplo que comúnmente se hace para pregonar la máxima de que los inmigrantes "toman los trabajos que otros desprecian", al señalar a países como Estados Unidos o algunos de Europa, con altísimos niveles de acceso a la formación profesional y universitaria, no es feliz ni aplicable a ningún país desarrollado o en vías de desarrollo que registre niveles de cesantía del tercer mundo. La contratación irregular también ha perjudicado enormemente, incluso, a los países desarrollados que han acogido a inmigrantes en masa, producto del oportunismo inescrupuloso de algunos empleadores y del sistema mismo. Un informe de las Comisiones Obreras de España entregado durante el año 2000, demostró que la incorporación fuera de norma de ciudadanos extranjeros había reducido los salarios en un 13% en la rama de la construcción, un 6,6% en hotelería y un 5% en comercio, pues estas áreas laborales son, precisamente, aquellas donde hay mayor recepción de trabajadores inmigrantes. Además, la Oficina Nacional de Estadísticas de España demostró que de los 995.800 puestos de trabajo que se habían creado durante el año 2004, unos 964.700 fueron ocupados rápidamente por trabajadores extranjeros, en vista de la predisposición a la informalidad y a las bajas remuneraciones en que su situación de desamparo los pone. En otras palabras, una minoría de sólo el 8% de la población total residente en el país tuvo acceso a más del 95% de los puestos de trabajo disponibles.
"Mientras más numeroso sea un flujo de inmigración, más fácil resulta a sus elementos la integración con la comunidad que los acoge".
Tampoco es cierto. Mientras los flujos migratorios regulares tienden a asimilarse en la sociedad que los recibe sin perder sus rasgos originales de cultura, credo o incluso idioma, manteniéndose en colonias o en clubes de origen, en el caso de las migraciones masivas la tendencia es al ostracismo entre los grupos que la integran, constituyendo verdaderos ghettos urbanos, desprendidos del sistema social imperante y de escasa interacción con el mismo, imposibilitando por completo la incorporación al pueblo que los acoge. Una característica propia de estos fenómenos, por ejemplo, es la constitución de "grupos de interés" entre inmigrantes, orientados en introducir en una sociedad todos sus conceptos y todas sus cargas valóricas pero resistiéndose a aceptar o participar de las que pertenecen a la sociedad imperante. Al contar con un número de individuos de similar origen y en igual condición de desarraigo con la sociedad donde se encuentran, la situación tiende a facilitar y hacer más cómoda esta desadaptación, encerrado en núcleos propios e impenetrables con características de subcultura; es decir, de participar de códigos y ordenamientos que chocan con los de la sociedad en la que están inmersos. La automarginación escolar, la negativa a incorporarse a sistemas previsionales, la marginalidad, el pandillismo y la tendencia de algunos grupos a participar de negocios ilícitos, son manifestaciones de esta tendencia rupturista hacia la sociedad receptora que, en determinados casos, una inmigración desbordada eventualmente puede acarrear.
"Regular la inmigración es una forma de discriminación que fomenta el racismo y la xenofobia"
Los países con las democracias contemporáneas más consolidadas y recurridas como ejemplos de libertad (Estados Unidos, Francia, Australia, etc.) son los que tienen las leyes más estrictas en materias de inmigración extranjera. Y no sólo eso: en los últimos años, han mostrado una clarísima tendencia hacia el endurecimiento de sus mismas normativas, de modo que la regulación de las políticas de inmigración ha sido más bien característica de las sociedades más libres y democráticas del mundo, y no de las más "racistas" o "xenófobas". De hecho, el racismo y la xenofobia ha cundido muchas veces por la falta de regulación a los flujos migratorios, como sucedió en Alemania y España con relación a las oleadas de inmigrantes latinoamericanos, marroquíes y asiáticos. Como la situación fue abordada en forma poco cuidadosa por las autoridades locales y, en algunos aspectos, se llegó al absurdo de extender beneficios para la comunidad inmigrante que perjudicaban a los trabajadores nacionales, los grupos locales de menor nivel cultural y educacional comenzaron a abrigar sentimientos de odiosidad y rencor hacia estos inmigrantes, especialmente contra los ilegales, llegando a la abierta violencia racista o xenófoba, como ocurrió en los ataques a ciudadanos turcos y africanos, a fines de los años ochentas y principio de los noventas. Alemania y España renovaron sus Leyes de Extranjería a principios de 2005. El proyecto de la Constitución Europea, por su parte, aumentó las restricciones y el carácter defensivo de las políticas migratorias por encima del promedio de los países que la suscriben. Aun así, fue rechazada en el referéndum de Holanda poniéndola en jaque, a principios de junio 2005, pues sus habitantes consideraron -entre otras desventajas- que era demasiado favorable a la situación de la migración. Vemos, entonces, que es la falta de regulación en las políticas migratorias la que da excusas a la actuación de grupos xenófobos y racistas, mientras que el ordenamiento lógico y racional de los flujos de inmigración extranjera, por el contrario, evita los desequilibrios y las cuestiones sociales comúnmente asociadas al origen de tales expresiones de discriminación o violencia racial. El problema, sin embargo, es que ciertos grupos ideológicos preferentemente de izquierda, han aprovechado con inmoral oportunismo político la existencia de la xenofobia y el racismo para perseguir a determinadas corrientes o movimientos de opinión utilizando, entre otras cosas, la demonización del discurso crítico hacia la inmigración descontrolada, relacionándola precisamente con los anatemas del odio racial.
"Fomentar la inmigración contribuye a mejorar la calidad de vida, los niveles de ingreso y la aceptación del inmigrante en la sociedad receptora"
Otro de los mitos más falsos e irresponsablemente inhumanos que suelen escucharse en los debates sobre inmigración. Este problema es conocido en todo el mundo desde los tiempos de la Revolución Industrial, cuando una gran cantidad de comunidades pobres de países en crisis políticas o sociales emigraba hacia los grandes centros urbanos, donde eran objeto de explotación laboral y de la obligación de trabajar en condiciones inhumanas de seguridad y salubridad. En sus ensayos, Frederic Engels, el segundo ideólogo del marxismo internacional, se refirió largamente al tema. Socialistas utópicos como Robert Owen también advirtieron esta clase de problemas, que perdurarían por lago tiempo. Por estas y otras razones, en junio de 1958, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su Convenio sobre la Discriminación y el Empleo, identificando como discriminación laborar a "cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación" y condenando "cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades". Estas disposiciones sólo cabrían adecuadamente en una situación de migración regular, pero no en un escenario de inmigración masiva donde la predisposición de la explotación y a las satisfacciones básicas hacen del extranjero en situación de urgencia una presa fácil de inescrupulosos y oportunistas, aun ajustando todo a la legalidad y a la contratación legal. Como hemos dicho, en una sociedad intoxicada por los criterios de oferta y demanda, la predisposición del inmigrante en situación menesterosa acaba por bajar los estándares sociales de remuneración y condiciones de empleos a los mínimos, fomentando, además, el flujo permanente -o incrementándolo- de otros extranjeros en similar situación de desprotección y vulnerabilidad. En septiembre de 1998 se descubrió en New York una organización que explotaba a inmigrantes sordomudos mexicanos para hacerlos trabajar en las calles. En marzo de 2002, se reveló que muchos inmigrantes norcoreanos debían trabajar de manera inhumana y forzada en algunas granjas e industrias chinas. En España y Portugal los inmigrantes acceden sólo a los trabajos peor remunerados y en las condiciones laborales más inseguras, contratados frecuentemente de manera irregular y con ciertos favoritismos que se han notado en el descenso de los niveles de ingreso nacionales en los rubros donde son ocupados. Una famosa multinacional española apreció implicada en explotación de inmigrantes, en el 2003, llegando su caso a los tribunales. En julio de 2004, Human Rights Watch acusó a Arabia Saudita de practicar la explotación y la esclavitud con inmigrantes llegan masivamente desde países africanos. En otro caso, durante los años noventa, casi un millón de bolivianos emigró a la Argentina en busca de mejores horizontes, convirtiéndose rápidamente en un material humano para la explotación laboral, según lo confirmaría en agosto de 2001 la directora del periódico "Vocero Boliviano" de esa colonia, en una entrevista para BBC-Mundo. Los trabajadores bolivianos no sólo habían sido objeto de contrataciones y trabajos abusivos, sino también de torturas y hasta muertes violentas. Es, por lo tanto, una fantasía el pretender que las inmigraciones, mientras más abundante sean, más incrementarán los niveles salariales y las condiciones laborales tanto del extranjero como del ciudadano local.
"La apertura a la inmigración extranjera es síntoma de un país desarrollado"
Esta afirmación romántica no tiene ningún asidero. Es completamente antojadiza y falsa, pero muy popular en las sociedades decorativamente moralistas y puritanas de nuestros países de habla hispana. Basta ver la actitud que han tenido las principales naciones desarrolladas del mundo al revisar y endurecer sus políticas migratorias para detectar el error de tal disparate:
Alemania: Tiene cerca de 7 millones de inmigrantes, es decir, 23 por cada mil habitantes. Aunque en 1999 aprobó leyes de doble nacionalidad, endureció sus políticas y robusteció el sistema legislativo. Los ilegales son detenidos y expulsados de inmediato. También ha suscrito convenios con sus países vecinos, para expulsar a sus respectivos territorios a quienes intenten entrar ilegalmente.
Australia: Otro de los países que en algún momento fueron presentados como bastiones de las bondades de la inmigración, comenzó a considerar a los ilegales como delincuentes a partir de 1992, endureciendo las penas y llevándolos a campos de reclusión sin necesidad de juicio. Posteriormente, ha hecho más estrictas las condiciones para dar la calidad de refugiado y la extensión de visas. Sus normas al respecto son tan estrictas que, durante el 2001, el gobierno se negó a autorizar el arribo de un barco mercante noruego que había rescatado a 460 inmigrantes ilegales afganos de un naufragio, cediendo en agosto sólo después de una tensa campaña internacional, pero deportándolos tan pronto como estuvieron en condiciones de devolverlos a su patria. Australia incluso ha implementado campos de detención para inmigrantes ilegales y tiene leyes que castigan severamente a los extranjeros sorprendidos en negocios de narcóticos.
Austria: Este país registra un inmigrante por cada mil habitantes. Tras llegar Jörg Haider y el FPÖ al poder en febrero de 2000, sus enemigos trataron de fabricarle una imagen de xenófobo y neonazi, precisamente por sus proyectos para regular la migración. Ese año, se decretó una disposición administrativa que limitaba a un máximo de 7.860 cupos los permisos de asentamiento, cuotas que incluyen a la cantidad de parientes que inmigrantes extranjeros quieran incorporar a sus núcleos familiares dentro del país. Una de las grandes preocupaciones del pueblo austriaco es la gran cantidad de inmigrantes de origen africano y turco.
Bélgica: Con unos 20 inmigrantes por cada mil habitantes, se calcula que unas 75.000 personas estarían en situación irregular, procediendo principalmente de Ucrania, Eslovenia y Eslovaquia. Bélgica ha sido uno de los países que con más determinación ha buscado resistir las migraciones masivas y la regulación del fenómeno. La Ley de Extranjería de fines de 1999 permitió la residencia a extranjeros que llevaran al menos seis años residiendo en el país. A pesar de todo, Bélgica sigue siendo uno de los territorios más afectados por el desborde migratorio, pues en el año 2000, la presencia de ilegales creció un 60% con respecto a 1999 según cálculos de la policía, detectándose la existencia de muchas mafias para introducir a estos ciudadanos dentro de las fronteras.
Canadá: Por mucho tiempo se la identificó como la nación posiblemente más receptiva y complaciente con los inmigrantes en todo el mundo. Sin embargo, a partir de los años noventas, los problemas causados por malos inmigrantes, el desborde de indocumentados y la proliferación de problemas propios de las avalanchas migratorias, llevó a restringir las visas y a reducir las facilidades de ingreso. Hasta el año 2002, se privilegió la entrada de 234 mil trabajadores temporales, reduciendo a los visados con estadía permanente a sólo 114 mil.
Dinamarca: El país reconocido como uno de los más pacíficos, democráticos y transparentes del mundo, decretó con apoyo de conservadores y populistas la nueva Ley de Extranjería, destinada a poner mayores controles y condiciones al arribo de ciudadanos extranjeros en su territorios.
España: Es segundo país con la mayor cantidad de ilegales después de Francia, con cerca de 300 mil en el año 2002. Según algunas ONG's internacionales, España constituye también uno de los países con mayor explotación del elemento extranjero, contratado en forma irregular, recibiendo sueldos menores al mínimo exigido por ley y laborando en condiciones deplorables de trabajo. Esta situación ha producido fuertes caídas en los niveles de ocupación e ingreso dentro del país, generando un incipiente debate sobre la necesidad de regular la situación de la inmigración dentro de las fronteras.
Estados Unidos: Siendo uno de los países más cosmopolitas del mundo, ha endurecido notablemente sus normativas destinadas a evitar la entrada masiva de ciudadanos extranjeros, principalmente ciudadanos mexicanos indocumentados o "espaldas mojadas" por la frontera. Las nuevas políticas permitieron que los trabajadores locales aumentan a una tasa anual del 4%, reduciendo las visas a 340 mil en 1990 y a 413 mil en 1995. En 1999, entró en vigor una nueva ley que facultaba a los inspectores del Servicio de Inmigración y Naturalización para expulsar a los indocumentados sin necesidad de llevarlos ante un juez migratorio, para lo cual, simplemente, se debe solicitar ayuda a las policías locales en la detención, lo que agilizó enormemente la labor. Se han organizado patrullas civiles vigilando la frontera (Minutemen y los Patrulleros de América), durante el 2005, para evitar que prosperen las mafias de contrabando humano. Allí operan en forma permanente unos cinco mil agentes de patrullas fronterizas. Si bien el país sigue ofreciendo ciertas facilidades para la extensión de visas, su batalla parece estar orientada sin tregua a la situación de los ilegales. A fines de septiembre de 2006, el Congreso estadounidense aprobó por 80 de 100 votos senatoriales, la construcción de un muro fronterizo de 1.200 km. de longitud para dificultar la inmigración ilegal, principalmente con el respaldo de los republicanos e incluso 26 demócratas. John Boehner, jefe de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, definió el proyecto diciendo: "La ley es una victoria mayor para los esfuerzos de los republicanos por reforzar la frontera contra la entrada de ilegales". Y el Senador Bill Frist, jefe de la mayoría republicana en la Cámara Alta, agregó: "Con esta ley, cada centímetro de nuestra frontera va a estar defendida por una valla o bajo vigilancia electrónica".
Francia: Es, quizás, la nación más adelantada en la introducción de restricciones y regulaciones a las políticas migratorias, algo notable dado el carácter y la tradición libertaria de este cosmopolita país. Hacia 1993 promulgó una ley que obligaba a los solicitantes de visa a presentar un certificado de alojamiento proporcionado por un residente, medida que tenía por objeto evitar la presencia de indocumentados, que suman cerca de medio millón. En 1999, con un inmigrante por cada mil habitantes, se regularizó a cerca del 70% de los que solicitaron documentación. Pero, entre 1991 y 1997, se reiniciaron las expulsiones y deportaciones. Durante el 2004, el Presidente Jacques Chirac anunció una serie de medidas para regular la estadía de los inmigrantes, para trabar los flujos de ilegales y dosificar la entrada de los extranjeros, además de impedir ciertas manifestaciones principalmente religiosas dentro de las aulas de clases por parte de hijos de inmigrantes, dados los roces y las controversias que esto estaba generando. Durante las violentas protestas incendiarias realizadas por inmigrantes y descendientes de nor-africanos, especialmente marroquíes, entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2005, se llegó a declarar el estado de sitio y se tomaron medidas extraordinarias contra los revoltosos. Curiosamente, este tipo de medidas, ahora bastante populares en el electorado francés, eran las que había predicado el candidato presidencial Jean-Marie Le Pen pocos años antes, aliándose todas las fuerzas políticas en torno a Chirac para impedir su triunfo en las urnas precisamente por esta clase de planteamientos "fascistas". Posteriormente, en mayo de 2007, las promesas de regulación del tema migratorio fueron en gran medida la carta ganadora que llevó a la Presidencia al derechista Nicolás Sarkozy, triunfo electoral que volvió a provocar violentas protestas y disturbios en los barrios franceses dominados por los inmigrantes.
Gran Bretaña:En marzo de 2000, cuando contabilizaba dos inmigrantes por cada mil habitantes, el Gobierno del Reino Unido anunció la expulsión de todos los refugiados sorprendidos utilizando a sus hijos para mendigar. Cerca del 10% de los inmigrantes que llegan hasta allá son devueltos a sus países de origen. A mediados del 2004, el Primer Ministro Toni Blair anunció la preparación de un equipo naval de vigilancia en el Mediterráneo para impedir el desplazamiento de inmigrantes ilegales de países como Sudán o Sri Lanka, dados los costos materiales que significaba la expulsión de estos ciudadanos al tener que devolverlos a sus distantes naciones de origen.
Italia: Con tres inmigrantes por cada mil habitantes, promulga en 1999 una ley que considera punible la presencia de inmigrantes ilegales sin documentación, castigando el delito con cuatro años de cárcel. A pesar de ello, el país contabilizaba unos 235 mil ilegales en 2002. Se cree que ingresaron unos 70 mil argentinos, aunque el gobierno declaró que extendería cuotas de entradas para los que fuesen de origen italiano.
Holanda: Uno de los países que se ha vuelto más reacios a la inmigración. Según su Oficina Nacional de Estadísticas, de un total de 16 millones de habitantes, 1.6 millones (10%) son inmigrantes. De ellos, 187 mil son surinamitas, 166 mil marroquíes y 944 islamitas. La mitad de los nacimientos que tienen lugar en Holanda, son de inmigrantes. En mayo de 2002 el líder presidenciable y escritor homosexual Pim Fortuyn, cayó asesinado por un activista musulmán, ya que en su campaña se había declarado como abierto opositor a la continuidad de esa migración. Luego, fue asesinato del cineasta y escritor Theo van Gogh por otro radical islamita en noviembre de 2004. En febrero de 2004, la ministra holandesa de Inmigración e Integración, Rita Verdonk, anunció la expulsión de 26 mil solicitantes de asilo a partir del 2007, algunos de los cuales vivían hace más de cinco años esperando una visa. A principios de junio de 2005, el pueblo holandés rechazó el plebiscito para la aprobación de la Constitución de la UE, alegando que era demasiado flexible para con los inmigrantes.
Luxemburgo: Con una alta cifra de 114 inmigrantes por cada mil habitantes, lo que en el año 2001 representó el 70% de su crecimiento demográfico, impide a los refugiados la posibilidad de llevar a sus familias dentro del país e implementa un estricto control de fronteras.
Como vemos, con la misma soltura que algunos se permiten decir que las políticas migratorias estrictas son propias de "países subdesarrollados", los antecedentes expuestos permitirían argumentar con un simplismo similar que el endurecimiento de las normas y las restricciones es una característica de: 1) países altamente desarrollados y 2) países que en su mayoría, habían sostenido anteriormente políticas de apertura y tolerancia hacia el fenómeno migratorio.
"La responsabilidad por el inmigrante corresponde fundamentalmente al país que lo acoja"
Este es otro de los recursos líricos más recurrentes en el discurso de los que, so pretexto de razones humanitarias y altruistas (y en realidad motivados por cuestiones más bien políticas o intereses corporativos) buscan fomentar la tolerancia y la apertura al fenómeno de las migraciones en masa. Se ha insistido tozudamente en que la responsabilidad por el destino del inmigrante recae en el país que lo recibe, lo que a veces ha llegado a situaciones francamente delirantes, como lo sucedido en los años ochentas, cuando los barrios de ciudadanos alemanes comenzaron a ser expropiados para ser entregados a inmigrantes de origen principalmente turco, aprovechando maliciosamente una interpretación torcida de las garantías civiles que daba la Constitución Política germana. Es decir, en la obsesión por asistir al extranjero, se llega al absurdo de perjudicar al nacional y alterando el estatus de igualdad de oportunidades que debe regir para todos los ciudadanos independientemente de su origen. Distinto es, por ejemplo, si la inmigración se da sujeta a un programa de colonización, en donde el Estado receptor se hace responsable política y administrativamente del elemento extranjero que ha decidido incorporar a su realidad nacional, y no de modo desbordado y furtivo, como sucede con las inmigraciones en masa e improvisadas. Lo cierto es que buena parte de los países caracterizados por ser grandes "productores" de inmigrantes masivos, corresponden a naciones sumidas en el caos político, regímenes corruptos, revoluciones, crisis económicas permanentes o estados crónicos de ingobernabilidad. Es decir, en condiciones donde la seguridad, el desarrollo humano y la posibilidad de surgir están en el plano de lo incierto. De este modo se explica que, en mayo de 2005, una encuesta de la empresa "Apoyo, Opinión y Mercado" revelara que el 60% de los ciudadanos bolivianos tenía deseos de abandonar el país, señalando a la inestabilidad política como la principal razón. Poco después, en junio, la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática del Perú indicó que 350 mil peruanos abandonaban anualmente el país -marchando de preferencia a Estados Unidos y Europa- y según la empresa estadística "Apoyo", el 77% de los limeños se marcharía si tuviese la oportunidad, para buscar mejores expectativas y garantizar la situación de los hijos (recuérdese que, a esta fecha, el Perú ya contaba con 3 millones de ciudadanos radicados en el extranjero, equivalente al 12% de su población). La responsabilidad por estos grupos humanos desprotegidos y en situación de precaria satisfacción de necesidades humanas radica, entonces, en los países de origen, en los gobernantes que representen la clase dominante de los mismos, pero que, por el contrario, en lugar de asumir la carga y la deuda con sus propios compatriotas, muchas veces prefieren aprovechar estas masivas fugas de elementos humanos para controlar los niveles interiores de cesantía, aceptación popular o aparente estabilidad, endosándole la responsabilidad de cobijar e integrar a esos grupos humanos a los países que los reciban.
"Los flujos migratorios entre países tienden hacia el intercambio proporcional y al equilibrio de los niveles de ambos"
El desmentido a este mito está muy relacionado con el punto anterior, pues es un hecho que la mayoría de los flujos migratorios se producen de países pobres o en vías de desarrollo hacia naciones fuertes y desarrolladas, con características de potencias económicas internacionales. Veamos algunas de las tendencias migratorias del mundo comparadas con el Producto Interno Bruto per capita en dólares (paridad) de cada una (fuente: CIA - The Wolrd Factbook, 2004):
Migración de chilenos (US$10,7) a Suecia (US$28,4)
Migración de chilenos (US$10,7) a Canadá (US$31)
Migración de argentinos (US$12) a Italia (US$27)
Migración de peruanos (US$5,6) a España (US$23)
Migración de peruanos (US$5,6) a EE.UU. (US$40)
Migración de ecuatorianos (US$3) a España (US$23)
Migración de colombianos (US$6,6) a España (US$23)
Migración de turcos (US$6.6) a Alemania (US$28)
Migración de turcos (US$6.6) a Francia (US$28)
Migración de turcos (US$6.6) a Holanda (US$29)
Migración de afganos (US$0,8) a Italia (US$27)
Migración de nigerianos (US$1) a España (US$23)
Migración de ucranianos (US$6) a Bélgica (US$30)
Migración de chinos (US$5,6) a España (US$23)
Veamos ahora si estas tendencias migratorias se mantienen también en los casos donde los flujos de desplazamiento humano se dan desde un país limítrofe, adyacente o vecino (regional) a otro (fuente: CIA - The Wolrd Factbook, 2004):
Migración de marroquíes (US$4,2) a España (US$23)
Migración de mexicanos (US$7.4) a EE.UU. (US$40)
Migración de peruanos (US$5,6) a Chile (US$10,7)
Migración de peruanos (US$5,6) a Argentina (US$12)
Migración de bolivianos (US$2.6) a Argentina (US$12)
Migración de cubanos (US$3) a EE.UU. (US$29)
Migración de haitianos (US$-1,5) a República Dominicana (US$6)
Migración de canadienses (US$31) a EE.UU. (US$40)
Hemos omitido los casos de colonización o inmigración en fases iniciales de las repúblicas, cuando se requiere del aumento poblacional y se vale del elemento extranjero para ello. Sin embargo, con las cifras a la vista se hace evidente que el flujo migratorio irregular tiende a ser casi invariablemente desde el país más pobre al más rico, mientras que el sano intercambio regular se da con éxito y armonía sólo entre países ricos. ¿Qué influencia o interferencia podría provocar un desplazamiento migratorio en favor de equilibrar los niveles de desarrollo de los países, sean estos vecinos o no?. Ninguno, salvo beneficiar a los países emisores del flujo migratorio, con la posibilidad de desprenderse de una buena parte de elementos humanos que, en otras circunstancias, pasarían a incrementar las tasas de desocupación y de pobreza. ¿Qué interés tendría entonces un país receptor en cambiar arbitrariamente el flujo y comenzar un "intercambio" con el país emisor de inmigrantes? Tampoco queda claro. Si durante buena parte del siglo XX el flujo migratorio chileno hacia Argentina fue por razones económicas y laborales, la inversión que este movimiento ha venido experimentando en el siglo siguiente, no es más que el resultado de la debacle económica del país platense y el repunte experimentado por la economía chilena. Tampoco corresponde el caso de los intercambios entre ciudadanos chilenos y españoles tan importantes que, durante los años ochenta, inspiraran las leyes para establecer dobles nacionalidades, pues mientras la principal motivación de ciudadanos españoles emigrados a Chile había tenido un origen más bien político, el caso de los chilenos (salvo los exiliados) fue por razones de desarrollo material y humano. Entonces, el débil argumento de que la inmigración sirve para compartir generosamente la riqueza de las naciones receptoras resulta impreciso y anodino.
Mitos "políticamente correctos" sobre la inmigración en el caso particular de Chile
MITOS
HECHOS REFUTATORIOS
"Chile siempre había sido el principal país de la región con tendencia a protagonizar flujos de inmigración hacia sus vecinos"
Falso. Esta afirmación sólo busca imponer en la mentalidad popular un cargo de conciencia, cada vez que se ose preguntar por la justificación de las políticas que fomentan la inmigración ilegal hacia el país y que sólo benefician a empresarios que contratan de manera irregular y explotadora. La verdad es que las migraciones masivas vienen sucediendo en el continente desde mucho antes y Chile fue durante el siglo XIX y luego parte del XX uno de los principales receptores de estos inmigrantes, desplazados generalmente por razones políticas desde países vecinos. La razón: mientras Chile entró rápidamente al ordenamiento y la relativa estabilidad republicana, los vecinos de Argentina, Bolivia y Perú permanecieron varios años más en profundas crisis políticas internas y en constantes brotes de confrontación. El resultado de esto fue que, a partir de 1830, Chile se convirtió en el principal destino de miles de inmigrantes que llegaron desde el vecindario a buscar la seguridad y la estabilidad del abrigo chileno: peruanos opositores a la tiranía del Protectorado de Santa Cruz, bolivianos que huyeron de la crisis política surgida cuando aún no terminaban de celebrar su independencia y luego oleadas de ciudadanos argentinos que llegaron como perseguidos de la dictadura de Rosas, especialmente desde las provincias, y entre los cuales se contaban los futuros presidentes Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre. Vale advertir que, en similar período histórico, la actitud que tuvieron los gobiernos de estos países para con los inmigrantes de territorios vecinos llegó a actos deleznables: Bolivia relegó hasta Cochabamba a todos los exiliados peruanos de La Paz, hacia fines de la década del veinte; Perú expulsó masivamente y sin razón a ciudadanos chilenos, hacia mediados del treinta; luego, ordenó una ocupación de piratería sobre la colonia boliviana de Cobija, a pesar de que era territorio técnicamente chileno; después, Bolivia capturó a un grupo de trabajadores chilenos y los obligó a integrar la Guardia Nacional, etc. En Chile, en cambio, los inmigrantes de estos países jamás fueron maltratados. Recibieron un trato amable y generoso incluso en períodos de crisis o de guerras con sus naciones. Chile es, por lo tanto, uno de los países que con más disposición y voluntad ha recibido a sus vecinos a lo largo de su historia, constituyéndose en uno de los principales focos de hospedaje para estos inmigrantes en los últimos siglos, salvo en algunos períodos concretos y por razones de índole política. La tendencia se ha repetido durante períodos de dictaduras, debacles económicas, revoluciones o regímenes autoritarios en esos mismos países vecinos, siendo los exiliados del Gobierno Militar chileno (1973-1990) la única excepción importante que revirtió temporalmente la tendencia histórica.
"Los chilenos tienen una deuda pendiente con los países que los acogieron durante su exilio en tiempos recientes"
Los que tienen una deuda pendiente son los exiliados que entonces se establecieron en dichos países, muchos de ellos en condición de "autoexilio", es decir, que voluntariamente se marcharon hasta allá al calor de las conflagraciones políticas internas, o bien se quedaron residiendo sin regresar, convirtiéndose entonces en meros inmigrantes regulares sin estatus de refugiados o exiliados. La notable cantidad de beneficios que muchos de ellos recibirían después en condición de "retornados" (facilidades adquisitivas, dineros, pensiones, franquicias para compra de vehículos, reparaciones "morales", salud gratis, etc.) servirían para que los "huéspedes" de estos períodos de exilio hubiesen pagado sus propias deudas históricas con los países que generosamente les recibieron, en lugar de endosar una deuda corporativa a toda la nación chilena por estadías en el extranjero que no están del todo claras y que, en muchos casos, han sido objeto de dudas y suspicacias sobre las verdaderas razones del exilio. De otro modo, los países vecinos ya acumularían "deudas" estratosféricas si se sumaran las veces en que han podido disponer de Chile como refugio para miles de perseguidos y expulsados en los períodos de tiempo que vimos anteriormente, y que comienzan prácticamente con su entrada misma a la vida independiente y republicana. Además, para nadie es un misterio que varios exiliados chilenos residentes en Perú, Bolivia y Argentina, cegados por su deseo de perjudicar al Gobierno del General Pinochet y de la Junta Militar, fueron de gran utilidad para la propaganda antichilena de los gobiernos militares de esos países en períodos de serio peligro bélico con Chile (llegando algunos a trabajar como espías), especialmente durante el bloqueo norteamericano a la venta de armas para Chile, los proyectos peruanos para recuperar Arica y luego con la ofensiva militar argentina sobre el Canal Beagle, pagando con creces sus respectivas "deudas" de hospedaje.
"La migración chilena hacia Argentina fue masiva y dejó una deuda moral e histórica para con ese país y los demás vecinos"
La migración de chilenos a Argentina siempre se intenta presentar como una verdadera invasión de masas humanas atravesando la cordillera en tiempos relativamente recientes, en cantidades que llenaron gran parte del territorio de la vecina república y provocaron un problema social contundente en el país que los acogió. Pero la verdad es que las migraciones de chilenos se remontan a mediados del siglo XIX, por la sencilla razón de que los territorios de la Patagonia oriental fueron chilenos hasta 1881, cuando se firma en nefasto tratado que cedió más de un millón de kilómetros cuadrados a la Argentina, incluyendo a los miles de colonos chilenos que abandonados a su suerte en esos territorios y que quedaron bajo dominio y administración platense. Además, hay otro punto fundamental que los cultores de estas afirmaciones amplificadas y extravagantes parecen olvidar: quedando Argentina con casi 2.780.000 kilómetros cuadrados al final del siglo XIX, y Chile con unos 475.000 kilómetros cuadrados, las diferencias de poblaciones entre ambos países eran enormes y se venían arrastrando casi desde mediados de la centuria, cuando Chile superaba por unos 350 mil habitantes a la Argentina (1854), desequilibrio que el país platense pretendió resolver, principalmente, con la abundante inmigración controlada que llegaría desde Italia. Sin embargo, la proporción de inmigrantes que decidió regresar a Europa suma cerca de un cuarto o un quinto: entre 1880 y 1886, por ejemplo, durante la administración del Presidente Julio Roca, de 483.524 personas, 106.653 regresarían. Salvo por provincias como Mendoza y Neuquén, que siempre tuvieron una relación estrecha con el elemento migratorio chileno por una situación geográfica y lógica de distancias, la enorme diferencia poblacional comenzó a ser suplida con la contratación de inmigrantes chilenos provenientes en su mayoría de Chiloé, Aysén y Magallanes, para que se establecieran de preferencia en los territorios de Santa Cruz, Chubut y Río Negro, donde el elemento humano era demasiado escaso para crear focos de desarrollo económico y urbano. Fue así como los propios hacendados, terratenientes, latifundistas y ganaderos argentinos incentivaron la migración chilena a principios del siglo XX, corriente que después se reactivó con la contratación de mano de obra chilena para actividades mineras. En poco menos de un siglo, la cantidad de chilenos residiendo en estas zonas llegó a la bullada cifra cercana a los 300 mil (algunas fuentes que reportan "un millón" de chilenos en Argentina son exageraciones absurdas, demostradamente falsas por la estadística poblacional oficial de la vecina república), pero de ninguna manera producto de una inmigración desbordada o una avalancha humana como se pretende describirla, sino en la proporción de las capacidades de generación de empleos y los déficit de población que tenían dichos territorios. De este modo, vemos que la migración chilena a Argentina, a veces tan vilipendiada, fue un factor que sólo incrementó las posibilidades de desarrollo económico de las regiones australes, afianzando la soberanía y la incorporación administrativa de estos territorios al país platense. Demás está recordar que el flujo migratorio chileno hacia Argentina se detuvo hace muchos años y, en la actualidad, está revertido, siendo la tendencia que ciudadanos argentinos opten por establecerse en Chile: si el censo de 1992 contabilizó 32.000, el de 2002 contabilizó más de 48.000, lo que en la proporción de habitantes de cada país (15 millones de chilenos contra 37 millones de argentinos) ha de tener bastante semejanza al caso de los chilenos que en el pasado se establecieron allá. Recuérdese, además, que esta migración chilena tuvo lugar en momentos en que la Argentina era la sexta o séptima potencia del mundo y constituía el tercer país más próspero del continente.
"Los chilenos siempre han sido bien tratados en países vecinos donde ha sido recibidos y por eso deben devolver la mano"
Este es uno de los mitos más malévolos y menos históricos que se han hecho correr a lo largo de los discursos pro inmigración masiva. El estudio de lo que han sido los movimientos de chilenos en países vecinos, demuestra que, lamentablemente, han existido episodios sumamente oscuros de abusos, discriminación y atrocidades cometidas por caudillos o agitadores políticos en determinados momentos de la historia, en circunstancias de que peruanos, bolivianos y argentinos siempre fueron bien tratados y sus derechos civiles protegidos, incluso durante períodos de tensión militar o guerra con sus países de origen. Sin ánimos revanchistas, y con el sólo propósito de demostrar la ligereza de estas afirmaciones, nos permitimos recordar al lector esta lista de casos seleccionados sobre manifestaciones de antichilenismo que han pesado sobre ciudadanos e inmigrantes chilenos en países vecinos:
Tropelías contra ganaderos chilenos en Mendoza, entre 1829 y 1848
Leyes discriminatorias y persecución de chilenos en Perú durante los primeros años de la independencia
Persecución boliviana de obreros chilenos en Cobija, a mediados del siglo XIX
Atrocidades contra trabajadores chilenos en Arequipa, Iquique y el Callao entre 1859 y 1875
Expulsiones en masa y desapariciones de chilenos residentes en Perú al comenzar la Guerra del Pacífico
Masacre de obreros chilenos en manos de personal boliviano en 1877
Masacre de mujeres chilenas residentes en Lima, en 1880
Agresiones a civiles chilenos por parte de personal militar argentino, entre 1880 y 1882
Asesinato de 300 trabajadores chilenos en Neuquén, en 1895
Masacre de obreros huelguistas chilenos en Santa Cruz, en 1920
Expulsión en masa de mineros chilenos en Río Turbio en 1966
Sólo como referencia de las medias que alguna vez se han tomado formalmente en países vecinos con respecto a las colonias de chilenos residentes, cabe señalar que en la declaración de guerra de Bolivia en contra de Chile del 1º de marzo de 1879, decía textualmente el General Hilarión Daza en su artículo 2º: "Los chilenos residentes en el territorio boliviano, serán obligados a desocuparlo en el término de diez días, contados desde la notificación que se les hiciere por la autoridad política local, pudiendo llevar consigo sus papeles privados, su equipaje y artículos de mensaje particular". Se podrá alegar que estas expulsiones, realizadas en Perú y Bolivia, habrán sido cometidas al calor de la incipiente contienda que significaría la Guerra del Pacífico. Sin embargo, en réplica se puede alegar con justicia que Chile no tomó medidas similares en ningún momento del mismo conflicto.
"Si Chile tiene casi un millón de ciudadanos emigrados en el extranjero, entonces puede y debe recibir y ocupar la misma de inmigrantes"
Esta es otra ilusa fantasía que se ha difundido frecuentemente entre políticos y académicos que le prenden inciensos a la integración americana y al globalismo. La pregunta que surge de esta afirmación es: ¿Entonces, por qué se marchó un millón de chilenos? La razón: sencillamente porque el trabajo no alcanzó para ellos. En la extraordinaria obra "Nuestra Inferioridad Económica", de don Francisco Antonio Encina (Editorial Universitaria en 1955, pero sobre una exposición hecha por el autor en 1911) se demuestra la dificultad de Chile para incorporarse plenamente al concierto regional y los lastres que han conducido a situaciones cíclicas de pauperrismo económico, con las consecuencias laborales muchas veces visibles. La falta de un sentido nacional de la economía, la lentitud de la expansión material y la tendencia involutiva de los conceptos de eficiencia y de pragmatismo laboral, se han traducido en períodos en donde el éxito comercial no ha ido a la par del éxito económico nacional, algo que se advierte en los dos grandes problemas crónicos de nuestros días: los niveles de desocupación y el desequilibrio en la distribución de la riqueza. Esto se ve incrementado por la falta de desarrollo de las regiones, la ineficacia de las políticas de descentralización y la concentración abusiva de las masas humanas sólo en la zona central (casi 1/3 del país). El elemento chileno que emigra, entonces, a la par de ser un desprecio de energía laboral que sería útil al país en condiciones de mayor justicia social y equidad, constituye una fuga de fuerzas trabajadoras que simplemente no encontraron en su patria un espacio y una oportunidad para canalizar sus capacidades cumpliendo con el beneficio personal y colectivo que involucra encontrar un rol, un espacio propio o un contrato con el medio que justifique su pertenencia a la sociedad. El mito del chileno viajero o "pat'e perro", que gusta de recorrer el mundo por una inclinación natural a la aventura, ha constituido una forma cosmética y poco honesta de explicarse este triste fenómeno de migración. En este sentido, ES IMPOSIBLE SUPONER QUE CHILE PUEDA DAR A UN MILLÓN DE INMIGRANTES LO QUE FUE INCAPAZ DE DAR A UN MILLÓN DE EMIGRANTES, que abandonaron su territorio en busca de mejores horizontes y de una situación de dignidad que aquí, simplemente, no encontraron. Es bueno destacar, sin embargo, que las principales tendencias de la migración económica en Chile fue hacia países con estándares de prosperidad muy superiores al suyo, como Suecia, Australia o Canadá, de modo que comparar la capacidad receptiva de estas naciones con la precaria situación actual chilena es una visión carente de todo rasgo de objetividad.
"La inmigración peruana es similar al fenómeno de colonización alemana en el Sur de Chile"
La inmigración económica y especialmente la situación de los ilegales, no tiene ninguna relación con la inmigración programática de colonos europeos, propia de los primeros años de las repúblicas americanas y hasta avanzado el siglo XX. En Argentina, por ejemplo, fueron los italianos y los yugoslavos. En Chile, alemanes y yugoslavos. En Paraguay, los mennonitas. La situación respondía a la urgencia por colonizar rápidamente los territorios casi abandonados de las comarcas menos centrales, en momentos de fuertes fricciones territoriales. Al no contar con una población ni con un foco de desarrollo provincial óptimo, los pueblos de América Latina no tuvieron más remedio que recurrir a ciudadanos de países donde las capacidades de trabajo y de iniciativa estaban comprobadas. En el caso de Chile, por iniciativa del ilustre político y escritor Vicente Pérez Rosales, se recurrió a los alemanes una vez que fue elegido agente de colonización, en 1850, período en que la tendencia de los habitantes chilenos era emigrar hacia los territorios del Norte del país, para dedicarse a actividades mineras (plata, oro, cobre, salitre, guano, etc.). Unos años antes, O'Higgins había sugerido a los irlandeses. En general, el único modelo humano con que se contaba entonces era el europeo, por lo que pecan de increíble ignorancia quienes pretenden imputar a los artífices de la colonización en las repúblicas americanas intenciones racistas o supremacistas, por no haber contado con otro tipo de pueblos para tales planes. Influyó también la presencia de sabios alemanes como Bernard Eugon Phillipi, quien ofició como ejecutor de colonización en Chile, ubicando a las familias y explorando los territorios a ocupar. Los primeros colonos llegaron dos años después, en un navío arrendando por Pérez Rosales, siendo instalados inicialmente en un galpón, en Melipulli, donde comenzaron los primeros trabajos y se levantó un albergue. Poco después, un equipo distribuyó la propiedad de las chacras entre los colonos, desde El Laja hasta lago Llanquihue, que fue declarado por ley enteramente territorio de colonización. Algunas dificultades de las provisiones obligaron a trasladar a Puerto Montt a gran cantidad de familias, hasta donde acudió Pérez Rosales, a fines de 1853, para reelaborar la colocación. Como se observa, la colonización alemana NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON UN FENÓMENO IMPROVISADO Y DESCONTROLADO DE INMIGRACIÓN. No resultó de un fenómeno circunstancial o contextual, sino que FUE PARTE DE UN PROGRAMA ORGANIZADO DE INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO CHILENO, debidamente planificado, con los rigores y las flexibilidad que requiriera según cada área, con agentes encargados de la dirección y asignación de terrenos, con leyes respaldando todo el proceso, con asignación de recursos del Estado para el éxito del proyecto y, en fin, un proceso previsto y requerido por la propia voluntad del Gobierno de Chile. La comparación o los paralelos con un escenario de migración masiva de ciudadanos de un país vecino, llegando sin control, sin programas de incorporación, sin previsiones que faciliten su entrada, sin formar parte de un plan de colocación y en forma improvisada, sin regulación ni ajuste a parámetros internos de capacidad de ofrecer trabajo y residencia, resulta por completo imposible. Quienes manifiestan la odiosa comparación entre los colonos alemanes y los actuales inmigrantes peruanos, simplemente están recurriendo al burdo truco de intentar establecer tácitamente parangones raciales entre unos y otros, fingiendo con cinismo que el éxito y la interacción estrecha de los primeros en la sociedad chilena, comparado con las reticencias y aprehensiones que generan los segundos, se debería a razones de "racismo" y "discriminación" en favor del elemento europeo.
"Está demostrado que los ciudadanos peruanos residentes en Chile no superan las 40 mil personas"
Los defensores de la migración masiva de ciudadanos peruanos hacia Chile, precisamente para ocultar el hecho de que sea masiva, recurren dogmáticamente a los resultados del Censo 2002, que contabilizó el número de ciudadanos extranjeros residentes en Chile en unas 184.664 personas, equivalente a 1,2% de la población total. De ellos, unos 50 mil serían argentinos, 40 mil peruanos, 11 mil bolivianos, 9 mil ecuatorianos, 4.500 colombianos y unos 3.300 cubanos. Como era de esperar, se amarran ciegamente a la cifra de "40 mil peruanos" resaltando con neones que la cantidad de argentinos los supera en casi 10 mil. Sin embargo, se comete un error fundamental: se toma la cantidad estimada que contabiliza casi exclusivamente a los ciudadanos peruanos en situación regular. Es decir, se presenta a la parte por el todo. Veamos algunas fuentes que desmienten estas afirmaciones tan cómodas:
La experiencia para detectar este error de apreciación la proporciona el "perdonazo" para los indocumentados peruanos de 1998: mientras en 1994 se había contabilizado sólo 8.000 ciudadanos de ese origen residiendo en Chile, las estimaciones que se hicieron calculaban en unos 11 o 12 mil ciudadanos para el año de la amnistía general... Craso error: los ciudadanos peruanos ya eran, a la sazón, 25 mil, por lo que las oficinas de extranjería colapsaron con largas filas que duraron día y noche, obligando a extender los horarios y los plazos originales para la tramitación de los papeles. Según datos de extranjería, y entre 1999 al 2002 se emitieron sólo unas 13 mil visas anuales como promedio.
En Diciembre de 2002, un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú admitió que los peruanos emigrados a Chile sumaban 72 mil personas, superando con creces todas las cifras que se reconocían hasta entonces en el país "mapochino". El mismo informe admite una concentración de ciudadanos peruanos en Estados Unidos (1 millón 260 mil), España (182 mil), Argentina (131 mil), Italia (122 mil), Venezuela (114 mil) y Japón (103 mil), mientras que por debajo de las cifras en Chile estaban las concentraciones en Canadá (50 mil), Suiza (15 mil) y Australia (12 mil), curiosamente estos últimos tres países conocidos por sus políticas de alta severidad contra los inmigrantes ilegales, lo que demuestra que la migración masiva de ciudadanos peruanos aprovecha las políticas de aperturas de fronteras.
Sin embargo, la Fundación Instituto Católico Chileno de Migración, dependiente de la Iglesia Católica, en comunicados relativos a la celebración del Día del Migrante (7 de septiembre), aseveró que para el año 2003 la cantidad de ciudadanos peruanos residentes en Chile era ya de 60 mil, suponiendo que la diferencia con el Censo anterior se deberá a la cantidad de indocumentados que se atreve a acercarse a la iglesia buscando asistencia y ante la seguridad.
Esta misma cifra es defendida por el diario "El Peruano" (diario oficial del Perú) del 19 de noviembre de 2003.
Sin embargo, una edición de 1999, la revista peruana "Caretas" ya había indicado similar cifra para aquel año, a sólo unos meses de haber ocurrido el "perdonazo".
Recuérdese, además, que en cifras entregadas por la Cancillería de Chile durante el año 2001 (antes del Censo) los inmigrantes peruanos ocupaban el primer lugar de extranjeros en Chile con 55 mil ciudadanos, contabilizando 15 mil más que en 2002 y superando por 5 mil a la que sería después la "primera minoría" argentina.
Otras fuentes señalaron, por la misma época, el ingreso de 70 mil peruanos, de los cuales más del 30% estaría en situación ilegal. Artículos peruanos basados en cifras de la Organización Internacional de Migraciones alegan, por su parte, que la sola cifra de los indocumentados peruanos llega a 40 mil.
La columna de Álvaro Vargas Llosa publicada en el diario limeño "El Correo" del 4 de julio de 2004, comenta a la pasada que sus compatriotas en Chile serían entre 50 y 100 mil.
Otra referencia importante puede proveerla el informe oficial titulado "Evolución del Movimiento Migratorio Peruano 2004", del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, según el cual se registraron aquel año un 1.201.284 salidas de peruanos al extranjero, 307.456 de los cuales marcharon a Chile, es decir, uno de cada cuatro que salió (25,6% del total). Lamentablemente, el informe no proporciona más antecedentes sobre la cantidad de peruanos que regresaron. Señala, sin embargo, que los viajes de peruanos a Chile representaron un 71.4% más que en el año anterior.
En el terreno especulativo se ha llegado a señalar que, de acuerdo a las tasas anuales de crecimiento demostradas en los últimos años, la cantidad de peruanos residentes solamente en Santiago podría llegar a más de 70 mil personas, mientras que las de ciudadanos de ese origen establecidos en las ciudades del Norte de Chile (Arica, Iquique, Tocopilla y Antofagasta, además de pueblos interiores), y que -por alguna razón explicable sólo en el enfermizo centralismo administrativo- nunca han sido contabilizados ni estudiados en forma puntillosa, podrían sumar por sí solos unas 50 mil almas más.
Hacia inicios del presente siglo, se aproximaba que entre 15.000 y 35.000 peruanos podían estar en situación de ilegalidad dentro de Chile. Sin embargo, en las controvertidas elecciones presidenciales 2000-2001 que llevaron a Fujimori a su efímero tercer mandato, la legación peruana en Chile habilitó sus salas para que la comunidad residente en Chile ejerciera en ella su derecho a sufragio. De toda la cantidad de peruanos supuestamente en situación legal y regular, menos de 15.000 asistieron a votar, algo que no deja de generar algunas suspicacias, conociendo el particular fervor cívico del pueblo peruano.
El propio dirigente peruano Víctor Paiba reconoció, durante una entrevista al diario "Sociedad Civil", que en el 2002 los peruanos ilegales eran en realidad 25.000.
Otra fuente directa y confiable la representa un nuevo estudio del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú, que contabilizó en el período de enero a junio de 2005, la salida de 645 mil peruanos, de los que retornaron sólo 436 mil, por lo que unos 209 mil se quedaron afuera. Según el mismo organismo, Chile fue el principal destino de estos peruanos en número de 131.637, lo que representa el 20.4% del total, seguido de Estados Unidos con 20.3%, Bolivia con 19.3% y España con 5.6% (diario peruano "La República", martes 24 de agosto de 2005).
Las cifras que la jefatura nacional de Extranjería y Policía Internacional proporcionaron al Ministerio del Interior y que fueron publicadas por el diario "El Mercurio" del jueves 28 de septiembre de 2006, confirmaron que durante el año 2005, el paso internacional Chacalluta, al norte de Arica, registró una enorme diferencia de 94.046 casos de peruanos que ingresaron al país pero no regresaron al suyo. Dicho de otro modo, de las 1.172.539 de entradas de peruanos a Chile, sólo 1.078.493 regresaron al Perú, con lo que la Policía de Investigaciones de Arica proyectaba un aumento de la permanencia ilegal de peruanos, lindante en los 104 mil. Ello significa que sólo en ilegales, los peruanos residentes en Chile suman mucho más de cien mil almas. La ilegalidad de este grupo de inmigrantes fue confirmada por el fiscal jefe del Ministerio Público, Manuel González, quien señaló en la ocasión la importancia que han adquirido las bandas de "jaladores" o "coyotes" que lucran con estos ciudadanos que ingresan de modo irregular.
De este modo, es imposible "comprobar" cuántos inmigrantes de origen peruano se encuentran residiendo actualmente en Chile, si consideramos que una buena parte de ellos está en situación de ilegalidad y de absoluta clandestinidad, haciéndose imperceptibles a los sistemas formales de medición, pero ciertamente superior a los cien mil ilegales peruanos. Esto explicaría las constantes insistencias de grupos y comités de inmigrantes de esa nacionalidad, formuladas a La Moneda desde abril de 2004 en adelante, para que permita un nuevo gran "perdonazo", superior incluso al de 1998. Y nótese que estos datos son anteriores al nefasto y peligroso acuerdo de las cancillerías chilena y peruana de agosto de 2005, al permitir la entrada de ciudadanos peruanos a territorio chileno con sólo mostrar el carné de identidad. Así, mientras nunca se pueda (o se quiera) precisar la cantidad total de indocumentados peruanos dentro del país, jamás podrán establecerse claramente estas cantidades.
"Los inmigrantes ayudan al crecimiento profesional y al intercambio con trabajadores chilenos de formación técnica y universitaria"
Como el caso peruano es una migración masiva, incluye a profesionales y obreros, pero las circunstancias les llevan a tomar por igual empleos de baja remuneración (empleadas domésticas, obreros, botones, mucamas, etc.) u otras tareas que no tienen que ver ni con su nivel de formación técnico-profesional ni con sus expectativas salariales óptimas. Esto cambia sólo en el caso de roles profesionales en los que efectivamente falta personal y los únicos donde los inmigrantes podrían ser un verdadero aporte en este momento específico, como es el caso de médicos, dentistas u otros. Aun así, el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar cometió tremendas imprudencias al hacer promesas demagógicas a su par argentino, por ejemplo, durante el año 2005, asegurando que convalidará las licencias de profesionales de la salud platenses en Chile, lo que podría acarrear, a la larga, una virtual invasión de médicos que eventualmente podrían colapsar al sector. Otra excepción al caso la representan comerciantes que llegan a establecer negocios propios (tiendas, bares, restaurantes, etc.), pero son minoritarios. Un informe de la Organización Internacional de Migraciones reveló que, durante el período de años 1985 a 1992, de los 112 mil peruanos que emigraron desde su país hacia el extranjero, unos 45.000 correspondían a profesionales altamente capacitados. Similares fenómenos de fuga de profesionales se han visto en Bolivia, donde el problema parece crónico y lleva muchas décadas. Si consideramos que en el caso chileno, muchos profesores, secretarias, técnicos, publicistas y administradores peruanos llegan dispuestos a tomar empleos de baja remuneración y sin requerimientos universitarios o académicos, se puede comprender no sólo la inexistencia de una integración a nivel profesional con el elemento chileno, sino la pérdida de una valiosa fuerza de trabajo especializada y de alta capacidad por parte del Perú. Cabe señalar, sin embargo, que la tendencia migratoria importante hacia Chile en cuanto a profesionales, la dominan aún los ciudadanos argentinos, situación que aumentó con el inicio del período más crudo de las crisis argentina, hacia el 2001. Los argentinos habían sido el principal flujo migratorio a Chile hasta los años ochentas pero, a diferencia de los otros casos, parece ser que una parte de estos son definitivamente profesionales que logran establecerse con más suerte en algunos puestos de trabajo más o menos relacionados con sus expectativas laborales, aunque aparentemente con remuneraciones de bajo promedio. Otro porcentaje importante lo representan profesionales o trabajadores de estudios completos que llegan para ejercer oficios no profesionales, popularizando, por ejemplo, al personaje de la "nana argentina", a veces con título de secretaria, profesora u otro. Hay compañías de venta de equipos de telefonía que se caracterizan por mantener una gran cantidad de ejecutivos de origen argentino, que en su mayoría son profesionales de buen nivel socio-cultural pero dedicados por necesidad al ejercicio de las gestiones de ventas. Grupos menores -pero no por ello insignificantes- lo constituyen inmigrantes procedentes de Ecuador y Bolivia, cuya tendencia también incluye profesionales. Los bolivianos tienden a establecerse principalmente en ciudades nortinas, como Arica, Iquique, Tocopilla o Antofagasta. También se advierte algún grado de incremento en los últimos años, de inmigrantes procedentes desde países no vecinos, caribeños o de la América Centro y Sur (Cuba, Panamá, Venezuela, etc.), con gran presencia profesional. Tal vez este aumento está dentro de las márgenes esperables de intercambio migratorio en la sociedad actual, pero no por ello deja de revestir un carácter de novedad, comparado con décadas anteriores. Aun así, difícilmente podría sostenerse la aseveración de que los profesionales extranjeros que formen parte de una migración numerosa y que lleguen en condiciones imperiosas de conseguir sustento y ocupación, puedan estar en posición de desarrollar sus carreras e intercambiar en igualdad de condiciones con el elemento profesional local.
"Los microempresarios, las pymes y los trabajadores son los principales favorecidos con el fomento de la inmigración hacia Chile"
Como en todo el mundo, los grandes favorecidos con la migración en abundancia y de modo irregular son los empleadores carentes de escrúpulos y dispuestos a explotar la situación de desesperación de ciudadanos extranjeros que lleguen al país sin otra opción que trabajar por remuneraciones bajo del promedio nacional y, en otros casos, a aceptar contrataciones fuera de norma (sobrevivir). Hay millonarias empresas chilenas (comerciales, agencias y consultoras) que publican con todo desparpajo avisos de puestos para trabajos profesionales "sólo para peruanos" o "argentinos" en la prensa regular y los avisos clasificados, desafiando abiertamente las medidas contra la discriminación laboral de las que tanto se jactan algunos concertacionistas. Existen verdaderas redes de "contratistas" informales que operan por el sector del Centro de la capital y en algunas ciudades del Norte, generalmente relacionados con trabajos de construcción y albañilería, ofreciendo trabajo a inmigrantes peruanos bajo condiciones ilegales de empleo, con pagos inferiores, sin contratación, ni imposiciones. Aunque peca de oportunismo (pues fue publicado para apoyar ciertas demandas de grupos peruanos residentes en Chile) un estudio de la Organización Internacional del Trabajo de 2004, afirmaba que alrededor de 39.000 inmigrantes peruanos trabajaban en Chile en condiciones de "extrema vulnerabilidad y permanente abuso", sin contrato de trabajo, con menores ingresos que un trabajador chileno y en condiciones más inseguras (ver más abajo nuestro subtítulo sobre la explotación humana). No se crea, sin embargo, que esto es sólo responsabilidad del explotador, pues existen fricciones internas entre los propios peruanos al haber algunos de ellos dispuestos abiertamente a ser explotados como garantía de "preferencia" frente al trabajador chileno, favorecidos con la filosofía laboral de ocupar a "dos peruanos por el sueldo de un chileno". Algunos peruanos, por ejemplo, se muestran reacios a la aplicación de las leyes laborales, a la fiscalización de su cumplimiento e incluso a la regularización de su permanencia en Chile, convencidos de que al ofrecerse para ser contratados en forma irregular tendrán más posibilidades de obtener empleos esporádicos que en igualdad de condiciones que los chilenos y los demás peruanos en situación de legalidad. Además, el creer que las microempresas son las más beneficiadas con la migración peruana desconoce el hecho de que la mayoría de los inmigrantes de sexo masculino trabajan principalmente en áreas industriales, talleres y albañilería, mientras que las mujeres, siendo la gran mayoría (60% aproximadamente), acceden más bien a labores de servicio doméstico y hotelería. Como hemos dicho, la tendencia visible del Estado de Chile es a mantener la política de apertura de fronteras para el fenómeno inmigratorio, e incluso hay grupos especialmente peruanos, interesados en hacer que esta apertura sea mayor y total, hasta garantizar el completo "libre tránsito" de inmigrantes en las fronteras. Han protagonizado varios encuentros, reuniones y protestas en este sentido, además de hacer correr circulares y panfletos clamando por esta facilidad de parte del Gobierno de Chile, con la excusa de terminar con las múltiples mafias de "coyotes" que traspasarían inmigrantes por el territorio con bolsas de viaje simuladas y documentación falsificada. No es posible señalar, entonces, que los pequeñas o medianas empresas y los propios trabajadores sean depositarios de los "beneficios" de una inmigración con estas características, cuando se hace evidente que la presencia de estos flujos de movimiento humano sin regulaciones favorece principalmente a los sectores más oscuros y tenebrosos de la estructura social.
Obviamente, no todos los inmigrantes ilegales son de países vecinos. Sorprende ver en el Centro de Santiago y en Providencia, por ejemplo, a mendigos provenientes de países como Rumania, viviendo de las limosnas y completamente marginados de la posibilidad de incorporarse a la sociedad que los acoge. Otra prueba más del absoluto caos en las políticas de inmigración nacionales.
¿Está Chile en condiciones de resistir los efectos de una migración masiva?
Chile es un país con un gran porcentaje de la población constituido por inmigrantes de distintas nacionalidades que se integraron a la realidad nacional ya sea en forma independiente o bien en flujos migratorios que respondieron a determinados períodos de la historia. A diferencia de otros casos en el mundo, la nacionalidad no experimentó crisis o desestabilizaciones, pues el país tenía la fortuna de contar con una base étnica y un piso cultural de raigambre hispana y mestiza, observada por autores como Nicolás Palacios, y Francisco Antonio Encina, que logró preservar una uniformidad del pueblo chileno capaz de resistir los arribos migratorios sin que éstos pudiesen significar quiebres o segmentaciones en la unidad nacional.
El panorama comenzó a cambiar, sin embargo, con la incorporación de políticas de "fronteras abiertas" con países vecinos, en el sentido de facilitar y agilizar el tránsito de los ciudadanos entre una y otra población. Al comenzar a hacerse patentes los desequilibrios en los niveles de desarrollo y de prosperidad económica entre estas naciones, no cabe duda de que este libre tránsito permitió el explosivo aumento de los inmigrantes principalmente peruanos. Sin embargo, sería una miopía atribuir la totalidad del fenómeno a este elemental y obvio factor, sin considerar elementos contextuales importares.
A pesar de que las autoridades peruanas han alegado hasta el agotamiento que la mayoría de sus compatriotas emigrados a Chile están en situación de normalidad legal, hemos visto que la realidad se ofrece bastante distinta, invitando a revisar las cifras de supuestos indocumentados que se encontrarían dentro del país. Parte de ello se origina, como hemos dicho, en que la legislación central sobre extranjería y migración en Chile data de 1974, cuando el flujo migratorio era prácticamente invisible. El resultado de las blandas políticas de los gobiernos chilenos, de las innumerables facilidades y del "perdonazo" otorgado en 1998, trae a Chile -por primera vez en su historia- el problema de enfrentar un escenario donde la inmigración aparenta ser masiva y hasta descontrolada.
En el caso peruano, no todos estos ciudadanos en situación irregular e indocumentados necesitan entrar por pasos fronterizos ilegales. Una gran cantidad de ellos lo hace por las aduanas establecidas de la I Región, ya que la actual política de fronteras otorga tremendas facilidades de acceso hacia las regiones de más al Sur, solicitando como requisitos un contrato de trabajo o una bolsa de viaje de 2.700 dólares, ya que la visa de turista en Chile dura tres meses, lo que equivale en gastos, aproximadamente, a 30 dólares por día. Aunque mucho se ha reclamado por el hecho de que la ley de 1974 no contemple el otorgamiento de visa de trabajo previa, la verdad es que esta misma ley les permite la entrada como turistas y un generoso plazo de 90 días para encontrar trabajo y obtener la visa, mucho más de lo que muchos países de la región conceden.
En el especial de la revista "El Sábado", del diario "El Mercurio" del 24 de agosto del 2001, en el artículo titulado "La Vida al Límite", pág. 41, se reproducen las siguientes palabras del Comisario de Extranjería de Investigaciones de Chile en su puesto de Chacalluta, don Jorge del Pino:
"Al día devolvemos unos diez peruanos. A los rebotados los esperan del otro lado de la frontera peruana y les prestan la bolsa de viaje, les hacen contratos de trabajo falsos, una carta en la que el supuesto empleador le da vacaciones al empleado. Todo por 20 o 30 dólares".
Cabe agregar que el inicio del retiro de las minas antipersonales de la frontera Norte -en cumplimiento de la Convención de Ottawa, a la que Chile adhirió en 1997- sin ser sustituidas por otros mecanismos de disuasión, ha contribuido más aún a los tránsitos ilegales y a la aparición de estos "coyotes" o traficantes humanos, que hacen de la infelicidad del inmigrante un próspero negocio de mafia para introducir indocumentados.
Un buen número de los supuestos "vacacionistas" jamás regresa al Perú de este viaje. Vivirán sus primeros días en Chile en paupérrimas condiciones dentro de residenciales baratas, donde las piezas son compartidas por varios viajeros al mismo tiempo, o bien se desplazan directamente en éxodo hasta llegar a Santiago. Favorecidos por el cambio monetario, sobreviven en condiciones mínimas, algunos enviando la mitad o más de sus escuálidos salarios al Perú (donde la ganancia experimenta un aumento con la conversión) para ser ahorrado o utilizado por sus familias.
La pregunta central es: ¿Requiere Chile de una inmigración en masa como la que se ven en este momento? O peor: ¿Es capaz de poder soportarla sin verse afectado?. Hasta ahora, las bajas tasas de crecimiento anual y los altos índices de desempleo que siempre bordean las dos cifras, serían pruebas claras de que Chile no está en condición de extender garantías a la entrada masiva de inmigrantes y que urgen medidas de dosificación y selectividad en la entrada de los extranjeros que pretendan establecerse, algo que parece claro a los ojos de todos los detractores de este fenómeno y que ya se ha regulado en la mayoría de los países desarrollados del mundo.
Inmigrantes peruanos en calle Catedral, del centro de Santiago. En términos estrictos, gran parte de ellos no corresponderían realmente a inmigrantes, sino a ciudadanos extranjeros que con visa de turistas se quedan en Chile convirtiéndose de facto en inmigrantes económicos irregulares o ilegales. Otro gran porcentaje ingresa en forma absoluta y definitivamente ilegal. Si es verdad que la mayoría de ellos llegan por necesidades urgentes de subsistencia (razón por la que son las presas favoritas de mercaderes y empresarios explotadores), no es menos cierto que un porcentaje de los mismos no ha demostrado interés en el trabajo limpio y ha pasado directamente a formar parte de la marginalidad social y actividades delincuenciales dentro del país. Una política migratoria real habría permitido que sólo los buenos elementos, los de trabajo, entraran a Chile, evitando además tanto su explotación como el hecho de estar compitiendo con los chilenos por las mismas plazas laborales.
Hacinamiento, marginalidad y explotación inhumana: ¿"Integración" o vulgar abuso?
En tanto, el hecho es que un grupo humano foráneo está entrando para ser "mano de obra barata", al cruel decir de sus propios empleadores. La analogía a este caso sería -según algunos y manteniendo las proporciones de la comparación-, la tendencia de los ilegales mexicanos que atraviesan la frontera hacia Estados Unidos.
Lo cierto es que muchas empresas inescrupulosas tienen a estos ilegales peruanos o bolivianos trabajando en forma irregular, tentados por la bajísima remuneración que aceptan y que, por el cambio monetario que hemos señalado, les permite vivir con menos dinero de lo que podría hacerlo un padre de familia chileno. Más arriba hemos visto que un estudio de la Organización Internacional del Trabajo de 2004, confirmó que unos 39.000 inmigrantes peruanos trabajaban por entonces en condiciones de "extrema vulnerabilidad y permanente abuso" dentro de nuestro país. Esto significa: sin contrato de trabajo, con menores ingresos que un trabajador chileno y en condiciones más inseguras.
También hemos señalado la existencia de una tendencia entre algunos inmigrantes peruanos, a aceptar y mantener esta situación, pues es su forma de competir con ventaja frente al elemento chileno mayoritario que postula a los mismos empleos. Es lo que podríamos llamar la "nueva esclavitud" del sistema liberal, donde el esclavo ya no es obligado directamente por un amo-patrón a trabajar en condiciones de explotación para luego dormir en barracas y comer un plato de porotos al día, pero en donde la propia necesidad le obliga ahora a someterse a la explotación laboral por salarios que, en la práctica, igualmente no alcanzan para más que dormir en una barraca o almorzar frijoles cocidos, con lo que en la práctica sigue siendo un trabajador-esclavo.
Una de las formas del inmigrante explotado para aventajar al trabajador regular chileno es reducir los gastos de estadía y hospedaje, lo que inspira la costumbre de los inmigrantes peruanos de vivir en verdadera condición de hacinamiento, generalmente en barrios muy antiguos de la capital (Puente, Rozas, Recoleta, Independencia, Estación Central, etc.). Éste ha de ser, acaso, el síntoma más evidente de que el elemento inmigrante peruano está siendo explotado lejos de ser "integrado" o "acogido" en una sociedad dominada por la especulación y la usura utilitaria. Dormir en barracas, prácticamente.
De acuerdo a estas posiciones críticas, la selectividad migratoria no es una política de segregación "racista" o "clasista", como se la ha presentado majaderamente, sino una obligación de todo país por satisfacer sus problemas internos antes de comenzar a recibir otros provenientes de afuera. Veremos que el entreguismo chileno se apresuran a acusar de "xenofobia" o "racismo" cualquiera de estas propuestas, cuyo único objetivo es preservar el bienestar de la comunidad nacional.
La política irresponsable del "donde comen tres, comen cuatro" ha fomentado la sensación del beneplácito a una inmigración descontrolada que, eventualmente, está perfilándose como un punto de controversia. La responsable regulación de las mismas políticas de extranjería es el mecanismo eficiente, además, para evitar las desestabilizaciones y los brotes de odiosidades racistas.
Por el contrario, hasta ahora el Estado ha actuado con extraordinaria ligereza. Desde el enorme "perdonazo" de 1998 a todos los peruanos que han estado en Chile irregularmente, no ha parado de emitir llamados a que se acerquen a las oficinas de extranjería a regular su situación, pero es tan poco el don de respeto y de autoridad que esta clase de organismos inspiran ya, que sólo un porcentaje de los ilegales se acercó a las dependencias, saliendo prácticamente a perseguirlos para legalizarlos, en lugar de deportarlos como corresponde a la normativa legal. El resto sigue trabajando de manera indocumentada, pues saben que las probabilidades de expulsión son escasas y que, permaneciendo en forma ilegal, tienen posibilidades de optar a más trabajos ofrecidos por empresarios inescrupulosos o derechamente sinvergüenzas, que evitan así el contrato, el pago de salarios dignos, imposiciones y otros cargos.
Una prueba irrefutable: Registro de incendios de residencias de inmigrantes en Santiago
La gran cantidad de inmigrantes masivos e ilegales en Chile, ha aumentado inesperadamente la acumulación de familias viviendo en forma precaria también en zonas de Arica a Iquique, como los multitudinarios campamentos de Alto Hospicio, que ya antes de redoblado en fenómeno de inmigración masiva era un serio problema que varias administraciones regionales no habían podido resolver. El año 2006, por ejemplo, ya se estimaba que el 6% de la población iquiqueña era peruana. La solución se ve más lejos ahora, con el aumento de la población. Un dato preocupante es que ciertos peruanos residentes en Arica, por ejemplo, están lejos de manifestar humildad o gratitud, y en lugar de ello escriben frecuentemente cartas incendiarias a medios peruanos de corte nacionalista, azuzando los ánimos y comentando lo "fácil" que resultaría recuperar la ciudad chilena en la soberanía peruana.
En los barrios santiaguinos donde los inmigrantes peruanos han escogido sus residencias colectivas, coincide que la resistencia eléctrica difícilmente soporta el consumo generado por varias decenas de personas en un espacio familiar que es subdividido por los moradores con paneles o tabiques, haciendo habituales los cortes de energía y los incendios de estas viejas construcciones. A pesar de este peligro, ha surgido una gran cantidad de arrendadores muy escasos de ética pero abundantes en ambiciones, que también han encontrado una rentable forma de explotación del inmigrante al disponer sus residencias para el hospedaje masivo de familias y trabajadores peruanos o ecuatorianos, adaptando para ello los recintos con nuevas piezas y muros de material ligero, lo que aumenta más aún los riesgos de un siniestro, pero que les permite obtener hasta el doble o el triple de las ganancias que reportaría el arriendo corriente del inmueble a una sola familia residente. Esta situación inaceptable es responsabilidad de los tribunales, pues sólo de ellos depende la potestad para cerrar estas residenciales clandestinas, mientras que las respectivas municipalidades sólo pueden cursar multas muy menores, pero no clausurarlas.
Un detalle curioso es que muchas de las veces en que se producen estos siniestros incendiarios, siempre producto de la sobrecarga en la resistencia eléctrica o de la mala manipulación de artefactos con fuentes de calor en un ambiente saturado de gente y muebles, los arrendadores y propietarios aparecen intentando asociar los hechos a supuestos "atentados racistas" culpables de los incendios, eludiendo así su propia responsabilidad al permitir por el mero lucro estas situaciones de peligroso hacinamiento de familias, aprovechando la desprotección y desesperación del inmigrante que hemos descrito. Hasta ahora, sin embargo, jamás se ha comprobado la veracidad de alguno de estos supuestos "atentados" en cualquiera de los barrios históricos de grandes casas donde se permiten esta clase de aglomeración de inmigrantes, que llegan a superar las siete personas por habitación y hasta 50 o más por residencia, generalmente con un solo baño disponible.
Así ha sucedido en los reportes de bomberos sobre incendios de varias residencias ocupadas como centros masivos de hospedaje para inmigrantes peruanos, especialmente durante el período veraniego, tales como los siguientes casos que son sólo algunos de los tantos registrados:
Fecha del incendio
Lugar siniestrado
Saldo y consecuencias
Causa reportada
02 / octubre / 2000
Antigua casa ubicada en calle Ruiz Tagle con 5 de Abril, comuna de Estación Central, convertida en residencial clandestina.
Destrucción casi total. Un inmigrante peruano murió y otros 20 ó 30 quedaron en la calle, perdiendo todas sus pertenencias.
Posible saturación del sistema eléctrico que había sido ampliado improvisadamente dentro del recinto.
12 / enero / 2001
Viejo cité de calle San Ignacio con Copiapó, en el centro de Santiago, hasta donde se habían trasladado varias familias de inmigrantes.
Pérdida total. Afectadas más de 60 personas, la mayoría inmigrantes peruanos y ecuatorianos de unas 17 familias. El lugar era de alto valor histórico.
Saturación del sistema eléctrico del patio trasero.
03 / enero / 2002
Casona neocolonial verde de avenida General Velásquez 262, comuna de Estación Central. Funcionaba como precaria residencial clandestina para peruanos.
Se quemó toda la residencia. Murieron tres personas y hubo cerca de 40 damnificados. La dueña del lugar escapó al sur para eludir sus responsabilidades.
Imprecisado en el momento. Posible falla eléctrica por resistencia.
28 / enero / 2003
Casona de esquina Coquimbo con Alejandro I, en el centro de Santiago. Estaba subdividida en piezas arrendadas a inquilinos, la mayoría de ellos peruanos.
Destrucción parcial del inmueble y unas 8 personas damnificadas.
Un cigarrillo mal apagado en una de las piezas.
31 / enero / 2003
Casa antigua del cité de calle Esperanza 1090, esquina de Mapocho, en Santiago, arrendada por una gran cantidad de ciudadanos peruanos.
Pérdida total de la residencia, daños parciales en la casa vecina y seis personas lesionadas. Aunque se informó que 8 personas quedaron sin hogar, nunca se supo el número preciso de damnificados, pues algunos de los residentes, aparentemente, eran ilegales que desaparecieron tras los hechos.
Aparente falla en el precario sistema eléctrico, que había sido ampliado y extendido de forma artesanal por los moradores.
23 / marzo / 2004
Casona ubicada en la esquina de Santo Domingo y Sotomayor, frente a la Plaza Yungay de Santiago, convertida en residencial clandestina.
Destrucción de la vieja mansión y otros diez históricos inmuebles ubicados en este barrio de alto valor patrimonial para la ciudad, que había sido usado incluso en varios rodajes fílmicos. Un muerto, varios lesionados y 60 damnificados, la mayoría ciudadanos peruanos y brasileños, algunos legales y otros no.
Recalentamiento de las instalaciones eléctricas del inmueble principal, donde alojaban los ciudadanos peruanos.
28 / mayo / 2004
Casa de material ligero de calle Diego Rojas 989, en Peñalolén.
Destrucción total del inmueble. Tres niños trágicamente muertos (2, 4 y 5 años), hijos de la ciudadana peruana dueña de casa. Yacían encerrados. Aunque no había hacinamiento, revela la precaria y vulnerable situación de algunos inmigrantes peruanos. Increíblemente, en esta misma vivienda habían muerto dos peruanos un tiempo antes, a fines del 2000, por la misma razón.
Inflamación de una estufa a parafina con la que se estaban secando unas sábanas.
26 / enero / 2005
Casona de calle Juárez 607, de Recoleta. Residencial clandestina que subarrendaba su propietario, también de origen peruano
Pérdida del inmueble. Unos 20 ciudadanos peruanos quedan damnificados al quemarse la mayor parte de la vivienda.
Fuego descontrolado que comenzó en una de las 16 habitaciones.
19 / marzo / 2005
Tercer piso del edificio residencial ubicado en Teatinos con San Pablo, en Santiago Centro
Incendio y destrucción total de la planta. Unas 30 personas damnificadas, todos ellos inmigrantes peruanos.
Falla eléctrica por sobrecarga de resistencia.
08 / agosto / 2005
Casa de calle Erika 8863, de Pudahuel, que estaba subarrendada a tres familias.
Destrucción total, y propagación del fuego hasta una iglesia evangélica vecina. 11 damnificados, la mayoría de ellos inmigrantes peruanos.
Posible combustión accidental dentro de una de las piezas
22 / diciembre / 2005
Casa de calle Borgoño con Picarte, en Independencia, convertida en residencial clandestina para ciudadanos peruanos.
Destrucción de todo el segundo piso y parte del primero. 49 adultos y cuatro niños -agrupados en 25 familias residentes- quedaron en la calle.
Inflamación accidental de una cocinilla a gas usada en una de las 15 habitaciones prefabricadas dentro del inmueble.
25 / diciembre / 2006
Domicilio de la calle Andes 2111, casi esquina Baquedano, Santiago Centro
Destrucción total de la casa y de locales vecinos (distribuidora de gas, oficina de servicios, empresa de aseo industrial y fábrica de resortes). Sin seguros comprometidos. Tres ciudadanos peruanos de los varios residentes resultan graves, incluida una niña de 4 años.
El que el siniestro haya tenido lugar en la madrugada de la Navidad, hizo sospechar de un descuido o una falla eléctrica.
09 / diciembre / 2007
Antiguos inmuebles de la esquina del sector de la Catedral Evangélica de Alameda Bernardo O'Higgins con Obispo Manuel Umaña, en Estación Central.
Seis viviendas y cinco locales comerciales y talleres destruidos por el fuego. Pérdidas totales y los empleados quedaron cesantes. 10 familias afectadas.
Los vecinos acusaron el descontrol del fuego de un asado hecho en el techo de una casa ocupada por ciudadanos peruanos.
19 / diciembre / 2007
Casa residencial de avenida Suecia con Irarrázaval, comuna de Ñuñoa, cuyas piezas eran arrendadas a 10 personas de nacionalidad peruana.
Los 10 moradores perdieron la totalidad de sus pertenencias. La residencia se quemó por completo y las labores de bomberos debieron extenderse incluso hasta pasada la noche.
Inflamación de tambores con productos químicos durante la noche. Los propios residentes guardaban estas sustancias inflamables el interior de la vivienda.
19 / mayo / 2008
Casona histórica de la esquina de Compañía con Libertad, en pleno Barrio Brasil, habitada mayoritariamente por ciudadanos peruanos y algunos ecuatorianos y colombianos.
Destrucción total del inmueble que estaba en la lista de Conservación Histórica del Consejo de Monumentos Nacionales. 6 heridos, dos de ellos bomberos. Cerca de 100 residentes fueron albergados por el Ejército de Salvación. Pero el cuerpo religioso denunció que algunos pillos intentaron aprovechar la situación haciéndose pasar por damnificados.
No se pudo precisar en el momento, abriéndose una investigación. Los residentes intentaron sostener que el incendio era intencional, para desalojarlos. Sin embargo, Bomberos precisó que el fuego empezó en una pieza del segundo piso, presumiblemente por una fogata.
08 / septiembre / 2008
Cité de San Pablo 4135, esquina con General Velásquez, en la Quinta Normal. Comenzó en una casa habitada por cerca de 40 ciudadanos peruanos.
Tres viviendas y un taller mueblista destruidos, y cerca de 100 personas afectadas. 18 familias quedaron damnificadas, siendo asistidas por la municipalidad con albergue y alimentos.
Volcamiento de velas en una habitación, a la hora de la madrugada. Los ciudadanos peruanos debían un millón y medio de pesos de consumo eléctrico, por lo que el suministro había sido cortado 20 días antes. Los vecinos habían reclamado varias veces y avisado a la municipalidad de este peligro.
¿Inmigrantes o "refugiados" peruanos? La inducción intencional a un error
Una de las tendencias más notorias entre los inmigrantes peruanos -sobre todo entre los profesionales que sólo ostentan la visa de turista- es la de presentarse públicamente como refugiados o categorías similares, que habrían venido desde Perú escapando de la represión durante el Gobierno de Alberto Fujimori. Con esta treta se pretende alcanzar no sólo el corazón del local solidario, sino también fines prácticos que uno de los dirigentes de estos refugiados se encargó de anunciar con bastante audacia en el programa nocturno de TVN "Con Mucho Cariño", del martes 24 de septiembre 2002, donde también asistió nuestra Corporación de Defensa de la Soberanía representada por su Director General, Benjamín González Carrera. En la ocasión, el señor Víctor Paiba (o Paiva, según otras fuentes) declaró los puntos esgrimidos por la comunidad peruana en Chile, y que podríamos sintetizar de la siguiente manera:
Que todos los peruanos que llegan a Chile buscando mejorar sus expectativas económicas son, en mayor o menor medida, refugiados por cuanto las condiciones que existen en su país hacen imposible su permanencia en él. Con esta primer premisa, cualquier peruano venido a Chile puede entrar casi de inmediato en la categoría de refugiado.
Que la condición de refugiado la hace el hecho de que todos estos inmigrantes fueron perseguidos o amenazados directa o indirectamente por el gobierno de Alberto Fujimori, por razones políticas. El refugiado se colocó a sí mismo como ejemplo, alegando haber sido un dirigente político de la oposición peruana de entonces, que debió venir a Chile porque, de no hacerlo, "ahora estaría muerto".
Que por ser Chile el país que estos momentos ostentaría las mejores condiciones económicas de la región, es una obligación nacional asumir los costos de la situación de estos pretendidos refugiados de países vecinos, pues sería parte de los compromisos a las disposiciones internacionales de Derechos Humanos. En otro medio declaró este mismo dirigente: "En América latina (los chilenos) están en una posición privilegiada con respecto a los demás países y el pueblo va a donde está el capital. Ser jaguares tiene un costo y se deben contemplar fórmulas para que los costos humanos de estas migraciones no sean negativos". Lamentablemente, estas expresiones parecen estar inspiradas en postulados de mentalidad dogmática de raigambre profunda y clásicamente marxista.
Que, por estar en esta condición de refugiados, el país anfitrión (en este caso, Chile) tiene también la obligación de solucionar la situación de precariedad social y laboral en que se encuentren estas personas. Esto es, que Chile debe garantizar estadía, trabajo y salud a todos los peruanos refugiados, algo que ni siquiera ha logrado garantizarse aún a la comunidad local. Lo que se solicita, entonces, en un apartheid benevolente, que privilegie los derechos del inmigrante por sobre el ciudadano chileno. En una entrevista al diario "La Hora", una dirigente de este mismo comité de refugiados peruanos, Patricia Loredo, declaró que el interés de los inmigrantes era equiparar "los derechos de los refugiados con los chilenos". Doble obligación para Chile, como vemos.
Que es Chile el gran culpable del empeoramiento en la calidad de vida de los refugiados peruanos que tuvieron que partir la país "mapochino" para reconstruir sus vidas y es, por lo tanto, una responsabilidad chilena garantizarles condiciones de superación y desarrollo. Paiba puso énfasis en culpar de retrasos económicos peruanos a las inversiones chilenas que comenzaron a realizarse en ese país en los noventa y que, a su juicio, solo arruinaron más al Perú (recordar caso de la planta Lucchetti y Lan-Perú), tercera razón por la que la obligación moral de Chile para asistir a estos refugiados sería ineludible.
Hasta ahora, todo hace dudar que agrupaciones como el Comité de Refugiados Peruanos y los demás dirigentes de esta comunidad sean auténtica y corporativamente refugiados políticos. Muchos de ellos provienen de grupos del Perú afines a ideas comunistas, pero casi desconocidos, como los muchos otros opositores que tuvo Fujimori durante su gobierno, por lo que difícilmente se podría demostrar que tuvieron razones para presentarse como refugiado por algún peligro o amenaza que pesara selectivamente sobre sus individualidades durante ese período. Recordemos que en los años setenta también hubo algunos malos chilenos que, aprovechando las circunstancias, emigraron a potencias extranjeras presentándose como perseguidos políticos del régimen militar, a pesar de que nunca figuraron en listas de exiliados o requeridos por las fuerzas de represión, siendo atendidos allá con grandes consideraciones y beneficios. Actualmente, algunos de los llamados refugiados peruanos están organizados en estos círculos reciben permanente colaboración del Consulado del Perú.
La condición de refugiados alegada por los representantes de la inmigración peruana, por sus demás paisanos y por sus defensores dentro del país, se intenta sustentar en el dudoso argumento de que, por haber sido opositores al gobierno de Fujimori, habrían sido de seguro potenciales "víctimas" de la "represión derechista" (Ojo: recuérdese que la llegada de Fujimori al poder fue, sin embargo, con apoyo del APRA y la Izquierda Unida, en 1990). Para ello, se ponen como ejemplo dos asuntos inconexos: el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón en Perú secuestrados por terroristas tupamaros (la operación "Chavín de Huántar", en abril de 1997, donde fueron ultimados los 14 plagiadores) y la controvertida muerte de diez personas en Barrios Altos y la Universidad de la Cantuta (donde cayeron por lo menos nueve estudiantes y un profesor) por parte de fuerzas de gobierno.
Sin embargo, ambos casos están lejos de ser "violencia selectiva" o dirigida principalmente a un grupo específico de credo, raza o ideología: el primero fue parte de una operación militar de salvamento y el segundo un exceso de represión ejecutada por organismos de seguridad. Pero distintas ONG's de corte marxista que operan en Perú amparadas por Amnesty International, declararon una guerra mediática a Fujimori en venganza por el desmantelamiento de grupos subversivos para quienes, como se sabe, hay "derechos humanos" mucho más sensibles o garantizados que en otros casos. La razón: el aplastamiento de los grupos de la guerrilla de Sendero Luminoso y de Tupacamaru. ¿Qué tan comprometidos con estos grupos podrán estar algunos peruanos residentes en Chile, como para pedir ser considerados refugiados que escaparon de esta misma guerra frontal dada por Fujimori al terrorismo? La irracionalidad está en que los casi 25 muertos que se le estaría imputando a la "terrible tiranía derechista" de la polémica década de Fujimori en el poder, y de la que vendrían escapando los pretendidos refugiados, en nada semejan la magnitud y la constancia de actos represivos vistos en el Perú entre los anteriores mandatarios, manchando con sangre la banda presidencial del aprista Alan García, hacia 1988. Fue el Presidente Toledo, precisamente, el que permitió liberar de cargos a García, mientras Amnesty International mantuvo un virginal mutismo al respecto, como también de las acciones represivas del Presidente Fernando Belaúnde, quien instauró la política de la "Tierra Arrasada" contra los poblados peruanos usados como bases operativas del terrorismo, entre 1980 y 1985.
Como podemos observar, ni siquiera las dudosas cifras de detenidos desaparecidos oficialmente expresadas por grupos izquierdistas del Perú justifican la situación de los refugiados que llegan en tal condición a Chile: de unos 4.022 casos (según la Defensoría del Pueblo, pues Amnesty llega a hablar de 6.362), el 31% ocurrió en el Gobierno de Belaúnde (1.230 según la D.P.), el 43% en el de García (1.682 según D.P.) y sólo el 26% en el de Fujimori (1.024). Otros 86 casos se reportan sin datos. Mientras la presidencia de Belaúnde y García sólo duraron 5 años cada una, Fujimori estuvo 10 años en Torre Tagle, lo que promedia un 13% de casos cada cinco años: 586 antes del 5 de abril de 1992 y 438 después de esa fecha y hasta su polémica dimisión, cifras confirmadas por Acción Pro Defensa de los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Y, sin embargo, las principales olas migratorias de ciudadanos peruanos se han dado allí, en este último gobierno, precisamente en los momentos de menor represión o persecuciones contra el pueblo peruano en 20 años o más. Nótese que la cifra del segundo período de Fujimori coincide también con la desaceleración de las prácticas represivas, y es el espacio de tiempo en que, sin embargo, comienza la ola migratoria hacia Chile.
Los datos anteriores demuestran que el gobierno de Fujimori, por corrupto y controvertido que sea (y claramente menos incluso que su sucesor, Alejandro Toledo) nada tuvo de "tiranía fascista" con que algunos pretenden justificar los desplazamientos de los mal llamados refugiados peruanos, sino que fue parte de la violencia política que el Perú ya arrastraba desde hacía largo tiempo, muchas décadas antes. De hecho, la pretendida "represión" de este período no guarda ninguna relación entre la proporción que haya tenido y el surgimiento del fenómeno migratorio. Entonces, seamos claros: la mayoría de los refugiados peruanos no existen más que en un puñado de mentes ingenuas o excesivamente crédulas.
Al respecto, las cifras reales de refugiados en Chile son bastante distintas de la proporción de supuestos "peruanos refugiados" que se repite a veces en los medios de comunicación nacionales. De hecho, ni siquiera representan un sector importante dentro del grupo de ciudadanos extranjeros que llegan a Chile en tal condición, pues de los 1.631 refugiados que había en el país hacia el año 2006, 1.172 de ellos eran colombianos. Poco después se anunció la llegada de unos 100 ciudadanos palestinos que vivían en Irak, con lo que los ciudadanos peruanos sólo pasan a ser una cantidad no significativa de personas venidas de los cerca de 26 países desde donde provienen los refugiados extranjeros establecidos en Chile. Cabe indicar que el año 2001, los refugiados totales en Chile eran sólo 308, por lo que la mayor parte del incremento lo han representado precisamente los ciudadanos colombianos.
¿Qué dicen los acuerdos internacionales sobre inmigrantes y refugiados?
Hemos visto que últimas cifras de peruanos residentes que se suponen viviendo en Chile oscilaban entre 53.000 y hasta 100.000 dependiendo de cada fuente y contando a la imprecisa masa de indocumentados. Es claro, entonces, que estamos simplemente en una situación de inmigración económica masiva y punto; el resto es cinearte. La intención de los inmigrantes peruanos que se presentan pomposamente como refugiados sería, por consiguiente, la de intentar acaparar en Chile garantías y derechos que los privilegien por sobre la mera condición de inmigrante económico, como los considerados en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, presentada en Ginebra el 28 de julio de 1951.
Chile adhirió a la Convención de Ginebra el 18 de enero de 1972 y Perú el 21 de diciembre de 1964, por lo que ambos países tienen obligaciones entre sí y con respecto a los demás países firmantes. Pero las dificultades por determinar qué era un "refugiado" y hacerlo sujeto de los derechos que la Convención consagraba, comenzaron al instante. El texto del acuerdo era demasiado específico y controversial, para el gusto de varios países que veían sólo el interés de Estados Unidos en la delimitación muy precisa y restringida de la condición de "refugiado". En el Artículo I del Capítulo I de la Convención, dedicado a la definición del término "refugiado", dice:
" A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda persona:
1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados.
Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el período de sus actividades, no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección.
2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea".
Así, el término refugiado en caso alguno se refiere en el texto de la Convención a inmigrantes que, por expectativas económicas, decidan abandonar un país y establecerse en otro. Sin embargo, la muy específica definición de "refugiado" y la cantidad de afectados por las luchas políticas de las colonias en los años sesenta, motivaría protestas internacionales que culminaron en la firma del Protocolo de 1967 sobre Estatuto de Refugiados, destinado a ampliar el sentido y la cobertura del término. Fue firmado en New York el 31 de enero de 1967. Chile adhirió a él el 27 de abril de 1972 y Perú el 15 de septiembre de 1983. El Protocolo dice en el inciso 2 del Artículo I:
"A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este artículo, el término "refugiado" denotará toda persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras "como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y ..." y las palabras "... a consecuencia de tales acontecimientos", que figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1".
En consecuencia, la comprensión del primer artículo de la Convención sería para el término "refugiado" la siguiente:
"Que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".
Como se observa, aún con la ampliación del término "refugiado" por el Protocolo de 1967, los inmigrantes regulares quedan absolutamente fuera de los beneficios y consideraciones que garantiza la Convención de parte del Estado que los recibe. En otros términos, un exiliado, un perseguido político o un ciudadano que escapa de una situación interna grave (guerras, revoluciones, asonadas golpistas, etc.) puede entrar a un país en calidad de refugiado, pero no un mero inmigrante, que sólo estaría en categoría de turista o visitante temporal con aspiración a visa de residencia en el mejor de los casos. Es éste último, precisamente, el estatus real en que se encuentran los inmigrantes peruanos que se han establecido en Chile, situación jurídicamente incompatible con la condición de refugiado que muchos de ellos exigen.
Presentarse de otra forma, haciéndose pasar por refugiado sería, entonces, un abuso de derecho, por cuanto se pretende usufructuar de garantías que son privativas de otros, como el asilo, la asistencia y otros beneficios de permanencia. Los movimientos migratorios no están considerados en la Convención ni el Protocolo. Es un error o directamente un engaño dar a entender otra cosa. Los inmigrantes regulares o económicos no escapan de persecuciones, no huyen de amenazas concretas, no son selectivamente acosados o perseguidos y ni su vida ni su libertad están en peligro durante el tiempo que perdure en su país de origen la situación que obligó a su salida. En general de los ciudadanos peruanos, incluso, se trata de gente en la mera calidad de turistas (y, cuando no, ilegales) que decide libre y voluntariamente quedarse dentro de nuestro país, con miras a resolver alguna situación de índole económico.
Un hecho curioso es que la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú -organismo al que está muy ligado el llamado Comité de Refugiados Peruanos- había emitido, en octubre del 2000, una carta a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos donde solicitaban formalmente no entregar asilo ni reconocimiento de calidad de refugiado al controvertido jefe de seguridad Vladimiro Montesinos, poniendo como justificación el mismo argumento que podría aplicarse sobre los peruanos que claman su condición de refugiados en Chile:
"Al Sr. Montesinos, asesor del presidente Fujimori, no se le puede conceder ningún asilo porque esa figura legal ampara el refugio a un perseguido. Al Sr. Montesinos no sólo no lo persigue el gobierno peruano, sino que le ampara y le protege".
Vale advertir que la situación de inmigrantes solicitando ilegítimamente refugio y asilo es muy común en el resto del mundo, donde se han detectado incluso casos de corrupción, estafas y lucro, existiendo también otros casos polémicos en Chile. En mayo de 2005, por ejemplo, un numeroso grupo de 39 colombianos sorprendidos en la aduana de Arica alegaron estar buscando ser reconocidos como refugiados que escapaban de la guerrilla, por gestiones de una ONG llamada "Despertar: a Defender Nuestros Derechos" y que todos ellos integraban, por lo cual viajaron hacia Santiago. Sin embargo, esa misma semana los diarios colombianos “El Tiempo” y “Diario del Sur” revelaron que tal organismo no existe y pusieron en duda la condición de refugiados solicitada. Los viajeros ya habían pasado antes por Ecuador, en donde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados les advirtió que se estaban exponiendo a ser acusados de “movimiento migratorio irregular” y que no correspondía otorgarles asilo en Quito mientras se mantuviesen en esas circunstancias irregulares de desplazamiento.
Existen otros casos internacionales en donde inmigrantes económicos han aprovechado situaciones sociales o crisis políticas para presentarse ante los países receptores en calidad de refugiados, del mismo modo que muchos malos chilenos lo hicieron en los años setenta fingiéndose parte de los sectores de perseguidos políticos o exiliados, y actuando entre esos pueblos anfitriones de un modo que inspiraría una verdadera vergüenza nacional, especialmente en naciones escandinavas. Esto ha sucedido, por ejemplo, con los miles de refugiados sudaneses establecidos en guetos y barriadas propias en Egipto, país que, a pesar de haberse firmado acuerdos de paz en Sudán y protocolos de protección recíproca a sus súbditos, ha debido soportar violentas manifestaciones, a fines del 2005, por parte de los ciudadanos sudaneses acampados desde hacían tres meses en la capital y que se resisten a aceptar el fin a los beneficios de su condición de refugiados y se niegan a retornar a su país de origen según se los había solicitado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Las protestas y violencia callejera llegaron a tal punto que, el viernes 30 de diciembre, fallecieron varios sudaneses en sangrientos enfrentamientos con la policía egipcia en El Cairo.
Discurso de "razones humanitarias". Benevolencia, sensiblería e intereses políticos
Otro punto curioso que no puede dejar de ser mencionado, es la falta de interés de las autoridades peruanas por mantener a sus compatriotas "refugiados" dentro de su propio país, pues un éxodo masivo no puede ser ni buen síntoma ni buen destino para un país. Parece ser que una parte de los problemas sociales del Perú, se prevé solucionar con este fenómeno migratorio. Mezclado este asunto con la obsesión de los gobiernos concertacionistas por ofrecerse a los ojos del mundo como gestores de economías sólidas y de una prosperidad nacional envidiable y fácil de compartir, el resultado ha sido no sólo el nulo interés en establecer políticas migratorias seguras y modernas, sino la eventual flexibilización de las mismas hasta niveles rayanos en lo absurdo.
Como nos ha correspondido llevar este tema a muchas instancias de discusión, foros radiales y una que otra columna en algún diario, quisiéramos dejar en lista un resumen de los únicos argumentos que el entreguismo suele utilizar para defender el fenómeno de inmigración descontrolada, particularmente en el caso de los ciudadanos peruanos, además de demostrar la precariedad y debilidad de las respectivas afirmaciones, muchas de las cuales hemos citado más arriba en este mismo texto:
LAS COMPARACIONES ODIOSAS E IMPROCEDENTES: Como dijimos con anterioridad, el discurso falsamente humanitario del entreguismo tiene una pasión pervertida por comparar la inmigración peruana con la de colonos alemanes o yugoeslavos, intentando configurar un supuesto racismo europeísta de parte de los chilenos por el hecho de que el fenómeno de la migración blanca fue aceptado y aplaudido, no así el caso de peruanos, bolivianos o argentinos. Ya vimos que no hay punto de comparación entre los casos: uno corresponde a un plan de colonización formal del Estado de Chile, destinado a llenar exitosamente con inmigrantes europeos un gran vacío poblacional y laboral que existían en el país, mientras que el otro es un mero fenómeno de inmigración sin control y de puertas abiertas, sin sujeción a ningún plan o proyecto, y con gente que no viene a resolver ninguna carencia o necesidad de la sociedad que los acoge, sino más bien a buscar satisfacción a sus propias carencias o necesidades individuales. Las comparaciones son tendenciosas y, como en el caso del texto del Profesor Godoy que vimos más arriba, se advierte que han sido precisamente quienes recurren regularmente a ellas los que se han dado la "vuelta de chaqueta", pues si en el pasado vieron con recelo la llegada de europeos a Chile y argumentaron ampliamente en su contra, ahora aplauden la llegada de inmigrantes de países vecinos, olvidando sus mismos discursos de antaño.
LAS "IGUALDADES ARBITRARIAS" COMO LUCHA ANTIDISCRIMINATORIA: El entreguismo siempre está tratando de presentar situaciones regulares de restricciones a ciudadanos peruanos como "casos de discriminación", ante la ausencia de ejemplos reales, concretos y evidentes de discriminación públicamente practicada contra ciudadanos de este origen. Esta fue una de las principales inspiraciones para el masivo "perdonazo" del año 1998 para todos los ciudadanos peruanos que se encontraban en situación ilegal en Chile, piadosamente llamados indocumentados. La prensa, por ejemplo, se apresura en exponer dentro de tan condenable categoría casos que, sin embargo, se ajustan perfectamente a las características de las normas vigentes, gusten o no, y para nada concebidas como apartheid o algo por el estilo. En el verano 2003 se hizo mucha polvadera, por ejemplo, con dos situaciones particulares: la de una niña hija de peruanos que no pudo ser matriculada en un colegio chileno por faltar documentación de sus padres, y la de un alumno universitario peruano que, pese a sus buenas notas, no pudo postular al crédito fiscal y continuar en una universidad nortina, porque este beneficio sólo es para ciudadanos chilenos. En estricto rigor, ninguno de estos dos casos es un abuso discriminatorio, sino ajuste a restricciones legales válidas y vigentes. Presentarlas de otra forma es desconocer por completo el alcance y la gravedad de tal acusación. Curiosamente, al contrario de lo que se intentó reflejar con esta noticia, Chile es uno de los pocos países que teniendo tanto nivel de marginación entre sus propios jóvenes de la educación universitaria, además de ser esta una de las más caras del continente, sigue extendiendo becas y planes especiales para ciudadanos extranjeros, como el anunciado por el Gobierno de Ricardo Lagos el 21 de diciembre de 2004 para marzo del año siguiente, partiendo con un número de 30 becas completas para ciudadanos de América Latina siguieran cursos de post-grado en las universidades chilenas, hasta completar 120 de estas becas en cuatro años. "Este esfuerzo tiene que ver también con cómo queremos insertarnos, desde el punto de vista de lo que ha sido el rol educacional de Chile, en América Latina y volver a tener el trabajo señero que tuvimos en el pasado. Y ésta es una demostración también de cómo entendemos que si Chile avanza y progresa, puede querer compartirlo con otros países de la región", declaró en la ocasión el Presidente Lagos, durante la ceremonia del Fondo de Crédito Solidario. Sin embargo, con el mismo criterio estrecho y tremendista con que se acusa de "discriminación" la situación de un ciudadano extranjero que quedó fuera del sistema universitario, considerando la cantidad de estudiantes chilenos que no tienen acceso a la educación de post-grado dentro del país, se podría imputar de vuelta el cargo tanto o más grave de haber establecido "igualdades arbitrarias" en favor de una minoría y en desmedro de la mayoría local con medidas tales como las becas extendidas por Lagos, además de constituir éstas la creación de competidores para los profesionales chilenos dentro de su propio país.
LOS "PREJUICIOS BENEVOLENTES" CONTRA EL CONTROL MIGRATORIO: También se hace claro que el entreguismo intenta exponer que cualquier medida de endurecimiento de las políticas de inmigración es "un remedio peor que la enfermedad". El 10 de septiembre del 2002, por ejemplo, el diario "La Tercera" había expuesto el resultado del informe titulado "Los Derechos Humanos de los Migrantes", donde se denunciaban estafas y tráfico de inmigrantes peruanos a Chile "causados por el endurecimiento de los controles migratorios en la frontera con Perú". Nada raro si vemos quién es el autor detrás de este informe: el Centro de Asesoría Laboral de Perú (Cedal), en colaboración con el Centro de Información de Desarrollo Integral de Autogestión, organismos bastante concientes del problema de cesantía en Perú y que han visto en Chile una gran probabilidad de solución al problema del desempleo peruano. El informe que tanto gustó a los entreguistas, declara que las medidas de restricción inmigratoria en Chile deben ser abandonadas porque "alientan la formación de mafias de traficantes, la corrupción de funcionarios y/o policías, y se incrementan los riesgos de una población que busca viajar a otro país por cualquier medio incluso los ilegales con tal de labrarse un futuro más próspero". En otras palabras, se pretende apagar el fuego con solventes. A veces ni siquiera ha sido necesario que algún país vecino solicite a Chile facilidades de ingreso a sus fronteras. Tal es el caso del plan de supresión de pasaportes acordado durante el cambio de mando en Uruguay por los cancilleres Ignacio Walker, de Chile, y Juan Ignacio Siles, de Bolivia, el 1º de marzo de 2005. Contrariamente a lo que pudiese creerse, esta propuesta fue formulada por el Gobierno de Chile y no por Bolivia, con la excusa de agilizar los trámites de ingreso por los puestos fronterizos.
MITOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO LABORAL Y LAS PLAZAS DE EMPLEOS: Aunque más adelante haremos caudal de este punto, vale destacar aquí que la excusa ofrecida más recurrentemente entre quienes justifican la presencia de inmigrantes ocupando en forma numerosa los trabajos más sensibles para la estabilización del desempleo interno (obreros, nanas, empleos mínimos, etc.) es simular que estos sólo toman los trabajos "que el chileno desprecia". Seamos claros: si en realidad hubiese 100.000 peruanos en Chile, y, según el gobierno, los cesantes chilenos rondan los 550.000, entonces estamos frente al hecho evidente de que sólo la inmigración peruana establecida en Chile estaría incidiendo en cerca de un 20% del total de desempleados sin ningún ingreso, excluyendo por supuesto a los ciudadanos peruanos que se han establecido con negocios propios (tiendas, bares, gastronomía), o el caso de los de médicos o dentistas profesionales, muchos de ellos muy queridos y conocidos en la sociedad chilena. Según el Director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, don Osvaldo Larragaña (defensor de la inmigración), hay un impacto real: "En el escenario más extremo, que cada peruano sustituyera el trabajo de un chileno, un 12,7% de la desocupación se explicaría por la inmigración" ("Ercilla", Nº 3.206, enero 2003). Sin embargo, Larragaña peca de inconciencia al estimar "baja y marginal" una cifra que sube en más de un décimo el nivel de cesantía, además de creer que la proporción extrema es la paralela: de chileno cesante por cada peruano trabajado, cuando uno de los principales reclamos de los simpatizantes de la inmigración y de los propios peruanos es que los contratos a estos ciudadanos extranjeros suelen ser de mala remuneración, lo que obviamente tiene por objeto distribuir entre más contratos a peruanos la remuneración que equivaldría a un número menor de personas en caso de ser chilenos (la nefasta y abusiva filosofía de "dos peruanos por el sueldo de un chileno"). El caso de uno a uno no es plausible.
EL VICTIMISMO Y EL DISCURSO DE LA EXPLOTACIÓN HUMANA: Otra táctica recurrente es intentar hacer recaer la responsabilidad exclusivamente en los empresarios y comerciantes inmorales que explotan a estos inmigrantes, aprovechándose de su situación menesterosa y cerrar el debate solamente en torno a ellos y a su influencia en el problema. Sin embargo, en lugar de abogar por la aplicación de las normas laborales vigentes y válidas, sancionando a estos inescrupulosos, el entreguismo se atrinchera en la idea de flexibilizar a más no poder las leyes laborales para extranjeros y los permisos de residencia en Chile, sin que sea necesario un contrato de trabajo para obtener la visa... Una curiosa pero muy reveladora contrariedad moral. No hay que ser un genio para saber quiénes son los mayores beneficiados en Chile con la inmigración masiva. Resulta válido preguntarse, a estas alturas, qué tan cerca del entreguismo están esos mismos empresarios explotadores, que han descubierto en los peruanos una forma fácil de contratar a dos por el sueldo de uno.
LA MONSERGA DE LA MODERNIDAD Y DEL GLOBALISMO: También está la tendencia absurda a compararse con los países "más desarrollados del planeta" a la hora de justificar la política de fronteras abiertas a la inmigración, y pretender que esa es una medida propia de países con altos estándares de desarrollo económico y cultural de los que, por cierto, Chile sigue aún muy lejos. Como vimos, los países modernos de este tipo son los que exponen las políticas más severas de inmigración en el mundo tan globalizado e integrado de hoy, muchas de ellas destinadas a revertir las mismas situaciones que nosotros aún estamos a tiempo de controlar. Recuérdese el caso de los ilegales hispanoamericanos en Estados Unidos, por ejemplo, o los marroquíes en España, Francia o Alemania. El caso de Australia también es decidor. En fin: es claro que una característica del desarrollo es precisamente la implementación de políticas concretas y rígidas de inmigración, en lugar de flexibilizarlas, como pretenden hacer creer algunos. No es coincidencia, tampoco, que las expresiones mas violentas de "xenofobia" hayan surgido exactamente en esos países, como reacción extremista a los problemas de la inmigración que países como Chile están a tiempo de prevenir.
LA LEYENDA MORALISTA DE LA "DEUDA INTERNACIONAL" DE CHILE: También hemos visto que, con esta misma moral ligera, los entreguistas recuerdan a coro a la "gran cantidad de chilenos" que, según ellos, se habrían establecido en las últimas décadas en países vecinos u otros del mundo, intentando incrementar el mito de la "deuda" con los inmigrantes. Olvidan, sin embargo, tres aspectos esenciales: 1) Que los chilenos establecidos en Perú y Bolivia, por ejemplo, son tan pocos que corresponden al intercambio migratorio normal entre países vecinos que sólo ha sido desequilibrado en estos años por esos dos países y su tendencia a la inmigración masiva hacia Chile. 2) Que en el caso de los cerca de 300.000 chilenos establecidos en Argentina, la mayoría de ellos viajó al vecino país hasta los años setenta, cuando la Argentina era sexta o séptima potencia económica del mundo y ofrecía grandes vacíos en su fuerza poblacional y laboral, especialmente al sur, que fueron llenados con chilenos; y 3) Que la estos inmigrantes chilenos están establecidos mayoritariamente en países potencias, económicamente muy prósperos y cuyo grado de desarrollo se observa, precisamente, en su facultad para poder recibir inmigrantes dentro de sus estándares de control, como sucede en Estados Unidos, Suecia y otros. El caso de exiliados también es considerable, pero recordemos que se acomodó más bien a la categoría del refugiado o del asilado, y no a la del mero inmigrante económico.
Recordamos al lector que, entre las notas tragicómicas sobre el ridículo que llegan a protagonizar las autoridades chilenas con las deficientes medidas de extranjería y producto de esa nefasta costumbre de atender asuntos técnicos con el corazoncito y las emociones en lugar de criterios profesionales y serios, está el triste espectáculo que hizo Chile cuando se trajeron desde Yugoslavia varias familias de refugiados kosovares para que "reconstruyeran sus vidas" en este país, en 1999, siendo emotivamente presentados en los medios de prensa nacionales. Pero, en menos de un año, la mayoría de ellos seguía sin trabajo, abandonados, menesterosos y decididos a marcharse del país despotricando contra Chile, como ha sucedido finalmente, ante la inexistencia de un plan que cubra y garantice su incorporación en la sociedad.
Los choques culturales. Excusas contra el "racismo" o la "xenofobia"
Mi frontera, es mi frontera Es el marco de mi Patria Selva, mar y cordillera ....
Si te pillan mis cholos Al otro lado de la cerca Más vale que te encomiendes A San Pedro que te espera Por meterte en mi frontera Oiga. Para todos mis vecinos Tengo las puertas abiertas
Pueden entrar y salir Salir y entrar Siempre y cuando Yo lo quiera Pero no intenten pasar Sin permiso de la dueña
("Mi Frontera". Coplas de La Señora de Tacna, la cantante folklórica peruana Iris Rojas. Canción de homenaje a los héroes peruanos de la Guerra del Pacífico).
Los defensores del fenómeno de inmigración económica masiva siempre asociarán el tema de las aprehensiones que se puedan tener, sin importar su magnitud o su objetividad, como un asunto de "xenofobia", "ultraderecha", "discriminación" o "racismo". Se niega con eso, el hecho cierto de que es precisamente el control inmigratorio el que permite evitar o impedir brotes de xenofobia o racismos hacia grupos que comiencen a establecerse en un país fracturando los necesarios procesos de incorporación e integración a la realidad local, siendo objeto de estigmatizaciones o generalizaciones odiosas. A veces, sin embargo, la violencia viene en realidad del extranjero y no del loca: a fines de los años ochenta, por ejemplo, pandillas jóvenes coreanos residentes en Chile tenían la costumbre de atacar en patotas a muchachos que solían juntarse a escuchar música rock cerca del metro Los Leones, en Providencia, ante la indolencia de la prensa y las autoridades locales. Si esta clase de impertinencias hubiese sido al revés, es decir, coreanos atacados por chilenos, hubiese sido fácil de anticipar el concierto de lamentos y acusaciones de "xenofobia" que aún se oirían al respecto.
Haciendo gala de su habilidad como agitador, el antes citado refugiado peruano Paiba también protagonizó un curioso incidente al mediodía del domingo 16 de marzo 2003, cuando él y otros varios peruanos se habían reunido en las inmediaciones de la Catedral de Santiago, zona conocida como "Pequeña Lima". A pesar de que el monstruoso racismoantiperuano de los chilenos les construyó (con fondos de la Municipalidad de Santiago, con el Alcalde Joaquín Lavín) hasta una "Plaza de la Amistad" en Teatinos con Santo Domingo y un centro comunitario en calle San Pablo para que se reúnan tranquilamente a una cuadra del lugar, los inmigrantes prefirieron este sitio para el encuentro, obligando a funcionarios de Carabineros a acercarse al dirigente y preguntarle si contaba con autorización para celebrar el ruidoso encuentro, que había provocado los reclamos de los vecinos. Lamentablemente, el señor Paiba y el abogado de su comité, don Rodolfo Noriega, se negaron a acatar la orden de disolver la reunión no autorizada, y terminaron detenidos en medio de una pataleta que dejó a un oficial con tec cerrado. A las pocas horas, el dirigente peruano reclamaba que la escaramuza había comenzado porque un Carabinero le llamó "peruano analfabeta". Molesto con esta calumnia, el Subcomisario de la 1ra Comisaría, Hugo Peñafiel, aseguró a "El Mercurio" del 20 de marzo siguiente, que el pretendido escándalo era "absolutamente artificial". Luego agregó: "Estaban usando un parlante, cocinando, orinando y entorpeciendo el tránsito por la vía pública, sin autorización". Aseguró, además, que fueron los peruanos los que atacaron a Carabineros e iniciaron la escaramuza.
Estos encontrones entre Carabineros ("policía militar", le dicen los peruanos) y los mal llamados refugiados tiene, sin embargo, un peligroso trasfondo: el incidente puso de manifiesto algunos datos que se desconocían hasta entonces sobre las estadísticas policiales y el comportamiento de algunos extranjeros peruanos. El portal de "TERRA.cl" publicó un artículo, el 17 de marzo siguiente, donde dejó de manifiesto que más de la mitad de los peruanos que habitualmente se ven en la zona céntrica, han estado detenidos por alguna falta o delito, principalmente comercio ambulante o ebriedad, esta última derivada de su curiosa afición por la cerveza. De un total de 27 casos registrados en 1999, sólo hasta junio del año 2001, 584 peruanos habían sido detenidos. Para marzo de 2003, ya había un incremento del 1000% con respecto a 1999.
Enfrentado a esta evidencia, el Cónsul peruano Marco Núñez-Melgar se apresuró a buscarle una explicación rápida y expiatoria:
"Si las cifras son correctas -declaró al mismo medio-, estaríamos hablando de al menos la mitad de los peruanos establecidos en ese sector alguna vez han sido detenidos, lo que indicaría que Carabineros está permanentemente fiscalizando el lugar de manera intencional y no de forma preventiva, como debe ser".
El diario "Las Últimas Noticias", por su parte, informaba el 21 de marzo siguiente que, en lo que iba corrido del 2003, 27 ciudadanos peruanos habían sido detenidos por comercio ambulante y 104 por ebriedad, desórdenes, robos y ofensa al pudor. Por faltas consideradas como "ofensas al pudor" debemos entender costumbres poco higiénicas de algunos inmigrantes, como el orinar al descubierto o defecar en la vía pública. No hay que ser un antropólogo o un sociólogo para comprender, entonces, que muchos aspectos de la idiosincrasia chocan severamente. El problema es que, mientras uno es percibido como una visita, un extranjero, el otro se siente justificadamente como el "dueño de casa". Muchos de los rasgos de personalidad social del inmigrante peruano podrían parecer "humildes", pero otros suenan abiertamente a "prepotencia" frente al carácter del chileno, en general más bien pasivo.
Los ejemplos de estos choques pasados a lo que algunos considerarían "abuso de confianza" sobran. Los dirigentes de la comunidad peruana han "exigido" en varias oportunidades que calle Catedral sea cerrada y convertida en paseo peatonal para los 25 mil peruanos que transitan por ella habitualmente. Esta medida sería un caos en términos de ingeniería urbana en la zona Centro, pero los peruanos no lo han entendido así e insisten en estar en esa área que consideran suya, a pesar de la construcción de los recintos que la Municipalidad les dispuso. Lo mismo ocurre al "exigir" el cambio del nombre de la calle "21 de Mayo" o las agresiones que varios peruanos protagonizaron, el año 2001, contra una reunión electoral de mujeres apoyando la candidatura alcaldicia de Joaquín Lavín en la capital, dejando de manifiesto -de paso- su tendencia mayoritariamente izquierdista, expresada también en innumerables cartas y "cadenas de apoyo" enviadas desde Chile por sus representares "refugiados" en favor de conocidos terroristas y criminales políticos del Perú, actualmente procesados o condenados. Y gran paradoja resultó, más tarde, que este mismo candidato derechista despreciado, una vez en la Municipalidad de Santiago, se convirtiera en una de las autoridades chilenas que más atención y simpatía ha manifestado por los inmigrantes peruanos.
Es por eso que actos desafiantes de parte de los ciudadanos peruanos -como las escaramuzas con Carabineros por mantenerse en esa calle- son percibidas como verdaderos actos de "invasión" por la idiosincrasia chilena, que no soporta aquello que interprete como falta de gratitud o humildad de un visitante. El punto es que nos encontramos claramente en una situación en donde un grupo foráneo de personas se instala en una sociedad distinta y sin ningún proceso previsto de asimilación o fusión con el elemento local y sus costumbres. Si los procesos de asimilación gradual del elemento inmigratorio permiten la primacía del modelo social y cultural dominante, en este caso de inmigración masiva y vertiginosa la fusión se hace imposible y las cargas idiosincrásicas o culturales chocan. Hay, de hecho, una reticencia a ceder o a aceptar los valores y las costumbres imperantes en la sociedad que los recibe, es decir, esperar "que los demás cambien para mí", y no "que yo cambie para los demás". La tolerancia, en este caso, se exige sólo unilateralmente.
Veamos, sino, la otra declaración que el mismo Canciller Núñez-Melgar dio en en anteriormente citado artículo de TERRA.cl, justificando los casos de ebriedad de peruanos en el centro de Santiago:
"Son ciudadanos más parecidos a los brasileños, venezolanos y colombianos, más tropicales y festivos, es decir muy latinos. Hay que recordar que están lejos de su patria, tratando de encontrar un futuro, algo que no es fácil. Muchos pueden celebrar en sus casas y salir de ahí con algún grado de ingesta, pero no quiere decir que sean alcohólicos, si fuera así, ninguno podría trabajar y si no trabajan se mueren de hambre".
Nuevamente, el genio de la exculpación, del "tratado diferenciado" y del apartheid benevolente. En realidad, la indisposición que hace la diferencia entre el buen inmigrante del mal inmigrante, resumida en ese dicho clásico: "Cuando estés en Roma, compórtate como romano".
Demás está recordar la afición de algunos ciudadanos peruanos por las fiestas y el bullicio hasta altas horas de la madrugada (incrementada por su costumbre de vivir en gran número bajo un mismo techo), tal vez una de las peores cosas que se le puede hacer la la susceptibilidad del chileno. Por algunos períodos, una noche de miércoles o jueves por calle Maruri, por el barrio Recoleta, verifica el infierno en que se encuentran viviendo muchos vecinos atormentados por las fiestas hechas en residenciales baratas. Más de una riña entre peruanos y chilenos han tenido lugar en éste y otros barrios, precisamente por esta incómoda costumbre recreativa que definitivamente se ha estrellado con las normas de convivencia chilenas. Estas peligrosas reacciones son lo que muchos están identificando como "xenofobia", erradamente para nuestro gusto.
En el caso de los llamados refugiados, por ejemplo, hay una predisposición a presentarse como eternas víctimas y señalar odios o violencia donde en realidad no la hay. Al respecto, algunos medios limeños han asegurado que vulgares peleas de borrachos o hechos meramente delictuales serían "actos xenofóbicos" contra los inmigrantes peruanos en Chile. Un caso particularmente explotado es el de una monja peruana de La Serena, que falleció por las heridas provocadas por un ataque e incendio protagonizados por un desequilibrado. Otro caso es el de un taxista peruano que resultó muerto en un baleo entre narcotraficantes. Ambos casos, por descabellado que parezca, han sido abordados en esas fuentes como "actos de xenofobia antiperuana", seguramente ante la necesidad de inventar propagandísticamente estos males sin la posibilidad de encontrar ejemplos reales.
Un hecho que permitiría comparar los niveles de racismo o xenofobia que realmente alojan en Chile y Perú para con los ciudadanos del respectivo país vecino, lo reviste el sucedido a partir de fines de diciembre de 2004, cuando dos veinteañeros de Arica cometieron la estupidez de pintarrajear con aerosol un muro del Cusco, que resultó ser parte de un antiguo murallón incaico. Los dos fueron detenidos y puestos a disposición de los tribunales por daño al patrimonio histórico. Hasta aquí el caso parecía justo y lógico, pero todo cambió cuando se supo que otros tres personajes peruanos que participaron del delito fueron puestos en libertad, no así los chilenos Enzo Tamburrino y Eduardo Cadima. El caso se convirtió rápidamente en una grosera exposición de chilenofobia. A las torturas, robos y tormentos que ambos detenidos denunciaron estar sufriendo en la cárcel de Quencoro se sumó el hecho de que el juez peruano Walter Chipana hiciera todo cuando pudo por dilatar el caso tanto como fuese posible, exigiendo fianzas enormes. El abogado de la fiscalía del Cusco, Antonio Terrazas llegó al descaro de exigir al tribunal que se condenara a los seudo artistas con ocho años de cárcel por “las condiciones inhumanas a las cuales son sometidos los más de 600 peruanos presos en Chile”, refiriéndose a las hordas de narcotraficantes, ladrones de celulares y cuchilleros peruanos concentrados en las cárceles chilenas. Ya que el Gobierno de Chile y la mayoría de los parlamentarios chilenos tan asiduos a condenar la discriminación y la intolerancia nada hicieron en ese grave asunto, sólo la intervención de algunas organizaciones sociales como la Fundación Ideas permitió negociar una salida para los dos jóvenes, a principios de mayo de 2005.
Cabe advertir, como contraparte, que desde muchos años antes los inmigrantes peruanos que han hecho costumbre ubicándose en torno a la Catedral de Santiago (en Catedral con Paseo Puente), también monumento histórico de Chile y uno de los edificios más valiosos de la Capital, por mucho tiempo habían usado sus muros para dejarse mensajes rayados o teléfonos escritos con aerosol y plumones, además de afiches pegados anunciando fiestas u hospedajes y otros actos que empatan con el daño ocurrido en el Cusco a manos de los vándalos chilenos. Sin embargo, jamás se escuchó en Santiago alguna clase de escándalo o berrinche antiperuano por estos sucesos y, de hecho, personal municipal siempre borró en silencio y rápidamente los rayados, o raspó los carteles desde las murallas de la centenaria catedral.
La irracionalidad de las políticas migratorias chilenas está generando desde hace tiempo choques culturales entre peruanos y chilenos que ya han comenzado a observarse. Aunque la prensa y las autoridades suelen destacar con bombos y platillos los carteles o rayados antiperuanos aparecidos en Santiago, la imagen muestra rayados antichilenos pintarrajeados en calle Morandé por inmigrantes del Perú: "MUERAN LOS CHILENOS, VIVAN LOS PERUANOS". Al parecer, estaban molestos por los reclamos de algunos vecinos criticando algunas costumbres de estos ciudadanos extranjeros que, en la idiosincrasia popular chilena, resultan imprudentes e incómodas, como la conocida afición por las fiestas y el bullicio nocturno, que han arruinado el sueño a barrios completos. En otros casos, han rayado incluso las paredes exteriores de la Catedral de Santiago (imagen publicada en "Las Últimas Noticias" del 1º de diciembre 2001).
Desestabilización y temas sanitarios. Primeros síntomas de un grave problema
A las ya citadas tensiones se suma un punto muy delicado, que no ha pasado inadvertido a las primeras manifestaciones de la propaganda antiperuana que comienzan a verse, afortunadamente con poca frecuencia aún: la posible entrada de enfermedades peligrosas que parecían casi erradicadas en Chile, producto del ingreso de personas no controladas de Bolivia y Perú, como la sífilis y la tuberculosis.
Advertimos que no es de nuestro interés pretender asociar al inmigrante peruano o boliviano con la existencia de estas enfermedades, sino advertir que se relacionan más bien con la permeabilidad de las fronteras, pues es un riesgo absolutamente esperable de la falta de control de los movimientos humanos a través de ellas. Así como se fiscaliza la entrada de equipajes, mercaderías y cargas, resulta imprescindible el control de la salud de las personas que ingresan a una nación, derecho que cada país se reserva para su autoprotección, pero que resulta imposible de hacer efectivo en una situación de fronteras desamparadas, con permeabilidad reconocida. Menos aún si éstas son escenario de un fenómeno de desplazamiento como el que hoy puede observarse.
Junto a la República Dominicana, China, Rusia y otras naciones, Perú ostenta uno de los mayores grados de contagios por el mal de la tuberculosis en el mundo, de modo que resulta preocupante y no casual que los hospitales de Arica e Iquique estén aumentando en casos de este tipo de males. Aunque no suele reconocerse públicamente, el diario "Las Últimas Noticias" del 17 de noviembre 2001 toca sutilmente el asunto declarando:
"Según cifras oficiales, cerca de una quincena de peruanos estuvieron afectados el año pasado de tuberculosis en nuestro país. Según explicaron las autoridades de salud, se supone que el número de afectados fue mucho mayor, puesto que muchos inmigrantes ilegales no denunciaban la enfermedad por temor a ser expulsados."
Por el mismo sentido va un estudio iniciado por la Comisión Nacional del SIDA (Conasida), en enero 2003, que buscaba confirmar sospechas de una posible relación entre sus inmigrantes peruanos y bolivianos en el área Tacna-Arica y el fuerte aumento de personas infectadas con el VIH (virus del SIDA) en la Primera Región de Chile, donde, como es sabido, ha habido una gran concentración de estos extranjeros. La epidemióloga del Departamento de Estudios de Conasida, doña Edith Ortiz, expresó su preocupación al respecto en los medios de prensa, ya que la I Región nunca antes había sobrepasado el promedio nacional, hasta que fueron publicados estudios comprobando que, durante el 2002, esta región había subido al segundo lugar en contagios con el virus, superada sólo por la Metropolitana. Las reacciones de molestia no se dejaron esperar entre los aludidos por el estudio. "Las Últimas Noticias" del 17 de enero reprodujo las declaraciones de Francisco Bazo, Presidente de la Asociación de Peruanos Residentes, diciendo sobre el estudio sobre el SIDA en la I Región:
"No veo mala intención ni xenofobia en el Conasida, institución que realiza una gran labor, pero creo que ese supuesto vínculo no existe, y podría generar malos entendidos entre personas fanáticas".
Por su parte, Rodolfo Noriega, del antes citado Comité de Refugiados Peruanos, declaró al mismo medio:
"No dudo de la buena intención de las autoridades, pero ya en otras oportunidades algunos personajes públicos han vinculado la llegada de extranjeros, peruanos o bolivianos con el aumento de lacras como la prostitución, el SIDA y hasta la tuberculosis. Y, lamentablemente, todo eso genera un pésimo ambiente para nosotros, ya que nunca faltan los desequilibrados que entienden todo mal".
Curiosa filosofía de estos inmigrantes: temas tabúes, intocables... Otra vez el fantasma del "Trato diferenciado".
Aunque este estudio no pretendía culpar directamente a los extranjeros de contagios en la población local, sino verificar, por ejemplo, si la cantidad de casos declarados corresponde a las de los cientos de peruanos y bolivianos que deciden atenderse en Arica o Iquique debido a la mala calidad de la cobertura de enfermedades como el SIDA en sus países, los moralistas y los mal informados alharacos, infaltables cazadores la "xenofobia", también saltaron a la palestra condenando las observaciones. Nos vemos enfrentados, de este modo, ante otro tema políticamente "incorrecto" que, a pesar de pertenecer al mundo real, resulta rechazado y reprochado por no ser aceptable, doméstico o "inofensivo" a los criterios del falso humanismo entreguista.
Hasta octubre de 2006, la autoridad chilena no habría preferido salir de la política del avestruz o abandonar el discurso idealista, de no ser porque se anunció la entrada en funciones, para el año siguiente, de un cuerpo de inspectores sanitarios dependientes del Servicio de Salud Pública en el Complejo Internacional Chacalluta, para controlar a los inmigrantes peruanos que intentan pasar por allí desde Tacna a Arica. Como era de esperar, las voces de peruanos y entreguistas no se hicieron esperar y las quejas por el estrujadísimo cargo de "discriminación" no tardaron en aparecer en los medios.
Obviamente, todos estos edecanes del discurso humanista igualitario desconocían al menos tres puntos cruciales sobre esta fundamental medida:
Que Arica requería urgentemente y desde hace años, un control de salud a los ingresos que se hacen desde Perú, por ser esta ciudad la de mayor tasa de contagios por tuberculosis de todo el territorio chileno, precisamente por la influencia de los inmigrantes peruanos.
Que Perú tiene implementados desde hace muchos años similares controles de salud para los viajeros chilenos, sin que jamás alguien haya reclamado contra la medida acusándola de discriminatoria o lesiva al honor de los viajeros.
Que, irónicamente, las autoridades peruanas eran las más interesadas en implementar estas medidas, ya que reconocieron públicamente que ésta era la mejor manera de controlar a los portadores de la enfermedad dentro del propio país, especialmente entre los ciudadanos provenientes del sector de las Sierra del Perú.
Casos de abusos y violencia política realizada por extranjeros a principios de los setenta
La práctica y los hechos concretos tampoco están a favor de los discursos de integración solidaria con el elemento inmigrante, pues está archidemostrado que, la mayoría de las veces, estas interacciones se suscriben a procesos político, especialmente cuando proceden de dogmas de solidad "latinoamericana" de raigambre marxista clásica.
La "importación" de ciertos movimientos de agitación política, preferentemente de corte violentista e izquierdista, es una tendencia que tiene larga data en la historia de América Latina y han contado con operaciones encubiertas por la participación de inmigrantes regulares o de malos refugiados. Este también constituye un peligroso riesgo de desestabilización que los grupos de derecha política, en su frecuente hipocresía para abordar problemas de relevancia nacional, le han perdonado y tolerado al izquierdismo, para participar así desde del discurso humanitario y rentablemente altruista con que se decora la apertura de fronteras chilenas al elemento extranjero. Durante el período de la Unidad Popular (1970-1973), por ejemplo, tuvo lugar una gran cantidad de casos gravísimos sobre lo que denunciamos, como los siguientes
En efecto, el Gobierno del Presidente Salvador Allende utilizó la apertura de las fronteras chilenas a la inmigración y a los refugiados para abrir virtuales "intercambios" entre los movimientos revolucionarios de América Latina asociados a la OLAS, que finalmente operaron en actos de violencia y terrorismo político. Algunos de estos elementos llegaron en calidad de "asilados" o "refugiados" desde Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Santo Domingo, Nicaragua y Puerto Rico. Entre otros gravísimos casos de la época, se recuerdan especialmente los que siguen:
El 5 de agosto de 1972, se produjo una gran explosión en el campamento de la Fundición de Ventanas, de ENAMI. Al llegar los bomberos y la policía, se descubrió que el estallido había tenido lugar en la casa del ex "jefe de seguridad" de la planta, el socialista Fernando Marcos, por la manipulación indebida de material explosivo que hacía en compañía de otras cinco personas. Todos quedaron gravemente heridos. Entre ellos, aparecieron dos "tupamaros" que habían ingresado a Chile en diciembre de 1970 en calidad de "refugiados", escapando de la justicia uruguaya por delitos de terrorismo: José Ernesto Zurra y Cándida Leda Rodríguez, de 31 y 29 años respectivamente.
El 8 de agosto de 1972, ingresó a Chile en calidad de turista, la revolucionaria uruguaya de 30 años, Nieves Menéndez, quien aseguró ser militante del Frente Amplio del Uruguay y declaró domicilio provisional en Santiago en una pensión de calle Lord Cochrane. El 5 de septiembre siguiente, la mujer actuó como señuelo en un asalto de la Posta Central de Santiago, con el objeto de apoderarse de armas que, supuestamente, tenían guardadas los médicos en el recinto hospitalario. Al fracasar y ser capturados, se descubrió que el jefe de este comando socialista era un miembro del Comité Central del Partido Socialista, Marcelo Iván Centeno, y que la uruguaya estaba trabajando directamente con el grupo desde su llegada. También se determinó que jamás había estado en la pensión que dio por residencia.
El 15 de junio de 1973, con motivo de las huelgas de mineros de El Teniente, un numeroso grupo de "choque" de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, salió a enfrentar a los obreros en una violenta escaramuza en pleno centro de Santiago. En la revuelta, uno de los miristas cayó herido de muerte de un tiro en la cabeza. Posteriormente, se identificó al cadáver como el estudiante de pedagogía de la Universidad de Chile, Nilton Santos da Silva, de 22 años, quien había llegado desde Brasil en enero de 1971, formando parte de 81 ciudadanos de la misma nacionalidad que fueron canjeados durante el secuestro del Embajador de Suiza en ese país, Giovanni Bucher. Cabe advertir que de este numeroso grupo de brasileños, otro apareció como el director de las obras que convirtieron en "carros de asalto blindados" las grúas móviles de la industria Mademsa.
El 22 de julio de 1973, durante un paro de la ya estatizada Fábrica de Paños Continental, un comando de izquierda abrió fuego contra los huelguistas, dando muerte al dirigente sindical Manuel Garrido, e hiriendo a otros trabajadores. Los asesinos eran un brasileño que también había entrado en la partida de canjeados de 1971, una boliviana y un venezolano, este último autor de los disparos mortales.
El 29 de octubre de 1973, el Subteniente del Ejército, Héctor Lacrampette, tras negarse a entregar a unos civiles su arma de servicio, fue asesinado a tiros por un comando revolucionario en el barrio alto de Santiago que se movilizaban en una camioneta de una empresa de distribución de gas licuado propietada por un militante socialista. Al seguir esta pista, la policía dio con un grupo de cinco trabajadores, siendo el líder un "turista" mexicano con visa vencida llamado José Sosa Gil, de 29 años, quien había llegado en sospechosas circunstancias a la empresa junto a su esposa, también mexicana. Al allanar la casa donde ambos residían en la Población Santiago, se descubrió una célula operativa integrada enteramente por extranjeros, entre los cuales habían dos cubanos y un uruguayo. Todos habían huido al llegar la autoridad. La función de este grupo era reunir armas robándolas a sus portadores en el sector del barrio alto.
A estos ejemplos debemos agregar que en diciembre de 1970, entraron a Chile en calidad de refugiados una gran cantidad uruguayos, que en realidad eran "tupamaros" perseguidos por delitos de terrorismo en su país de origen. Otros, simularon ser estudiantes o técnicos a contrata en empresas estatales, funcionarios diplomáticos o asesores, según quedó demostrado revisando la documentación disponible en estos organismos públicos y en la Policía de Investigaciones de Chile tras el Golpe Militar.
He ahí, entonces, otro gran peligro de la filosofía de fronteras abiertas a la inmigración extranjera agravada por la penetración de las intrigas políticas.
Casos actuales de intervencionismo y violencia política por parte de extranjeros
"He dado instrucciones para que cualquier extranjero que haya ingresado con visa turista y que se involucre en cualquier acto que afecte el orden público y comprobados los hechos, se le suspenda la visa y sea expulsado". (Ministro de Interior Andrés Zaldívar, en "El Mercurio" del domingo 25 de junio de 2006)
El período de aislamiento continental y de reducción del intercambio internacional que tuvo lugar durante el régimen militar, minimizó en gran medida este problema de "importación" de problemas políticos salvo, por supuesto, las acciones en las que las internacionales del marxismo intervinieron a favor de los grupos que buscaron desestabilizar o derrocar al gobierno. Pero el retorno de la democracia y la reapertura de Chile al mundo, conservando similares problemas de políticos, parece haber revitalizado este asunto en nuestros días.
Así, hay otra serie de casos contemporáneos en que la libertad de ingreso de extranjeros a Chile ha permitido que algunos de éstos participen de actividades contrarias al interés nacional y, por lo tanto, sancionadas por la Constitución Política con la expulsión de los mismos. Algo de ello quedó en evidencia con la estrepitosa situación generada por la llegada furtiva del ex Presidente Alberto Fujimori a Chile, el año 2005, generando un foco de tensión con Perú y con Japón por el juicio de expulsión que se le abriera casi al instante.
Entre otros casos de actualidad, destacamos los siguientes:
Hacia abril de 1989, el excéntrico abogado francés Philippe Boiry -quien se autoproclamaba descendiente de Oriele Antoine de Tounens, el "Rey de la Araucanía y la Patagonia"-, viajó a Chile y a Argentina invitado por la Federación de Pueblos Indígenas, emitiendo sendos mensajes en favor del alzamiento de los grupos mapuches instrumentados por sectores políticos de izquierda en estos territorios. Boiry aparecerá, después, como uno de los instigadores de la "resistencia indígena" de Alto Biobío y la Araucanía, enteramente estimulada desde el extranjero.
En 1997, la zona de la Araucanía fue visitada por delegaciones de representantes argentinos del movimiento humanista internacional, quienes se reunieron con los dirigentes "mapuches" que hoy figuran como agitadores del independentismo de la Araucanía. Estos encuentros incluyeron una visita del filósofo argentino Mario Rodríguez Cobos, alias "Silo", en apoyo a la restauración de sus "derechos territoriales ancestrales", exportando a Chile, así, un fenómeno que ya habían iniciado en la Argentina estos mismos grupos, aprovechándose de la marginación y la pobreza en que se encuentran los indígenas del país. Curiosamente, los organizadores de estos encuentros eran miembros del denominado Partido Humanista, dirigido entonces por el señor Tomás Hirsch Goldschmith, varias veces candidato sin posibilidades reales a la Presidencia de la República.
En febrero de 1999, durante las violentas protestas de Alto Biobío contra la instalación de una central hidroeléctrica, fueron detenidos dos extranjeros que habían sido traídos a Chile con la exclusiva intención de participar en las revueltas la joven española Patricia Ballesteros y el agitador norteamericano Lee Pope. Ambos fueron procesados y se ordenó su expulsión del país. Sin embargo, presiones políticas surgidas desde los propios grupos de izquierda del Gobierno, lograron revertir esta situación.
El 12 de octubre de 2000, durante violentas manifestaciones en contra del aniversario de la llegada de Colón a América, fue detenida la "anarquista" francesa Karine Laure Anne Esselin, de 25 años, sorprendida entre un grupo de pandilleros que destruían locales comerciales de Temuco, ocasión en la que varios "raperos" y delincuentes habituales de la ciudad participaron solidariamente del vandalismo "indigenista".
A partir de mayo del año 2004, organizaciones de peruanos junto a pacifistas y ecologistas (?) comenzaron a organizar todos los 21 de mayo una extraña reunión en en la calle del Centro de Santiago que conmemora la epopeya de Prat y "La Esmeralda", junto a la Plaza de Armas, "exigiendo" el cambio de nombre de la calle e incluso pegándole carteles encima, con propuestas como "unión latinoamericana" o "hermandad chileno-peruana". Según ellos, la celebración del Combate Naval de Iquique debería ser desterrada de Chile por incentivar al antiperuanismo.
A mediados de marzo de 2006, se reveló públicamente que los pobladores de la famosa toma de terrenos de Peñalolén, estaban siendo dirigidos por un violento y revoltoso piquetero argentino llamado Carlos "Chile" Huerta, quien les había enseñado, además, a enfrentar a las fuerzas policiales. Cabe advertir, además, que uno de los principales dirigentes de este movimiento es un joven militante del partido comunista que ha admitido públicamente sentirse más boliviano (país en el que vivió exiliado) que chileno.
El 10 de mayo de 2006, durante las revueltas estudiantiles que pusieron en jaque al Gobierno de Chile, fue detenido por Carabineros en el Centro de Santiago el ciudadano argentino Jorge Daniel González, de 21 años, mientras participaba incitando a los manifestantes a la violencia y las revueltas. Según su propia confesión, actuaba como miembro del Partido Humanista y del Siloísmo argentino, secta que tiene algunos adeptos en Chile, como hemos visto, al punto de ser acompañado a los tribunales por el presidente del partido, Efrén Osorio. Por decreto de expulsión gubernamental, fue sacado del país al día siguiente, siendo llevado por personal de Investigaciones de Chile hasta el Paso Libertadores. La policía demostró que, como miembro del llamado "Movimiento para el Desarrollo Humano", González había entrado varias veces al país, precisamente coincidiendo con días o períodos de protestas públicas.
El lunes 5 de junio de 2006, durante las violentas protestas realizadas por agitadores convocados por descolgados del grupo terrorista Frente Patriótico Manuel Rodríguez para engancharse oportunistamente del las movilizaciones estudiantiles de esos días, fue detenido realizando vandalismo en el Centro de Santiago el joven ciudadano uruguayo Syama Kunda Ugo Linares. Aunque todo indica que la presencia de estos personajes sería similar a la contratación de "piqueteros" para realizar manifestaciones en los países platenses, el detenido alegó ser miembro del movimiento religioso pacifista "Hare Krishna", a pesar de haber sido sorprendido apedreando a un carabinero. En este caso, la ley de extranjería también resultó favorable al delincuente, pues fue expulsado en menos de dos días, sin ser juzgado por sus actos.
El 22 de junio de 2006, entre los revoltosos que protestaban y tomaron la planta de Celco de Nueva Aldea, fueron detenidos cinco extranjeros, dos argentinos y tres brasileños, supuestos miembros de Greenpeace. Dos de ellos, Mario Carneiro (brasileño) y Leo Silva (argentino), abandonaron el país voluntariamente. Ante esta seguidilla de intrusos operando en el país, el Ministerio de Interior anunció endurecimientos de las medidas de expulsión de extranjeros que sean sorprendidos en esta clase de actos.
El jueves 22 de marzo de 2008 fueron descubiertos en Collipulli los jóvenes franceses Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, quienes haciéndose pasar por periodistas grababan escenas del atentado incendiario contra la propiedad de René Urban, frente a la comunidad mapuche de Temucuicui. Aunque técnicamente no fueron detenidos, sino que se les llevó a la unidad policial para comprobarles su identidad, los dos franceses denunciaron haber sido tratados como delincuentes en entrevista con "El Diario Austral" de Temuco. Al parecer, ambos habían entrado a Chile desde Argentina.
En conclusión, la política de extranjería utilizada por Chile no funciona en esta sociedad actual, resultando incapaz de considerar o permitir la asimilación del elemento inmigrantes extranjero y actuando con "criterios sin criterios" donde sólo prima la voluntad y las buenas intenciones, pero no la realidad pragmática y eficiente.
Cabe añadir a modo de clausura de este subtítulo, que los grupos de izquierda chilena, principales reclutadores y defensores de la intromisión de extranjeros en el país, han intentado establecer mañosamente que es un interés discriminatorio "de la derecha" el tratar de poner freno a esta clase de abusos por parte de extraños que ingresan dentro del país. Sin embargo, a todos ellos les recordamos las palabras del Presidente de Venezuela Hugo Chávez, tan admirado y loado por el "progresismo" internacionalista chileno:
"Extranjero que venga aquí a denigrar de nosotros, los venezolanos, del gobierno libre, democrático y legítimo de Venezuela tiene que ser, con todo respeto, puesto en (aeropuerto) Maiquetía y decirle: 'Aquí está su maleta señor, váyase de este país'."
"¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que venga fulano de tal, de cualquier país del mundo, aquí mismo, a nuestra casa, a decir que aquí hay una dictadura, que el Presidente es un tirano y nadie dice nada? No, eso está prohibido a los extranjeros..."
"Le dije anoche al vicepresidente (Jorge Rodríguez): 'Mira, vale, ¿ustedes quieren que yo mismo vaya a buscar al tipo, lo monte en un carro y me lo lleve a Maiquetía y lo monte en un avión?", agregó, al criticar la inacción gubernamental frente a ello".
"Ningún extranjero, fuera quien fuere, puede venir aquí a arremeter contra nosotros. El que venga hay que sacarlo de este país; no se puede permitir, es una cuestión de dignidad".
"No es por mí, porque a mí no me ofende nadie (...) No se trata de eso, sino que vienen, hacen una reunión aquí, invitan a no sé quién, para que venga a decir lo que le de la gana: que Chávez es un tirano, que es una amenaza aquí en Venezuela. Que lo digan donde quieran, pero en Venezuela no pueden decirlo".
"No es un problema personal, es un problema de dignidad nacional..."
Estas palabras fueron vertidas en su programa dominical "Aló, Presidente", transmitido por la radio y la televisión estatales de Venezuela, el 22 de junio de 2007. Con esa misma filosofía, Chávez expulsó de manera humillante, en septiembre del año siguiente, al chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, luego de que éste publicara un informe donde se demostraba la violación permanente de los derechos humanos en la patria de Bolívar.
Como damos por hecho que todos los principios defendidos por el mandatario de la "Revolución Bolivariana" forman parte de los muchos que sus defensores están dispuestos a aplicar en Chile, damos por superado y desmentido, entonces, el mito de los intereses "de la derecha" en las limitaciones a los agitadores y los activistas extranjeros que creemos necesarias para la estabilidad social chilena.
¿Influye la inmigración sin control sobre los niveles de cesantía?
"Nosotros no podemos aplicar un estatus muy excepcional. Lo que podemos hacer como Estado es coordinar a los servicios para que los que estén disponibles a las personas del país puedan operar también respecto a los extranjeros. No podemos garantizar un nivel o estatus de vida, que el Estado no se lo puede garantizar a nadie". (Nicolás Torrealba, Director del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio de Interior y gran defensor de la inmigración peruana a Chile, en entrevista al Diario "Sociedad Civil" del 9 de julio 2002)
Un discurso típicamente entreguista y propio de los defensores del fenómeno inmigratorio actual, pasará fundamentalmente por tratar de convencer que todos los argumentos contra el mismo son mitos, calumnias o prejuicios sin asidero, algo que se nota particularmente en la cuestión de las plazas laborales. Ciertas fundaciones han especializado una línea retórica en este sentido. Sin embargo, toda la madeja de argumentos que pretendan ofrecer sobre la cesantía se sustentan, fundamentalmente, en estos tres puntos que exponemos a continuación:
ARGUMENTOS ENTREGUISTAS
REFUTACIONES
1) Que los inmigrantes siguen representando un porcentaje irrelevante de la población económicamente activa, por lo que el impacto en la cesantía local no existe, pues se incorporan al sistema económico y salen del rango de interferencias que inciden en el desempleo. Siempre decorarán esta afirmación agregando que "las estadísticas demuestran", o "según cifras oficiales", o "algunos estudios indicarían", etc., pero rara vez acusan con precisión sus fuentes, porque estas existen sólo excepcionalmente..
En esencia, o todo esto es falso o, cuanto menos, resulta tendenciosamente parcial. Salvo las escasas estadísticas disponibles, casi todas ellas no actualizadas, no existen estudios minuciosos ni informes concretos que permitan "hacer ley" de lo que es una mera e insignificante opinión justificativa a favor de la inmigración masiva. Así, por mucho que estiren y destilen la retórica, la sociedad ya ha advertido fácilmente lo que ellos se resisten a aceptar, como es que existen tres factores o variables en un juego para cuya comprensión basta la escolar teoría de conjuntos:
A = Un número limitado de empleos disponibles (para el grupo B) dentro del territorio.
B = Un número de chilenos laboralmente aptos (para el grupo A) pero superior a la cantidad de empleos disponibles. Todo ese excedente o diferencia entre números lo hacen los desempleados.
C = Un número de extranjeros o "terceros" que está postulando a los mismos empleos (grupo A) que los chilenos (grupo B).
Vemos que A es menor que B. La diferencia entre ambos es la cesantía que ha bordeado el 10% nacional permanentemente, durante los últimos gobiernos. Pero, según la matemática entreguista, si a A le restamos C, o bien le sumamos C a B, la diferencia con de A con B, ¡seguiría siendo la misma! Esto es porque estos magos entreguistas comparan simplemente en dos factores una operación que en realidad tiene tres. ¿Está claro, Mandraque?
2) Que los puestos de trabajo que ocupan los inmigrantes son "los que los chilenos desprecian". (¡Surrealismo puro!)... Como carecen de justificación para tales afirmaciones, se apresuran a colocar eternamente el ejemplo de las empleadas domésticas, que, según ellos, representan un trabajo que las mujeres chilenas habían ido abandonando paulatinamente, por lo que las populares "nanas peruanas" en realidad estarían ocupando un nicho laboral despreciado por las chilenas.
Esta es sólo una explicación improvisada y emitida a la rápida para calmar a todos aquellos que, aplicando la mera lógica, han descubierto lo que sucede según nuestro punto anterior, además de ser típica de personajes proclives a los gobiernos de la Concertación, por lo que comparten también el discurso optimista del fantástico crecimiento económico y laboral que año a año se promete con imaginación tolkieniana. La verdad, sin embargo, es que la mayoría de los trabajos que los extranjeros (y especialmente los peruanos) vienen buscando en Chile son, precisamente, el tipo de empleos básicos o de "supervivencia", los más sensibles para el control de la cesantía y del sustento de personas en situación deficiente: albañiles, obreros, empleados, conserjes, aseadores, júniores, nanas, temporeros, etc. Sobre el gastado ejemplo de las empleadas domésticas, la realidad es que en Chile la tendencia era que SÓLO LAS MUJERES JÓVENES habían comenzado a optar por otros empleos en lugar del servicio doméstico, tal vez como consecuencia del aumento en la escolarización femenina, mientras que se mantiene una gran cantidad de chilenas adultas y mayores que aún siguen postulando a los pocos empleos domésticos que se ofrecen, situación empeorada por el hecho de tener que competir ahora con ciudadanas extranjeras.
3) Que los inmigrantes, por estar incorporados al sistema económico, no sólo dejan de ser una carga para el Estado en materias de salud y educación, sino que también pasarían a ser un beneficio, al someterse al pago de impuestos y tributaciones que rigen para todos los chilenos.
Ojalá fuese así, pero la verdad es que para nadie es un misterio que inmigrantes como los peruanos, en la mayoría de los casos, son explotados con sueldos indignos y jornadas de trabajo superiores a las que por ley asume el trabajador chileno. Junto con el grado de inmoralidad que esta situación reviste de parte de sus empleadores, es evidente también que el aporte al sistema tributario de parte de empleados tan mal remunerados sería inmensamente menor que el del empleado regular chileno. Agréguese a ello, además, la situación en que se encuentran los miles y miles de inmigrantes ilegales, que son lisa y llanamente una carga para el Estado ya que, por su condición irregular de permanencia, trabajo y protección social, no le reportan al sistema tributario y privan de las entradas que proporcionaría el trabajador con contrato regular. Adicionalmente, a partir del verano 2003 se han implementado políticas del Ministerio de Educación que buscan abiertamente la posibilidad de admitir hijos de ilegales en el sistema escolar, inscribiéndolos piadosamente como "hijos de extranjeros en tránsito", medida irresponsable que sólo culminará sumándose al cada vez más generoso paquete de beneficios que encuentra en Chile todo ciudadano extranjero en situación irregular de permanencia.
En 1999, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle retiró de la Cámara de Diputados un proyecto de ley sobre control de Inmigraciones, atemorizado por la posible reacción peruana frente al hecho de que no contemplaba aspectos relacionados con la posible venida de inversionistas empresariales de ese país a Chile, en el inicio de su campaña entreguista de aproximación a Lima, que acabó con el regalo de un puerto en Arica y la realización de actos de fuerte contenido simbólico contra la Guerra del Pacífico. El retiro del proyecto fue ampliamente aplaudido entre los entreguistas de toda calaña política, aludiendo a los gastados conceptos de la "modernidad" y la "globalización". Curioso, sin duda, si vemos cómo en esos mismos momentos países-potencias realmente desarrollados como Australia, Noruega, Francia y otros, establecían sus propias y rectas normas de inmigración. El entreguismo, lejos de poner a Chile a la par del pretendido globalismo, retrasó la incorporación del país a lo que es una tendencia internacional, lo que le privó de tener a tiempo una legislación apropiada, siguiendo esclavizado a la ya ineficiente ley de 1974. En esos dos años que pasarían, el innegable efecto de la presencia masiva de inmigrantes sobre la cesantía nacional comenzó a ser advertido, a pesar de esa bizarra explicación del entreguismo que ya hemos señalado, de que "los inmigrantes peruanos no incrementan la cesantía, porque toman los trabajos que desprecian los chilenos".
Otro elemento preocupante de la posición entreguista radica en la disposición a mezclar el tema de la inmigración con otras materias que nada tienen que ver. Casos como los proyectos de completa apertura al "libre tránsito" en las fronteras nortinas y los planes de Tratados de Libre Comercio con Perú y Bolivia, son sólo una cara de este delirio, en este caso particular sometido a las pretendidas instancias de integración en la zona. Pero hay otros casos donde el asunto ha sido asociado derechamente con objetivos comerciales, como la suscripción del TLC con Corea, que incluyó en sus bases el aumento de visas para ciudadanos de este país que decidan emigrar a Chile, y el anuncio de validación de las licencias para el ejercicio de la medicina entre ciudadanos argentinos que emigren a Chile, anunciado el 2005.
El 11 de diciembre de 2000, el diputado Jaime Orpis denunció públicamente que la presencia de extranjeros -y particularmente los ilegales- era uno de los factores causales de la alta cesantía que había registrado en la I Región el Instituto Nacional de Estadísticas, pocos días antes. Según el parlamentario, respaldado por el Presidente de los Profesionales de Iquique, don Fernando Manterola, la cantidad de ilegales en esta región llegaba fácilmente al 10% de la fuerza laboral activa, es decir, unas 163.370 personas, siendo peruanos y bolivianos los principales representantes de estos extranjeros en situación irregular.
"Al ser tan masivo este fenómeno -afirmó Orpis- la gente que vive en la Región siente y advierte que los ilegales le están quitando ilegítimamente su trabajo, y como consecuencia de ello nos ha correspondido constatar cómo en ciertos casos incluso se están generando odiosidades y grandes bolsones de pobreza".
La principal "ventaja" (si es que se la puede llamar de esa forma) de los inmigrantes ilegales en la I Región sería la consabida competencia desleal que representan para quienes buscan empleo dentro del marco legal. Pero no existe ningún interés de parte del entreguismo por hacer que los extranjeros deban trabajar dentro de las exigencias que determina ley. Es como si existiese un secreto y oscuro interés en mantener, cuanto menos, a un alto grupo de inmigrantes en situación irregular accediendo voluntariamente a estos empleos por baja remuneración y sin imposiciones, pues muchos sospechan que, exigiendo el cumplimiento estricto de las normas laborales vigentes, la situación de "atractivo" en Chile para los inmigrantes peruanos terminaría y su presencia como postulantes a las plazas de trabajo no tendría justificación ni razones concretas.
Para el año 2001 era inevitable que la idea de regular las entradas de inmigrantes volviera al tapete. El diputado Maximiano Errázuriz (enfrentando a los infaltables inquisidores de la "xenofobia", que creen detectarla por todo el país y hasta en los actos más inverosímiles) declaró, el 10 de septiembre, sobre la necesidad de legislar al respecto, señalando en el diario "La Tercera" del día siguiente:
"(Los ilegales) perjudican a una importante masa laboral chilena, pues los empleadores se aprovechan de los extranjeros que no tienen regularizada su situación no pagándole imposiciones y otorgándoles bajos salarios".
La necesidad de imponer requisitos a los inmigrantes podía comenzar a tomar forma. Pero, haciendo gala de ese suelto e irresponsable principio entreguista de que los chilenos son flojos y cómodos, el Director de Extranjería, don Nicolás Torrealba, se apresuró a responder a los medios en ataque a Errázuriz ("Las Últimas Noticias", martes 11 de septiembre 2001, pág. 8):
"Se cree que los extranjeros vienen a quitar el trabajo a los chilenos, pero la experiencia indica que los inmigrantes buscan espacios que los nacionales no ocupan o que no se satisface con la mano de obra local."
Los "espacios" a los que se refiere, corresponden a los sueldos de 60 o 70 mil pesos mensuales, imposibles para la supervivencia de un chileno promedio. En algunos campos rurales de la zona central y norte, por ejemplo, el precio de pago a temporeros ha decaído a niveles vergonzantes para una economía que se presume de lujo, bajando de $ 250 por cajón en 1995 a $ 70 (o menos) en 2003, sólo por la introducción del elemento inmigrante en los trabajos, dispuesto a trabajar por menos. Por decirlo sutilmente, bastante menos de lo que recibe por remuneración la Dirección de Extranjería.
No por nada el ex-candidato a diputado de la Alianza por Chile en la Primera Región, abogado Fernando Manterola, debió soportar también toda clase de acusaciones de "racismo" y "xenofobia" por parte de histéricas autoridades que no soportaron sus denuncias sobre la cantidad de ilegales que invaden Alto Hospicio e Iquique. Y lo más peligroso para el entreguismo mercantil y explotador, fue que prometió solucionar el problema. Tiempo después, Manterola declararía a un medio de prensa, como Orpis, que su propuesta "sólo consistía en atacar el problema de los extranjeros ilegales, que compiten en condiciones desiguales con nuestros compatriotas". La misma reacción tendría La Moneda para con Errázuriz, que había tocado una de las vacas sagradas del integracionismo con Perú: la pretendida amistad internacional. Como respuesta, el Ministro Subrogarte de Interior, Luis Correa Sutil, no llegó más lejos del eterno argumento del millón de chilenos repartidos por el resto del mundo.
Acusar a estas propuestas de una selectividad racista es un disparate más. Nadie fomenta la idea de negar la entrada a peruanos a Chile, sino aplicar criterios de selectividad de acuerdo a las necesidades internas. Y, al contrario de lo que indican los entreguistas pretendiendo que con el problema de la inmigración y su influencia en la cesantía "se intenta señalar a los peruanos como culpables", no podemos perder de vista que gran parte de las culpas de esta situación derivan de la inescrupulosidad de empresarios nacionales que -como señalaremos hasta en cansancio-, aprovechando la situación ilegal de algunos inmigrantes, o bien la desesperación por trabajo de otros, los ponen a sus disposición sin contratos ni cumplimientos de normas previsionales. Esto ocurre muy seguido en constructoras, algunas tiendas comerciales y actividades relacionadas con la hotelería.
Chile tiene una tradición histórica de buen anfitrión y país generoso con el extranjero que podría ser puesta en peligro. Los inmigrantes que deben llegar son los que falten, no los que sobren.
Algunos negocios de calle Catedral, a un costado de la Plaza de Armas de Santiago y pocos metros de la Municipalidad, están funcionando ilegalmente como verdaderas oficinas de empleos para empresas y particulares inescrupulosos que intentan discriminar ofertas de trabajo en favor de los inmigrantes del Perú, para pagar remuneraciones ínfimas y evitar las imposiciones legales. Tras sencillos carteles como los que se muestran, se esconden pseudo-agencias informales de contratación para ofertas laborales que quieran hacerse llegar sólo a peruanos o gente menesterosa de una paga, aunque sea miserable. Esta práctica ilegal viola las normas de antidiscriminación laboral y tiene por objeto la contratación exclusiva de extranjeros en desmedro de los chilenos. Sorprende ver que muchos parlamentarios y autoridades se manifiestan furiosos ante las muestras de discriminación, racismo o xenofobia en Chile, pero mantienen un silencio santo cuando son los propios chilenos las víctimas de la intolerancia o el desprecio en manos de mercaderes inmorales como éstos.
Prejuicios y estigmas. ¿Cuándo se cruza la delincuencia con el fenómeno migratorio?
"Te robaron la cartera: fue un chileno. Te asaltaron con un cuchillo: fue un colombiano. Te estafaron: fue un argentino". (Dicho español)
La absurda tendencia chilena a creer que permitir el abuso de confianza o el libertinaje a ciudadanos extranjeros es una forma de nobleza y tolerancia, es un problema derivado del subdesarrollo cultural y de larga data. También lo es la presencia histórica de entreguistas, siempre dispuestos a saltar en favor de rufianes que, por su sola condición de extranjeros, son percibidos en situación de debilidad o indefensión.
El caso más recordado puede ser el que comprometió en 1832 al ilustre Diego Portales, durante su período como Gobernador de Valparaíso, cuando un capitán ballenero norteamericano de apellido Paddock asesinó a navajazos a tres personas y dejó a varias más heridas antes de ser detenido. En favor del asesino intervino en tribunales el mismísimo ministro representante de los Estados Unidos en Chile, pero Portales destruyó todos los intentos por salvarlo de la horca. Rápidamente, los entreguistas lanzaron contra el gran estanquero acusándolo de inhumano y temiendo dañar con su decisión las relaciones con los Estados Unidos. Hasta el día de hoy siguen apareciendo revisores de este caso, aludiendo a la "locura" de Paddock que lo liberaría de toda responsabilidad, pero que en realidad nunca fue comprobada en el juicio. El mismo Portales justificó la sentencia recordando que, en años anteriores, varios chilenos pobres habían sido ahorcados por delitos, y la justicia no podía hacer diferencias al respecto.
Han pasado los años, pero las tendencias siguen compitiendo. En contraparte a la digna actitud que tuvo Portales en 1832, tenemos el caso de ejemplos repugnantes y patéticos ofrecidos por el entreguismo, como el indulto otorgado por el Presidente Patricio Aylwin Azócar a los tres asesinos peruanos que conmovieron a Chile con el espantoso crimen de dos muchachos de Arica. Es la expresión extrema, sin embargo, de una más de las nefastas predisposiciones del entreguismo: el extranjerismo, el globalismo y la decadencia.
Cabe señalar que incluso en el caso de los refugiados o de los asilados que llegan a un país en un estatus distinto del inmigrante, generándole deberes al Estado receptor, se han dado casos de abusos y maledicencias políticas, como sucedió con los intentos de Fidel Castro por perturbar la política de asistencia a los asilados cubanos en los Estados Unidos y desprestigiar deliberadamente a los cubanos que buscaron refugio en las embajadas para escapar de la tiranía de la isla, a principios de los ochentas. La Casa Blanca decidió recibir a cerca de 300 mil inmigrantes salidos en masa desde la isla con la momentánea apertura de puertos de 1980, aunque sin apoyarlos económicamente como había sucedido con la primera oleada migratoria de los años sesenta y setenta, que fueron considerados "refugiados", a diferencia de los de esta segunda ola. Castro, en una jugada infame que, sin embargo, fue aplaudida por el marxismo internacional (el mismo que en países como Chile se ofrece hoy tan defensor y simpatizante del fenómeno de la inmigración ilegal que llega al país), liberó de las cárceles cubanas a miles y miles de delincuentes, violadores y asesinos peligrosos (entre 20 mil y 50 mil. Nunca se ha precisado con certeza) y los expulsó de la isla para que se asimilaran con la masa de inmigrantes honrados que esperaban su turno para salir por mar a la península de Florida.
Estos criminales, llamados despectivamente "marielitos" (por el puerto de Mariel, desde donde zarpaban, razón por la que el apodo se usa hoy injustamente también para los demás inmigrantes honrados de aquella oleada) infectaron las calles de Miami con pandillas y cuchilleros, y arrastraron hasta el Estado nuevas y aborrecibles formas de negocios oscuros, generalmente ligados a la droga. Unos 800 de estos personajes infiltrados no tardaron en caer rápidamente a las cárceles norteamericanas. El famoso filme "Scarface", de Brian de Palma, está inspirado en este siniestro episodio de las tormentosas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Los honrados y trabajadores inmigrantes y refugiados cubanos debieron cargar con décadas de prejuicios por el estigma de compartir la nacionalidad de los malos "marielitos".
Otro caso notorio de las consecuencias de la falta de selectividad de sus receptores, lo protagonizaron cientos de malos inmigrantes chilenos que salieron del país durante los años setentas, principalmente hasta países del Mediterráneo y de Escandinavia, presentándose como perseguidos políticos por sus "ideas de izquierda" y, en algunos casos, recibiendo ayuda económica de los Estados que los acogían, por las razones de contexto político que imperaban entonces.
Sabido de sobra es que algunos de estos ilustres chilenos se dedicaron a liderar bandas de carteristas o de ladrones de tiendas, formadas heterogéneamente con miembros de otros países latinoamericanos (como colombianos, argentinos, peruanos y mexicanos) y que llevaron a apodar como "los chilenos" a toda esta clase de gangas hispanas operando en dichos países. Además de contribuir a la estigmatización injusta de quienes realmente habían emigrado desde Chile a Europa a trabajar o en calidad de verdaderos asilados, las chilean gangs fueron la motivación para que en países nórdicos, famosos entonces por su ingenuamente excesiva tolerancia con los extranjeros, creyeron que el hurto furtivo era parte de lo socialmente aceptado entre los pueblos del otro lado del mundo, y publicaran en algunos supermercados y tiendas un famoso cartel que ha pesado por décadas sobre el orgullo y la conciencia chilenas: "Si Ud. ve a un chileno hurtando algo, comprenda que es parte de su cultura".
Casos de delincuencia de alto impacto social protagonizados por extranjeros
En el Chile de hoy no resulta difícil detectar el daño a la seguridad pública que ha generado la apertura total de fronteras al elemento extranjero, sin criterios de evaluación o medición de la calidad del visitante.
En enero de 1992, por ejemplo, tres criminales peruanos -con nutrido prontuario- se reunieron en su país para perpetrar un asalto en Arica: Rómulo González Quispe, René Larico Aguilar y Lisbert Mamani Morales. Por increíble que parezca, hay evidencia de que se juntaron por la vía de un aviso clasificado, que solicitaba hombres osados y decididos para una "acción" audaz.
A pesar de los antecedentes que tenían en Perú como delincuentes comunes y temibles, la política infame de "fronteras abiertas" y libre tránsito les permitió ingresar tranquilamente a Chile. Si hubiese existido un mínimo del criterio al que apelamos, la presencia de tres peruanos con fama de peligrosos arribando e ingresando juntos, habría despertado una sospecha, por decir lo menos, mas no fue así.
El resultado de este "error": después de fracasar en su plan de asalto, secuestraron una joven pareja de ariqueños -Alexander Orrego y Marjorie Navarro- para pedir rescate, pero al complicarse el plan, decidieron asesinarlos en un acto de barbarie y brutalidad salvaje que horrorizó a la opinión pública. Peor aún: el gran salvador de asesinos y degenerados condenados a muerte, el Presidente Aylwin, los indultó el 26 agosto de 1992 librándolos de la pena capital y permitiendo que, hasta hoy, estos semianimales disfruten de celdas propias con comida caliente y ropa limpia a diario (Recordemos que Aylwin también indultó el 29 de enero del año siguiente a Juan Salvo Zúñiga, el "Chacal de Alcohuaz", que había asesinado a cuatro personas en el Valle de Elqui, incluyendo un infante y un bebé).
Como todas las calamidades que golpean a Chile desde la ineficiencia de sus autoridades, el caso indignante de Arica no sería el último. El 8 de enero de 1999, el ciudadano colombiano Hugo Gómez Padua violó, asesinó y descuartizó a una niña de 10 años llamada Camila López, en Santa Cruz. Y tan terrorífico como los detalles del crimen fue saber, poco después, que Gómez Padua había estado 15 años preso en su país por una condena de originalmente 21 años por lo mismo: violación y asesinato.
Esta era la clase de basura humana que se está dejando entrar libremente en Chile; pero ¿era eso es lo peor?. Todavía no: Gómez Padua había ingresado por Arica en 1996, ocasión en la que se le descubrió marihuana dentro de su equipaje. Si no fuera por este detalle, nunca se habría sabido de sus antecedentes en Colombia, los que deberían haber sido de primerísima consulta en el mismo servicio aduanero. El hecho de que sólo la intervención de los tribunales locales diera con este dato, permitió a Gómez Padua escapar hacia el Sur, estableciéndose en Santa Cruz en los momentos que se ordenó su expulsión del territorio.
Pero como en Chile siempre se actúa bajo el concepto de que aplicar la ley en forma categórica y rígida es una violación al humanismo (además de esperar eternamente que las desgracias ocurran para tomar medidas) la policía jamás salió tras la pista de Gómez Padua para cumplir con esta expulsión. Increíblemente, el colombiano intentó regularizar su estadía tras vencer su visa de turista, para lo cual se presentó en diciembre de 1997 ante la Intendencia de San Fernando, que lo rechazó. Insistió en abril de 1998, y fue sólo en este trámite que se descubrió su expulsión pendiente desde 1996, reactivándola. Pero, otra vez, la policía no la concretó. Conclusión: poco más de un año después, cometía el atroz asesinato.
Este caso puso muy en boga el tema de la pena de muerte que los entreguistas ya se disponían a abolir, lo que complicaba la situación del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle que, en agosto 1996, había indultado a otro semianimal asesino como Cupertino Andaur (el victimario del niño de nueve años Víctor Zamorano Jones) en medio de grandes protestas y descontento popular. Por ahí se ha habló de polémicas influencias con la que salvaron del patíbulo a este infeliz, guardando las apariencias y sin comprometer a la Presidencia de la República en otro impopular indulto.
No deja de llamar la atención, además, que en los últimos años Chile se haya convertido en un foco de atención mundial por las redes de contrabando de drogas duras que han sido desbaratadas en el Norte y que exista una clara relación entre esto y algunos inmigrantes que entran al país legal o ilegalmente, según veremos más abajo. Por los mismos días en que los "refugiados peruanos" protagonizaban sus riñas con Carabineros de Chile junto a la Catedral de Santiago, era desbaratada una eficiente mafia peruana de clonadores de celulares que operaban en ese mismo sector de la Capital, luego de una denuncia periodística de Canal 13.
Basta ver las noticias policiales para advertir que los delitos, fraudes y robos en la telefonía celular están volviéndose una especialidad entre los malos inmigrantes que vienen ocultos entre la masa de peruanos que sí llega con reales intenciones de trabajar en forma honrada, tendencia que fue confirmada en los controvertidos informes de marzo 2003 que ya hemos citado. Hay otros casos que, como en doble asesinato de Arica en 1992, la gravedad de los hechos criminales cometidos por elementos inmigrantes llega francamente a niveles preocupantes:
El domingo 20 de febrero de 2005, a las 8:30 horas, en la calle Juárez 777 entre Recoleta y avenida La Paz, en el sector de Independencia, el inmigrante peruano de iniciales L.R.G.M., de 21 años, discutió fuertemente con la ciudadana chilena S.C.M.M., de 18 años, con quien mantenía una relación sentimental. Luego, se dirigió directamente hasta donde su compatriota A.W.L., de 21 años, y, aparentemente por celos, le asestó siete puñaladas en el pecho y en el abdomen en plena vía pública, muriendo en una horrenda escena.
El 30 de junio de 2005, apareció asesinada por estrangulamiento en su propio departamento de Independencia la ciudadana peruana Fanny Merlene Caycho. El crimen estaba sin resolver hasta que, en el mes de octubre, apareció colgado en su departamento el peruano Wilfredo Rosado, de 26 años. En la carta confesión que dejó el fallecido, declaró ser el autor del crimen de Fanny por un asunto de dinero. La investigación permitió descubrir que existían una red de prestamistas para la cual la mujer trabajaba y que intentaba cobrarle deudas a Rosado.
El 29 de julio de 2005, efectivos de Carabineros de Estación Central capturaron al ciudadano peruano Juan Manuel Paulino Soto, de 29 años, en precisos momentos en que violaba brutalmente a una mujer de 37 años, de iniciales P.S.R., en la esquina capitalina de avenida 5 de Abril con calle Con-Con, pasadas las cuatro de la madrugada. El criminal, que se encontraba ilegalmente en Chile, estaba cerca de darle muerte a la mujer con un arma cortante que le tenía puesta en el cuello a su víctima. Se determinó que el sujeto había estado viviendo como delincuente durante todo este período de indocumentación.
La noche del jueves 23 de febrero de 2006, el ciudadano peruano Mercedes Salvador Sandoval, de 39 años, asesinó a escopetazos al matrimonio de ancianos Alejandro Lepe Jiménez y Ramona Cortés Contreras, de 75 y 74 años respectivamente, y dejó herido al hijo de ambos, Héctor Lepe. El criminal trabajaba como rondín en la parcela 10 de San Nicolás, en Lampa, donde vivía el matrimonio, y los atacó molesto por las reprimendas que el anciano le daba por sus continuos retrasos y por su abuso del alcohol, que le llevaban a presentarse borracho a trabajar. Lepe había denunciado ante el patrón al ciudadano peruano en varias ocasiones, por este comportamiento. Irónicamente, este mismo empleador había dado trabajo y asistido al ciudadano peruano para que no fuese deportado a su país, poco tiempo antes.
El 2 de marzo de 2008, el ciudadano peruano Miguel Ángel Rosado Guzmán, de 26 años, asesinó de una estocada en el abdomen a su compatriota Genaro Solís Palomino, de 30, en una riña motivada por viejas rencillas, en calle Anibal Pinto esquina de Picarte, de barrio Independencia. A pesar de que los residentes locales intentaron ayudarlo tras escuchar la revuelta callejera, Solís Palomino falleció cuando era trasladado al Servicio de Urgencia del Hospital San José. Por más de un mes y medio, Rosado Guzmán eludió a la justicia ocultándose en domicilios de familiares y amigos, hasta que el 19 de abril la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones lo detuvo.
Recuérdese que los antecedentes delictuales de cada individuo constituyen parte de la información de la que puede disponer todo país respecto de otro. Esto hubiese evitado, por ejemplo, casos como el del comerciante coreano Suk Dong Yoon, un cincuentón que había entrado a Chile tras haber cometido estafas internacionales equivalentes a casi $500 millones de pesos y a pesar de ser perseguido por agentes de Interpol. Sólo se consiguió su captura en enero de 2003 gracias a la acción policial y a los tratados que se habían firmado recientemente con Corea, ocasión en la que la Policía de Investigaciones de Chile lo catalogó como "un criminal potencialmente peligroso", olvidando el lago tiempo que pasó viviendo tranquilamente en un departamento de Las Condes, sin ser molestado por la justicia.
Cabe advertir que, en mayo de 2003 el equipo de reportajes de Canal 13 transmitió por varios días, durante su noticiario central, una completa investigación que denunciaba la existencia de varios estafadores extranjeros (peruanos, brasileños, colombianos, etc.) haciéndose pasar por brujos, curanderos y pitonisas, pero que en la realidad sólo embaucaban a sus víctimas, en ciertos casos muy modestas y humildes. Lo curioso es que todos estos "magos" se encuentran desempeñando funciones laborales a pesar de contar sólo con una visa de turista, que impediría la posibilidad de trabajar en territorio chileno aún con tan cuestionables y curiosos métodos. Muchos de ellos también se dedicaban a la estafa y el engaño en sus respectivos países de origen, apareciendo regularmente en los medios de comunicación.
Inmigración descontrolada, narcotráfico y mafias. Relaciones estrechas
En el caso del narcotráfico, la droga que ingresa para la venta interna es sólo una fracción; el resto circula en nuestro país sólo "de paso" hacia afuera. También coincide con el hecho de que algunos mafiosos narcotraficantes internacionales y de renombre, o bien sus familiares, hayan intentado en alguna oportunidad venir a establecerse a Chile.
Tal fue el caso del temido narcotraficante y mafioso mexicano jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el "Señor de los Cielos", quien planificó establecer su residencia y sus negocios en Chile lavando dinero en este país e intercambiando actividades en Argentina, precisamente gracias a la permeabilidad de las fronteras y a la cercanía de los centros productores de droga de Bolivia y Perú. Carrillo, de hecho, ya había estado clandestinamente en Santiago y Viña del Mar, viajado desde Mendoza en mayo de 1996. Según se comprobaría durante las investigaciones, planeaba establecerse FINANCIADO CAMPAÑAS POLÍTICAS para poder ingresar tranquilo sus embarques, luego de que una enorme cantidad de droga colombiana había sido interceptada por la Policía de Investigaciones de Chile. Afortunadamente, el mafioso murió en ciudad de México en julio de 1997 en medio de la cirugía estética que tenía por objeto cambiar su rostro y así entrar con otra identidad en Chile y Argentina.
El 13 de febrero del 2000, el Subprefecto Antonio Cubillos, Jefe (s) Nacional de Antinarcóticos, explicó en un reportaje del diario "La Tercera", que el mal del ingreso de drogas a Chile se debía a que posee fronteras extensas y abiertas:
"(Que) permiten que los narcotraficantes ingresen tanto por los pasos ya habilitados como por los que no lo están. Aunque en el norte hay apenas tres controles en 800 kilómetros de frontera, los delincuentes siempre buscan la forma de eludir la acción policial. Así es como gran parte de los detenidos en las cárceles de Arica e Iquique son peruanos y bolivianos".
Efectivamente, sólo unos días después de la declaración del Subprefecto Cubillos, un nuevo escándalo relacionado con tráfico de cocaína quedó al descubierto entre la oleada de noticias relacionadas con el tema, que se habían dado en estos días. Efectivos de la Policía de Investigaciones lograron incautar, en la Cuarta Región, 50 kilos de pasta base de cocaína que era trasladada en un camión frigorífico hasta Santiago desde Arica. Dos serían los narcotraficantes involucrados tenían un sabroso prontuario policial y se sabía también que un tercero estaría estrechamente involucrado como gestor: ¡oh, recurrencia!... Era un peligroso narcotraficante peruano operando en Chile. Ya entonces la actividad peruana en el contrabando pasaba de un trabajo sucio y mínimo, como es la función del "burrero", a una más sofisticada y directiva en la organización de estas bandas criminales. Innumerables ejemplos de bandas desbaratadas en los últimos años dan prueba de ello. Esta situación, sin embargo, ya se ha hecho frecuente en años posteriores.
Cabe señalar que, hacia aquel año de 2000, se acuñó un nuevo término policial derivado de la jerga delincuencial: el "chasqui", relacionado con peruanos narcotraficantes. No es casual el uso del nombre de los mensajeros imperiales incásicos para denominar a estos delincuentes, pues se trata de proveedores intermediarios entre traficantes de drogas peruana y boliviana (cocaína y pasta base) y sus distribuidores en las poblaciones de las grandes ciudades de Chile, especialmente las del norte y del área metropolitana. Los narcotraficantes les llaman "chasquis" precisamente porque en su tremenda mayoría son de origen peruano. Obviamente, de esta grave acusación poco y nada se dice en los medios de comunicación "políticamente correctos", a pesar de ser un secreto a voces. El único que ha tenido el valor de mencionar la existencia de los "chasquis" en Chile, fue el retirado Inspector de Investigaciones, don José Miguel Vallejos, en el espacio de un conocido programa del canal de TV ("Morandé con Compañía", de Mega, el 16 de abril 2003).
No era raro, por consiguiente, que las cárceles nortinas ya estuvieran saturadas de peruanos y bolivianos involucrados en tráfico de drogas; o que, en marzo del 2000 los mandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Alberto Fujimori firmaran un acuerdo en Arica para intercambiar presos a sus correspondientes naciones, como parte de las actividades programadas antes de la inauguración del "Cristo de la Concordia", en el Morro de Arica. Así son los nuevos tiempos... Antes se intercambiaban alumnos destacados y estudiantes prometedores; hoy, delincuentes y traficantes.
Al respecto, es preciso recordar que existen fundados antecedentes demostrando que existen vínculos estrechos entre las organizaciones criminales de tráfico de droga y las que ingresan ilegalmente a inmigrantes por la frontera norte, tal como sucede con las mafias de "coyotes" o "jaladores" que lucran con el tráfico humano e la frontera de México con los Estados Unidos. Así se explica, por ejemplo, los siguientes casos policiales que han impactado profundamente en la comunidad ariqueña y que parecen asociados a las llamadas "mafias de frontera":
El 7 de agosto de 2001 fueron hallados por efectivos de la Tenencia de Chungará y tras la denuncia de una mujer aymará, los restos del ciudadano boliviano residente en Chile, Sergio Yampara Sajama, de 35 años, y del chileno Serafín Gregorio Yampara, de 25, chileno, primos entre sí, a 70 kilómetros de Putre y a 20 kilómetros al sur de la ruta internacional a Tambo Quemado, lugar de frecuente ingreso ilegal de inmigrantes y de "burreros" traficantes de droga. Los cuerpos tenían una data de muerte de 25 días, estaban boca abajo y parcialmente enterrados. Las fracturas en el cráneo de ambas víctimas demostraban que habían sido ajusticiadas por algún misterioso grupo criminal operando en esta zona.
El domingo 17 de marzo de 2002, apareció "ahogado" en una laguna cerca del poblado de Chilcaya, el joven ariqueño Marco Ramírez Araya, de 23 años, quien aparentemente mantenía nexos con el narcotráfico y trabajaba como "burrero" entre Arica y Bolivia (según el diario "La Estrella de Arica", 19 de marzo de 2002). Tanto Ramírez Araya como su amigo Jorge Morales Valencia llevaban varios días de desaparecidos tras haber salido a pastorear. Todo apuntaba entonces, a que habían sido asesinados por un grupo de mafioso traficantes en alguna "quitada" de droga o algún ajuste de cuentas, pues jamás se encontraron las prendas del fallecido y su cuerpo sólo vestía ropa interior.
El viernes 22 de julio de 2005, un arriero encontró tres cuerpos en la denominada Quebrada del Muertito, en las cercanías del caserío de Churiguaylla, sector fronterizo con Bolivia. Estaban semienterrados y separados entre sí. La Brigada de Homicidios encontró 12 vainas de balas calibre 22 milímetros, con las que les dieron muerte. Siete meses después se pudo identificar a una de las víctimas como Severo Mamani Mamani, de 26 años y oriundo la localidad de Patacamaya. Había sido ejecutado con dos disparos en la cabeza, al igual que las otras dos personas que lo acompañaban.
En el antes citado informe público del diputado Orpis, sobre la situación de los ilegales en la I Región, presentado en diciembre 2000, se agregan detalles preocupantes sobre esta tendencia: de un total de 1.519 condenados por tráfico de droga en la Región de Tarapacá, 568 corresponden a delincuentes de origen peruano o boliviano, es decir, el 37,4%. Además, de un total de 591 procesados por este delito, 133 correspondían a extranjeros de estos mismos países, lo que equivale al 22,5%. Esta situación, como se sabe, no sólo se relaciona con el tránsito de extranjeros por territorio chileno desde estos países, sino también por la conocida importancia que ambas naciones limítrofes tienen en el negocio internacional de producción de narcóticos.
Hasta mediados del año 2001, todavía alojaban más de 600 peruanos detenidos por delincuencia en el sistema penitenciario chileno, mayoritariamente narcotraficantes. Si suponemos que, como en el caso de los traficantes nacionales, sólo una fracción de estos infames está detenida, la cantidad de narcotraficantes provenientes de Perú puede elevarse a cifras inaceptables. Aunque 600 presos de una misma nacionalidad suene, en principio, poco con relación a la enorme cantidad de peruanos que han inmigrado a Chile en los últimos años, la verdad es que resulta absolutamente anómalo que un grupo extranjero esté concentrando una cantidad creciente de población penal en las cárceles de un país.
Se ha hecho frecuente en el noticiario ver las detenciones de inmigrantes peruanos, ecuatorianos, asiáticos y hasta africanos participando de delitos organizados o mafias, generalmente relacionados con narcotráfico, fraudes telefónicos o estafas vía internet. Los miembros de estas colonias, que innegablemente vienen a trabajar y no a delinquir, alegan que hay una exaltación innecesaria sobre la nacionalidad de los delincuentes en el relato noticiosos. Lo curioso es enterarse, sin embargo, que muchos de los detenidos ya tenían antecedentes por similares delitos en sus países respectivos, algo que pasó sin provocar ninguna clase de previsión o providencia de parte de las autoridades de extranjería.
Tanto estas situaciones particulares como las tendencias generales que hemos descrito, son completamente preocupantes y anormales, por mucho que los edecanes del entreguismo fraternal lo nieguen o intenten minimizarlas. Hay casos en los que la falta de política de extranjería y la verdadera apertura ciega de recepción inmigratoria (alguien comentó una vez que en materia de inmigración, Chile era como "una gran prostituta") han culminado en terribles tragedias o situaciones delicadísimas que perfectamente podrían haberse evitado si el criterio de acceso al país fuese escrupuloso y no contaminado con fantasías de falso humanismo o filantropía, como los ejemplos que hemos revisado y que son absolutamente anómalos e inaceptables.
Mapa de penetración y circulación de la droga en Chile, publicado en revista nacional "Qué Pasa". Se advierte el uso de Chile como "corredor", especialmente de las llamadas "drogas duras" que entran de preferencia por el norte, mientras que la pasta base de cocaína (más dañina y barata) queda para consumo dentro de las fronteras. En un claro uso organizado de Chile por parte del narcotráfico internacional.
El triunfo del mercantilismo: ¿Qué motivó realmente el nuevo "perdonazo" del 2008?
Hemos visto que los dirigentes de los inmigrantes y sus simpatizantes venían solicitando un segundo "perdonazo" casi desde principios del presente siglo, luego de aumentar formidablemente la cantidad de ciudadanos peruanos llegados después de la amnistía general de 1998. Concientes de los beneficios que había reportado esta medida para mantener bajos los pagos a temporeros y recolectores, por ejemplo, los grandes productores agrícolas propusieron varias veces una nueva legalización de los inmigrantes irregulares, además de la facilitación de las contrataciones de los mismos.
La inminencia de que se aproximaba un nuevo "perdonazo" era clara hacia octubre de 2007, tras un año lleno de extraños servilismos por parte de la Cancillería de Chile hacia los caprichos de la diplomacia peruana, que incluyó la censura del documental "Epopeya" sobre la Guerra del Pacífico y la devolución de los libros requisados durante este conflicto y que fueron trasladados a la Biblioteca Nacional (con lo que indirectamente, se estimuló más aún la leyenda negra de los "trofeos de guerra" saqueados por los chilenos en Lima), además de más y mayores libertades al tránsito de ciudadanos peruanos por la frontera.
Al parecer, gran parte de las intenciones de La Moneda con esta clase de generosidades era esperar una actitud amistosa de parte del Gobierno de Alan García por la cuestión artificial de la delimitación marítima que el Perú pretendía llevar entonces a una corte internacional, poniendo el peligro las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio, que era el verdadero y quizás único interés de Santiago. Por supuesto que todos estos esfuerzos caerían en el vacío, pues Lima anunciaría poco después su decisión irrevocable de llevar su reclamo ante La Haya, como efectivamente sucedió unos meses más tarde.
Las estadísticas de ese año demostraron, por cierto, que Chile seguía siendo uno de los principales destinos de la migración peruana hacia el exterior, con el 25% de las salidas desde ese país. Esto es el primer lugar de preferencias, seguido luego de Bolivia, Estados Unidos y Ecuador. Esta noticia no podía caer mejor a quienes se han valido fundamentalmente de estos ciudadanos peruanos para reducir los salarios de los obreros y empleados, bloqueando así las mismas leyes del libre mercado y del crecimiento proporcional del sistema empresarial a las que estos empleadores prenden inciensos y defienden con pasión ante las propuestas de intervención del Estado.
El cambio y las diferencias entre los niveles de remuneración seguían siendo entonces, el principal atractivo para los inmigrantes peruanos. En el año señalado, por ejemplo, una empleada doméstica peruana ganaba en Chile un promedio de 400 dólares, mientras que en Perú será menos de 200 dólares. Esto significa que, incluso en condiciones de explotación, todavía la oferta de trabajar en Chile sigue siendo más conveniente para un ciudadano peruano, dada la situación económica de su país de origen. Esto significa que, a la sazón, los peruanos residentes en Chile enviaban a sus parientes en Perú cerca de 70 millones de dólares anuales, lo que ha creado un grado de dependencia de parte de la economía peruana a partir de las oportunidades laborales de su vecino del sur. Esto explica el constante y manifiesto interés de la diplomacia limeña por influir sobre La Moneda en favor de las facilidades de trabajo y tránsito para sus súbditos en territorio chileno.
En este contexto, los criterios empresariales de mercaderes y explotadores nacionales no dejaron pasar la oportunidad de convertir la situación de los inmigrantes en otra vigorosa treta para mantener bajos los salarios del rubro de la construcción, valiéndose de la oferta de mano de obra que representan estos inmigrantes. Así, a través de la Confederación de la Producción y del Comercio, hacia noviembre de 2007, los empresarios de la construcción y las empresas inmobiliarias (probablemente las que mayor crecimiento y ganancias habían tenido durante los últimos años) propusieron al Gobierno la idea de facilitar la contratación de inmigrantes peruanos en ese rubro y legalizar a los que se encontraran en situación irregular.
Según estos empresarios constructores, la razón para hacer esta particular solicitud al Gobierno era la supuesta falta de mano de obra. Sin embargo, el llamado sucedía justo cuando la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) había filtrado a la luz pública fuertes críticas contra La Moneda, entre las que figura el temor por el aumento de la cesantía producto de las malas políticas de Estado. La Confederación de la Producción y del Comercio había coincidido con estas críticas que sacaron ronchas al Gobierno. Pero su siguiente petición en favor de los inmigrantes no se condice con los riesgos del aumento de la cesantía, pues solicitar la facilitación de empleos para extranjeros se justificaría pretendidamente con la baja de postulación a las vacantes laborales.
Moros y cristianos estuvieron, así, todos de acuerdo en llevar adelante la medida de regularización de unos 20.000 ó 25.000 ilegales, casi todos ellos peruanos. Con cada parte ya perfectamente de acuerdo en lo que le tocará como beneficio tanto a sus intereses como a sus dogmas políticos, un par de semanas después de las peticiones de los constructores nacionales, la Cancillería de Chile anunció la decisión del “perdonazo”. Es decir, por segunda vez en diez años, el Estado salía persiguiendo a los ilegales para legalizarlos, poniéndolos en un injusto estrato similar al de quienes, con esfuerzos personales y respeto a la legislación, llegaron al país dentro de todas las normas, requerimientos y restricciones. El proceso tuvo lugar entre enero y febrero del año 2008.
No cabe duda, entonces, que fue un interés fuertemente mercantil y de origen privado el que motivó la principal causa del segundo "perdonazo", nuevamente con la intención de usar a personas en posición de vulnerabilidad y necesidades para mantener artificialmente bajos los niveles de remuneración de mano de obra.
Entre otros casos de actualidad, destacamos los siguientes:
