| -Ampliado y actualizado el 04 de abril de 2008-
CUALQUIER RECLAMACIÓN DE PERÚ O BOLIVIA EN LA ACTUALIDAD, PASA POR EL DESCONOCIMIENTO DE LOS TRATADOS QUE SE FIRMARON TIEMPO DESPUÉS DE LA GUERRA DEL PACIFICO Y QUE TUVIERON EL OBJETIVO DE ESTABLECER UNA FRONTERA DEFINITIVA, ACORDADA POR TODAS LAS PARTES. LOS CINCO GRANDES INTENTOS INTENTOS POR RESOLVER SU MEDITERRANEIDAD Y LA LARGA LISTA DE PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS QUE SE HAN FORMULADO, NO SÓLO ACABAN AMENAZANDO PARTE DE LA SOBERANÍA CHILENA EN EL TERRITORIO INVOLUCRADO, SINO QUE, LEJOS DE CALMAR LAS ASPIRACIONES MARÍTIMAS DEL ALTIPLANO, HAN ENCENDIDO LOS APETITOS REVANCHISTAS DEL ALTIPLANO Y SUS MAS OSCURAS ASPIRACIONES POR "RECUPERAR" LA COSTA ATACAMEÑA O, CUANTO MENOS, ALGUNO DE LOS PRINCIPALES PUERTOS CHILENOS EN LA ZONA NORTINA
Dos corrientes inconciliables en el reclamo marítimo boliviano 
Por lo general, se habla de la pretensión boliviana por costas propias en territorio chileno, como si fuese una sola y definida tendencia, llegando los entreguistas chilenos a sacar alegres cuentas cuando suponen que, entregando un puerto al país altiplánico, logrará apagarse definitivamente la hoguera de las aspiraciones marítimas de esa nación. Como sucede con prácticamente todas las tesis de los grupos integracionistas, la realidad es muy distinta, sin embargo. Tras el Tratado de Tregua de 1884, en Bolivia aparecerían dos corrientes muy opuestas que se autocalifican a sí mismas como la más autorizada para sacar de la mediterraneidad geográfica al país altiplánico y que subsisten hasta el día de hoy:
La corriente de los "practicacionistas" pareció ser muy fuerte en los años posteriores a la Guerra del Pacífico, compitiendo derechamente con los "reivindicacionistas" que aún soñaban con la restauración de la Alianza contra Chile y buscaron reiteradas veces apoyo peruano para sus maniobras políticas. En la precipitación de ambos grupos, sin embargo, llegaron a entregar por papeleo la Puna de Atacama a Argentina, canjeándola por la provincia de Tarija, intentado desatar así un conflicto con Chile, que tenía ocupada dicha meseta altiplánica desde terminada la guerra. La incompatibilidad y la competencia política entre ambas corrientes las notaremos repetidas varias veces en las distintas opciones y propuestas de salida al mar que estudiaremos y que incluso en nuestros días siguen operando dentro de la diplomacia boliviana. Veremos que las negociaciones de 1950 y luego las de 1975, ambas basadas en criterios practicistas, fueron interrumpidas por grupos de agitadores reivindicacionistas que, coludidos con el nacionalismo peruano, se encargaron de sabotear las negociaciones, en ambos casos especulando sobre supuestos acuerdos que permitirían a Chile apropiarse de las aguas del Titicaca. Por dar ejemplo reciente, recordamos también que cuando en abril de 2006 el Canciller Alejandro Foxley anunció la existencia de una agenda sin exclusiones entre los temas a tratar por Chile y Bolivia, refiriéndose evidentemente a la cuestión marítima, aparecieron simultáneamente dos propuestas representativas de las corrientes que hemos visto: primero, la del ex diplomático boliviano Fernando Salazar, que planteó la noción de una administración con "supremacía territorial" en una faja por Arica, pero sin soberanía. Es decir, practicista. Pero no bien lo propuso, correspondió a actuar a los reivindicacionistas partidarios del enclave, que a través de la voz del ex vicepresidente Luis Ossio, se mostraron partidarios del establecimiento de dos enclaves: uno que permita a Chile acceder al Atlántico por la hidrovía Paraguay-Paraná y otro que permita a Bolivia acceder al Pacífico por la zona portuaria de Mejillones. Veremos que las propuestas de solución que se han formulado historia de las reclamaciones bolivianas por puertos propios, han reflejado en realidad la dura competencia que estos dos grupos, "reivindicacionistas" y "practicacionistas", mantienen en el seno de la política paceña, siendo sus propios empujones internos y en más de una oportunidad, la razón del fracaso de las negociaciones hasta ese momento sostenidas. De hecho, han llegado sabotearse mutuamente sus respectivos avances diplomáticos.
Por las características de la geografía y de la distribución de los límites al Norte de Chile, existen sólo dos posibles vías para suponer la eventual entrega de una "salida al mar" para Bolivia en condiciones de posesión territorial con soberanía. Tales son:
En ambos casos, se sopesan esencialmente los siguientes puntos imprescindibles para poder realizar una entrega territorial de tales características sin afectar o perturbar la unidad soberana y territorial de Chile:
En su libro "Creo en Chile", el ex ministro Sergio Onofre Jarpa ya escribía en 1973 una advertencia común para todas las fórmulas destinadas a darle a Bolivia una "salida al mar" propia y soberana:
Las vías de entrega de una "salida al mar" también presentan, por separado, una serie de problemas que hacen altamente improbable su eficacia y su éxito en el propósito de proporcionar a Bolivia una "cualidad marítima", deficiencias que, según veremos, han sido hábilmente explotadas por los propios bolivianos durante períodos de agitación opositora para hacer fracasar las negociaciones que distintos gobiernos intentaron llevar con Chile en 1895, 1950, 1975, 1987 y 2001. Con relación a la propuesta de un "corredor" al Norte de Arica, tenemos los siguientes inconvenientes que, con toda seguridad, harían fracasar casi cualquier proyecto de esta naturaleza que no estuviese cimentado en bases realistas y sensatas:
Aunque constituye una excepción dentro de la narrativa histórica boliviana, cabe señalar que lo visto hasta ahora explica que el diplomático e historiador boliviano Ramiro Prudencio Lizón escribiera en un interesante artículo editorial titulado "A treinta años de Charaña" (Diario "La Razón" de Bolivia, martes 15 de febrero de 2005. Los destacados son nuestros):
Por su parte, la vía de la entrega de un enclave territorial cedido en alguna parte de la costa chilena de las regiones de Tarapacá o Antofagasta, presenta también una serie de riesgos de fracaso no menos importantes:
A continuación veremos cómo han desfilado a lo largo de la relaciones diplomáticas chileno-peruanas, varias propuestas que hicieron caso omiso de estos problemas o bien pretendieron evadir tercamente tales cuestiones, encontrando invariablemente el fracaso y la negativa de algunos grupos opositores políticos a permitir la realización de tales proyectos. En 1895, con los resultados de la guerra suficientemente asumidos, muchos bolivianos se creían capaces de escoger a dedo un puerto en territorio chileno, creándose irracionales expectativas para sus pretensiones portuarias a partir del los Tratados de Mayo de aquel año, que ofrecían a La Paz la posibilidad de recibir Tacna y/o Arica. De este modo, se mantenía una fuerte expectativa por poder exigir un puerto en Antofagasta más que en la históricamente apetecida ciudad de Arica, aunque no necesariamente con el sentimiento revanchista y nacionalista que albergaban los grupos de corte militar. Si bien la idea de un "corredor al Pacífico" ya había sido acariciada por Domingo Santa María durante su ministerio y luego en su presidencia, en lo que se ha llamado su "política boliviana", manifiesta incluso en plena Guerra del Pacífico, ésta no fue abordada en forma de negociaciones y acuerdos concretos sino hasta con el Presidente Germán Riesco y muy especialmente después, con el Presidente Jorge Montt y su Canciller Luis Barros Borgoño, cuando este último firmó con el plenipotenciario de La Paz, Heriberto Gutiérrez, el 18 de mayo de 1895, los tres acuerdos que hemos indicado: uno de paz, uno de comercio y otro de transferencia de territorios. Habían comenzado, de esta manera, las primeras gestiones para definir la frontera entre Chile y Bolivia, más de una década después de que La Paz firmara la tregua. La noticia de este acuerdo -por el cual Bolivia le reconocía a Chile soberanía absoluta desde el Loa hacia el Sur (territorio que los "reivindicacionistas" consideraban propio y "usurpado")- creó toda una ilusión portuaria entre las autoridades paceñas, por el hecho de que se proponía en él la posibilidad de entregar a Bolivia una salida al mar por los territorios de Tacna y Arica, como hemos comentado, una vez que se resolviese el problema que en ellos había con relación al Perú, y que debían ser solucionados por un plebiscito de acuerdo al Tratado de Ancón. Por una cesión de territorio, proyectada entre caleta Vítor y Camarones, Bolivia se había comprometido a indemnizar la entrega con 5 millones de pesos en plata. Como es de esperar, los autores bolivianos se derriten culpando a Chile del fracaso de estas negociaciones, y de haber sido "engañados" por Santiago con falsas expectativas. Los hechos demuestran, sin embargo, que a pesar del carácter secreto de estas negociaciones, los representantes de Perú y Argentina se enteraron por obra de parlamentarios bolivianos, y comenzaron a usar todas sus influencias para hacer abortar el proyecto. Buenos Aires envió hasta La Paz al embajador Dardo Rocha, el 6 de agosto, especialmente para este propósito. Eso por un lado, porque del otro, los "reivindicacionistas" comenzaron su propia campaña de desprestigio y odio mediático, convencidos de que la propuesta del "corredor" era una verdadera afrenta a Bolivia, lo que utilizarían políticamente para atacar más aún al desprestigiado gobierno del Presidente Mariano Baptista y, luego, al de su sucesor, Severo Fernández Alonso. La violenta irrupción de Rocha en la política altiplánica resucitó viejos afanes de revancha y castigo contra el "invasor chileno". Amedrentado por el clima antichileno, el ministro representante chileno Juan Gonzalo Matta firmó un protocolo con La Paz, el 9 de diciembre, en el que establecía que los tres acuerdos anteriores eran un todo indivisible, comprometiendo la entrega de Tacna y Arica una vez realizado el plebiscito pendiente en ambas ciudades. Entusiasmados, los miembros de la Asamblea altiplánica aprobaron por mayoría absoluta el acuerdo a pesar de los llamados desesperados de Rocha por intentar disuadirlos, interesado en que Argentina pudiese consolidar sus derechos sobre la Puna de Atacama, que ya estaba siendo entregada en bandeja al expansionismo bonaerense. Sin embargo, en abril de 1896, con motivo de la suscripción del Protocolo aclaratorio, Chile se comprometió a cumplir con el acuerdo de cesión territorial de un puerto levantado en los ex territorios peruanos, a cambio de que Bolivia ratificara los Protocolos de Crédito y Aclaratorio. Al enterarse de esto, los peruanos comenzaron a actuar rápidamente y el Canciller limeño Ortiz de Zeballos, por encargo directo del Presidente Nicolás de Piérola (ex líder de la resistencia durante la guerra) ordenó a su representante en Santiago, Melitón Porras, impedir el avance de la negociación. Porras se dirigió el 10 de julio a la Cancillería de Chile, asegurándose al ministro Guerrero que su país jamás cedería territorio a Bolivia en Tacna o Arica. Al mismo tiempo, en La Paz los agentes peruanos habían logrado filtrar desde la Asamblea documentación reservada sobre los tratados hasta entonces discutidos secretamente, y la publicaron irresponsablemente, desatado las iras de los "reivindicacionistas" bolivianos y de los peruanos que se sentían traicionados por sus ex aliados. En medio de este ambiente volcánico, el 13 de agosto fue asesinado en la Plaza de Sucre el plenipotenciario chileno Matta, aparentemente por un vulgar lío de faldas. Su agresor jamás pagó condena por el crimen. Tras largos debates, el 7 de noviembre la Asamblea Boliviana pagaba tributo al triunfo de los "reivindicacionistas" en la opinión pública y establecía con prepotencia que se reservaba el derecho "de calificar si el puerto o zona que pudiese ofrecer Chile en cualesquiera de los eventos previstos como subsidiarios de Arica, reunía o no las condiciones establecidas en los pactos", obviamente con miras a exigir un puerto en Antofagasta o Mejillones y no en Arica y Tacna, idea que ya prendía fuerte en las masas bolivianas luego de meses de violenta e insistente campaña propiciada especialmente desde los grupos liberales, fieles aliados de las intervenciones peruano-argentinas sobre la política en Sucre y La Paz. La peregrina idea de La Moneda comenzaba, de este modo, su primer naufragio provocado por la propia voluntad paceña, en complicidad con los representantes del Perú en Bolivia. En este ambiente, y ante la divulgación atentatoria del contenido de los protocolos, cuya tramitación aún estaba pendiente en Santiago, se daba por fracasada la negociación, llevándose con la avalancha también a los tratados de paz, comercio y transferencia de territorio. El primer intento de la posguerra por darle a Bolivia puertos propios, quedó cerrado por causa del propio Palacio Quemado, drogado de nacionalismos patrioteros y delirios de reivindicación. No sería la primera vez, sin embargo, en que representantes del Gobierno del Perú estarían involucrados en el fracaso de las negociaciones chileno-bolivianas por otorgarle al Altiplano salida al mar, según podremos constatar. Desde 1896 se encontraba en La Moneda el Presidente Federico Errázuriz Echaurren. Lamentablemente contaminado con los males del entreguismo endémico, pretendió desde el primer momento restaurar el proyecto para acercarse diplomáticamente a Bolivia otorgándole la salida por Tacna y Arica que tres años antes la propia Asamblea altiplánica había desechado, para lo cual encomendó labores al representante Vicente Santa Cruz, en Lima, y a Manuel Salinas, en La Paz, este último encargado de intentar la aprobación boliviana a los ya fracasados protocolos. Para empeorar el enredo en la madeja diplomática chilena, tanto Errázuriz como su Canciller, Enrique de Putrón, eran reconocidamente simpatizantes del Perú. La pasividad de La Moneda frente a los peligros territoriales de estas gestiones y, especialmente, con las invasiones argentinas que por entonces se producían sobre territorio chileno austral, precipitaron duras críticas al Gobierno que fueron canalizadas a través del diario "La Tarde" por patriotas como Gonzalo Bulnes, Emilio Rodríguez Mendoza, Galo y Alfredo Yrarrázaval Zañartu, entre otros. Lamentablemente, Errázuriz había logrado reclutar apoyo del ilustre intelectual Carlos Morla Vicuña, cuyo ejemplar patriotismo no era proporcional a su débil y frágil carácter. Pero las intervenciones de Morla ante el Congreso Nacional no lograron evitar que, en febrero de 1898, el Senado postergara definitivamente los acuerdos que se habían conseguido con Bolivia. La Cámara Baja hizo lo propio en septiembre. Con La Moneda entregada de lleno a la línea entreguista y el Perú insistiendo en que Su Majestad la Reina de España debía arbitrar para determinar quiénes tenían derecho a voto en los plebiscitos de Tacna y Arica por el protocolo Billinghurst-Latorre de abril de 1898 (Lima alegaba que debían ser sólo peruanos de tercera o cuarta generación), el escenario era complejo en 1899, año de la entrega descarada de la Puna de Atacama a Argentina, por el infame proceso arbitral del ministro yanqui Buchanan. Fue la oportunidad que esperaban los "practicacionistas" para ganar terreno político a los "reivindicacionistas" de Bolivia y cobrarse su revancha. Pero comenzaron a tener lugar procesos que no fueron esperados en el escenario continental... Liderados por el ex candidato presidencial José Manuel Pando, los grupos liberales de Bolivia comenzaron a agruparse para atacar desde la oposición al gobierno de Severo Fernández Alonso. Armados del discurso antichileno que tan bien caía a las chusmas electorales, estas fuerzas políticas lograron tremendos triunfos en los comicios municipales de 1898. Al año siguiente, consiguieron levantar a las masas armadas en una violenta rebelión que comenzaría en La Paz, ciudad que creyó afectados sus intereses por el proyecto de traslado de la capital a Sucre, del 31 de octubre de 1898, develando por enésima vez las profundas diferencias de cohesión interna que expone la geopolítica boliviana. El nuevo Gobierno paceño sería el de la Junta, que, antes de finalizado el año, dejaría a su líder Pando en la Presidencia. El mandatario no ocultaba su agrado hacia la idea de experimentar un acercamiento con Perú y Argentina, países que ya habían comenzado a perfilar su tendencia aliancista en relación a sus problemas limítrofes con Chile, confirmando una vez más el ajuste de lo que se llamaría años después la Hipótesis Vecinal Máxima. La violencia de Pando y de sus revolucionarios alertó a las autoridades chilenas. Con inusitada agresividad, el reclamo marítimo se reincorporó de inmediato a los discursos políticos y comenzaron a ofrecerse en La Paz toda clase de expectativas absolutamente falsas e irreales sobre las propuestas de salida al mar ofrecidas en 1895 y 1896, haciendo vista gorda a que ambos acuerdos ya estaban sepultados por la negativa de Bolivia a ratificar los protocolos complementarios y por la imposibilidad que habían hasta entonces de dar solución al asunto de Tacna y Arica con el Perú. Previendo así un empeoramiento en la situación diplomática, la Cámara de Diputados de Chile devolvió al Poder Ejecutivo el Protocolo Billinghurst-Latorre y solicitó al Presidente iniciar "nuevas gestiones tendientes a obtener el cumplimiento del plebiscito" en Tacna y Arica. Aunque Bolivia ya estaba preparando lo que sería después su campaña de reclamación marítima en los foros internacionales, el plenipotenciario altiplánico, Claudio Pinilla, comunicó al Canciller chileno Rafael Errázuriz Urmeneta la decisión del La Paz de descartar también los acuerdos de 1895, pero con la exigencia de abrirse paso a nuevas fórmulas de arreglo. Advirtiendo que Bolivia sólo buscaba reformular sus pretensiones sobre el mismo territorio chileno, La Moneda envió en forma extraordinaria al representante Abraham König, cuyo férreo carácter y dolorosa sinceridad dañarían seriamente las fantasiosas ilusiones portuarias del Palacio Quemado. El enviado formuló a La Paz una sabrosa propuestas de facilidades aduaneras sobre puertos chilenos, que incluían construcciones de ferrocarriles y libertad de tránsito. Pero, a pesar de la generosidad de la oferta, ésta no fue escuchada por las autoridades altiplánicas afiebradas con el deseo incontrolable de que Chile les regalase puertos sobre territorios de los que ni siquiera estaba decidido su destino, como era Tacna-Arica. El Canciller boliviano Eliodoro Villazón, cegado por sus aspiraciones marítimas y con la fiebre del discurso "practicacionista", propuso a König que Chile le cediese una franja de territorio hacia el mar por el último lugar de la posesión chilena (sea ésta en Arica o en Tacna, según el resultado final al que se arribara con el Perú) en lugar del ferrocarril y del puerto franco ofrecidos por Chile. Acto seguido, el Presidente Pando dio su Mensaje Anual a la Nación, declarando públicamente que las propuestas de paz ofrecidas por Chile, habían sido rechazadas por su Gobierno, noticia que ni siquiera había sido informada aún a La Moneda. Iracundo con el desparpajo de las autoridades de La Paz, König emitió su famosa nota de agosto de 1900, donde el representante concluye diciendo que "Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto", descartando de plano una cesión territorial. Con estas categóricas palabras, la llama de la "recuperación del litoral" comenzó a extinguirse en Bolivia, dando lugar a visiones más realistas que permitieron iniciar lo que serían las negociaciones del Tratado de 1904, por las cuales el Altiplano recibió una gran cantidad de beneficios, facilidades aduaneras, infraestructuras, derechos de tránsito y hasta dineros, a cambio de que renunciara a perpetuidad a cualquier pretensión sobre el litoral chileno. La promesa chilena del Tratado de 1904 se cumplió... Pero veremos que, por el lado boliviano, las expectativas de "reivindicacionistas" y "practicacionistas" no cesaron.
Aproximadamente desde 1908, venían oyéndose en Bolivia nuevamente algunos reclamos de parte de algunos grupos políticos, tendientes a "recuperar la cualidad marítima" que este país decía tener históricamente hasta la Guerra del Pacífico. Voces en el desierto, pues las propuestas del Tratado de 1904 habían dejado ampliamente satisfechas a las mayorías civiles bolivianas, que llevaron al poder a Ismael Montes por esa misma gestión que fue incluida como su principal ofrecimiento durante las campañas electorales. Por este tratado, Chile se había comprometido -entre otras muchas cosas- a la construcción del millonario Tren Arica-La Paz, que habría de tener un notable y positivo impacto en la economía y la sociedad bolivianas. El compromiso era que La Paz renunciara a perpetuidad a sus pretensiones litorales, como hemos dicho. Sin embargo, en 1910 se presentó la primera oportunidad al Palacio Quemado para romper la palabra empeñada. La contratista inglesa Sir John Jackson Ltd. había iniciado labores de 1906 y tenía para entonces la mayor parte de los trabajos de la línea férrea terminados, buscando cumplir con el plazo de entrega que debía tener lugar a principios de 1913. Con el punto del no retorno ampliamente sobrepasado, Eliodoro Villazón, ahora presidente de Bolivia, no tuvo escrúpulos en aprovechar la tensión chileno-peruana derivada de la expulsión de los curas peruanos de Tacna (luego de la serie de escándalos en que se vieron implicados) para ordenar a su Canciller, Daniel Sánchez, que enviase a Santiago y a Lima una nota en la que el Palacio Quemado, con fecha 22 de abril de 1910, declaraba que su país lucharía:
Como el llamado de La Paz no tuvo respuesta ni en Chile ni el Bolivia, el General Montes, a la sazón ya electo otra vez Presidente de la República, aprovechó su viaje por Chile para reunirse con autoridades chilenas en el "Grand Hotel" de Santiago, el 22 de abril de 1913. Con ocasión de este encuentro, Montes dejó boquiabiertos a los presentes al definir claramente la aspiración boliviana sobre el puerto de Arica, un territorio que venía apeteciendo, cuanto menos, desde principios de su vida republicana. Según intentó demostrar, para el Altiplano la cesión de Arica a su territorio sería una forma de "solucionar" el problema con el Perú. Y aunque los chilenos no dieron señales favorables a esta propuesta, Montes regresó a La Paz convencido de poder iniciar una nueva gestión destinada a satisfacer las pretensiones sobre este puerto que tanto complacían a los sectores "practicacionistas" de la opinión pública. Sin embargo, sería objeto de airadas campañas opositoras, dirigidas por grupos antiliberales, que hicieron tambalear su gobierno impidiendo consolidar su planes. Por el contrario, debió atrincherarse en medidas populistas como la crítica destructiva al Tratado de 1904 que, irónicamente, él mismo había ayudado a crear. Pasaron los años. Durante la Primera Guerra Mundial y, especialmente, con la creación de la Liga de las Naciones, Bolivia se abrió paso de vuelta a los afanes "reivindicacionistas", es decir, los que pretendían la "recuperación" de Antofagasta por sobre las expectativas de puertos en otros puntos del litoral chileno. Estos afanes se reflejarían luego en las reclamaciones que La Paz formuló mundialmente, hacia 1920, al trasladar sus protestas contra el Tratado de 1904 ante los foros internacionales, aunque sin éxito. Sin embargo, en el Gobierno de La Paz aún persistía hacia 1918 el sentido "practicacionista" de la búsqueda de puertos propios. Montes ahora se encontraba en Francia como representante de su país. El 14 de diciembre, recibió instrucciones del Presidente José Gutiérrez Guerra para informar a los gobiernos francés e inglés, que Bolivia "es parte interesada en el litigio de Tacna y Arica", agregando que "sus derechos emanan de antecedentes históricos, jurídicos y geográficos", intentando buscar así apoyo europeo a su pretensión marítima. Aunque no lo especificaba, también pasaba por considerar posibilidades como la del "corredor" hacia el mar, que había sido descartada desde hacían casi 15 años. Pero ni Inglaterra ni Francia se mostraron interesadas en asesorar semejante aspiración que, al llegar a oídos de la oposición política republicana, fue aprovechada para presentarla como una verdadera traición a los intereses del ex aliado, que era el Perú, en favor del "usurpador chileno", abriéndose paso, así, los afanes "reivindicacionistas" sobre Antofagasta que eran liderados por personajes como Saavedra y Salamanca. Las reacciones en Lima no fueron menos virulentas, al conocerse la noticia de las gestiones de Montes. El intento de Gutiérrez Guerra le costó caro. La oposición reclamó duramente, entre otras cosas, por las "inconveniencias" de la vía de un "corredor" hacia el océano por el norte de Arica, pues el área costera aprovechable, de unos 5 kilómetros, era de mar bravo, inapropiado para fondeaderos que, además, demandaría costos elevadísimos para construir puertos de atraque, datos significativos que, sin embargo, los propios bolivianos olvidarían convenientemente en años posteriores. En 1920, usando como excusa estas manifiestas pretensiones sobre Arica, la Junta Escalier-Saavedra-Ramírez lo derrocó tomándose el poder hasta el año siguiente. Terminaba así, de esta infeliz manera, la nueva y fugaz aspiración boliviana por apropiarse de territorios al Norte de Tarapacá. Resultará irónico, sin embargo, verificar que en años posteriores esta despreciada vía de salida al mar haya sido replanteada una y otra vez por Bolivia, a lo largo de la historia de su reclamo.
Los reclamos bolivianos persistieron por los años siguientes y la década del 20 se inició con nuevos compromisos de atender la situación de la demanda marítima que seguía formulando La Paz. Así, el 10 de enero de 1920 ambos gobiernos firmaron un Acta Protocolizada, en donde se declaraba que "Chile está dispuesto a procurar que Bolivia adquiera una salida propia al mar..." Pero las tentativas de arreglo se estrellaron una y otra vez con la absoluta obsesión boliviana por poseer costas propias y soberanas en territorio chileno, contraviniendo todo lo que se había firmado y jurado hasta entonces. Primaba, sin duda, el sentido "reivindicacionista" de parte del Altiplano, que había desplazado sus pretensiones marítimas otra vez de vuelta a Antofagasta en su deseo de recuperar la simpatía del Perú y de apoyarle en su deseo de recuperar Tacna y Arica. Sin embargo, en 1925 tendría lugar una extraño regreso a las pretensiones sobre territorio tarapaqueño, esta vez intentando persuadir también al Perú de hacer una cesión "amistosa", como veremos. El 4 de marzo de ese año, el Presidente Coolidge, de los Estados Unidos, emitió su fallo arbitral declarando que el tantas veces postergado plebiscito para Tacna y Arica era imposible de realizar. Sin perder tiempo, el día 16 siguiente, la legaciones bolivianas presentaron una circular recordando que sus "derechos marítimos" no estaban sujetos a mediaciones, refiriéndose obviamente a las ciudades disputadas por Chile y Perú. Sin cosechar resultados, el Presidente Bautista Saavedra insistió, delegando la pesada tarea en su sucesor (luego del breve período de Felipe Guzmán), don Hernando Siles. Siendo la República Parlamentaria uno de los apogeos históricos del entreguismo chileno, no fue extraño que los políticos de la oligarquía santiaguina, incluso en pleno proceso de retirada del modelo parlamentario, alentaran la expectativa boliviana con variadas señales que, como hemos dicho, desde inicios de la década alimentaban la ilusión de obtener una pronta salida al mar o, en el mejor de los casos, apoderarse de Arica y/o Tacna. Esto explica que el Canciller Beltrán Methieu distribuyera una circular con fecha 23 de junio de 1926, donde manifestaba: "Aceptamos sacrificar, en interés de Bolivia, una parte del departamento de Arica". La no mención de Tacna significa que el Gobierno ya tenía prácticamente decidida entonces su devolución al territorio peruano. Creyendo que el asunto boliviano era de verdadero interés entre las tres partes en litigio, el Secretario de Estado norteamericano, Frank B. Kellogg, intentó esbozar una propuesta en favor del Altiplano el 30 de noviembre de 1926, y luego de barajar una gran cantidad de posibilidades. Con tal fecha, envió un memorándum a los tres países en el que admitía comprender que Bolivia "en virtud de su situación geográfica, es la nación que estuviese interesada en adquirir por compra o de cualquier otro modo el objeto materia de la controversia", proponiendo luego que Chile y Perú cedieran a perpetuidad los derechos que poseían o creían poseer sobre Tacna y Arica, a Bolivia, excluyendo solamente el área del Morro de Arica, que sería declarado como un monumento internacional chileno-peruano. Todo el territorio cedido sería desmilitarizado y Arica se declararía puerto libre. Bolivia compensaría esta enorme entrega con cesiones proporcionales. Como era de esperar, la descabellada propuesta de Kellogg naufragó casi al final de ser leída por La Moneda y Torre Tagle. Una extensa respuesta fue entregada por el Canciller chileno, Jorge Matte Gormaz, el día 4 de diciembre, en la que descarta de plano semejante idea aún cuando permanecía factible la posibilidad de que Bolivia encontrara su salida al océano por Tacna o Arica. Más extendida y categórica fue la respuesta peruana, del ministro Pedro José Rada y Gamio, el 12 de enero del año siguiente. En tanto, el Canciller boliviano, Alberto Gutiérrez, había enviado a Kellogg una ingenua nota de agradecimiento el día 2 de diciembre, creyendo en la viabilidad de la propuesta. En otra ironía de la historia, Gutiérrez también había sido uno de los artífices del Tratado de 1904, ese supuestamente "impuesto" acuerdo, según el legendario boliviano. Ante el rechazo, Kellogg se retiró por completo del problema con Bolivia y las partes chilena y peruana continuaron su propia línea de discusión y acuerdos para el asunto Tacna-Arica. El 13 de mayo de 1928, Chile entregaba a Bolivia la sección altiplánica del ferrocarril Arica-La Paz, dando por cumplido el Tratado de 1904. Vale recordar, sin embargo, que la aspiración boliviana sobre Arica nunca murió. Cuando Chile y Perú suscribieron, finalmente, el Tratado de 1929, que permitió a Chile mantener su soberanía sobre el puerto del Morro, en Bolivia las voces de odiosidad y antichilenismo no cesaron ni tomaron pausa, por casi una década más.
La Guerra del Chaco y los problemas internos de Bolivia desviaron por largo tiempo la atención de La Paz hacia el reclamo marítimo, no obstante que éste seguía siendo presentado en los foros internacionales sin perder oportunidad. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de nacionalismos etnocentristas en La Paz, permitieron restituir los propósitos "reivindicacionistas" de Altiplano, al calor de los más agresivos discursos y manifestaciones políticas. Gran parte de esta propaganda fue dirigidas por el joven diputado y futuro presidente, Víctor Paz Estenssoro, a partir de la fundación del controvertido Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1941, que llegara a ser un símbolo de la inestabilidad y la crisis moral de la política en el país altiplánico. La negativa de Chile y Argentina a romper relaciones con el Eje fue ampliamente utilizada por Bolivia, buscando acercamientos con Estados Unidos en favor de sus pretensiones marítimas. Momentáneamente terminado un largo período de sangre y violencia, en 1947 se realizaron nuevas elecciones en Bolivia, ganando por estrecho margen el social-republicano Enrique Hertzog, ex militante de los grupos republicanos y partidario de la "reivindicación" de Antofagasta. En su administración, La Paz comenzaría sus reclamos contra las actividades de captación de aguas de Parinacota, dando origen a la cuestión del Lauca, que perduraría con interrupciones por décadas. En esta gestación de nuevas controversias, tendría especial participación el representante altiplánico en Santiago, Alberto Ostria Gutiérrez, uno de los políticos más astutos de la historia de la diplomacia boliviana. No pasó mucho para que, en mayo de 1948, incluyera a las conversaciones que había iniciado con el Presidente de Chile, Gabriel González Videla, el asunto de la mediterraneidad boliviana a pesar de que, técnicamente, nada tenía que ver con los supuestos desvíos de aguas en el río Lauca por los que Bolivia reclamaba. A pesar de ello, sin embargo, González Videla se adelantó en señalarle que no estaría dispuesto a ceder territorio en Arica, frustrando de inmediato una de las más viejas aspiraciones litorales del país altiplánico y de los "practicacionistas". Emplazado entonces a formular una propuesta concreta, Ostria Gutiérrez hizo caso omiso al contenido esencial de las palabras del mandatario y preparó tres propuestas nuevas que permitieran a Bolivia "recuperar" su mentada "cualidad marítima", que serían, por cierto, el primer intento formal y serio por parte del Altiplano para conseguir un puerto propio y el segundo intento de negociación diplomática desde 1895:
La Moneda objetó las exposiciones de Ostria Gutiérrez, pero solicitando mayores antecedentes. No hubo respuesta al respecto hasta marzo del año siguiente, cuando pretendió restaurar de la nada la propuesta que había abandonado por casi un año, a voluntad propia. El nuevo Canciller chileno, Germán Riesco Errázuriz, le puso como condición presentar un memorándum donde aclarara el alcance de sus opciones y las compensaciones territoriales ofrecidas por Bolivia a cambio de una cesión. A esto, Ostria Gutiérrez respondió que no podría compensarse con territorios otra entrega que no fuese en Arica. Esto motivó que, el 25 de marzo, el Presidente González Videla ratificara su decisión de no ceder Arica y de exigir compensaciones por cualquier otra entrega. Al negarse Ostria Gutiérrez a declarar por escrito la renuncia de Bolivia a toda aspiración sobre Arica, se dieron por concluidas las conversaciones hasta ese momento sostenidas. Sin embargo, en 1950 Gabriel González Videla iniciaría generosamente una nueva ronda de conversaciones para proponer una posible solución definitiva a la mediterraneidad de Bolivia. Una oferta de ayuda monetaria de parte de los Estados Unidos abrió nuevas perspectivas de solución, que involucraron también al Perú, pues se contempló la idea de otorgar la soberanía boliviana sobre la faja territorial que corriera directamente al Pacífico. Las reuniones comenzaron el 1º de junio entre Ostria Gutiérrez y el representante chileno, Horacio Walker Larraín, como consecuencia del acercamiento logrado por el Presidente norteamericano Harry Truman, tras invitar a las partes a Washington. Sin embargo, La Moneda insistía en que toda la negociación pasaba por la declaración formal de Bolivia de renunciar a sus pretensiones sobre Arica, misma que se había negado a cumplir el año anterior. Esto llevó a que las reuniones se realizaran evitando anticiparse a vías o resultados. De estas gestiones, la Cancillería de Chile sacó en limpio una propuesta comunicada al Palacio Quemado con fecha 20 de junio de 1950. En ella, se lee que el Gobierno de Chile "está llano a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda ser posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico", a cambio de compensaciones a discutir y que no tendrían carácter territorial. Pero, aunque el asunto del "corredor" no era mencionado, tanto la prensa de Santiago como de La Paz dieron por sentado que se trataba esencialmente de esta misma propuesta de canje, generando gran agitación social. Cometiendo el error histórico de negociar secretamente con Bolivia, a espaldas de la opinión pública nacional, los objetivos de esta ronda se salieron de control y comenzaron a cobrar un tono de alarma que empeoró más que antes las relaciones hasta ese momento sostenidas. La verdad no es clara al respecto, pero si es correcto reconocer, en favor del Presidente González Videla, que a pesar de las duras críticas de las que fue objeto por este acuerdo, aún insistía en la necesidad de que Bolivia abandonase sus pretensiones sobre la ciudad del Morro. En Bolivia las reacciones fueron peores, pues la reserva de información relacionada con las negociaciones fue hábilmente dosificada por los patrioteros y "reivindicacionistas", a la espera de desatar una nueva disputa diplomática. En marzo de 1946, Ostria Gutiérrez había publicado en Buenos Aires, durante su exilio, un trabajo titulado "Una Obra y un Destino", en el que proponía que Bolivia lograra un acuerdo de cesión a su favor en Arica conversando directamente con Chile y Perú:
Valiéndose de esta idea pretérita, los revanchistas hicieron correr el rumor de que la eventual entrega sería compensada a Chile con la explotación de estas aguas altiplánicas, desatando una ardiente polémica que llegó a tal nivel en La Paz, que el Presidente Urriolagoitia debió obligar a sus representantes a definirse. Poco después, su representante en Chile declaraba a los diarios paceños que "nada, absolutamente nada se ha convenido acerca de los lagos bolivianos y, por lo tanto, ni una sola gota de agua ha sido comprometida en arreglo alguno". Pero la agresiva prensa boliviana no le creyó y -como tantas veces antes y después de aquel episodio- continuó con una ola de improperios y groseras expresiones contra Chile y la propuesta que, en rigor, era de origen boliviano y ni siquiera había sido contemplada aún en las conversaciones, a pesar de que este mito continúa siendo sostenidos por varios historiadores bolivianos. Lo mismo advirtió, muy molesto, el ministro Walker Larraín, pero la campaña ya estaba desatada. Tiempo después, Ostria Gutiérrez recordaría:
Fue, de este modo, que la voluntad de Chile de atender un llamado boliviano al diálogo sólo dio pie a una nueva excusa del "reivindicacionismo" para continuar la senda de la difamación antichilena, acusando al vecino país de "un nuevo intento expansionista" y abortando por su propia voluntad una posibilidad de solución a su mediterraneidad. Sin embargo, entre algunos sectores entreguistas de Chile, la ilusa idea boliviana quedó viva como una esperanza de solución que recuerdan en cada año de sequía nortina, convencidos de que Bolivia aceptará una faja territorial al mar a cambio de aguas para regadío. Ignorando el fracaso de esta tentativa y aún recordando su conversación con el Presidente González Videla el año anterior, el Presidente Truman inauguró la Conferencia de Consulta de Cancilleres, el 26 de marzo de 1951, con un sendo discurso en donde evocó la ilusoria imagen de "un vergel en la costa occidental de Sudamérica para Chile y Perú" regado con aguas bolivianas, para lo que se compensaría a La Paz con "un puerto marítimo en el Pacífico". Aunque el discurso fue un sonido angelical a los oídos del Canciller de Bolivia, Pedro Zilvetti Arce, tanto Chile como Perú rechazaron la propuesta señalando que no existían conversaciones en esa línea, a pesar de lo tocados que algunos peligrosos entreguistas en La Moneda se sintieron con las salpicaduras de americanismo que incluyó Truman en sus palabras. De hecho, las conversaciones entre Chile y Bolivia estaban paralizadas desde junio de 1950. Mucha, mucha atención debe de ponerse a este episodio, pues veremos que la fórmula de hace fracasar las negociaciones por campañas difamatorias o desinformativas, volvería a ser utilizada en otro importante período de las conversaciones chileno-bolivianas relacionadas con su reclamo marítimo.
Durante el primer Gobierno de Víctor Paz Estenssoro, La Paz marginó como nunca antes el asunto de la mediterraneidad, optando por lograr con Chile magníficos acuerdos comerciales y aduaneros, como el firmado en 1955 que, de paso, ratificaba la vigencia y validez del Tratado de 1904. Esta tendencia desinteresada del tema portuario se mantuvo durante la administración de Siles Zuazo y pareció ser la línea general del proceder de los miembros del MNR, no así, sin embargo, entre grupos políticos opositores y la opinión pública. Sólo hasta el regreso de Paz Estenssoro al Palacio Quemado, en 1960, el discurso marítimo se reincorporaría a la política oficial de La Paz, aprovechando especialmente la gastada cuestión del río Lauca. En 1970, llegó a La Moneda el socialista Salvador Allende, de la mano de la Unidad Popular que agrupaba a las principales colectividades políticas de izquierda, que alcanzaron un tercio de la votación general. Corría por entonces el conocido interés de las internacionales comunista y socialista por llegar a instaurar un enclave en Bolivia, dada la estratégica posición de este país en el continente, compartiendo vecindad con otras cinco naciones (Argentina, Brasil, Perú, Chile y Colombia) y en respuesta a la influencia que los mismos Estados Unidos procurábanse para sí en ese país. Este interés habría de llevar de vuelta, hasta esas tierras, al guerrillero Ernesto "Che" Guevara, encontrando allí la muerte en medio del más estrepitoso fracaso para sus planes revolucionarios. Como era de esperar, la ceguera de Allende -como buen alumno del castrismo cubano y presidente de la OLAS (Organización Latino Americana de la Solidaridad, una vulgar agrupación internacionalista destinada a esparcir el socialismo por América Latina en base al discurso americanista)- le llevó a atender de brazos abiertos a Bolivia, una vez estabilizado un nuevo período de crisis que la llevó a tener cuatro gobiernos en poco más de un año. Correspondió al General Hugo Bánzer aprovechar buena parte de esta disposición socialista chilena, hacia mediados de 1971, a pesar de que las relaciones diplomáticas estaban rotas desde 1962 y de que, irónicamente, el mandatario había derrocado recientemente al gobierno de izquierda de Juan José Torres. La Unidad Popular incluso extendió una carta elogiosa hacia el militar boliviano provocando gran controversia entre los izquierdistas altiplánicos y argentinos, misiva que hoy los historiadores izquierdistas chilenos esconden cuidadosamente de entre las demás máculas del allendismo. Al respecto, en "Estados Unidos y el Mar. Testimonios para la historia" de 1985, el ex diplomático boliviano Jorge Gumucio Granier escribe:
Según el autor, las propuestas habrían sido las siguientes: "1. Dar a Bolivia un corredor a perpetuidad que sirviera para conectar su territorio con el mar. "2. Tal corredor constituiría un usufructo y no importaría soberanía plena, la cual se mantendría en favor de Chile". "3. En esa forma podrían evitarse las objeciones que pudiera formular el Perú respaldándose en el Tratado de 1929". "4. En la parte del corredor que llegara sobre el mar podría construirse un complejo industrial delicado principalmente a la petroquímica". "5. Se construiría también un puerto para uso del complejo industrial, puerto que resultaría automáticamente utilizable para atender las diversas necesidades de importación y exportación de Bolivia". Gumucio Granier incluso llega a detallar parte de las siguientes conversaciones:
Poco se sabe oficialmente de las negociaciones (si es que realmente las hubo) que surgieron de tal posibilidad de acercamiento, pues no existe documentación que registre las conversaciones, dada la informalidad en que se dieron. El autor, además, mezcla el tema de las conversaciones que se realizaron por entonces con miras a la complementación económica de la región con las cuestiones de la demanda marítima propiamente tales. Como prueba de sus palabras, Gumucio Granier se sujeta del débil y ambiguo argumento de que Allende habría declarado en su Primer Mensaje ante el Congreso, el día 21 de mayo de 1971:
Sí se sabe, sin embargo, que la prensa paceña se permitió filtrar parte de lo discutido por entonces, haciéndose, nuevamente, grandes expectativas para la "recuperación" de su "cualidad marítima". Algo de esto vendría a confesar, años más tarde, el escritor izquierdista boliviano Néstor Taboada Terán, en el diario "La Prensa" de Bolivia, 11 de agosto 2002 (los destacados son nuestros):
Aunque algunos aspectos de estas declaraciones también parecen bastante fantásticos e inverificables, dando la impresión más bien de haber querido provocar efectos políticos sobre otro presidente socialista chileno, como Ricardo Lagos, en sus trabajos Taboada Terán escribe, además, que Allende habría declarado en una ocasión:
Se desconoce por completo cuál habría sido concretamente esta presunta entrega de territorio planificada por Allende y cómo este nivel de cordialidad entre el líder de la Unidad Popular pudo darse con Bánzer, uno de los mandatarios posteriormente comprometidos en la llamada "Operación Cóndor", según se ha dicho destinada a extender y coordinar por el continente las acciones de represión contra grupos de izquierda. Si tal intento existió en realidad, lo más probable es que hubiese tenido un sentido "practicista", es decir, un puerto en algún lugar del litoral chileno o bien una salida al mar por el Norte de Arica, pues las pretensiones "reivindicacionistas" habían perdido fuerza al rigor de la inestabilidad política del país altiplánico. Sea como sea, cualquier intención de acuerdo entre el Gobierno de Allende y el de Bánzer, ha de haber terminado también con el alzamiento militar de 1973, luego de la gravísima crisis social, institucional y económica en que cayó Chile durante los mil días de la Unidad Popular.
En 1975, producto del fugaz acercamiento chileno-boliviano que tuvo lugar en Charaña, en la frontera, el 8 de febrero, se propuso estudiar una nueva solución al problema de mediterraneidad de Bolivia bajo el análisis de condiciones de mutua conveniencia. Los mandatarios respectivos, General Augusto Pinochet y General Hugo Banzer, se comprometieron entre sí a desarrollar este proyecto. Este acuerdo es el conocido como el Acta de Charaña. Aunque se ha pretendido revisar esta gestión como una jugada estratégica de Chile para retrasar otros conflictos de la vecindad, la iniciativa del Gobierno Militar chileno de atender estos llamados, había tenido la mejor de las intenciones y una visión no ajena al respeto de la soberanía (de hecho, se especificó que Chile "no saldría de la negociación con menos territorio del que tenía al entrar"), pero resulta hoy un misterio responder qué o quiénes llevaron al General Pinochet y a la Junta Militar a pensar que Bolivia iba a cambiar su posición histórica por una alternativa racional y sensata. La indetenible influencia del entreguismo ya comenzaba a anidar desde temprano sobre este proyecto, condenado al fracaso desde su origen, ya que la lucha de las partes por definir lo que iban a ser las "mutuas conveniencias" era sólo el traspaso de un problema a otro que no había resultado ya en 1950 y no tenía por qué resultar ahora.
Chile aceptó estos términos. A fin de año, el Ministro Carvajal respondió con una nueva nota del 19 de diciembre en donde, reafirmando la voluntad de estudiar la petición, recalcaba que ésta no podría vulnerar la existencia de instalaciones chilenas en los lugares indicados, que el intercambio sería de territorios y que la solución debía ser testimoniada como definitiva y última para las reclamaciones de Bolivia. En uno de sus párrafos más importantes se lee:
Bolivia, posteriormente, planteó nuevas discrepancias. A las observaciones sobre apreciaciones chilenas de la soberanía marítima, agregaba la necesidad de desmilitarización de la zona y planteaba sus dudas sobre una de las condiciones impuestas por Chile, sobre su derecho a utilizar las aguas del Lauca, escenario de otro de los grandes escándalos diplomáticos que había agitado Bolivia en los últimos años. Rápidas aclaraciones despejaron momentáneamente la sombra de la duda y La Paz aceptó los términos, incluyendo la necesidad de canje territorial, entre los días 16 y 19 de diciembre. Como veremos, estaban en pleno suspenso estas propuestas cuando Perú formuló su propio proyecto, que incluía una cesión territorial mucho mayor de parte de Chile y la asignación de territorios de soberanía compartida entre los tres países. Esta propuesta sólo alejó más aún la luz de una solución y Bolivia volvió rápidamente al ostracismo. A pesar de que no se había entrado aún a discutir cuáles serían los territorios que se canjearían por la "faja" territorial hacia el océano, la muchas veces grosera prensa amarilla boliviana volvió a encender la mecha antichilena, atacando con epítetos inaceptables al pueblo chileno y especulando a destajo sobre los territorios que, presuntamente, iban a ser pedidos en el intercambio. Era, en esencia, la misma estrategia comunicacional que los revanchistas en Bolivia había utilizado en 1950 para hacer fracasar las negociaciones de Ostria Gutiérrez con La Moneda, por una salida al mar. Es muy probable que estos despliegues de energías hayan sido la forma en que el nacionalismo boliviano buscó recuperar un acercamiento aliancista con Perú y Argentina, que por entonces preparaban su adhesión a un nuevo intento de cuadrillazo, luego del rechazo argentino al Laudo del Canal Beagle en 1977. Poco después, La Paz se desentendía de todos los compromisos a satisfacción y conveniencia mutua, con lo que el barco de integración del Gobierno Militar se hundía ante sus ojos y por los propios torpedos bolivianos. La última nota altiplánica, que vino a ser emitida tardíamente, el 17 de marzo de 1978, volvía a la exigencia de una satisfacción sin condiciones, argumentando sobre "el enclaustramiento geográfico que nos fue impuesto hace ya 99 años", y señalando que los acuerdos de 1975 descartaban toda posibilidad de arreglo. Acto seguido, Bolivia volvió a cortar relaciones con Chile y preparó sus fuerzas para una eventual entrada militar, de acercarse la guerra entre Chile y Argentina, mientras esta última intentaba invitar al Perú a la aventura. Mientras algunos entreguistas de Santiago llamaban histéricos a perdonar el temperamento altiplánico y recuperar la fraternidad y el amor mutuo, La Paz celebraba la víspera del centenario de la Guerra del Pacífico como el momento para su revancha en el más chilenófobo clima político. Sobre estos hechos hechos, Guillermo Lagos Carmona sentenció con acierto:
Como indicamos, en pleno proceso de exposición de propuestas derivadas de Charaña, Lima presentó la suya, en donde intentaba sacar ventajas de esta negociación avanzando un tanto hacia sus antiguos ex puertos en Arica.
El día 29, ya estudiados los antecedentes, una nota de la Cancillería limeña advirtió que el problema en cuestión podría alterar el estatus jurídico de los países de la región, incluyendo el suyo, y manifestó su preocupación por el corte de la continuidad chileno-peruana, entre Arica y Tacna que garantizaba el Tratado de 1929, además del protocolo adicional que impedía a una de las partes variar su situación soberana en la zona sin consultarlo con la otra parte. El 17 de febrero, agregó su deseo de iniciar conversaciones bilaterales, para lo cual designó al Secretario General de su Cancillería, Luis Marchand. Éstas tuvieron lugar entre los meses de abril y julio, siendo representantes por Chile el ex Canciller Julio Philippi y el Asesor Político de la Cancillería, Enrique Berstein. Tras una serie de reuniones y reafirmaciones sobre la complejidad del asunto, Perú presentó el 18 de noviembre de 1976 un planteamiento que, en vez de ser la respuesta a Chile sobre las negociaciones con Bolivia, resultó ser sorprendentemente una nueva y propia propuesta para el asunto. A todas luces, se trata de un osado intento peruano por sacar partido al problema (los destacados son nuestros):
Sorprende cómo en toda esta poco modesta propuesta, Perú se cuida claramente de preservar la "continuidad territorial Tacna-Arica" que tanto le preocupaba, excluyendo en la soberanía compartida o cedida territorios suyos y concentrando todo el plan en suelo chileno, sin tocar o acercarse siquiera a Tacna. En otras palabras, Perú solicitaba formalmente un tremendo sacrificio a Chile no sólo en favor de Bolivia, sino que ahora también en su beneficio. Recuérdese que, por entonces, Lima estaba enfrascada en una ambiciosa ilusión de "recuperar" por la fuerza la ciudad de Arica. Afortunadamente, la determinación del Gobierno chileno tuvo más peso y, en nota del 26 de noviembre, la propuesta peruana fue descartada, pues alteraba las condiciones bilaterales fijadas en los acuerdos con Bolivia, además de ser descaradamente desfavorable a Chile; un verdadero saqueo de suelo ariqueño. El costo fue que Perú logró arrastrar a Bolivia hacia la expectación por un cuadrillazo tácitamente esperado con la Argentina en contra de Chile.
Hacia fines de 1986, agentes de Paz Estenssoro -que ya estaba en su tercer Gobierno- aprovecharon algunas reuniones internacionales para acercarse a los representantes de Chile. Bolivia creía oportuno enviar a Santiago a un Cónsul General, designando a Jorge Siles Salinas para tales efectos, quien era también cuñado del Canciller chileno, Jaime del Valle, lo que dio pie a nuevas conversaciones de las que surgiría un plan para reunir a los dos cancilleres en Montevideo, el 21 de abril de 1987. Al respecto, Del Valle diría en Santiago al diario "El Mercurio":
Pero, poco antes de partir, el Canciller altiplánico Guillermo Bedregal, declaró en los medios:
Desde ya, cualquier mente albergada bajo una frente de dos dedos o más, habría advertido que las negociaciones de Montevideo estaban fracasadas desde antes de partir, al no existir siquiera un punto de partida mínimo para iniciar las conversaciones. Ya en la reunión, en suelo uruguayo, ambas delegaciones acordaron mantener en reserva todas las materias discutidas. Sin embargo, apenas se enfrentó a la prensa, el ministro Bedregal confesó haber propuesto a Del Valle la entrega de "una franja territorial continua, que sea útil, propia y soberana". Como consecuencia de esta torpe imprudencia, la prensa chilena repletó sus páginas de "trascendidos" tomados de estas y otras declaraciones y del periódico "Última Hora" de Bolivia, según los cuales Chile había ofrecido un "corredor" al océano de unos 2.500 kilómetros cuadrados, a cambio de facilidades para uso de aguas de ríos y gas natural. En medio de un clima de especulaciones y de informaciones cada vez más confusas, el Comandante en Jefe de la Armada de Chile y miembro de la Junta, Almirante José Toribio Merino, decidió que era ya la hora de dar algo de claridad al asunto y, el 27 de abril, declaró:
El 8 de mayo fue más categórico aún, y declaró a "El Mercurio":
El 5 de junio se reveló finalmente el contenido de la propuesta, simultáneamente en Santiago y La Paz. Ésta contenía esencialmente la posibilidad de una de cuatro entregas, distribuidas en dos opciones que habrían visto la luz en los tres días de conversaciones en Montevideo:
El rechazó popular fue tajante y masivo, a niveles que ni la propia Cancillería chilena se hubiese esperado. Haciendo eco de este sentimiento, el Almirante Merino descartó por completo el planteamiento, dos días después, al declarar a "El Mercurio":
Estas declaraciones indignaron a la opinión pública paceña, convirtiendo a Merino en un símbolo de la confrontación contra Chile y de la canalización de los resentimientos y odios. La negativa de Santiago a considerar las ilusorias peticiones de Bolivia nunca fue perdonada por la clase política altiplánica. Sus expectativas sobre estas negociaciones habían crecido a tal nivel de fantasía que, reaccionando a la frustración, intentaron desquitarse presentando sendas acusaciones contra Chile ante la ONU y la OEA en los meses venideros, sin éxito.
Hemos visto que Bolivia ha propuesto en más de una ocasión la posibilidad de que Chile le ceda un puerto y una aduana, y si es posible, un enclave costero. En otras palabras, lo mismo que ocurrió con la apropiación boliviana de la caleta de Cobija, entre 1826 y 1831, episodio desde el cual anidaría la simiente de la Guerra del Pacífico. Con la llegada de la Concertación y de Patricio Aylwin Azócar al Gobierno, en 1990, La Moneda cayó bruscamente al entreguismo compulsivo de la peor clase. Siguiendo una vieja tradición chilena -que se creía terminada- de usar la Cancillería para pagar favores políticos, el flamante Presidente de la vuelta a la democracia premió al radical Enrique Silva Cimma, por haberse bajado de los procesos preelectoralistas al interior de la Concertación, designándolo como Ministro de Relaciones Exteriores. En 1993, se produciría un curioso acercamiento entre Silva Cimma y su homólogo boliviano, Ronald Mac Lean. Esta empatía culminó en un festín de promesas entreguistas, entre las cuales estuvo la posibilidad de dar un acceso al océano a cambio de "compensaciones territoriales", es decir, el mismo proyecto que ya arrastraba un historial de fracasos dada la permanente negativa boliviana a equiparar cualquier entrega chilena de territorio, particular sentido nacionalista que le impide pensar siquiera en intercambiar un centímetro de suelo: todo por nada, es su aspiración. No fue raro entonces que tales proyectos no pasaran del tintero. Parte de esas conversaciones se llevaron en Santa Cruz de la Sierra, durante la reunión del Grupo de Río. Reconociendo estas gestiones de corte "practicacionista" más que "reivindicacionista", por esos mismos días el Canciller boliviano declaró al diario "El Mercurio" del lunes 5 de abril de 1993, página A11:
A pesar de los buenos augurios de Mac Lean, ofuscado ya por el posterior fracaso de esta gestión, el presidente boliviano Jaime Paz Zamora terminó su mandato insultando públicamente a los chilenos con groseros epítetos y culpándoles de no haberle permitido a Bolivia conseguir su objetivo final a través de estas negociaciones de compensación territorial. Con ello, la política paceña retornaba a su estado normal en las relaciones con Chile.
Pero el tema del puerto boliviano en territorio chileno iba a experimentar un resurgimiento fortuito. Protestas iniciadas en las Fiestas Patrias de 1997 y 1998 en Taltal, a causa del abandono extremo y la cesantía que afecta escandalosamente esta la ciudad, terminaron con banderas bolivianas colocadas en señal de descontento general con el Gobierno Central. Más tarde, serían banderas negras, a las salidas de las casas y locales comerciales, en señal de luto. Sin embargo, luego de condenar ligeramente los hechos, los Gobiernos de turno han vuelto a olvidar el tema y Taltal sigue esperando. Esta simbólica protesta llenó de ambiciones a las autoridades bolivianas, quienes llegaron a afirmar, en una ignara declaración pública de su Cancillería, sobre la normalidad y lo comprensible de estas manifestaciones ya que "Taltal perteneció alguna vez a Bolivia", en una prueba del desconocimiento boliviano sobre sus propias pretensiones, o bien en evidencia de hasta dónde van llegando las aspiraciones territoriales en el litoral, ya que este sector del país nunca estuvo dentro de los territorios que reclamaba Bolivia antes de la Guerra del '79. Este acontecimiento permitió que se desatara una tendencia dentro del entreguismo chileno, tentada a dar solución a los reclamos de sus amigos bolivianos cediendo una pequeña ciudad o puerto-enclave al Altiplano. Taltal era la precisa y, sino, lo serían parte de las instalaciones de Mejillones, o bien una más al norte, en los alrededores de Arica. Un desfile de disparates y petimetres dados ahora al sesudo análisis geopolítico y geoestratégico, desfilaron por algunos días en los medios de prensa chilenos proponiendo toda clase de posibles enclaves para esta salida al mar. Entre estos creativos del entreguismo estaba el alcalde de Iquique (y futuro procesado por la justicia por fraude al Fisco) Jorge "Choro" Soria Quiroga, quien había solidarizado con esta idea general en más de una ocasión, tentado con la idea a incrementar la entrada de dineros que los comerciantes bolivianos le reportan a la Zona Franca iquiqueña luego de que la ciudad experimentara grandes retrocesos económicos y cuestiones sociales relacionados, precisamente, con su deficiente administración alcaldicia, que casi dejó al municipio sin oficinas ni sede propias obligando a arrendar dependencias ajenas. Entre otras cosas, llegó a ofrecer directamente de regalo una franja de territorio de las playas de Iquique para Bolivia, algo que es imposible dentro de sus facultades municipales y que constituye por sí sola una propuesta inconstitucional. El regalo de un puerto con aduana y conexión ferrocarrilera al Perú, el año 2000, como parte del acercamiento del Presidente Frei Ruiz-Tagle a Lima, vino a revitalizar la idea entreguista de otorgarle a Bolivia una salida al océano a por medio de un "puerto-enclave" con estas mismas características. Pero, como el planteamiento no encontró un mentor que lo ordenara y lo formalizara, siguió siendo sólo otra de las tantas alucinaciones severas de las que sufre el entreguismo a causa de la insolación nortina.
Si bien la propuesta peruana de 1976 ya consideraba la posibilidad de dar a Arica una condición de soberanía común, la propuesta más clara en relación a esta idea provendría del entonces Senador y futuro ministro de Eduación, Sergio Bitar, anunciada formalmente en marzo del 2000, en medio del triunfalismo y la euforia que producía al entreguismo chileno as aparentes buenas relaciones conseguidas con Perú por aquellos días. Esta idea la venía insistiendo desde por lo menos desde 1994 sobre las ventajas del "Plan Arica" (una propuesta que data de principios de los noventa y que busca refortalecer la decaída economía de la ciudad), pero en esta oportunidad Bitar indicó un punto nuevo e inesperado: para salvar de la catástrofe económica a Arica, el camino era convertir la ciudad en un puerto internacional con soberanía compartida. Con ello, se mataba otro molesto pájaro alcanzado por el mismo tiro: la mediterraneidad boliviana. Otros han enganchado este plan a un gran proyecto portuario sudamericano que abarcaría los puertos que hay entre Ilo (Perú) y Taltal, algo que parece imposible a estas alturas, tras la creación peruana de su propia Zona Franca en Tacna y las aspiraciones locales de levantar un megapuerto, absolutamente excluyente con respecto a la infraestructura chilena. Aunque se aludan temas de desarrollo económico, no sabemos a qué objetivo se orienta realmente esta propuesta. Pero, suponiendo que sea positivo y honesto, de todos modos el futuro ministro responsable del colapso educacional que culminó en las multitudinarias protestas estudiantiles del año 2006, parecía desconocer el hecho de que la ciudad de Arica es apetecida precisamente por los dos países con los cuales se llevaría a realización esta "integración sin fronteras": Perú y Bolivia. Recuérdese que, además de las implicancias geopolíticas, está el asunto gravísimo del narcotráfico, que ha penetrado en masa al país desde estos dos vecinos precisamente por esta zona del país, convirtiendo a Chile en un corredor internacional de droga, reconocido como tal en todo el mundo. Escándalos sobre agentes de la DEA operando ilegalmente en Chile, que habían sido destapados justamente en aquellos días, confirman hasta qué punto de gravedad habían llegado las cosas en este aspecto. Reproducimos, a continuación, un extracto de prensa con las declaraciones de este mismo parlamentario, formuladas en marzo del mismo año:
Y en abril, el entonces Senador agregaba:
Estas declaraciones tenían lugar en momentos en que Perú comenzaba a ocupar un recién regalado puerto en el complejo de Arica. Mientras Bitar continuaba aludiendo a sentimientos fraternos, la Intendencia Nacional de Aduana de Perú señalaba en un comunicado oficial que, entre otras tantas regalías entreguistas, su famoso puerto inaugurado en suelo chileno tenía facultades "para recibir y sacar cargamentos de armas" (Diario "La Hora", jueves 9 de marzo). De ahí a constituir este famoso malecón peruano como un verdadero enclave militar de esta nación dentro de territorio chileno, hay sólo un paso. Pero, al año siguiente, el sorpresivo alejamiento de Bitar a la reelección en Arica, tal vez en favor de la frustrada candidatura del entonces diputado Enrique Krauss, puso en suspenso el destino de este nefasto proyecto.
En agosto del 2001, una lamentable enfermedad obligó al Presidente Hugo Banzer a delegar la primera magistratura boliviana a Jorge Quiroga Ramírez, falleciendo poco después. Tecnócrata y con la mentalidad de ingeniero joven, es decir, "practicacionista" por excelencia, Quiroga inició de inmediato conversaciones con Chile raspando la mella dejada por la agresividad de Banzer, y encontró una situación óptima para exponer sus alegatos ante los dueños de casa de la Cumbre del Grupo de Río, celebrada en Santiago ese mismo mes. Tan óptimas estaban las condiciones chilenas creadas por el entreguismo que, por esos días, el ex-Presidente Paz Zamora -mismo que en 1993 definió a los chilenos como un "país retrógrado y cavernario"- ahora declaraba asombrado a los medios:
Por su parte, en los días previos a la misma Cumbre de Río, el Presidente Hugo Chávez de Venezuela, declaraba a entrevistadores chilenos su alegría bolivariana de que Chile, finalmente, haya aceptado negociar con Bolivia la salida al mar. Nadie tenía noción clara de lo que Chávez estaba revelando pues, por enésima vez, el Gobierno de Chile estaba gestionando con Bolivia una negociación secreta, a espaldas del país, conocida quizás por los agentes de todo el resto de Hispanoamérica, menos por la soberanía popular. Ello explicaba el envío en junio de Edmundo Pérez Yoma a La Paz, en representación de Chile, y las conversaciones bilaterales supuestamente centradas en negociación de gas boliviano y su transporte hasta los puertos chilenos. El día domingo 9 de septiembre de 2001, la olla vino a destaparse gracias a un reportaje muy amplio del diario "La Tercera" que, de la redacción de su propio director, Cristián Bofill Rodríguez, revelaba la verdadera negociación que se estaba realizando y el proyecto que Chile y Bolivia discutían en secreto: el arriendo al altiplano, a partir de año siguiente y por 99 años, de 82 kilómetros de costa chilena desde Mejillones hasta la caleta de Cobija, esta última cuna de las pretensiones bolivianas que culminaron en la Guerra del Pacífico. El traspaso se haría en régimen de comodato contractual. Del mismo modo, el proyecto del gasoducto boliviano desembocaría desde Tarija directamente por algún punto litoral entre el área de arriendo, donde se construiría una planta de licuefacción de gas y un puerto, desde donde zarparán los navíos llevando el gas en estado líquido hasta Tijuana, México, y de ahí, vaporizado otra vez, saldría a California. Como este tremendo proyecto databa de 1991 e involucraba millones de dólares de inversión, traería a los ojos otro de los grandes factores que en realidad motivan al entreguismo chileno: el beneficio económico. Las solas inversiones sobre el territorio nacional se calculaban en U$ 1.500. La propuesta incluía también un Tratado Minero similar al que Chile había firmado con Argentina para uso de aguas en las plantas y explotaciones fronteriza. A diferencia de la primera vez que fue discutido, durante el Gobierno de Aylwin, ahora se agrega abiertamente el tema de la salida al mar como requisito del gasoducto. Las conversaciones se venían realizando desde febrero del mismo año, cuando Bolivia envió a Gustavo Fernández como cónsul en Chile. Esto es más grave, pues significa que las negociaciones se remontaban por lo menos siete meses antes de ser conocidas, en absoluta confidencialidad para los chilenos. Hay razones para creer que estas nuevas negociaciones derivaron del hecho de haber retomado conversaciones secretas que los gobiernos de Chile y Bolivia realizaron entre 1996 y 1997, en las que se barajaron posibles formas de concretar la salida al mar de Bolivia, como las que aquí presentamos. Aunque el Gobierno de Chile se apresuró a negar los hechos admitiendo, sin embargo, que las conversaciones sobre el gasoducto hasta el Pacífico sí eran ciertas, los trascendidos desde Bolivia e incluso del resto de América Latina parecían confirmar claramente que la denuncia se ajustaba a la pura realidad de los hechos, con el otorgamiento de un comodato territorial que, en su esencia, era similar a los acuerdos que Chile suscribió generosamente con Bolivia en 1866 y 1874, siendo violados por el Altiplano y desatando la Guerra del '79. La ola de protestas que derribaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el 2003, sumadas a la negativa generalizada del pueblo boliviano a sacar el gas por su "vecino enemigo", terminaron de frustra el proyecto. La pérdida de la licitación por parte de Bolivia, al optar Estados Unidos por el gas de Indonesia, fue el aparente punto final al proyecto de comodato en la costa chilena. Poco después, los consorcios internacionales que se habían unido para la explotación del recurso, se disolvían.
Tras caer el Gobierno de Sánchez de Lozada como consecuencia de violentas huelgas con casi 70 muertos, el Congreso boliviano eligió a Carlos Mesa para ocupar el Palacio Quemado. A su vez, Mesa designó a Ignacio Siles como su Canciller. El Gobierno de Mesa debía gobernar contra el tiempo: los mismos grupos cocaleros e indigenistas de Morales y Quispe, que habían provocado la caída de Sánchez de Lozada, le habían ofrecido un estrecho plazo de tiempo para mejorar la situación de Bolivia, bajo amenaza de nuevas agitaciones y más violencia. Este plazo terminaba a principios del 2004, coincidiendo, lamentablemente, con la realización de la reunión de la OEA en Monterrey, México. La ocasión no podría ser mejor para que el Palacio Quemado echara mano al asunto de la mediterraneidad para aunar fuerzas y garantizarse el necesario apoyo político. Mesa y Siles comenzaron a preparar el ambiente para presentar la demanda marítima en busca de una forma de cohesionar al pueblo boliviano y salvarse del plazo fatal. Envalentonados con el apoyo anticipado del Presidente Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba, ambos interesados en provocar nuevas fracturas y conflictos étnicos en la región continental, el Palacio Quemado inició una extraordinaria ofensiva diplomática, en donde se recurrió a los más viejos y gastados discursos de los "derechos a mar", de la necesidad de "revisar el Tratado de 1904" y de convertir el problema de su mediterraneidad en un asunto multilateral, para provocar la intromisión de otras naciones. Concluidas las reuniones de Monterrey, donde el Presidente Ricardo Lagos respondió categóricamente al intento de su homólogo boliviano por presentar el tema de la mediterraneidad, el Gobierno de La Paz hizo públicas sus intenciones de "recuperar la cualidad marítima" apelando a la añeja propuesta de los "practicacionistas" que tantas y tantas veces los mismos bolivianos habían abortado de súbito: el "corredor" al mar, por la parte norte de Arica. También reconoció su deseo de tomar esta vía recurriendo a la ayuda de algún país que ofreciera sus "buenos oficios" para tal proyecto, intentando sacar así el problema del ámbito meramente bilateral al que pertenecía. Sin embargo, aparecería un tercero con su propia propuesta oportunista. Como era de esperar, la Casa Rosada no dejó pasar el incipiente ambiente de conflicto y Argentina se ofreció para mediar, en enero de 2004, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, quien sugirió que se le diese a Bolivia un "corredor de la paz" en la frontera chileno-peruana. Dicho corredor debía estar formado por una franja de un kilómetro de ancho cedida por Chile y otra similar paralela, cedida por Perú. Bolivia gozaría de derechos soberanos en esta faja, entregada sin compensaciones. Pero Bielsa agregó un detalle genial: que la salida al mar requería de la cesión de un puerto que fuera administrado por los gobiernos de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, a través del MERCOSUR (junto al Brasil, Paraguay y Uruguay). Con ello, la ladina y poco escrupulosa diplomacia argentina se habría garantizado para sí una vía comercial en el Pacífico para sus productos. No sería la única vez que la Casa Rosada ha tratado de influir en la demanda marítima boliviana. Resulta un sarcasmo del peor gusto que, a estas alturas, y después de haber rechazado violentamente esta propuesta en las negociaciones conducidas en al menos tres oportunidades durante todo el siglo XX, Bolivia replanteara su aspiración marítima por la vía de una "faja" de territorio que corra paralela a la frontera con el Perú desde la cordillera al mar y que, además, sólo satisface las ambiciones de una parte del revanchismo altiplánico, correspondiente a los "practicacionistas", y no las aspiraciones máximas de los "reivindicacionistas" que siguen siendo una corriente tanto o más fuerte dentro de la vida política altiplánica y que aún tienen tribuna en los medios de comunicación paceños, criticando estas aspiraciones en Arica. Como no podían faltar, con el tema entibiado por los medios, los "reivindicacionistas" partidarios del enclave también saltaron haciendo sus propuestas y criticando la opción del corredor al norte de Arica, por considerar que sólo servía a Chile de amortiguador geoestratégico en las difíciles relaciones con el Perú. Tomando la voz, por ejemplo, el jurista e historiador José Luis Roca escribía en columna editorial contra la propuesta del corredor, en un diario paceño ("La Razón", miércoles 2 de marzo de 2005):
Sin embargo, ni el temperado de la demanda marítima, ni nada, salvó a Mesa de ser obligado a renunciar en junio de 2005, en medio de otra ola de huelgas y amenazas de guerra civil, abriéndose paso al poder, así, las mismas fuerzas políticas agresivas y altamente confrontacionales que sellaron el amargo destino de su gobierno y del anterior.
Tras la caída del Mesa, el gobierno provisorio de Rodríguez Veltzé se ocupó de ordenar la desastrosa situación estatal boliviana, no dándose tiempo de retomar la campaña de demanda marítima que había sido el eje central del depuesto mandatario, enganchada a la política de hidrocarburos. Cerca de dejar la administración interina reinaba un ambiente de relativa estabilidad política pero de tensión social evidente, llamado a elecciones en diciembre de 2005, cuando también se realizaban estos comicios en Chile y Perú. Beneficiado por el contexto político y con todos sus enemigos ya aplastados por las anteriores revueltas y la agitación callejera, Morales se erigió como líder indigenista y del Movimiento Al Socialismo, alcanzando la Presidencia de la República con mayoría absoluta y apoyado internacionalmente por el castrismo cubano y, según denuncias formuladas por la oposición venezolana, también con ayuda financiera de la "revolución bolivariana" de Hugo Chávez, desde Caracas. A pesar de su fervoroso discurso antichileno, el nuevo mandatario comprendió que su política internacional debía iniciarse con una campaña de apertura exterior de Bolivia, que alejara los temores que estigmatizan a los regímenes socialistas como sectarios y aislacionistas, comenzando una serie de visitas a gobiernos extranjeros. El propio Presidente Ricardo Lagos, en sus últimos días de mandato, fue recibido en la modesta casa del nuevo presidente boliviano, al asistir a la entrega del mando boliviano el 22 de enero de 2006. Rápidamente, varios referentes políticos del Altiplano comenzaron a formular propuestas propias para una posible vía de negociación, algunos de ellos contando con respaldo indirecto de parte de Gobierno de Morales. Paradójicamente, el tema de la demanda portuaria bajó desde las pasiones para ser tratado de manera más técnica y profesional por parte de los expertos, apartándose al menos momentáneamente de su tradicional uso en la demagogia y el populismo. El 11 de abril siguiente, se realizó en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y con presencia altas autoridades locales y extranjeras, una ceremonia de lanzamiento del libro "Bolivia y Chile: desatando nudos", del abogado y político boliviano Fernando Salazar Paredes, ex ministro de Integración en el Gobierno de Lidia Gueiler (1979-1980), y Embajador en las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1982, en el gobierno de Hernán Siles Suazo. La propuesta de Salazar Paredes contenida en el libro es, quizá, una de las más realistas y sensatas, para una posible solución de salida al mar para Bolivia por la vía del corredor al océano, aunque por momentos complicada y riesgosa, con altas probabilidades de enredar más los negocios entre ambos países que de resolverlos, dado lo que ha sido el comportamiento histórico de las relaciones exteriores entre ellos. Además, presenta una serie de peligros eventuales, ya que confía su cumplimiento a la mera voluntad de las partes que, en la realidad de América Latina, suele ser frágil y muy relativa. Según su tesis, Chile podría cederle al vecino país una "franja de supremacía territorial", entre la Línea de la Concordia y el ferrocarril Arica-La Paz, de 3.400 kilómetros cuadrados, estatus que permitiría prescindir de la opinión o de la aprobación peruana que, como hemos visto, constituye un requisito para cualquier modificación en el territorio según el Tratado de 1929. El territorio sería reconocido como propiedad boliviana pero sin cesión definitiva del mismo, de modo que la aspiración a poseerlo soberanamente quedaría pendiente y postergada para futuros escenarios de solución o, simplemente, no consumada. Es interesante y sincera también la visión altamente realista de Salazar Pareces sobre las relaciones internacionales. Según sus propias palabras, "en Política Internacional, no hay amigos ni enemigos permanentes, sino sólo hay intereses" que pueden llegar a ser comunes. Es exactamente el tipo de visión que, a nuestro juicio, requiere las relaciones de Chile con el entorno, generalmente nubladas con mitos de corte americanista y dogmas de integración y confraternidad regional que no han resultado prósperos. Aún así, describió su idea como "un eslabón de paz y amistad" definitivo para la región. La señal dada por la Cancillería boliviana al albergar el lanzamiento del libro de Salazar Paredes e invitar a autoridades internacionales al mismo, nos indica la fuerte posibilidad de que el Gobierno de Morales tuviera simpatías por esta propuesta. Sin embargo, no todos sus compatriotas la compartían: el ex vicepresidente Luis Ossio, por ejemplo, no tardó en proponer como oferta y en esos mismos días, el establecimiento de dos enclaves como solución portuaria para su país. Uno de estos enclaves permitiría a Chile acceder al Atlántico por la hidrovía Paraguay-Paraná y otro permita a Bolivia acceder al Pacífico por la zona portuaria de Mejillones, de modo que se trataba de un "canje" territorial pero bajo la perspectiva de un interés reivindicacionista sobre el territorio de Mejillones y/o Antofagasta. A pesar de todo, la reacción peruana fue tal cual debía esperarse: de absoluto rechazo. No bien llegó allá la noticia de esta propuesta, figuras como el analista internacional Fabián Novak y el embajador Hugo de Zela desautorizaron la tesis de Salazar Paredes, anticipando el repudio de Lima a esta posibilidad de salida al mar para Bolivia.
En mayo de 2007, las aspiraciones del Gobierno de Alan García por validar las pretensiones peruanas de alterar la delimitación marítima con Chile pasaban por un pésimo momento, en precisos instantes en que se preparaba una nueva cartografía para ser presentada ante la ONU con la intención de desconocer los límites de 1952 y 1954. Recientes adquisiciones chilenas de aviones F-16 motivaron notas de molestia de parte del Canciller José Antonio García Belaúnde para su homólogo chileno Alejandro Foxley, alegando que "afectan el equilibrio estratégico y militar en la región". Del mismo modo, la confección de las cartas para la ONU motivó en reacción un nuevo acercamiento chileno-ecuatoriano que no era del todo esperado por Lima, reafirmándose entre Santiago y Quito la vigencia de los acuerdos sobre límites marítimos que también involucraban al Perú y que eran, precisamente, los que querían ser desconocidos por Torre Tagle ante la ONU antes de recurrir a alguna corte internacional como La Haya. La visita a Santiago de la Canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, para firmar con Foxley esta ratificación de los acuerdos hacia el 10 de mayo, desató una ola de especulaciones en la prensa del Perú sobre un fantástico eje aliancista entre ambos vecinos. La propia ministro debió salir a desmentir tales rumores y, para el 1º de junio siguiente, Perú y Ecuador firmaron su propia ratificación confirmándose mutuamente la inexistencia de problemas limítrofes entre sí, para despejar las dudas y los temores de Lima. Para empeorar la situación del Perú, hacia fines de mayo un conocido periodista de la televisión local grabó en video una confesión del ex viceministro Luis Solari Tudela quien fuera artífice del emplazamiento enviado a Chile por el Presidente Toledo durante el año 2004, exigiendo a La Moneda "definirse" a propósito del límite marítimo. El tape, captado de manera secreta y sin que Solari Tudela lo advirtiera, causó una enorme controversia cuando el entrevistado reconocía explícitamente la debilidad de la posición peruana y le pronosticaba un fracaso ante La Haya. Tremendamente complicado con la situación de aislamiento e intemperie en que quedaba la pretensión peruana de revisar el límite marítimo tras todos estos sucesos, el Canciller García Belaúnde no tardó en echar manos a la cuestión de la demanda marítima de Bolivia como carta comodín. El aliado tradicional de Lima en la historia de las relaciones con Chile, desde la llegada de Alan García al poder y por la influencia del chavismo venezolano sobre La Paz, se había separado del Perú en el abismo de diferencias políticas entre los gobiernos de turno. Sin embargo, se sospechaba que la Cancillería de La Paz ante la 37ª Asamblea General de la OEA, en Panamá, iba a presentar otra vez una petición para su demanda marítima durante las reuniones de principios del mes siguiente. Era la oportunidad ideal de Lima para recuperar algo de proximidad con Bolivia y contrarrestar tanto la aproximación de Ecuador con Chile como la inconsistencia de las pretensiones de alterar el límite. Sin perder tiempo, la Cancillería peruana declaró en forma totalmente descontextualizada que el Perú daría su "bienvenida" a la propuesta de una franja de soberanía compartida por el Norte de Arica para una eventual salida al mar para Bolivia. Por supuesto que esta propuesta, muy parecida a la que Lima presentó en 1976 para hacer fracasar las negociaciones chileno-bolivianas iniciadas en Charaña, sólo contemplaba repartición de territorio chileno. Demostrando el interés en recuperar un acercamiento estratégico con La Paz, José Antonio García Belaúnde agregó que "Lo importante es que en el tema de la salida al mar de Bolivia, Perú ha sido claro en que no ha sido obstáculo", buscando desentenderse así del verdadero sabotaje que significó la intervención peruana sobre las negociaciones de salida al mar para el Altiplano, como hemos visto más arriba. Poco después, el ministro aseguraría que la idea de esta soberanía compartida le había sido propuesta por el Embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano. Nos resulta altamente sospechoso este nivel de discusiones entre ambos diplomáticos con relación a suelo chileno, considerando que la pretensión peruana imposibilitaría la opción de una salida al mar para Bolivia al acaparar el océano chileno situado frente a Arica, por lo que resulta muy probable que dicha soberanía compartida también esté contemplada sobre la ciudad y los puertos de Arica, tal cual lo había propuesto Perú treinta años antes. Como era de esperar, el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, declaró ante la OEA su simpatía por la propuesta peruana durante la reunión del 5 de junio de 2007, solicitando a la asamblea apoyo para las pretensiones marítimas de su país. La reunión estuvo marcada también por el respaldo de las aspiraciones argentinas sobre islas Falkland o Malvinas por parte de Chile, Ecuador, México y otros países, en medio de un ambiente de gran fervor americanista que hubiese sido favorable a las peticiones bolivianas de no ser, sin embargo, porque se vieron opacadas ante la fuerte atención que generó el duro enfrentamiento entre la secretaria estadounidense Condoleezza Rice y el Canciller venezolano Nicolás Maduro, cuando la primera solicitara al Secretario General del organismo, José Miguel Insulza, revisar formalmente la situación del cierre de Radio Caracas TV, ordenado pocos días antes por Hugo Chávez ante la inquietud y la preocupación de la comunidad internacional por el estado de la libertad de expresión en Venezuela. Como se sabe, además, el Gobierno de Bolivia llevaba tiempo satelitando la influencia del chavismo en Sudamérica, de modo que la reunión no sería terreno totalmente fértil para sus pretensiones. Al ser consultado por la prensa chilena el Embajador Otero, éste se negó a dar declaraciones sobre la propuesta de soberanía compartida de su Cancillería, remitiéndose a recordar que las relaciones entre Chile y su país seguían por buen curso. Sin embargo, en ausencia de Foxley que asistía a la OEA, el ministro subrogante Alberto van Klaveren negó rotundamente que se estuviese considerando tal posibilidad de soberanía compartida, quedando en el ambiente político nacional un clima de molestia ante la inaceptable intromisión peruana en un asunto extemporáneo y inconexo. Poco duró la calma, sin embargo. A la par de las muecas que hacía Perú en favor de las pretensiones bolivianas esperando similares gestos de La Paz para con su interés en modificar la delimitación marítima con Chile, el Presidente Morales viajó a Lima para reunirse con Alan García el 1º de agosto siguiente. En el encuentro, a puerta cerrada, Morales consiguió de su par peruano la palabra de un apoyo explícito a cualquier acuerdo limítrofe entre Chile y Bolivia que involucrada una salida al mar por Arica. Previendo que esto le abría las puertas para un entendimiento con La Paz en favor de las pretensiones peruanas de alterar el límite marítimo con Chile, García se apresuró a dar su consentimiento. La expectación fue tal que el Cónsul boliviano Roberto Finot creyó oportuno llamar a la prensa y dar una imprudente declaración anunciando la existencia de estas negociaciones y la proximidad de un acuerdo que daría salida al mar a su patria, el 3 de agosto. Esto causó una gran controversia y Finot acabó destituido. Empero, el día 6 y en el marco del Aniversario de la Independencia de Bolivia, el propio Presidente Morales volvió a anunciar la proximidad de una solución para mediterraneidad geográfica de su país. La Cancillería de Chile, por su parte, no se atrevió a reconocer la existencia de virtuales acuerdos con Bolivia, fingiéndose sorprendida por la revelación. El empeoramiento de las tensiones con el Perú por la publicación de sus cartas adulteradando la línea limítrofe marítima, y luego el dramático terremoto del 17 de agosto que dejó en el suelo Pisco, Ica y parte de Lima motivando a Chile a bajar la guardia y correr en favor del vecino en desgracia, desviaron la atención pública sacándola de encima de estas polémicas que, en otro caso, habrían dado muchas páginas a la prensa y a la controversia. | |||||||
Los audaces y aventureros criterios definidos por la 
El día 31 de diciembre de 1975, valiéndose de facultades otorgadas por el Tratado de 1929, Perú intervi
