Como se sabe, las reclamaciones argentinas sobre las llamadas Tierras Magallánicas comienzan con la instalación del Fuerte Bulnes por parte de Chile, en 1843, consolidando la toma de posesión del Estrecho. Después, la firma del Tratado de 1856 reconocería las posesiones territoriales de ambas naciones en base al principio de uti possidetis, es decir, cada República poseía territorialmente lo mismo que le correspondía desde tiempos coloniales al momento de independizarse, en 1810. Nótese que este tratado fue firmado por Argentina trece años después de que Chile instalara su fuerte en el Estrecho.

Sin embargo, la violación del mismo acuerdo de 1856 vino a producirse tres años después, en 1859, cuando Argentina intenta la colonización del Estrecho e inicia una agresiva reclamación del mismo. Para esto, se valieron de los servicios de un comerciante llamado Piedrabuena, además de indiadas locales que aceptaron someterse a Buenos Aires a cambio de unos cuantos regalos.

Desde aquel instante, se inició otra fuerte campaña del Gobierno argentino por despertar los sentimientos patrióticos (o patrioteros, tal vez) de la ciudadanía, que hasta entonces no tenía gran conocimiento o interés por las regiones patagónicas en disputa. Por un lado, se exaltó el convencimiento de que la Patagonia le pertenecía de punta a punta, y por otro se alegó que Chile había hecho una invasión paulatina del mismo desde 1843. A pesar de todos los esfuerzos, sin embargo, la campaña argentina por fabricarse derechos territoriales en la Patagonia no marchaba con el éxito esperado. Por el contrario, su colonia magallánica estaba arrojando pobres resultados y parecía caminar hacia el inminente fracaso.

La historia de la controversia por la Patagonia habría sido muy distinta de no ser por un incidente internacional de enorme trascendencia en la comunidad americana: la Guerra contra España de 1865-1866, conflicto originalmente producido por la ocupación española de islas Chincha, del Perú, pero en el que Chile se involucró en favor del vecino y presa de una inexplicable fiebre americanista. Desbordados por la pasión belicosa y hasta cierto punto antiespañola de sus cercanos, el Presidente J. J. Pérez y el Canciller Antonio Varas enviaron misiones por casi todo el continente buscando apoyo para el Perú y negociaron una salida rápida a la cuestión de límites con Bolivia, que a la larga tendría gravísimas consecuencias históricas para ambas naciones. Como era de esperar, salvo por Bolivia y Ecuador, nadie atendió el llamado romántico de La Moneda para rescatar al Perú.

Precisamente a buscar aliados fue enviado a Buenos Aires el peor hispanófobo de toda la cómoda intelectualidad chilensis: don José Victorino Lastarria. Americanista a muerte, había expresado varias veces su deseo de que Chile renunciara a los derechos territoriales sobre los territorios que eran objeto de litigios y controversias con países "hermanos" como Bolivia y Argentina, circunstancia en la cual no fue raro que, tan pronto arribara en la capital argentina y se entrevistara con su viejo amigo el ahora Presidente Bartolomé Mitre, buscara tentar al apático mandatario de entrar a la absurda alianza proponiéndole una insólita fórmula de arreglo para la cuestión patagónica, el 10 de febrero de 1865.

En dicha propuesta, Lastarria quiso comprometer a Chile en la renuncia de prácticamente todo el territorio en litigio y entregar toda la mitad oriental del Estrecho de Magallanes, lo que le valió una amonestación de parte del Gobierno de Chile y del Canciller Covarrubias, por exceder sus atribuciones. Un año después, Lastarria había llegado a declararle expresamente al Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina que Chile no tenía ningún interés en "los territorios de la Patagonia dominados por la República Argentina", luego de que un diario bonaerense declarara que "Chile abriga pretensiones en la Patagonia".

La gira entreguista del americanismo chileno por Argentina y Brasil culminó en un fracaso de proporciones. Sin embargo, Mitre no dejó pasar la oportunidad y aunque mandó a Lastarria y a su propuesta al vertedero, el 28 de julio siguiente decretó la creación de una colonia en Chubut, cuarenta leguas al Sur de Río Negro y en pleno territorio patagónico, además de la creación de otra colonia en el Estrecho, en Bahía Gregorio, idea que venía acariciando desde 1864, cuando Piedrabuena lo puso en contacto con el cacique Casimiro Biguá o Bibois, jefe de los indios de la zona.

Hasta aquel momento, la balanza estaba notoriamente a favor de Chile respecto de la cuestión patagónica, ventaja que el señor Lastarria fue capaz de volcar un sólo golpe, permitiendo a la Argentina iniciar una nueva etapa de reclamaciones e invasiones al territorio.

Al llegar Domingo F. Sarmiento al poder, en 1868, éste inyectó recursos a las colonias creadas por Mitre en la Patagonia y promovió la fundación de otras nuevas a través de proyectos de ley que se discutieron en las Cámaras argentinas entre 1871 y 1873.

En marzo de 1869 había enviado a Chile, en calidad de representante, a don Félix Frías, quien a fines de diciembre de 1871 se acercó al nuevo Canciller chileno, don Adolfo Ibáñez Gutiérrez, con la intención de resolver el problema limítrofe de la Patagonia. Con fecha 12 de diciembre de 1873, Frías le escribía a Ibáñez en nota oficial interna:

"¿La Patagonia pertenece a Chile o a Argentina? Tal es el problema a resolver y el medio más propicio para lograrlo es la discusión".

No obstante estas muestras de docilidad y buena disposición, casi al mismo tiempo Frías escribía en Argentina, en nota oficial del mes de septiembre, una frase que reflejaba toda su ilusa convicción de que no costaría mucho doblegar la posición chilena pues, a su juicio:

"...los títulos de Chile a la parte austral del continente, se fundan tan sólo en puras inducciones y en interpretaciones ingeniosas".

Para desgracia de Frías, sin embargo, el Canciller Ibáñez ya estaba presentando entonces una defensa extraordinaria de la posición chilena desde 1872, al punto de que el representante argentino intentó hacer abortar las negociaciones en innumerables ocasiones, protagonizando berrinches y mostrándose agresivo, especialmente en su necesidad de eludir cualquier intento de arbitraje propuesto por el Ministro chileno.

Argentina elude llevar la cuestión patagónica a un arbitraje (1873-1874)

En 1873, la Cámara de Diputados argentina había aprobado la adhesión argentina a Perú y Bolivia en contra de Chile manifestado su deseo de participar directamente del conflicto, en sesión secreta. Sin embargo, la resolución del Senado no alcanzó a ser emitida dado que terminó el plazo al cerrarse el año legislativo. A pesar del carácter confidencial de estas gestiones, se cree que el plenipotenciario chileno en Buenos Aires, don Alberto Blest Gana, fue advertido de la posible existencia de un tratado, comunicando la noticia en forma reservada a La Moneda, donde fue tomada con incredulidad.

La posterior incertidumbre argentina sobre sus relaciones con Brasil y el Tratado de 1874 que puso momentáneo fin a los problemas chileno-bolivianos, congeló la necesidad de integración a la Alianza.

Sin poder evadir más tiempo a Ibáñez, sin embargo, Frías y el Canciller argentino Tejedor debieron aceptar, en nota del 27 de abril de 1874 entregada al plenipotenciario Blest Gana, un arbitraje que incluyera la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego, tres territorios que la Argentina se había esmerado en presentar como distintos e independientes entre sí para facilitar la justificación de sus pretensiones sobre los mismos. La situación resultaba promisoria para un triunfo chileno, según se desprende de un revelador informe del Ministerio de Hacienda de Argentina, que por solicitud de la Presidencia de la República, informaba al Congreso Nacional el día 6 de septiembre de 1872:

Como se sabe, para aquel entonces Chile sí tenía una escuadra de control y vigilancia por la misma zona, aparte del asentamiento magallánico anterior al Tratado de 1856. Por esta razón fue que Argentina siempre intentó explicar que la toma de posesión chilena en el Estrecho no implicaba derechos sobre la Patagonia, argumentando que tanto el Estrecho, como la Tierra del Fuego y la Patagonia eran tres territorios independientes entre sí. Además, el Gobierno peruano ya había invitado a la Argentina a la Alianza Secreta por lo menos en agosto de 1872.

Para fortuna de Chile, sin embargo, la Argentina aún estaba sumida en caóticos problemas internos que postergaron cualquier oportunidad de entrar al pacto, atrasándose así el estallido del conflicto. Las rencillas políticas y, especialmente, el nuevo alzamiento armado del General Ricardo López Jordán, en Entre Ríos, obligaron a postergar aquella respuesta definitiva que ambos aliados esperaban a la brevedad. Los revolucionarios sólo podrían ser aplastados por Sarmiento tiempo después, el 9 de diciembre.

Para ganar tiempo, las autoridades argentinas habían formulado una enérgica protesta por un supuesto plan de toma de posesión oficial de Chile de la zona del río Santa Cruz y la costa atlántica del mismo sector. Con esta acusación se logró hacer tambalear el diálogo y se generó un resquemor generalizado entre el pueblo argentino con respecto a Chile.

No obstante, tanto la acusación de una predispuesta "prepotencia" chilena como la de la "invasión" de Santa Cruz, resultaban insostenibles para quien conozca las notas oficiales ofrecidas entre las partes durante el mismo, y en las que se hace evidente que Chile llega a tener una exagerada disposición a continuar ese diálogo incluso desde ángulos muertos. Así, Ibáñez escribe a su par argentino el 20 de julio de 1874:

Sin embargo, al llegar aquel año al poder argentino Nicolás Avellaneda, el 12 de octubre, el nuevo Gobierno se lanzó en la tarea enfermiza de desconocer el acuerdo de arbitraje y no escatimó en esfuerzos para procurar el término de las negociaciones.

Años después, declararía que habría estado más dispuesto a "cortarse un brazo" antes que someter el asunto de la Patagonia a un arbitraje, pues los notables trabajos de investigación que había presentado Miguel Luis Amunátegui habían provocado un terremoto entre los expansionistas de Buenos Aires al ser empleados para la documentación de las notas de Ibáñez, anticipando un poco auspicioso futuro para la defensa Argentina ante un tribunal internacional.

Ibáñez Gutiérrez es cambiado por Alfonso. Ex Canciller persiste en su lucha (1875)

Lamentablemente, la negativa del Presidente Avellaneda a acatar el acuerdo Tejedor-Blest Gana para el arbitraje, coincidió con la salida de Ibáñez Gutiérrez de la Cancillería chilena, producto de las presiones políticas provocadas por americanistas como Vicuña Mackenna, Lastarria, Matta y Barros Arana, quienes veían en el ministro un peligro para la paz y amistad con la Argentina. El 3 de abril de 1875, Ibáñez abandonó el ministerio, y la defensa de Chile quedó a la deriva.

"Como abogado y como juez, siempre he creído en la verdad del refrán, que es preferible una mala transacción a un buen pleito, y siempre he aconsejado su adopción".

Tan contrastante resultó su ministerio con respecto al anterior, que las autoridades de Buenos Aires y los propios americanistas interpretaron la designación de Alfonso como una forma de desautorizar la labor realizada hasta aquel entonces por Ibáñez Gutiérrez, por lo que Buenos Aires consideró innecesario mantener a un francotirador como Frías en la legación en Santiago, siendo sustituido el 8 de febrero de 1875 por Miguel Goyena. Sin embargo, Frías saltó directamente a la Cancillería de su país.

Mientras, Ibáñez Gutiérrez intentaba salvar tantos años de esfuerzos diplomáticos, buscando convencer a Alfonso de poder intervenir personalmente para lograr un acuerdo final que preservara su anterior declaración de jurisdicción chilena hasta Santa Cruz. Como el ex Canciller había sido designado representante de Chile en Washington, se planeó pasar en barco por el Estrecho haciendo escala en Buenos Aires, ocasión que usaría para intentar lograr una negociación de emergencia con La Plata. El 7 de mayo, Alfonso accedió a darle las credenciales y permitió la misión, en la que Ibáñez Gutiérrez debía operar con un criterio de "transacción" que estableciera un límite a la altura de río Santa Cruz, por el paralelo 50, o bien en río Gallegos, casi dos grados más al Sur. En ambos casos, la Argentina ganaba más de un millón de kilómetros cuadrados de territorio patagónico, pero como era probable que los rechazara, Ibáñez fue instruido de conseguir un nuevo acuerdo de arbitraje según lo exigía el Tratado de 1856 como solución para problemas limítrofes.

En julio, Chile también retiró a su representante, Blest Gana, colocando en su lugar a don Máximo Ramón Lira, que había sido hasta entonces secretario de la Legación. A pesar de ser un convencido de la chilenidad de la Patagonia Oriental, los esfuerzos de Lira se estrellaron con la negativa de Avellaneda y Frías para retomar el camino comprometido del arbitraje. Obraba en parte, también, la necesidad impulsiva de popularidad que parece ser característica de todos los Gobiernos argentinos a lo largo de la historia, pues la estabilidad del mandato de Avellaneda pasaba por problemas a causa de los conatos revolucionarios y las agitaciones internas. Por esto, y luego de reflexionar sobre la conveniencia de mantener a Frías en la Cancillería -dada la antipatía de La Moneda hacia su persona-, decidió reemplazarlo por Bernardo de Irigoyen, quien había trabajado como secretario de la Legación en Chile en 1849.

En tanto, Ibáñez Gutiérrez había arribado en Buenos Aires y ya se había impuesto de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Avellaneda, quien le respondió a su propuesta que se "cortaría una mano" antes que firmar con ella un acuerdo "que arranca a mi patria lo que le pertenece". El día 5 de junio notifica a Alfonso advirtiendo que el ánimo argentino era dilatar tanto como sea posible la cuestión patagónica para poder incorporarlo a su administración nacional con la abundante migración europea. Agregaba que la única forma de contrarrestar este plan era oponiéndose tenazmente a las pretensiones del expansionismo platense. Así lo informó también al Congreso el Ministro Alfonso, el 1º de julio de 1875.

Ese mismo mes, el extremadamente complaciente Alfonso escribió al Gobierno argentino, intentando salvar el debate:

• El Coronel Nelson y su División Sur de Santa Fe ocuparon Italó, en Córdoba, el 25 de marzo.
• El Coronel Freire y la División Oeste ocuparon Laguna del Monte o Guaminí, el 30 de marzo.
• El Coronel Villegas y la División Norte ocuparon Trenque Lauquén el 12 de abril.
• El Coronel Lavalle y la División Sur, ocuparon Carhué el 11 de abril, acompañados por Alsina.
• El Coronel Maldonado y la División Costa Sur ocuparon Puán el 3 de julio.

En tanto, un nuevo impasse diplomático entre ambos países tendría lugar en pleno período de ocupación de la Pampa. A mediados del año 1875, Chile había concesionado unos terrenos en la orilla del seno Otway, al norte de Punta Arenas, al ingeniero francés Hilario Bouquet, quien se instaló allí con otras 25 personas. Enterado de esto el representante argentino Goyena, en Santiago, presentó una enérgica protesta el día 11 de marzo de 1876. Goyena, a principios de año, había recibido la orden del Canciller Irigoyen de dilatar tanto como pudiera la controversia territorial y procurar que fuese marginado de las negociaciones el representante chileno Máximo Ramón Lira, cuyas insistencias y sagacidad habían colmado la paciencia de Buenos Aires.

"El 27 de abril de 1874, el Gobierno de V. E. por conducto de su ministro en el Plata, invitó al mío a celebrar conforme a lo estipulado en el tratado de 1856, un convenio por el cual se terminarían las divergencias entre los Estados; pero aquella invitación que mi Gobierno aceptó gustoso, quedó sin efecto porque el de V. E. no envió a su representante los plenos poderes necesarios".

"Además, estando radicadas en Buenos Aires las negociaciones y apartado de ellas el Encargado interino de la Legación de Chile, señor Lira, con quien mi Gobierno ha manifestado no estar dispuesto a continuar tratando, lo propio era que el señor Ministro Blest Gana hubiera regresado a proseguirlos..."

• Fijar un límite en la zona de río Santa Cruz desde su nacimiento en la cordillera hasta su desembocadura en el Atlántico, considerando chilenos todos los territorios al Sur de esta línea, incluyendo el Estrecho y la Tierra del Fuego, pero recomendándole regatear un poco más si podía, para mejorar la expectativa de negociación.
• Si Avellaneda rechazaba esta vía, como ya había sucedido, se debía proponer un segundo plan para poner el límite en río Gallegos, también con las recomendaciones ilusas de regodeo. Ambas propuestas volvían a comprometerse con el abandono de un enorme territorio patagónico sobre el cual Chile tenía plenos derechos jurídicos.
• Alfonso indicó, además, que de no ser aceptada ninguna de las dos, consiguiera un arbitraje internacional en base al derecho del uti possidetis reconocido en el Tratado de 1856 y que, en lo posible, no incluyese el Estrecho de Magallanes reconociéndolo desde la base como chileno, sino el resto del territorio patagónico.

Convencidos de la capacidad de Barros Arana para conducir la nueva fase de negociaciones, y la mayoría de ellos desconociendo el carácter fuertemente entreguista de la misión encomendada, varios de los hombres "de peso" de la sociedad chilena despidieron al nuevo Ministro en una cena del 10 de mayo. Allí estuvieron presentes el ex Canciller Álvaro Covarrubias, el Ministro de Interior Eulogio Altamirano, Alejandro Reyes, Melchor Concha y Toro, Aníbal Pinto (próximo a ser Presidente) en incluso el patriota investigador Miguel Luis Amunátegui. También asistieron representantes de la Argentina y del Brasil.

Barros Arana en Argentina. Incidente del "Jeanne Amélie" y otros (1876)

Para empeorar el triste estado de las cosas entre Chile y Argentina, la diplomacia debió hacerse cargo de la grave presión generada por un incidente con un navío francés, que casi terminó en una escaramuza militar entre ambas naciones.

El 15 de febrero de aquel año había fondeado para cargar guano en Monte León, 22 millas al Sur del río Santa Cruz, la nave "Jeanne Amélie", de Burdeos, capitaneada por Pierre Guillaume, quien había suscrito el 18 de enero anterior un contrato de transportes con el comerciante argentino Juan Quevedo, personaje de oscura fama en el ambiente de los negocios. Quevedo había solicitado permiso al Cónsul General de Argentina en Montevideo, Jacinto Villegas, para anclar en Patagones. Villegas, animado en hacer lo que llamó "actos de soberanía", le dio un pasavante provisorio con la instrucción de que lo renovara con las autoridades de Patagones. Quevedo partió entonces con el pasaporte, entregándolo a sus socios Federico van der Velde y W. Francisco Coolen, los que partieron en la nave.

Al desembarcar en Monte León, sin embargo, fueron descubiertos por indígenas de la zona que dieron aviso al Gobernador interino de Punta Arenas, Benjamín Blanco Viel, el 24 de abril. Como se recodará, desde el 23 de junio de 1873, Chile había notificado a las naciones extranjeras que, no obstante considerar que tenía títulos sobre toda la Patagonia Oriental, mientras persistiera la cuestión limítrofe con la Argentina fijaría provisionalmente su límite patagónico en río Santa Cruz y no toleraría ningún acto al sur de este punto.

El 25 de abril salió al lugar la cañonera "Magallanes" comandada por Juan José Latorre, encontrándose la mañana del 27 con el "Jeanne Amélie" y la pequeña villa que sus tripulantes habían levantado en la zona de faenas. La barca había cargado 400 toneladas de guano, casi el tope de su capacidad. Latorre ordenó entonces al Teniente Ángel Custodio Lynch a solicitar a los intrusos documentación que los autorizara a tales trabajos, pero Coolen, Van der Velde y Guillaume fingieron no entender castellano. Lynch, que hablaba también inglés y francés, finalmente sólo pudo arrancarles de las manos el contrato de Quevedo y el pasaporte de Villegas, además de un certificado de sanidad. Entonces, dispuso que se reportaran en Punta Arenas ante los tribunales chilenos, y el "Jeanne Amélie" fue trasladado hasta punta Dungeness. Lamentablemente, un fuerte temporal lo echó a pique en las aguas del Estrecho, la noche del 30 de abril.

El 8 de mayo, Guillaume presentó su protesta a la Gobernación de Punta Arenas y pidió ser trasladado a Valparaíso. Unos días más tarde, Blest Gana, a la sazón plenipotenciario chileno en París, advertía al Gobierno de Francia sobre el desafortunado suceso. El Duque Decazes, Canciller francés, tenía la intención de que Chile indemnizara a Guillaume exigiendo explicaciones, pues su Gobierno no reconocía derechos jurídicos de alguna nación sobre la Patagonia; pero finalmente Blest Gana le convenció de que sólo reclamara reparaciones económicas. Irónicamente, por esos mismos días varios parlamentarios chilenos habían propuesto cerrar la legación chilena en París, por considerarla de poca importancia.

Sin dejar pasar la oportunidad, Goyena presentó un reclamo formal en nombre de la Argentina por la situación del "Jeanne Amélie", el 30 de mayo siguiente. Su nota concluye que:

"Yo cumplo con mi deber protestando solemnemente, como protesto, contra el acto ejecutado por la corbeta chilena "Magallanes" en menosprecio de la soberanía que ejerce y ha ejercido en todo tiempo la República Argentina en las costas del Atlántico desde el Río de la Plata al Cabo de Hornos".

Alfonso le contestó el 14 de junio, refutando todos y cada uno de sus argumentos, lo que desató un vendaval de iras por parte de Buenos Aires, especialmente por la reafirmación que el Canciller hacía de los derechos territoriales chilenos en Santa Cruz. Sólo cinco días antes, la Cámara de Diputados de Buenos Aires, presidida por Félix Frías, había realizado una furiosa sesión en la que se pidió incluso romper relaciones con Chile, idea que Irigoyen esquivó hábilmente informando que una nave argentina ya había salido hacia Santa Cruz a poner orden, y aseguró que Chile repararía la situación. Frías aprovechó la ocasión para declarar que Chile era una nación "desleal y usurpadora".

Barros Arana había zarpado a Buenos Aires en el busque "Britania". Llegó el 25 de mayo. Al contrario de lo que esperaba por las señales de gusto dadas en el esa capital a su designación, fue pésimamente recibido y sus vínculos con la nación argentina no influyeron mayormente en la hostil actitud de La Plata. Rápidamente advirtió que sólo los problemas sociales y la crisis económica habían atrasado una guerra de Argentina contra Chile. Ya el día 12 de junio, notificaba a Santiago:

"La prensa nos acusa de los atentados y todos los defectos imaginables. Los chilenos somos, según ellos, más pérfidos que los cartagineses. Hemos embarazado por todos los medios el desenlace de la cuestión y hemos consentido mil crímenes de los que somos perfectamente inocentes".

Para empeorar la situación, orrespondió a Barros Arana cargar la pesada mochila que puso sobre sus hombros el violento clima chilenófobo surgido en Buenos Aires por el asunto del "Jeanne Amélie". Quevedo presentó una protesta ante el Cónsul Villegas el 3 de junio, solicitando amparo diplomático para lograr reparaciones económicas. El Presidente Avellaneda, en tanto, recibió oficialmente a Barros Arana recién el 16 de junio, en una tensa ceremonia en la que declaró, durante el discurso de bienvenida, su voluntad de apartar, "por un momento, pero deliberadamente", lo que llamó "las impresiones que han producido hecho recientes", refiriéndose al incidente del navío francés. El Plenipotenciario pediría después a Buenos Aires explicaciones por estas alusiones, pero Irigoyen sólo respondió con evasivas.

El 10 de julio, en medio de este ambiente incendiario, Barros Arana escribió a Santiago informando sobre sus reuniones con Irigoyen entre los días 26 de junio y 5 de julio. Le había resultado imposible convencer al Canciller argentino de alguna de las propuestas que llevaba y, por el contrario, éste le hizo su propia contrapropuesta que dividía el Estrecho y la Tierra del Fuego entre ambas repúblicas, haciendo renunciar a Chile de la totalidad del resto del territorio en disputa y sin ningún acceso al Atlántico. Cándido, el plenipotenciario había telegrafiado el mismo día 5 que estas bases eran "las más favorables a Chile" propuestas hasta ese momento. Hasta nuestros días, la actitud del plenipotenciario chileno en aquellos días sigue generando fuertes y apasionadas discusiones sobre lo que, a la larga, sería su grado de responsabilidad en la pérdida chilena de la Patagonia Oriental.

Alfonso le respondería el 1º de agosto, comentando que estas bases se hallan "lejos de satisfacer las fundadas aspiraciones de nuestro país", pues su deseo era, como mínimo, la total posesión del Estrecho. Y mientras esto ocurría, Argentina no echaba pie atrás y el 31 de julio el Congreso argentino aprobaba una ley para contratar a los comerciantes Sáens, Rosas, Bordy y Cía. para la explotación de guano en Bahía Blanca y San Julián.

Por esos mismos días, el ilustre investigador Carlos Morla Vicuña había arribado en el Archivo de Simancas, de España, descubriendo un océano de documentos coloniales favorables a la posición chilena en el debate por la posesión de la Patagonia. Tan importantes resultarían sus hallazgos que debió improvisarse un modesto dormitorio en la cochera del recinto para poder trabajar allá todas sus horas de vigilia. Las noticias de sus descubrimientos fueron conocidas en toda América, impactando profundamente. Al llegar éstas a la Argentina, sin embargo, sólo acrecentaron el sentimiento antichileno y los temores de Avellaneda hacia cualquier solución de derecho.

En tanto, sería absuelto Guillaume por el Segundo Juzgado de Letras de Concepción, el 2 de agosto de 1876, por considerarse que no había actuado de mala fe. Luego, correspondió a la Corte Suprema, el 19 de octubre revocar el fallo en primera instancia en un juicio donde Guillaume fue defendido por el procurador Nicolás Yávar, quien era un convencido de que Chile no tenía derechos en ese territorio. Afortunadamente, el fiscal de la Corte de Apelaciones era el recién asignado ex Canciller Adolfo Ibáñez, quien echó por tierra los argumentos de Yávar. Enterado de este fallo, el plenipotenciario francés en Santiago, Henri de Bacourt, notificó a La Moneda, con fecha 20 de octubre, sus reparos a la cuestión del "Jeanne Amélie", particularmente a la actitud de Latorre.

Desde el 18 de septiembre ya se encontraba en la Presidencia de Chile don Aníbal Pinto Garmendia, hijo de una dama argentina quien, además de estar convencido en el nulo valor de la Patagonia, resolvió mantener a Alfonso en la Cancillería. Éste contestó a Bacourt recordando la declaración de 1873 y alegando que sólo se resguardaban costas de soberanía chilena.

Hasta el Congreso de Chile, había llegado el ahora Senador Adolfo Ibáñez, defendiendo patrióticamente los intereses de Chile junto a su compañero de tribuna Vicente Pérez Rosales y al Diputado Máximo Ramón Lira, el ex Ministro chileno ante Buenos Aires. Sin embargo, en el Gobierno se había enquistado la idea de que la negociación de tipo "transacción" no era posible para dar solución al asunto limítrofe, dado el fracaso del intento desplegado en julio de 1876. La voz de unos pocos visionarios y patriotas no fue suficiente para detener la catarata entreguista que estaba por caer sobre el destino de Chile.

El 23 de octubre, Alfonso ordenó a Barros Arana desistir de todas las propuestas anteriores y buscar ahora una salida por la vía del arbitraje, ojalá realizado por el Emperador de Alemania o el Cuerpo Federal de Suiza. Aunque el árbitro partía tomando como base el principio de uti possidetis juris de 1810, el proceso tendría más características de mediación, pues no se basaría solo en derechos jurídicos, sino "justicia natural y de simple equidad". Se incluirían toda la Patagonia, el Estrecho y la Tierra del Fuego, pero se recomendaba marginar del mismo a la colonia de Punta Arenas. Durante todo el arbitraje Chile ejercería soberanía hasta río Gallegos y Argentina hasta río Santa Cruz, mientras que el territorio entre ambos ríos quedaría neutralizado hasta que la sentencia lo correspondiera a alguna de las dos repúblicas.

Como se observa, la propuesta de arbitraje partía con una enorme entrega territorial, al pretender conservar sólo el Estrecho en desmedro de todo resto de la Patagonia.

Advirtiendo el peligroso camino que tomaba La Moneda, Máximo Ramón Lira elevó una protesta en la sesión de la Cámara del 27 de diciembre de 1876, con ocasión de la aprobación anual del Presupuesto Nacional. Allí solicitó expresamente cancelar la Legación chilena en Buenos Aires advirtiendo que el Gobierno argentino jamás accedería a un arbitraje y que su audacia contra Chile "ha ido creciendo en razón directa con nuestra moderación". Acorralado, Alfonso intentó refutarlo recurriendo al discurso de la hermandad y la confraternidad entre ambas naciones. En un Congreso plagado mayoritariamente de americanistas, la posición de mantener la Legación ganó por 30 votos contra 18.

Peligro de guerra. Inminente fracaso de negociación. Caso del "Thomas Hunt" (1877)

El representante francés Bacourt no quedaba satisfecho con las respuestas chilenas e insistió en sus observaciones a la Cancillería, el 12 de enero de 1877, amenazando con entablar una reclamación por perjuicios del caso "Jeanne Amélie". Alfonso le volvió a contestar el 14 de marzo, pero esto no impidió que el diplomático galo formalizara un reclamo el 17 de mayo, exigiendo una indemnización de 215 mil francos. Similares peticiones se habían realizado en Buenos Aires por la Legación francesa allá establecida, siendo esquivadas por el Ejecutivo argentino.

A esas alturas, Barros Arana ya había fracasado también con la propuesta de arbitraje de Alfonso. Los argentinos aceptaron todos los puntos, menos mantener el modus vivendi en el territorio.

El día 5 de enero, Irigoyen quiso insistir en sus protestas por el incidente del "Jeanne Amélie", pero no logró distraer al Plenipotenciario, con quien se vio en necesidad de discutir una nueva base, tres días más tarde, logrando una fórmula de acuerdo que fundaba como principio de un arbitraje determinar los territorios que correspondían a ambas naciones en 1810, es decir, el uti possidetis, solicitando que el árbitro se remitiese estrictamente al derecho.

Hasta ahí parecía razonable... Sin embargo, el artículo 2º del acuerdo estipulaba que durante todo el proceso, si bien Chile conservaría la jurisdicción sobre el Estrecho, no podría ejercer actos de soberanía al Norte ni al Oriente de Punta Arenas. El límite tendría que estar definido a partir del paralelo 50 por la cordillera, por lo que la zona destinada al arbitraje comprendía prácticamente toda el área patagónica al Sur de río Santa Cruz y hasta Magallanes. Además, la estrategia argentina abría la posibilidad a Buenos Aires de acceder al océano Pacífico a la altura del Reloncaví, en vista de que intelectuales como Francisco P. Moreno consideraban que este estuario cortaba la continuidad de las más altas cumbres andinas, por donde debía pasar la frontera.

Como si no bastara con el terrible e indecoroso carácter entreguista que tenía desde el origen su misión en Buenos Aires, Barros Arana había encontrado la forma de hacerla más nociva aún a los intereses de Chile creyendo que con esta generosa nueva base había logrado la mejor posición esperable para Chile y telegrafió muy entusiasta a Alfonso, el mismo día 8.

Pero, inesperadamente, la noticia del movimiento que había comenzado a tomar cuerpo en Chile gracias a Máximo Ramón Lira y otros patriotas, alertó a Avellaneda, quien veía el retiro de la Legación chilena como un peligro a sus intenciones de solucionar favorablemente a la Argentina la cuestión limítrofe, además de atraer un virtual acercamiento chileno con el Brasil, que también tenía sus cuestiones pendientes con el país platense.

Los días pasaban y la propuesta de arbitraje de Irigoyen no había sido respondida por Chile. Con esta inquietud, invitó a Barros Arana a conversar sobre el asunto, el 24 de enero, mostrándose inusualmente receptivo y conciliador. El Plenipotenciario se limitó a advertirle de su temor de que las bases serían rechazadas, pues se alejaban demasiado de la propuesta original de Alfonso, además de hacer notar la insolencia y agresividad de la prensa argentina para con Chile. Las respuestas del hábil mandatario bastaron para convencerlo de su buena voluntad, como informaría después el representante chileno a la Cancillería, en nota del 5 de febrero de 1877.

Curiosamente, al día siguiente de la reunión con Avellaneda, la Legación de Chile en Buenos Aires sufrió un incendio que destruyó la totalidad del mobiliario y parte importante de sus archivos. Barros Arana terminó con un brazo roto y con una demanda del dueño del inmueble exigiendo indemnizaciones. Impaciente y tal vez deseoso de terminar luego con su incómoda misión, escribió el 16 de marzo a Alfonso, advirtiendo que si se rechazaba esta base, su negativa a seguir negociando "será terminante", pues "no habrá más que hacer".

Sin embargo, el Canciller rechazó el acuerdo Irigoyen-Barros Arana el día 24, planteándole al Plenipotenciario todas sus observaciones. Entre otras, rechazaba la expresión "poseían" y prefería las de "pertenecían" o "correspondían" para señalar los territorios del uti possidetis de 1810. Además, siendo un desconocedor de los argumentos que habían expuesto Amunátegui, Morla e Ibáñez en los últimos años, Alfonso no estaba convencido de que Chile pudiese retener todo el territorio en disputa. Como hombre de formación jurídica, comprendía que, con frecuencia, los criterios de mediación y amistad de todos modos podían imponerse al Derecho, especialmente cuando se busca evitar situaciones de riesgo como los conflictos y las guerras, por lo que seguía considerando imprescindible que el dominio chileno del Estrecho quedara garantizado en cualquier base de acuerdo.

El 23 de marzo, Barros Arana comunicó el rechazo a Irigoyen. El día 26 cerró las puertas a las pretensiones de La Plata de recibir reparaciones por el incidente del "Jeanne Amélie".

Temiendo un acercamiento entre los gobiernos de Chile y Brasil que resultara inconveniente a la Argentina, Avellaneda sugirió buscar nuevas bases hacia mediados del mes de abril. El resultado fue un nuevo acuerdo de arbitraje en el que se debía resolver cuáles territorios "pertenecían o correspondían" a Chile y a Argentina en 1810. La Argentina ejercería soberanía por el Atlántico hasta río Gallegos, pero no podrá ejercer nuevos actos al Sur del río Santa Cruz. Chile, en cambio, lo haría en el Estrecho y hasta las márgenes del río Gallegos, pero sin ejercer nuevos actos entre este río y la boca oriental del Estrecho. Nuevamente, haciendo caso omiso a la geografía de la zona del Reloncaví donde se corta la continuidad cordillerana, se fijaría en los Andes el límite internacional. El asunto del statu quo persistió en la discusión hasta el 8 de mayo, cuando se resolvió mantenerlo en los territorios ya ocupados por ambas repúblicas. Ese mismo día Barros Arana comunicó la nueva base a la Cancillería de Chile, esperando buenas noticias.

Alfonso respondió el 14 de mayo, pidiéndole aguardar por instrucciones. Al estudiar la propuesta, la cuestión del statu quo le pareció inapropiada pues con ella Barros Arana continuaba siendo mucho más generoso de lo que las instrucciones de su misión se lo permitían y además no se consideraba el proyecto de convención del estado de cosas de 1872. Así, el día 15 le comunica sus nuevas objeciones y le solicita aclarar algunos puntos. Barros Arana responde el 17, pero Alfonso le insiste, el 21, que rescate el estado de cosas de 1872.

El 14 de junio ya da por imposible aprobar semejante propuesta, y el día 18 advierte nuevamente su incredulidad. La Cancillería seguía convencida de que renunciar a cualquier territorio patagónico bajo la línea del río Gallegos era simplemente demasiado.

Incómodo y hasta cierto punto fatigado, Barros Arana aprovechó el intermedio para partir a presentar credenciales en el Brasil y continuar su negociación desde Río de Janeiro, el 8 de julio de 1877. Llegó allá el día 14 y fue recibido el 23 por la Princesa Regente. El plenipotenciario quedó impactado por el orden y la calidez del pueblo brasileño, además de las muchas muestras de amistad que se ofrecieron hacia él y hacia su país.

En esta situación, vino a producirse otro incidente, luego de que los hombres de Piedrabuena, al servicio de Buenos Aires, impidieran a la goleta norteamericana "Thomas Hunt" cargar sal en la desembocadura del río Santa Cruz, a pesar de estar autorizada por el Gobernador de Magallanes. La noticia llegó al Congreso argentino, con la consecuente ola de acusaciones y bravatas antichilenas, hacia los últimos días de septiembre. Por esos días, Irigoyen era sustituido por Rufino de Elizalde en la Cancillería argentina.

En tanto, en la Argentina el 11 de mayo Frías había comentado -en sesión secreta de la Cámara- su negativa al proyecto de arbitraje del 8 de mayo mientras Chile no pagara amplias satisfacciones por el asunto del "Jeanne Amélie", y se propuso detenerla, nombrando una comisión para estudiar los acuerdos. La idea fue aprobada por 26 votos contra 12, designándose para tal comisión a tres diputados: Saavedra Zavaleta, el Presbítero Álvarez y el propio Félix Frías.

Esto puso una nota de suspenso a la negociación que llevaba Irigoyen.

Caso "Fulminante". Motines y sabotajes. Fin a primera misión de Barros Arana (1877)

Pareciendo imposible ya que algo más empeorara la situación de tensión belicista, el 5 de octubre tuvo lugar otro nuevo incidente, hábilmente aprovechado por la violenta prensa platense para agravar las cosas.

Al carecer la Argentina de una fuerza naval contundente, debió valerse del servicio de extranjeros, como un ingeniero oficial norteamericano que ofrecía llevar una gran cantidad de torpedos ingleses con que contaban las maestranzas de Buenos Aires, para utilizarlos en forma persuasiva contra las naves chilenas, a bordo del buque "El Fulminante".

Sin embargo, el día señalado, cuando se disponían a zarpar con proa a Magallanes, "El Fulminante" estalló en llamas, alcanzando al "Santa Bárbara", también cargado con explosivos. Como ya se venía hablando desde hacía meses de la guerra, la oportunidad dada por el incidente no se dejó pasar y de inmediato comenzó una odiosa campaña destinada a poner el dedo acusador sobre Chile por el desastre de "El Fulminante".

Las más absurdas y disparatadas suposiciones se formularon durante esos días, dirigidas en gran medida por Frías en la prensa bonaerense, al tiempo de que se inició la recolección de fondos para comprar otro navío de similares funciones. El Presidente de la Cámara de Diputados llegó al delirio de llamar a las juventudes argentinas a sumir que había llegado "...el momento de cerrar los libros para acudir a la defensa de la Patria". La investigación demostró, sin embargo, que todo se debió a errores en la manipulación de los explosivos.

Los incidentes del "Thomas Hurt" y "El Fulminante" resultaron gravísimos, precisamente en momentos en que se necesitaba más que nunca a Barros Arana en Buenos Aires. Por momentos se creyó que ambas naciones entrarían finalmente en guerra, idea que aterrorizó a los americanistas chilenos. Entonces, el Presidente Pinto ordenó el regreso a la capital platense del Plenipotenciario chileno, hacia el 9 de octubre.

En tanto, la ausencia de Barros Arana fue aprovechada en Buenos Aires de un modo vil, mientras el clima antichileno continuaba siendo cuidadosamente alimentado en la opinión pública. Manuel Bilbao, hermano del "igualitarista" Francisco Bilbao y circunstancialmente de nacionalidad chilena, trabajaba como espía para Argentina (llegó a ser el principal asesor de Frías), luego de haber sido expulsado de Chile por sedicioso y anarquista, y después de Lima, por negocios oscuros. Sobornando a Manuel Federico Cuéllar, custodio del archivo de la Legación chilena, Bilbao robó documentos secretos que se usaron en los medios de propaganda argentinos para acusar pública y escandalosamente a Chile de querer iniciar en secreto una guerra, lo que en el pueblo argentino cayó como un trago de hiel.

Al mismo tiempo, Bilbao proclamaba en los medios santiaguinos la "unidad con Argentina", apaciguando sentimientos conflictivos y creando la muy falsa imagen de que el vecino tenía plena y absoluta disposición a resolver el conflicto sin sacrificar el respeto y la paz entre ambas naciones. Su idea era obligar a Chile a aceptar las bases propuestas por Argentina bajo el pretexto de evitar una guerra. Ingenuamente, muchos políticos creyeron en los dichos de Bilbao. Entre otros, el entonces diputado José Manuel Balmaceda, cuya suegra, doña Emilia Herrera de Toro, era la líder femenina de los argentinistas chilenos más fanáticos.

El día 11 de noviembre había tenido lugar el famoso incidente del motín de los Artilleros de Punta Arenas. Estando ausente la "Magallanes" en la colonia, un grupo de reos liderados por los artilleros se tomaron el poblado de la colonia penal, lo saquearon, violaron a las mujeres y después quemaron las casas. Gravemente herido, el Gobernador Dublé Almeyda logró llegar a la "Magallanes" para dar aviso de lo ocurrido, regresando en ella el capitán Latorre el día 14, cuando ya sólo quedaban cadáveres y cenizas de la colonia.

Los amotinados habían escapado hacia río Santa Cruz, llevando mujeres y niños. De los cien que partieron, sólo sesenta llegaron a Chubut casi agónicos de hambre y cansancio, presentándose ante las autoridades argentinas como "peones chilenos". El Comisario Onetto no les creyó y los tomó detenidos, enviándolos a Carmen de Patagones. A consecuencia de esto, el Presidente Pinto decidió convertir la colonia penal en una colonia agrícola, a principios del mes siguiente.

El 20 de noviembre, la Legación argentina visitó formalmente al Canciller Alfonso para expresarle buenos deseos. Sin embargo, cuando se telegrafió a Cuéllar el 27 de noviembre para avisar que un buque de guerra chileno partiría a río Santa Cruz para apresar a los delincuentes que aún quedaban libres, éste funcionario, que, como hemos visto, ya trabajaba al servicio del nacionalismo argentino, dio aviso a Bilbao, quien a su vez contactó a Alfonso el día 29, tratando de amedrentarlo al advertirle de la "mala impresión" que dio en Buenos Aires esta noticia. Alfonso advirtió que Cuéllar estaba vendido a los intereses de Bilbao y, aprovechando el estudio presupuestario del Congreso, solicitó su remoción.

El 12 de diciembre fue notificado de la decisión. Bilbao, furioso, las emprendió nuevamente contra el Barros Arana, a pesar de que el Plenipotenciario -en otro de sus desatinos- había sostenido que los crímenes de los amotinados se había cometido en suelo argentino y, por lo tanto, debían ser juzgados en tribunales platenses. El día 3 anterior, Alfonso le había enviado la orden de retornar a Buenos Aires.

Mientras, la Legación francesa propuso un arbitraje para dar solución al problema del "Jeanne Amélie". Chile aceptó la idea el 7 de diciembre de 1877. Unos días después, el 26, Máximo Ramón Lira declaraba durante la aprobación presupuestaria en el Congreso:

"Los desaires que nuestra diplomacia ha recibido han ido marchando en tal progresión, que no es exagerado el temor que abrigo de que una nueva solicitud nuestra se conteste con una ofensa de ésas que separan a dos pueblos por un abismo que no desaparece sino cuando se le ha llenado de ruinas y cadáveres. Yo no me explico, señor, la imperturbable confianza de nuestro Gobierno en el éxito de las gestiones diplomáticas, después de los muchos y rudos desengaños que ha sufrido en los últimos tiempos".

"(...) Yo temo mucho que un excesivo amor a la paz, a que debemos todo lo que somos, nos haga olvidar que la honra se empañe como el cristal, y que es peligroso para nuestra seguridad futura que alguien sospeche siquiera que no queda en el corazón del país energía bastante para ir hasta el sacrificio si es necesario, para continuar viviendo honrados y respetados".

"Hace tres años que estamos en presencia del Gobierno argentino en la incómoda actitud de solicitantes".

Pero, nuevamente, su intento de retirar la Legación desde Buenos Aires no prosperó. La idea de mantenerla ganó por 32 votos contra 17.

Se inicia segunda etapa de la misión de Barros Arana (1878)

La orden de retornar a Buenos Aires molestó profundamente a Barros Arana, quien incluso acarició la idea de renunciar a la representación de Chile, poniendo como condición para su regreso el que se le señalaran nuevas bases de entendimiento.

De todos modos partió de vuelta al país platense, pero sintiendo que actuaba contra su voluntad, pues presentía la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Avellaneda, aun cuando veía como algo positivo la presencia de Elizalde en la Cancillería argentina. Su pesimismo se confirmó al advertir no sólo que las bases seguían siendo desfavorables, sino que, en los meses de su ausencia, la presidencia platense había incorporado nuevas y peores exigencias.

En cierta forma, esta segunda gestión de Barros Arana era un error garrafal peor que la primera misión y de alguna manera el Plenipotenciario lo intuía. Notó que las provocaciones de guerra de Buenos Aires eran poco factibles, o la menos no tanto como aparentaban, pues al situación de su escuadra era tal que no podría haberse lanzado por entonces en una aventura bélica contra Chile, considerando la presencia de los blindados "Cochrane" y "Blanco Encalada". Además, el mayor temor de la Argentina era la sombra del Brasil, cuyo eventual acercamiento con Santiago podía dejar en graves aprietos al país de la Plata.

La necesidad de renegociar era, entonces, una exigencia nacida únicamente del delirio americanista y del pacifismo que discurría en la clase política chilena.

Las reuniones entre Elizalde y Barros Arana permitieron arribar en un nuevo acuerdo de bases, conocido como la Convención del 18 de enero de 1878, que desechaba definitivamente el criterio transaccional. Ríos de tinta -justificando o condenando a Barros Arana- han corrido en los anales chilenos por culpa de la firma que el plenipotenciario puso aquel fatídico día en esa minuta que él mismo ayudo a engendrar. En ella, Elizalde había propuesto para el statu quo que el árbitro empezada por definir si el Tratado de 1856 y la Declaración de 1872 habían establecido un modus vivendi.

A mayor abundamiento, se reconocía, como punto de partida, el dominio chileno sobre la colonia de Punta Arenas y a la Argentina hasta río Gallegos, por lo que el área de arbitraje quedaría ente este río y el Estrecho. Como Alfonso se había mostrado dispuesto a aceptar la definición del modus vivendi y a no incluir la península de Brunswick en el arbitraje, Elizalde quiso explotar las señales entreguistas de Santiago y el mismo día 18 agregó la condición de que los acuerdos debían materializarse en dos pactos, uno para dar pie al arbitraje y otro para sus limitaciones. Se propuso nuevamente a la cordillera de los Andes como límite entre ambas repúblicas. Magallanes y la zona austral serían sometidos a arbitraje por el Rey de Bélgica, en base al principio de uti possidetis de 1810, usando nuevamente la expresión "pertenecían" para referirse a los territorios en disputa. Mientras tuviese lugar el proceso, Chile ejercería jurisdicción sobre el Estrecho y la Argentina entre la boca oriental del mismo y la parte atlántica de la Tierra del Fuego. El árbitro gozaría de amplias facultades y podía valerse de "los actos y documentos procedentes de los Gobiernos de Chile y de Argentina" para fallar.

Esta última frase es la clave de por qué Elizalde había permitido esta nueva negociación con el arbitraje que Buenos Aires quería evitar a toda costa, pues ella le permitía incluir en la argumentación argentina la declaración constitucional de Chile de 1822 y 1833, respecto de que el límite Este del territorio era la cordillera andina, tapando así la abundante documentación indiana reunida por Amunátegui y Morla Vicuña que demostraban lo contrario. Además, el Ejecutivo argentino seguía al tanto de la línea de defensa preparada por el Perito Moreno, en cuanto a que un arbitraje de tales características podría permitir a la Argentina, en el peor de los casos, cortar a Chile a la altura del Reloncaví, apoderándose de todo el litoral del Pacífico Sur. La vigencia de la declaración de Ibáñez Gutiérrez sobre la jurisdicción chilena hasta río Santa Cruz corría peligro de evaporarse.

Las bases iban a ser dadas a conocer el 1º de mayo de 1878, en la fecha de apertura del Congreso argentino. Barros Arana, en otra de las acciones que le reprochan eternamente sus detractores, telegrafió a Alfonso sin comunicarle el grueso del acuerdo pero solicitando la aprobación al mismo por parte de La Moneda. Coincidentemente, en esos mismos días la situación chilena con Perú y Bolivia comenzaba a empeorar a pesar de que el Presidente Pinto seguía convencido de que los deseos amistosos primarían por sobre las amenazas.

Como era casi lógico que el sentimiento nacional de la Argentina buscara también el acercamiento al cuadrillazo contra Chile -mismo que ya habían estado discutiendo desde 1873 con ambas repúblicas aliadas- el nacionalismo platense, azuzado por Frías, rechazó violentamente la Convención Barros Arana-Elizalde, sin haberla leído siquiera, y los parlamentarios se negaron a aprobarla. Elizalde mutó, entonces, en la misma actitud intransigente y agresiva de Frías, repudiando el acuerdo que él mismo había firmado hacía sólo unos días.

Avellaneda llamó urgentemente a Barros Arana a su despacho el 24 de enero, y buscó convencerle de que el acuerdo no sería aprobado mientras Chile no firmara un protocolo adicional, donde declarara que sus exigencias territoriales sólo llegaban hasta río Santa Cruz, incluso si el fallo arbitral le reconocía a Chile mayor cantidad de territorios. El Plenipotenciario, aunque estuvo de acuerdo, se disculpó evitando comprometerse en una propuesta de tales características e informó a Santiago sin esconder su simpatía por esta idea. Alfonso contestó al día siguiente, desahuciando la proposición:

"Chile, en la cuestión de posesión y jurisdiccional, ha fijado el río Santa Cruz; pero en la cuestión del dominio, ha reclamado siempre la Patagonia sin limitación. La materia del arbitraje debe comprender, pues, la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. Aprobado el pacto, podrán ambas partes, por un convenio suplementario, excluir del arbitraje ciertos territorios procediendo equitativa y fraternalmente".

Rápidamente, Barros Arana se reunió con Avellaneda e Irigoyen -éste último, a la sazón, en el Ministro de Interior-, para reformular el acuerdo, llegando a un borrador en el que Chile quedaría con todo el Estrecho, pero dejaba en la incertidumbre muchos aspectos del arbitraje. Alfonso vino a conocer el articulado del Convenio del 18 de enero sólo hacia principios de febrero. Alertado por los peligros que vio en él, notificó rápidamente al plenipotenciario advirtiéndole lo mucho que se había alejado de lo que se le había encargado, pidiéndole especificar que la zona donde se debía arbitrar estaba comprendida por el Estrecho, la Patagonia y la Tierra del Fuego. Tampoco le pareció correcta la referencia al límite en la cordillera de los Andes, pues temía que la Argentina quedara en poder de la mitad del Estrecho.

Finalmente, su mayor objeción fue para el statu quo, pues el modus vivendi otorgaba a la Argentina una jurisdicción sobre territorios al Sur del Estrecho en los que jamás había ejercido actos de soberanía, incluso el obispo Stirling, de la misión anglicana de Ushuaia, había reconocido allí la soberanía chilena.

Fracaso final de la misión. El entreguismo chileno deja en ventaja al Plata (1878)

Pero el clima chilenófobo de Buenos Aires ya había amedrentado hacía tiempo a Barros Arana, quien veía imposible complacer a Alfonso después de haber perdido la simpatía de Elizalde, ahora fervoroso alumno del nacionalismo recalcitrante de Frías. De hecho, antes de alcanzar a hacer cualquier cosa, Avellaneda debió restaurar el reclamo argentino de satisfacciones por el incidente del "Jeanne Amélie", el 18 de febrero, pero fechándolo en 21 de enero, para complacer a la patriotería local.

Barros Arana creyó que lograría apaciguar los ánimos "deplorando" el incidente sin dejar de insistir en que el Gobierno de Chile había actuado conforme a Derecho, cosa que, además de no bajar ni un grado los decibeles de la gritadera antichilena, le valió otra nueva desautorización de parte del Canciller Alfonso, el 9 de abril, con una nota en la que remata diciendo:

"Si US. cree que es imposible arribar a las modificaciones propuestas, y cree también que no nos será dado terminar este desagradable asunto por medio de una transacción directa que nos asegure el Estrecho y la faja adyacente que reclamaran nuestras colonias, es tiempo de dar por concluidos, por ahora, los esfuerzos que el Gobierno y US. han hecho en obsequio de la buena inteligencia y armonía de ambas Repúblicas".

Mientras tanto, Avellaneda no lograba contener la inestabilidad interna argentina y se produjeron levantamientos armados en Santa Fe y Corrientes, por lo que debió desentenderse momentáneamente del asunto limítrofe, complicando más aún el martirio de Barros Arana.

Esto permitió a Elizalde imponer sus criterios personales y, el 30 de marzo, propuso al Plenipotenciario chileno una nueva fórmula en la que, adelantándose incluso en señalar los hitos geográficos de la frontera, Argentina quedaba en poder de toda la Patagonia Oriental, la cuarta parte del Estrecho de Magallanes y la isla de Tierra del Fuego completa, incluyendo la boca oriental del Estrecho y el Canal Beagle. La única zona sometida a arbitraje sería al Sur de la margen inferior del Estrecho, desde una boca a la otra, y descendiendo hacia el extremo austral del continente.

Tan groseramente expansionista era esta propuesta que Barros Arana la descartó de inmediato.

El Plenipotenciario se encontraba preparando una respuesta formal y escrita contra la propuesta, cuando Elizalde volvió a invitarlo a escuchar otra proposición, el 6 de abril.

Esta vez, y basándose en la misma propuesta del 30 de marzo, la Argentina se comprometía a renunciar por adelantado a sus aspiraciones sobre la península de Brunswick e islas aledañas, a cambio de que Chile renunciara a sus pretensiones al Norte de monte Aymond y del paralelo que le corresponde. Como en todos los acuerdos anteriores, también se pedía garantir el derecho de libre navegación por el Estrecho.

En términos estrictos, no habían grandes cambios con respecto a la propuesta anterior, por lo que Alfonso le advirtió al agente chileno que, al no mejorar la situación, "debemos resignarnos a una ruptura indefinida de negociaciones". Se organizaron reuniones del Consejo de Gabinete chileno para tratar el tema durante los días 10, 17, 24 y 25 de ese mes. El 26, Barros Arana fue notificado de la decisión de no aceptar el proyecto y se le anunció el final de su misión. Sin embargo, como un último esfuerzo, La Moneda le sugirió hacer una propuesta final de statu quo, según la cual Chile continuaría ejerciendo jurisdicción sobre el Estrecho, la Tierra del Fuego e islas adyacentes, hasta el paralelo del monte Aymond, y por el lado de la cordillera andina hasta río Negro. Sin embargo, en el clima de agitación interna que enfrentaba Avellaneda y una crisis ministerial del día 25 -que incluyó la salida de Elizalde-, a Barros Arana le resultó imposible hacer la propuesta.

Para peor, el mensaje del Presidente argentino ante el Congreso, el 5 de mayo, desvirtuó de manera grotesca la realidad de las negociaciones con Chile, en su afán de calmar a la patriotería. Avellaneda llegó a comentar que la solución al asunto limítrofe ya estaba zanjada y los intereses de la Argentina quedaban resguardados. Los diarios porteños descubrieron rápidamente la inexactitud de sus afirmaciones y lo lanzaron a la parrilla sin piedad. Como pudo, el mandatario logró reorganizar su Gabinete el 11 de mayo, salvando la conciliación de partidos que lo apoyaban. Correspondió a Manuel Augusto Montes de Oca asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores: un nacionalista acérrimo que, desde el diario "La Tribuna", se había deshecho atacando a Chile.

Barros Arana quiso ponerse en contacto con la casa presidencial argentina ese mismo día 11, consiguiendo reunirse con Avellaneda sólo el 13. En la ocasión, el Presidente se mostró contrariado por las observaciones a la propuesta de enero, que sólo ahora podían serle comunicadas, y manifestó preferir que fuesen los respectivos Congresos los que introdujeran modificaciones. Así las cosas, Alfonso comunicó el fin de la Legación el día 17 de mayo de 1878.

Barros Arana se embarcó el 20 de mayo, enfilando hacia Río de Janeiro, y desde allí hacia Europa. Un colosal esfuerzo diplomático de casi tres años, terminaba en el más completo fracaso.

La misión de don Diego Barros Arana en Buenos Aires culminaría, de este modo, en un duro golpe de timón a los logros que el Canciller Ibáñez Gutiérrez había dejado de herencia al ministerio de José Alfonso. La ira popular y la reacción de algunos políticos de la época condenarían al insigne hombre de letras como "el que entregó la Patagonia", una vez perdida, en 1881.

Su incondicional séquito de intelectuales y académicos defendió ciegamente la memoria del señor Barros Arana, hasta que, hacia 1930, se publicara el trabajo "Patagonia. Errores Geográficos y Diplomáticos", de José Luis Yrarrázaval, generando un candente debate sobre el grado de responsabilidad del ilustre intelectual chileno en la pérdida de la Patagonia Oriental.

Un debate que, a pesar de todo, continúa en nuestros días.

Juicio histórico a la gestión de Barros Arana. Mitos, realidades y consecuencias

"El Tratado que firmé como Plenipotenciario argentino en enero pasado, es un acto internacional completo que no depende de ninguna cláusula o condición, siendo por consiguiente incierto que haya cosa alguna que determinarse para que sea una obligación perfecta para el Plenipotenciario chileno que lo firmó con Plenos Poderes, y para su Gobierno que lo autorizó a firmar después de conocer el Texto del Tratado en proyecto".

"Es extraño que el señor Ministro abrigue todavía la idea de que obró bien observando el tratado de 18 de enero, en vez de desaprobarlo expresamente. ¿Cómo puede su señoría sostener que era posible obtener aclaraciones y modificaciones que al fin no se obtuvieron?"

"...el Plenipotenciario ha procedido con la más completa buena fe, arrastrado por un celo que lo ha llevado sin duda demasiado lejos, haciéndolo suscribir un pacto que distaba de consultar los intereses que se le había encomendado defender".

En tanto, Avellaneda refutó pública y oficialmente la Memoria ministerial de Alfonso, el día 7 de julio, con la intención de echar más combustible a la hoguera. Declaró que la desaprobación del Gobierno de Chile al Convenio de enero sólo tuvo lugar "después que el Presidente hubo leído su Mensaje al Congreso", ofreciendo como "prueba" la inexistencia de alguna nota "que el Plenipotenciario chileno hubiese presentado en este sentido". Con estas audaces afirmaciones, Avellaneda ocultaba la expresa negativa del Gobierno chileno que le había comunicado personalmente Barros Arana sólo cuando él fue capaz de atenderlo y que el rechazo del mandatario a atender las observaciones chilenas al Convenio había sido la razón del cierre de la Legación. Desconocía, además, de que el mismo Elizalde la había descartado también, formulando después sus propuestas del 30 de marzo y del 6 de abril de 1878. Finalmente, el 26 de julio siguiente, Avellaneda resolvió retirar la Legación en Santiago.

El fracaso diplomático también tuvo efectos en la economía, pues se creyó que la guerra era inminente y todos los productores, agricultores y aristócratas tomaron precauciones retirando grandes sumas de sus fortunas desde el sistema bancario. Así, para el 19 de julio, las reservas del Banco Nacional de Chile habían caído en 400 mil pesos de la época, obligando al Presidente Pinto a realizar reuniones de emergencia para salvar del peligro de una eventual bancarrota, con un urgente proyecto de ley que establecía la inconvertibilidad del billete.

Resultaría miope y poco ético identificar a Barros Arana con la culpa fundamental de toda esta crisis y de la posterior entrega de la Patagonia, pues su misión no fue otra cosa que la corona de una serie de errores surgidos en el seno de la clase política y diplomática chilena y de los talentos generales de Gobiernos de turno, en una época en que, además, se debatía también por la posesión del desierto de Atacama, en la simiente de la Guerra del Pacífico. De hecho, Barros Arana intentó arrastrar a la Argentina al tan evadido arbitraje, con su Convenio del 18 de enero de 1878 y lo logró en parte. Dos de los tres acuerdos que consiguió con Buenos Aires, pero que terminaron rechazados por la Cancillería de Chile, eran incluso menos lesivos al interés del país que los que finalmente se firmó en 1881.

Pero también resulta ingenuo y poco lúcido no reconocer que el autor de la primera gran colección de la "Historia General de Chile" fue la pieza clave en un proceso entreguista de fatídicas consecuencias para el interés chileno, indigno lugar para una figura de su talla, en un proceso que -desde su origen- ya iba predispuesto a arriesgar o ceder cerca de nueve décimas partes del territorio patagónico en controversia, desencadenando lo que, a la postre, culminaría en la definitiva entrega del territorio en disputa. Sin haber materializado el Plenipotenciario, en todo su período de negociaciones, ningún acuerdo definitivo, la Argentina avanzó considerablemente su posición comprometiendo el territorio magallánico y negándose de ahí en adelante a retroceder en sus intenciones de impedir que Chile conservara un metro siquiera de playa junto a las aguas del Atlántico. Inclusive, el protocolo adicional a su acuerdo de enero de 1878, que no firmó pero patrocinó ante Alfonso, prácticamente anulaba por anticipado todos los efectos favorables de un arbitraje para Chile.

"El estudio de los antecedentes que arrojan los documentos oficiales revela que en todas las negociaciones que Barros Arana participó con el Gobierno de la concentración nacional, desde su regreso del Brasil, los resultados fueron más lesivos para el interés de Chile que lo que arrojaron las negociaciones de 1876 con el Canciller Irigoyen..."

"...su desempeño, que no llegó a cristalizar acuerdo alguno, sirvió al Gobierno argentino para dar forma a algunas ideas que le servirán para el logro definitivo de sus aspiraciones. Todo lo que, posteriormente, se concretó en el Tratado de 1881, halla su origen en los contactos que mantuvo ora con Irigoyen, ora con Elizalde".

Argentina ocupa la Pampa. Revueltas nacionalistas contra Bilbao en Chile (1878)

Mientras observaban entretenidamente la polémica públicamente ventilada por los chilenos, las autoridades argentinas comenzaban a prepararse para la sucesión al poder en la Argentina. Una figura comenzó a destacarse de inmediato para este propósito: el General Julio Argentino Roca, a la sazón Ministro de Guerra, que consideraba imprescindible la incorporación inmediata de los territorios litigados no sólo en favor de los intereses de su nación, sino también como garantía de satisfacción de sus aspiraciones presidenciales.

Roca contaba también con el apoyo incondicional de su mano derecha, el Teniente Coronel José de Olascoaga y Giadaz. Ambos tenían notables dotes militares y habían servido por largo tiempo a intereses políticos que, en aquellos años, frecuentemente se mezclaban con los cuarteles. Olascoaga incluso había vivido exiliado en Chile, donde fundó el periódico humorístico "La Linterna del Diablo" y participó de la pacificación de la Araucanía, junto a Cornelio Saavedra, regresando a la Argentina en 1873.

La ruptura de Barros Arana sorprendió a ambos militares argentinos en medio de la planificación de una incorporación armada del territorio patagónico a la Argentina, que permitiese también la solución al aislamiento de Mendoza, San Juan y San Luis. El 15 de mayo de 1878 ya habían impartido las primeras órdenes al respecto, preparando a sus fuerzas en un esquema de unas diez columnas que, como primera fase, conquistarían para la Argentina unos 405 mil km. cuadrados de territorio del desierto patagónico, hasta las márgenes del río Negro, donde unos dos mil hombres bastarían para someter a los cerca de 20 mil indígenas repartidos en poblados o comunidades de la zona, mal armados, afectados por enfermedades y en algunos casos incluso sin provisiones alimenticias, y de los cuales no mas de dos o tres mil podrían ser varones sanos en condiciones de dar combate.

Tanto Roca como Olascoaga compartían simpatías por este concepto bélico que hoy equivaldría al de "guerra preventiva" en contra las indiadas de la Patagonia, como pretexto para incorporarlas al territorio argentino, y lo presentaron durante el Mensaje al Congreso Nacional advirtiendo que el triunfo era seguro, consiguiendo que el millón y medio de pesos necesarios para el proyecto fuese aprobado por Avellaneda el 14 de agosto y convertido en Ley por el Congreso el 5 de octubre, al día siguiente de ser presentado. El día 11 se creó la Gobernación de la Patagonia, con sede en Mercedes, y diez días más tarde asumió el cargo Álvaro Barros.

La primera etapa de la campaña de guerra culminó el 23 de noviembre, con un saldo de 1.250 muertos y 976 indígenas prisioneros. Parte de ella quedó plasmada con rasgos de epopeya cuando el General Roca, decidido a incorporar de inmediato este logro a su incipiente campaña presidencial, solicitó al famoso político y escritor argentino Estanislao Zeballos, futuro Canciller, para que registrara la historia en un libro titulado "La conquista de quince mil leguas", escrito con asistencia de Francisco P. Moreno y publicado en el mes de septiembre, con fondos fiscales dispuestos por un decreto de Avellaneda, quien demostró su satisfacción con Roca llamando aquella campaña como "La conquista de la Pampa hasta los Andes". La primera edición se agotó de inmediato, viendo la luz una nueva y levemente actualizada en el mes de noviembre.

Mientras esto ocurría, Manuel Bilbao no paraba de asistir a la Argentina, oficiando como agente o mediador según las condiciones lo exigieran. El 2 de septiembre, tras discutirlo con Montes de Oca, decidió viajar a Chile para entrevistarse con el Presidente Pinto e influir en favor de Buenos Aires.

Lamentablemente, contra todo lo que la moral aconsejaba, el Presidente Pinto recibió al traidor el 20 de ese mes, quien se empeñó en tratar de convencerle de que limitara un arbitraje con Argentina en la zona del Estrecho. Después, el 25, insistió con la secreta esperanza de obtener de él una declaración, pero en mandatario no le concedió su íntimo deseo. Decidido a no perder el viaje y ayudado de la argentinofilia de doña Emilia Herrera de Toro y su entorno, a partir del 27 publicó varios artículos en "El Ferrocarril" donde defendía a brazo partido las pretensiones de sus patrones argentinos y condenaba con el anatema de "belicistas" a Ibáñez Gutiérrez, Blest Gana y Alfonso. Todas estas groseras e indignantes columnas fueron reunidas en su obra "La cuestión chileno-argentina", publicada ese mismo año.

Pero, lejos de convencer a la opinión pública, sus artículos despertaron un visceral rechazo popular contra la oscura persona de Bilbao que, como sabemos, también tenía fama de agitador y adicto a los negocios poco decorosos, debiendo arrancar, el 7 de octubre, rumbo a Valparaíso, para embarcarse a Buenos Aires.

Esa misma tarde, en Alameda con Nataniel Cox, una turba de estudiantes de la Escuela de Medicina iniciaron una estruendosa silbatina, acompañada de ruidos de pitos, chicharras y cajas, entre carteles rezado: "Muera el traidor Bilbao". Se dirigieron por Bandera, con Ramón Belisario Briceño y N. Luco a la cabeza, donde se les sumó más y más gente. La fachada del diario "El Ferrocarril" pagó duramente por la ira de la turba, terminando apedreada entera, con todos sus vidrios rotos y hasta trozos del pavimento del frente desprendidos. Sólo cuando llegaron en número de casi dos mil al Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas, queriendo linchar a Bilbao que había alojado en el Hotel Santiago, de esta galería, se enteraron de que el conspirador había escapado temprano como alma que se la lleva el Diablo.

Por varias horas, las revueltas continuaron en Santiago. A las nueve de la noche, los revoltosos ya acumulaban 4 mil almas y eran un caos absoluto. Las hordas estaban tratando de derribar la estatua Buenos Aires en Plaza Argentina, símbolo de la "amistad chileno-argentina" en Alameda frente a Ejército Libertador, y otros regresaron a "El Ferrocarril" para continuar la fiesta destructiva, mientras Briceño intentaba detenerlos infructuosamente. Le tocó después a la casa de otro entreguista: Manuel Antonio Matta, también domiciliado en calle Bandera. En medio de tanta locura y violencia, sin embargo, tuvieron la deferencia de detenerse un momento en la casa de Adolfo Ibáñez para rendirle un improvisado homenaje. Solo la caída de la noche impidió que el festín continuara.

Pero el desayuno de la mañana siguiente no fue bastante para calmar las iras. El día 8 volvieron a aparecer armados de objetos contundentes, banderas, lienzos y cuerdas para volver a intentar derribar la estatua Buenos Aires, a pesar de estar rodeada de un piquete policial al mando de los Comandantes Chacón y Lazo quienes, hacia las siete de la tarde, debía lidiar dificultosamente con la tentación de la multitud por descargar su ira contra el monumento y los varios intentos de asaltarlo, que fueron reprimidos. Mientras, otro grupo había regresado a Plaza de Armas y arrancaron los postes recordando todavía a Bilbao en sus gritos, por lo que el comercio de los alrededores cerró de inmediato al ver que la situación, en lugar de mejorar, empeoraba a cada segundo. Gravemente herido en la refriega terminaría el Sargento Bravo.

Los desmanes continuaron en San Diego, Nataniel y San Ignacio. Una violenta carga policial, hacia las diez de la noche, dejó un sinnúmero de heridos y descalabrados por ambos lados. Fue lo único que logró detenerlos por ese día.

En vista que los intentos de reorganizar a las masas continuaron el día 9, el Ministerio de Guerra resolvió realizar una reunión de emergencia con los jefes de la Guarnición de Santiago, en la que se ordenó patrullar puntillosamente toda la ciudad, con cerca de 300 miembros de la Guardia Nacional, al mando del General Manuel Baquedano, logrando apagar los últimos fuegos que prendieron aquel día.

Sólo entonces, el Presidente Pinto pudo soltar el aire que contenía desde la noche del 7, cuando creyó que las revueltas populares iban a llegar a ponerle en una situación de peligro.

Incidente del "Devonshire". Bravata y posterior retroceso argentino (1878)

Poco le duró la tranquilidad a La Moneda, sin embargo.

Hacia el 12 de octubre siguiente, el Comandante de la "Magallanes" capturó otro barco internacional: el norteamericano "Devonshire", al sorprenderlo extrayendo ilegalmente guano en territorio patagónico al Sur del río Santa Cruz, luego de una denuncia por su presencia llegada a la Gobernación de Magallanes. El Presidente Pinto y el Gabinete se enteraron de los hechos el día 26.

La situación del "Devonshire" se hizo más siniestra al descubrir que el mismísimo Juan Quevedo, involucrado en el caso "Jeanne Amélie", aparecía ahora en este nuevo incidente. Había solicitado a las autoridades de Buenos Aires un salvoconducto para dirigirse en la barca arrendada hasta islas Falkland, pero informó secretamente que recalaría en Monte León, el mismo lugar donde, dos años antes, fuera sorprendida la nave francesa, por lo que pidió mantener en confidencia este trámite el 19 de julio, cuando recibió la autorización. Para el momento en que fue descubierto en el lugar y se le pidieron documentos, llevaba 88 días anclado y ya había extraído 700 toneladas de guano, siendo puesto a disposición de las autoridades de Magallanes.

Haciendo erupción por los hechos, los medios de prensa bonaerenses exigieron de Avellaneda una respuesta militar inmediata contra Chile. Pero el mandatario sabía que sus fuerzas navales no estaban en condiciones de sostener un conflicto (disponía sólo de las cañoneras "Constitución", "Uruguay" y "Andes") y rápidamente movilizó a Bartolomé Mitre para oficiar como paloma de la paz, valiéndose de sus contactos con argentinistas chilenos como Vicuña Mackenna y Emilia Herrera de Toro. Durante casi su exilio en Chile, Mitre había vivido en la hacienda "Lo Águila", propiedad de doña Emilia. Roca, por su parte, haría lo mismo poniéndose en contacto con su amigo chileno Cornelio Saavedra, y Bilbao inició un intercambio postal con Lastarria y con el propio Presidente Pinto.

La idea del Gobierno argentino fue apaciguar los ánimos, pero simulando también un clima de enérgica disposición militar platense que no era tal, con la intención de amedrentar a La Moneda, a la que sabía pacifista en extremo y a ratos pusilánime. El 31 de octubre, el Ministro Montes de Oca dirigió una circular a los diarios de su patria exigiendo mesura y discreción, para que se subordinasen a la línea oficial del Gobierno. Pero los medios, junto con hacer caso omiso a sus peticiones, publicaron completa su carta subiendo al rojo vivo la fiebre popular que clamaba por una guerra.

Sucumbiendo ante el gruñido nacionalista, Avellaneda decidió enviar una flotilla al mando del anciano Comodoro Luis Py, el 8 de noviembre, para enfilarla proa hacia la zona de los incidentes y tomar posesión de ella. El día 12 crearía la Subdelegación Marítima de Santa Cruz, para completar este propósito.

Afortunadamente para Chile, en el Ministerio de Interior de Pinto ya se encontraba don Belisario Prats, una de las mentes más lúcidas de la clase política chilena, que distaba una enormidad del entreguismo y el pacifismo ciego al que Avellaneda se había acostumbrado en sus interacciones con La Moneda. La opinión pública chilena reaccionó indignada ante las noticias, y se cuadró junto al ministro Prats y a don Máximo Ramón Lira, que venía anticipando este punto de quiebre hacía años desde la Cámara. Así las cosas, Prats pidió completar la dotación de los blindados "Blanco Encalada" y "Cochrane" el 31 de octubre y ordenando su salida hacia la boca del Santa Cruz. También ordenó reforzar la dotación de Punta Arenas, lista para cualquier conflicto, y se notificó a Blest Gana, en su calidad de ministro ante Inglaterra y Francia, que adquiriese municiones y armamentos.

"Zarpó también de Valparaíso la escuadra chilena con rumbo al Estrecho, y aproximándose un rompimiento marítimo para el que el señor Diputado tuvo la franqueza de declarar que nuestros buques no estaban preparados, pues no se encontraban en condiciones para entrar inmediatamente en operaciones bélicas, que el gobierno no había previsto".

Para evitar críticas y acusaciones de debilidad o cobardía ante los chilenos, el Ejecutivo argentino pidió a Sarratea que buscara acercarse a La Moneda por motu propio, es decir, animado por su propia volunta de paz y concordia ante una situación que, como hemos visto, Avellaneda, Bilbao y Zeballos se esmeraron en presentar como profundamente complicada y peligrosa para Chile, esperando reacciones más flexibles de este último. Su labor se vio facilitada también por la influencia en las esferas que tenía su amigo Vicuña Mackenna, quien ya estaba en contacto con Zeballos y Mitre para lograr el éxito de lo que llamaban un "medio decoroso" para aliviar la tensión. A su vez, Vicuña Mackenna y el cónsul argentino se habían puesto en contacto el 28 de octubre.

Aunque el ex Intendente de Santiago ya no tenía su cercanía a Pinto, luego de la violencia verbal de las campañas presidenciales que habían enfrentado a ambos, sí podía lograr algo con el Ministro de Guerra Cornelio Saavedra, que era nieto del héroe homónimo argentino. Patriota pero cándido, Saavedra logró que Pinto y Sarratea se reunieran "como amigos" por más de ocho extenuantes horas, el 2 de noviembre -menos de un día antes de la salida de los blindados- para convenir en un borrador de acuerdo.

Afortunadamente, el Ministro Prats no había echado pie atrás en sus decisiones y se continuó con el plan. La noticia de que, confiando en la capacidad de Sarratea, Avellaneda había ordenado también el zarpe de su flota, había llegado al Canciller Fierro el día 12 de noviembre, por lo que consultó a Sarratea -que ya estaba al tanto del zarpe chileno- sobre el objetivo de estos movimientos. El Cónsul sólo atinó a responder que no eran intenciones hostiles, mientras, en su fuero interno, comenzaba a dimensionar el peligro de la situación desencadenada.

No se equivocaban, pues el presidente Avellaneda jamás se imaginó la reacción chilena, habituado a la debilidad diplomática de Santiago. Ante la situación, el mandatario se replegó y cedió a la necesidad de concentrarse sólo en vías diplomáticas. Sin embargo, víctimas de su propia propaganda e incapaces de explicarle al efervescente pueblo argentino esta vergonzosa vuelta de timón -que iba contra la fanfarronería y megalomanía antichilena cuidadosamente cultivada hasta entonces-, las autoridades porteñas se deshicieron en explicaciones sobre la incapacidad de librar un combate con Chile sin resolver, primero, "problemas internos".

Avellaneda y sus hombres terminaron de convencerse del peligro de estos preparativos chilenos, aparentemente, después que ambos blindados pasaban a Lota para cargar carbón y cuando la inofensiva escuadra argentina ya marchaba hacia el Sur. Siguieron anclados allí mientras se desarrollaban las negociaciones e ignorando que los argentinos no detuvieron su avance hacia el río Santa Cruz.

"Habiendo convenido los Gobiernos de las Repúblicas Argentina y de Chile, en las bases de arreglo amistoso de las cuestiones pendientes entre una y otra, que me ha transmitido V.S., y habiendo desaparecido, por la devolución previa e incondicional de la barca "Devonshire", el motivo que se oponía a este arreglo, participo a Ud. que queda autorizado para firmar, como Plenipotenciario ad hoc, las referidas bases".

Como el día 7 del mes siguiente llegó a Buenos Aires la noticia del nacimiento de un acuerdo entre Sarratea y las autoridades de Chile, que veremos más abajo y que de alguna manera derogaba la Declaración Ibáñez sobre la soberanía chilena efectiva hasta río Santa Cruz, la tendenciosa prensa argentina presentó este acuerdo -si bien criticándolo duramente- como una muestra de temor chileno, acotando que Santiago habría bajado la guardia al enterarse de la presencia de la flota platense en las inmediaciones de la zona aquella, desconociendo con esto todos los cruciales antecedentes de la negociación que hemos reproducido aquí y lavando el honor herido por la decisión de Avellaneda de restaurar las negociaciones para evitar el enfrentamiento.

La propaganda y la agilidad diplomática argentina lograban, de este modo, salvar la honra de una nación que se presumía valerosa e invencible a toda prueba. Hasta nuestros días, sigue siendo posible encontrar a historiadores argentinos describiendo de manera piadosa y no menos torcida estos incidentes de noviembre de 1878, cuidando el orgullo del nacionalismo local e incluso intentando presentar a los chilenos como los que rehuyeron a la escaramuza.

Sin embargo, ante el rumor de la presencia de esta flota argentina en río Santa Cruz, se comenzaron a retomar los aprestos bélicos en Chile. El Capitán de Artillería Marina Miguel Moscoso confirmó a la Gobernación de Punta Arenas la existencia de naves argentinas en la zona y la noticia llegó al Gobierno, el día 21 de diciembre, a bordo del buque "Iberia", anclado en Valparaíso. La hoguera belicosa prendió como pasto seco en la opinión pública, nuevamente, arrastrando al país al peligro de guerra que el Presidente Pinto quería evitar a toda costa. Todos los ojos cayeron entonces sobre el cónsul argentino Sarratea quien, asustado por la alta expectación existente, quiso bajar el estrés declarando que la escuadra argentina no tenía ni podía tener ninguna intención hostil dadas las negociaciones de paz a que él había arribado con La Moneda.

En efecto, las esa intención "hostil" había desaparecido al saberse de la partida de la escuadra chilena, a la sazón aún anclada en Lota, siendo desplazada por la negociación de emergencia que él realizaba. Pero la posible presencia de la flota argentina seguía sin explicación y constituía algo que las masas populares consideraban una verdadera afrenta, a pesar del intento de Pinto por calmarla con su publicación en el "Diario oficial " del informe "Cómo cumplió el Gobierno sus deberes de previsión", el 25 de diciembre.

El día 27, los diputados Ricardo Letelier y Máximo Ramón Lira exigieron informar del estado de las relaciones con Argentina a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Guerra. Ambos aseguraron que la situación estaba bajo control, pero que seguían en alerta.

Acuerdo Fierro-Sarratea. Cuestión de la Patagonia arrojada al arbitraje (1878)

En tanto, y sólo después de recibir la autorización de Montes de Oca para aprobar las bases discutidas con La Moneda, el cónsul Sarratea consideró logrado sus objetivos y Pinto le reconoció una extensión a su plenipotencia, el 5 de diciembre, para que pudiese firmar con el Canciller Fierro este nuevo acuerdo. Ese mismo día las partes habían suscrito un protocolo donde se felicitaban mutuamente por las actitudes tomadas para arribar el acuerdo.

El día 6, firmaron otro más en el que la parte argentina solicitaba que el contenido la convención se conservase reservado hasta que fuese aprobado en los Congresos de ambos países. Sarratea solicitó, además, que la discusión parlamentaria del acuerdo sólo se iniciase en junio del año siguiente, cuando comenzaba la legislatura ordinaria chilena, pero Pinto no accedió, interesado en poner fin lo antes posible al asunto. El Cónsul argentino no pudo hacer más que resignarse, y ese mismo 6 quedó firmado el nuevo acuerdo entre ambos negociadores, pasando a la historia como el Tratado Fierro-Sarratea.

Como resumen del tratado, puede señalarse que disponía de la creación de un tribunal mixto de dos chilenos y dos argentinos para resolver el problema pendiente. Además, se designarían dos ministros ad hoc por lado para definir los territorios que se encuentran en disputa y la cuestión que atañe a todos ellos, para ser presentados ante el tribunal arbitral. Si en un plazo prudente de tres meses no había coincidencia para designar los territorios y áreas disputadas, el tribunal haría valer sus plenos poderes fijando reglas y decidiendo estas cuestiones. Una vez iniciado el proceso de arbitraje, si el tribunal manifestaba discrepancias entre las partes se recurriría a la ayuda de un estadista de cualquier otro país americano o nación amiga, que en calidad de árbitro juris resolvería dichas diferencias.

Tirando por la borda los esfuerzos de Barros Arana y de Alfonso con los que lograron integrar el concepto de "pertenecía" en lugar de "poseían", el nuevo acuerdo establecía que el fallo del tribunal debía buscar, en base a lo establecido en el artículo 39 del Tratado de 1856, "los territorios que poseían al tiempo de separarse de la dominación española" en 1810. Mientras este fallo no tuviera lugar, se mantendría un statu quo en que Chile ejercería jurisdicción en las aguas del Estrecho y Argentina en las del mar atlántico, es decir, se acababa vigencia de la Declaración Ibáñez de junio de 1873, sobre la jurisdicción chilena hasta el Santa Cruz. El modus vivendi se mantendría hasta por 14 meses y Magallanes seguiría libre a la navegación internacional.

Aconsejado en gran medida por los ingenuos americanistas chilenos como Balmaceda y Vicuña Mackenna, el Cónsul Sarratea logró introducir en el acuerdo una gran cantidad de puntos que, decorados con las borlas de la buena voluntad y del deseo fraterno de entendimiento que tanto gustaba al ambiente argentinista, en realidad escondían el interés de Buenos Aires por complicar tanto como fuese posible el procedimiento, reduciéndolo a una madeja de dificultades que podían durar varios años y generar nuevos y más complejos estados. Además, la parte chilena llegaba al casi infantilismo de suponer que podría disponerse de la asistencia objetiva de un estadista de otra nación americana, cuando la realidad era que, desde la Guerra contra España de 1866 y el agravamiento de la disputa por Atacama con Bolivia, nación a la que el resto del continente identificaba como débil y victimizada por desconocerse que obraba movida por las intenciones de su Alianza Secreta con el Perú, Chile apenas contaba con la simpatía del Brasil y de una que otra demostración esporádica. Bien debiese haberlo comprendido así el Presidente Pinto, pero en los hechos, el mandatario aún no había sido capaz de aceptar siquiera que la Guerra del Pacífico estaba al borde de estallar, un par de meses después.

El 7 de diciembre, Fierro y Sarratea firmaron un último protocolo, en el que se comprometían a no enviar fuerzas a las aguas del statu quo controladas por la otra parte. Ese mismo día, era publicada en la prensa de ambos países la noticia del acuerdo de paz y al día siguiente, Pinto lo sometió al Consejo de Estado y luego lo envió de inmediato para tramitación al Congreso, respetando la solicitud argentina de que fuese sesionado en secreto. El día 11, Adolfo Ibáñez pidió al Senado que fuese pasado a Comisión de Estudio, pero Fierro, conociendo los súbitos cambios de dirección y giros de timón platenses, pidió que fuese aprobado lo antes posible. Entre él y Vicuña Mackenna, lograron convencer a Ibáñez de desistir de su propuesta, pero de todos modos el ex Canciller lo rechazó declarando:

"...primero, que el derecho que Chile tiene en los territorios cuestionados, es un derecho perfecto, claro, evidente, incuestionable, y que la República Argentina no tiene títulos ni antecedentes de ninguna especie para reclamar, siquiera en equidad, ni un solo palmo de ese territorio; y segundo, que la materia del litigio, esto es, la Patagonia, el Estrecho y la Tierra del Fuego, forman una comarca tan grande y tan extensa como rica y variada en productos de toda especie".

Ibáñez también acusó al tratado de vago e indeterminado, anticipando lo obvio que resultaba la imposibilidad de que un tribunal mixto llegase a alguna clase de acuerdo y que, por lo tanto, la solución caería inevitablemente en un tercero cuyas atribuciones no aparecían suficientemente definidas en las bases, situación altamente peligrosa que podía comprometer incluso territorios que no estaban en dentro del ámbito de la disputa.

Acuerdo llega al Congreso. Ibáñez Gutiérrez denuncia a los americanistas (1878-1879)

Lamentablemente, al día siguiente, el 12 de diciembre, tocó el turno de hablar en el Congreso a los argentinistas representados por Lastarria y Vicuña Mackenna, quienes dieron sendos discursos halagando el proyecto bajo el argumento de que sería la solución definitiva y final a las controversias territoriales entre ambas naciones vecinas (¿suena esto conocido?). Vicuña Mackenna llegó a la monstruosidad de declarar que los títulos jurídicos no eran más que un "ocioso pasto de la polilla", pues consideraba que la Patagonia no tenía dominio efectivo y estaba en categoría de res nillius, además de continuar describiéndola como un territorio estéril y muerto, a pesar de que él jamás había estado allí, contando sólo con las erradas descripciones que hiciera el científico inglés Darwin sobre esta zona del mundo. Antonio Varas, sin bien advertía los peligros del acuerdo, estuvo por aprobarlo en base a estas mismas consideraciones inmediatistas para poner solución rápida a la controversia.

Molesto con tanta palabrería ignara y conciente del trasfondo corporativo que tenía la defensa de los americanistas a los acuerdos con la Argentina, por lesivos que resultaren a Chile, Ibáñez volvió a tomar la palabra fustigando duramente la ignorancia de Vicuña Mackenna y dejando en la historia estas lapidarias frases:

"El americanismo platónico, ese Dios en cuyas aras muchas veces hemos rendido culto, tiene entre nosotros grandes adoradores. Pero es necesario que pensemos antes en el culto a la patria que es el verdadero, porque podemos caer en idolatría. Bajo tales auspicios se ha formado entre nosotros la opinión pública. Aquí no se lee ni se reproduce en la prensa sino lo que nos es adverso".

"¡Qué contraste con la vecina República! Allí nadie lee ni oye lo que no se escriba o diga contra los derechos argentinos. Su prensa, ni aún bien remunerada, reproduce siquiera las notas oficiales que le son adversas. Por eso es que la opinión pública, fuerte, con esa fe ciega y poco ilustrada, es allí tan viril y poderosa".

"Yo no quiero la guerra, la detesto y me parece que rara vez llega a ser una solución completa y satisfactoria. Pero el argumento de la guerra no es argumento, es amenaza, y discutiendo aquí los grandes intereses de la paz, no puede él tomarse en cuenta para la resolución. La guerra es un factor que ni por un momento siquiera puede figurar en la planteación y solución del problema que discutimos. Y por temor a la guerra, yo creo vamos a la guerra porque el pacto actual es sólo el aplazamiento de presentes dificultades, que en poco tiempo más aparecerán multiplicadas".

Por desgracia, para cuando se cerró el debate el día 13 de diciembre, sólo el voto de Ibáñez marcó la disidencia.

Los otros Senadores presentes lo aprobaron con 18 votos, rindiendo tributo al clima americanista que imperaba en la Corporación y la influencia en muchos de ellos de la ya mencionada líder argentinista Emilia Herrera de Toro. Ni siquiera Vicente Pérez Rosales o Joaquín Blest Gana, hermano de Guillermo, resistieron la tentación de dar un final rápido a la larga cuestión de límites con Argentina, especialmente sintiendo la sombra bélica de Perú y Bolivia cada vez más encima. Sin embargo, Ibáñez no estaba tan solo, pues fuera de la Cámara Alta era asistido y apoyado por Guillermo Blest Gana, Oscar Viel y Máximo Ramón Lira.

La opinión pública chilena, ya bastante exaltada aún tras el escándalo de intervencionismo de Bilbao, rechazó de plano la aprobación al Tratado el día 14, con una gran ceremonia organizada por Alberto Gandarillas en el Teatro Dramático de Santiago, al que concurrieron unas dos mil personas, entre ellas, Máximo Ramón Lira. El acto empezó hacia las tres de la tarde, pero al concluir, los manifestantes se dirigieron hasta la casa de Ibáñez, nuevamente a hacer gestos de apoyo. Durante los días siguientes, los diarios de Valparaíso "El Mercurio", "El Deber" y "La Patria" atacaron duramente el acuerdo. En Santiago lo hizo el "Novedades". El ambiente se estaba caldeando nuevamente hasta que, el día 17, una muchedumbre marchó hacia la estatua de Buenos Aires en la Alameda con la misma intención que en las revueltas del 7 de octubre anterior, frustrada nuevamente por la acción policial.

Sin embargo, la explosión popular no era compartida entre los intelectuales, aristócratas y dignos "representantes" en La Moneda y el Congreso. El 18 llegó a la Cámara Baja, donde Ambrosio Montt solicitó que se postergara su tramitación hasta la próxima legislatura, para ser abordado con la dedicación necesaria. Apoyado por Zorobabel Rodríguez y Enrique Mac-Iver, solicitó que fuese pasado a comisión. Sin embargo, se estrelló con la negativa a la postergación de personajes como José Manuel Balmaceda y Justo Arteaga Alemparte. Al final, la sugerencia de Montt perdió con 31 votos contra 35.

Torpemente, los ministros Fierro y Saavedra desoyeron las advertencias sobre la presencia argentina en el Santa Cruz y la negaron ante la Cámara de Diputados, el 7 de enero del año entrante, incitando a los parlamentarios a creer a ojos cerrados en las distractoras notas de Sarratea. Como Lira y Letelier se negaron a creer tales afirmaciones, conociendo los informes de la Gobernación de Punta Arenas, se generó un fuerte debate tras el cual el diputado Juan E. Mackenna solicitó suspender la discusión. Balmaceda, nuevamente, se opuso a cualquier postergación.

El calor de los ánimos llegó a tal que, en la sesión del día 13 siguiente, 14 diputados se retiraron negándose a votar cualquier acuerdo con Argentina mientras sus fuerzas siguieran en Santa Cruz. Entre ellos figuraban Lira, Letelier, Rodríguez, Montt y Mackenna. El 14 fue votado, ganando por 52 contra 8 votos, más una abstención de Manuel Carrera Pinto. Era tal en convencimiento parlamentario de que sólo este acuerdo podría resolver tantos años de disputas y dar una salida optimista para la posición de Chile, además de cumplir con la voluntad del oficialismo, que votaron favorablemente por él hasta don Miguel Luis Amunátegui y el General Erasmo Escala. Se opusieron tenazmente, en cambio, Ramón Allende Padín, Isidoro Errázuriz, Pedro Nolasco y Vergara, Abraham König y Enrique Mac-Iver, entre otros.

Sin embargo, el tratado sólo fue aplaudido por el gobiernismo. A penas se difundieron las críticas formuladas al mismo por Ibáñez y Lira, el directorio del Partido Liberal pidió formalmente explicaciones a su líder, Benjamín Vicuña Mackenna, por su adhesión apasionada. Éste respondió por carta del 18 de enero, haciendo una arenga de paz tan redundante y "cebollera" -diríamos en nuestros días-, que casi parece la caricatura o la sátira del discurso de un pacifista o de un americanista, además de profundamente ignorante sobre el valor real de la Patagonia que ya había sido confirmado en los trabajos de Pérez Rosales:

"Tenemos por fin la PAZ, la paz estable, noble y fraternal, única que es durable, cuando ya iba a tronar el cañón en páramos horribles que no tienen siquiera una agria garganta para repercutir los ecos de la gloria..."

"Un tercio de metro cuadrado de lazareto en Playa Ancha vale lo que todo ese territorio..."

"Porque el Tratado es justo y equitativo lo aprobarán los argentinos de la misma manera y por la misma mayoría de votos que lo ha aprobado los chilenos... Y así en la equidad suprema de la partición de la herencia yacente de 1810 se cimentará la paz duradera, fecunda y nacional de las dos Repúblicas".

"Colonizar la Patagonia, pedazo de un astro apagado, caído y enfriado entre las aguas del polo, es algo como colonizar la luna. Allí no hay nada que signifique vida, ni vida orgánica ni vida animal, ni vida intermedia".

"No basta con buscar la inteligencia y la ilustración; es preciso consultar además condiciones de discreción, sagacidad y carácter que no siempre se encuentran unidas a aquellas cualidades. No es raro que la ilustración inteligente ande reñida con el buen sentido".

"Reconociendo los méritos incontestables del señor Barros Arana como escritor y profesor, estoy ahora convencido de que no estaba en su puesto en la Legación acreditada en Buenos Aires".

Misiones de Prat y Dublé Almeyda. Estalla la Guerra del Pacífico (1879)

La actitud de extremo pacifismo chileno había motivado todo tipo de reacciones propagandísticas en la Argentina, además de generar un progresivo ambiente antichileno pro belicista. Sin embargo, el clima belicoso bajó ostensiblemente en Buenos Aires a partir del día en que se anunció la paz con el Tratado Fierro-Sarratea. Estaba escrito, sin embargo, que esto iba a cambiar drásticamente en las semanas siguientes.

Como se sabe la Asamblea boliviana había aprobado un proyecto del Presidente Hilarión Daza que exigía un mínimo de 10 centavos por quintal al salitre exportado por la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, en una abierta violación del Tratado de 1874, por el cual Chile le había concedido una gran parte del territorio litoral de Atacama que consideraba propio, a cambio de que el país altiplánico no subiera los impuestos a las inversiones chilenas en la zona que realizaban la extracción de salitre.

Bolivia actuaba de esta manera, por estar confiada en el respaldo que le otorgaba un Tratado de Alianza Secreta con Perú, país que, ofreciendo al Altiplano un Tratado de Comercio y Aduanas, pedía a cambio facilidades en su interés de monopolizar la producción de salitres arrebatándola a los inversionistas chilenos. Argentina siempre estuvo a favor del interés boliviano y luego el peruano en el conflicto del Norte de Chile, e incluso estuvo por entrar a la Alianza secreta en al menos una oportunidad antes de la guerra, decisión que debió postergar por problemas internos y sus temores con el Brasil.

En diciembre del año anterior, cuando ya se estaba entrando a este clima de ruptura con Perú y Bolivia, el Gobierno de Chile quiso confirmar la situación denunciada en río Santa Cruz, sobre la presencia ilegal de la flota argentina que, como hemos dicho, se suponía que no debía estar en la zona luego de reiniciadas las negociaciones con el representante argentino Sarratea, razón por la que la escuadra chilena había sido detenida en Lota cuando iba camino a la zona del incidente del "Devonshire".

Pocos días antes, una comisión de vecinos designados en un mitin de Linares, avalados por los Diputados Ambrosio Montt y Máximo Ramón Lira, había presentado al Presidente de la Cárama Baja una solicitud de postergación del estudio para el Tratado Fierro-Sarratea mientras la escuadra argentina no abandonase la zona del Santa Cruz. El ministro Prats que, como hemos dicho, no comulgaba con el americanismo enfermizo de Pinto, apoyó con decisión la idea en el Gabinete y ésta fue aprobada el 23. Por tal motivo, el 25 se designó a Diego Dublé Almeyda para que viajara a la zona a imponerse de la verdadera situación, pues se creía que los informes de la Gobernación de Punta Arenas eran insuficientes.

El mismo día de Año Nuevo de 1879, Dublé Almeyda partió desde Valparaíso en en el vapor "Sorata". El día 2, el navío pasó frente a Coronel, cruzándose con el blindado "Blanco Encalada", que ya había partido rumbo a Antofagasta luego de saberse de las medidas que estaba preparando Bolivia en contra de los chilenos establecidos en las salitreras atacameñas. La guerra parecía ya encima. Tras innumerables intentos por persuadir a las autoridades bolivianas de no producir el quiebre, al día siguiente el Canciller Fierro ordenó, finalmente, al representante en el Altiplano, don Pedro Nolasco Videla, que propusiera como último intento a las autoridades bolivianas someter a arbitraje la decisión de la Asamblea de imponer el tributo salitrero, con el detalle de que debía obtener una respuesta definitiva y clara del Altiplano. Todo resultó en vano. El día 6, Daza había notificado a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta de la deuda con el Estado Bolivia.

Dublé Almeyda llegó a Punta Arenas el día 8, siendo recibido por el Gobernador Carlos Wood y el Doctor Fenton. Provisto de todo lo necesario para su viaje, partió el día 10 a lomo de caballo en medio de un gran viento, siguiendo la línea de las rutas de comerciantes indígenas de río Gallegos, zona en la que contó cerca de diez mil ejemplares de guanacos, según escribió.

En tanto, Daza había iniciado la expropiación de la Compañía antofagastina, expulsando del lugar a más de dos mil obreros chilenos y llamando a remate a de sus dependencias y bienes para el próximo 14 de febrero. Considerando Chile, de este modo, desahuciado el Tratado de 1874 y exigiendo la devolución del territorio, se envió al resto de la flota hacia el Norte para que alcanzara a anclar en Antofagasta el "Cochrane" el mismo día del remate, impidiéndolo y reivindicando la ciudad chilena. Como era previsible, la noticia de que los blindados ya no se encontraban disponibles para proteger Santa Cruz y que habían debido partir desde Lota envalentonó hasta las nubes a las autoridades argentinas, concientes de que podrían actuar en absoluta impunidad dentro del territorio disputado.

Dublé Almeyda, por su parte, llegaba a la ribera sur del Gallegos en la tarde del día 13 de enero, guiado únicamente por su brújula. Molesto y agobiado por las peripecias del viaje, llegó a escribir sarcásticamente en su itinerario que creía correcto solucionar la cuestión limítrofe por esos territorios que consideraba "estériles y tristes", luego de tantas horas de penuria, dejando abandonados en ellos a Félix Frías y a Adolfo Ibáñez, para que se reunieran en Santa Cruz tras hacerlos cabalgar por varias horas y que no salieran de allí hasta que no hayan llegado a algún acuerdo en representación de sus respectivos países. Llegó a Misiones, al Sur de Santa Cruz, sólo el día 19, tras cubrir 160 leguas, descubriendo algo que le quitó súbitamente su irónico sentido del humor: en la rada del río, estaban fondeados los acorazados argentinos "Andes", las cañoneras "Uruguay" y "Constitución", y la carbonera del comerciante Piedra Buena "Tierra del Fuego". Al enfrentarse a esta visión, escribe en su "Diario de una Misión al Río Santa Cruz":

"La bandera argentina flamea en tierra, la margen sur del río Santa Cruz, donde tantas veces nuestros Ministros habían dicho en todos los tonos que no permitirían que los argentinos pusieran la planta. Ahora bien, los argentinos han tomado posesión de la ribera sur del río, han tomado posesión de las casas donde han depositado municiones de guerra y dado alojamiento a sus tropas, ocupando la que allí mandó a construir el Gobierno de Chile, han desembarcado una guarnición compuesta de una compañía de artillería, enarbolando la bandera argentina y ejercen allí jurisdicción. ¿Qué más quiere el Gobierno de Chile?"

"Y uno se desespera cuando ve que los argentinos sostienen estos actos con sus buquecitos de río que uno de nuestros blindados puede llevar en sus pescantes. La indignación que la vista de todo esto produce, se calma con la idea de que el Gobierno de Chile mandará a desalojar a los argentinos tan pronto como tenga conocimiento exacto de los hechos".

Dublé Almeyda se puso rápidamente en contacto con el Coronel Py. Soberbio, éste le espetó que estaban "esperando" desde su llegada al lugar a la escuadra chilena, en circunstancias de que sabía que esta había sido detenida cuando la Argentina se apresuró a reiniciar negociaciones sin informar jamás de la presencia de su flota en el Santa Cruz. De hecho, una nota entregada el 2 de enero por Sarratea a La Moneda, es decir, unas dos semanas antes, insistía en que la eventual presencia de la escuadra argentina en Santa Cruz no abrigaba propósitos hostiles.

El agente chileno alojó en el mismo campamento argentino, pero sin poder dormir, según confesaría. Después de la hora de almuerzo del día 20, emprendió su salida hasta. Iba convencido de que lograría provocar en el Gobierno una enérgica acción de desalojo, inconsciente de que los argentinos habían maquinado todo esto fríamente desde el principio precisamente evitando un enfrentamiento. La tarde del 30, faltando poco para llegar a Punta Arenas, se encontró con el Capitán Miguel Moscoso, quien le contó que la Cámara de Diputados había aprobado el 14 de enero el Tratado Fierro-Sarratea, con lo que la Declaración Ibáñez sobre jurisdicción chilena hasta Santa Cruz había quedado en el pasado. Dolido y decepcionado, se preguntaba esa noche en su diario cuál había sido el objetivo del enorme sacrificio que significó su aventura.

Por cierto que el acercamiento de Argentina a los aliados era relativamente conocido en Santiago desde que, aparentemente, la diplomacia brasileña advirtió de esto a Blest Gana. Fue por esto que los albores al estallido de la guerra sorprendería al máximo héroe que tendría el conflicto, culminando una delicada misión de inteligencia en el país platense.

Con la misión de observar esta situación luego de los incidentes del "Devonshire", se había enviado desde noviembre del año anterior a Montevideo y Buenos Aires al ilustre marino, abogado y futuro héroe de Iquique, don Arturo Prat Chacón. Habíale correspondido enviar mensajes codificados al Ministerio de Guerra de Chile, informando sobre los movimientos de tropas y navíos en la Plata, al tiempo de lograr relaciones directas con importantes políticos y militares, incluyendo al Presidente Avellaneda. Aunque creía en los buenos sentimientos del mandatario, Prat estaba conciente de los detalles sobre el fervoroso intento de reincorporación aliancista que Buenos Aires venía estudiando desde el año anterior, incluidos los gastos militares que se estaban realizando. Advirtió, además, la conveniencia de remover a los cónsules de Chile en Montevideo, Buenos Aires y Río de Janeiro, siendo este último don Juan Frías, hermano del mismísimo Félix Frías, el agitador antichileno del Congreso platense.

Luego de casi tres meses en funciones, Prat solicitó regresar a Santiago. Sabía que para el mes de marzo, el General Roca estaba preparando un movimiento para asestarle un golpe definitivo al territorio patagónico que quedaba controlado por los indígenas, para incorporarlo al territorio argentino, por lo que Prat ardía por volver lo antes posible para reincorporarse a la Armada y tomar las providencias del caso. Le fue autorizado su regreso recién el 27 de enero, y el día 4 de febrero se embarcó en Montevideo en la nave "Valparaíso". El día 9 hizo escala en Punta Arenas, donde se encontró con Dublé Almeyda, partiendo juntos a Valparaíso. En el viaje tuvieron tiempo de intercambiar detalles sobre el profundo convencimiento de que la guerra con Argentina era inevitable.

Sin embargo, el día 14 de febrero, Chile reincorporaba a su territorio a la ciudad de Antofagasta y el huracán de la guerra comenzaba a soplar en Atacama, lejos de la Patagonia o de Magallanes. Como era de esperar, Pinto no otorgó a los extraordinarios informes de sus agentes de inteligencia la importancia que merecían.

Como Prat ignoraba gran el desarrollo que los acontecimientos habían tenido en Chile con relación a Perú y Bolivia en los últimos meses, al llegar de vuelta a Valparaíso en febrero y advertir la ausencia de la flota que había partido a la guerra, creyó que marchaban para enfrentarse con la Argentina, ante la inminencia de la agresión trasandina que él daba por segura. Sólo se enteró que había marchado a Antofagasta, al desembarcar y ser recibido por su fiel esposa, Carmela Carvajal, quien le dio una breve descripción del escenario en que se estaba en aquel momento su país. En su informe final, del 16 de febrero, escribiría demostrando su extraordinaria comprensión de los acontecimientos:

"La situación política, financiera y comercial de la República Argentina es aún más grave que la que a Chile trabaja; a pesar de la apariencia que le da un ejército más numeroso, aquella nación, como poder militar, no es superior a la nuestra y es incontestablemente inferior en el mar, haciendo así, no ya posible sino fácil, hostilizarla de una manera eficaz, cerrándole, por medio de un bloqueo, la boca del Plata, única vía por la cual se efectúa todo el movimiento comercial de la República; y, por fin, Chile no tendría, en el peor caso, que temer ninguna hostilidad del gobierno ni pueblo oriental; llevaría consigo las vivas simpatías del Brasil y podría contar con la revolución interna que prendería fácilmente en Corrientes y Entre Ríos".

Bolivia declaró la guerra a Chile el 1º de marzo. Chile le exige la neutralidad al Perú y este se niega a darla; entonces Santiago le declara la guerra a ambos países el 5 de abril. Perú le declara la guerra a Chile el 16 de abril y admite su Alianza Secreta con el Altiplano. Había comenzado la Guerra del Pacífico y, en poco tiempo más, Prat se convertiría en el más grande de los héroes chilenos de aquella conflagración.

Frágil neutralidad argentina. La misión de Balmaceda (1879)

Para asegurar el cuadrillazo y tentar al Senado de la Argentina que, por entonces, tramitaba la ley de adhesión a la Alianza contra Chile que ya había sido aprobada por la Cámara Baja, la diplomacia de Bolivia habíase puesto en contacto con el ministro argentino en Perú, don José Evaristo Uriburú, a través del Ministro de Justicia del Altiplano, don Julio Méndez, otro de los reconocidos antichilenos que figuraban en la vecindad. El boliviano presentó un grueso texto al representante argentino, ofreciéndole una franja territorial desde el paralelo 24º al 27º si entraba a la guerra y a cambio de una fracción del Chaco entre los ríos Bermejo y Pilcomayo.

Estas gravísimas propuestas diplomáticas suelen ser escondidas por los historiadores de Bolivia, pues demuestran que su interés en el litoral se reducía sólo al ámbito comercial y que estaba dispuesta a una enorme renuncia en sus propias pretensiones, a cambio de tentar a Buenos Aires a actuar contra Chile. Los detalles de esta escandalosa gestión diplomática, sin embargo, fueron confirmados por la larga confesión de Julio Méndez al diario "La Nación" de Buenos Aires, del 24 de agosto de 1895.

Aprovechando la situación desfavorable a Chile por la cuestión con los vecinos del Norte, Montes de Oca despachó una circular al cuerpo diplomático extranjero, con fecha 16 de enero de 1879, donde alegaba que el área de arbitraje del Tratado Fierro-Sarratea era solamente la península de Brunswick, es decir, donde se encontraba la colonia de Punta Arenas y no la totalidad de la Patagonia como se había acordado independientemente del statu quo a mantener. La Plata, decidida a darle una estocada al convenio firmado un mes antes, instruyó de inmediato a su artífice, el Cónsul Sarratea, para dar a conocer a La Moneda dicha circular, agregando que solicitaba lo antes posible la designación de un representante para evitar el arbitraje con un acuerdo de transacción.

Incapaz de reconocer la intención argentina tras la propuesta, Pinto aceptó de inmediato la propuesta poniendo en el cargo de plenipotenciario al Diputado de Carelmapu, José Manuel Balmaceda, quien había sido el mayor defensor del Tratado Fierro-Sarratea en el Congreso, pero se pensó inicialmente en no enviarlo hasta que la Argentina aprobara en el parlamento el proyecto.

Ya hemos visto la relación estrecha de Balmaceda con el argentinismo compulsivo de época liderado, entre otros, por su propia suegra, por lo que se creyó que él encarnaba al representante ideal para la paz. Nadie sabía, sin embargo, que sólo unos días después iba a estallar la guerra, desatándose una tormenta de odios antichilenos y de apoyo popular a los aliados en la Argentina, que ni siquiera perdonaría a uno de sus más leales amigos en Chile.

La ruptura con Bolivia dañó profundamente el americanismo sensible de Balmaceda, cuyo nombramiento fue comunicado a Buenos Aires poco después. Avellaneda aplaudió el nombramiento en carta a Pinto, el 28 de febrero, y el 3 de marzo designó a Sarratea como Encargado de Negocios en Santiago, dejando en el cargo consular a Agustín Arroyo. Balmaceda recibió las instrucciones el día 17, completándose su Misión con los secretarios Adolfo Carrasco Albano y Guillermo Puelma Tupper, junto a los Adictos Cornelio Saavedra Rivera (hijo del Coronel chileno y bisnieto del prócer argentino) y José Ramón Balmaceda, hermano del nuevo plenipotenciario. Curiosamente, ese mismo día Avellaneda expresaba a Pinto su incredulidad de que el Congreso de la Argentina aprobara el convenio de diciembre.

El objetivo principal de la Misión de Balmaceda era hacer que los argentinos preservaran el compromiso original de arbitraje sobre la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego sin excepciones, además de procurar la neutralidad de las Repúblicas del Plata y del Brasil, en vista de que todo señalaba que el Perú estaba a punto de entregarse a la causa boliviana. Partieron el día 19, atravesando la cordillera.

Confirmando los temores de La Moneda, día 26 de marzo, la Cancillería del Perú instruyó a su agente en Argentina, Aníbal Víctor de la Torre, para que consiguiera la adhesión de Buenos Aires basándola en la oferta territorial de Bolivia desde el paralelo 24º hasta "sus verdaderos límites con Chile", señalándolos en el 27º. Al parecer, el exceso de generosidad y el entusiasmo provocado en Perú y Argentina por la propuesta, llevaron a La Paz a recapacitar en intentar conseguir la adhesión argentina sin cesiones ni intercambios territoriales. Argentina no podía exigir demasiado para entrar, teniendo al Brasil a sus espaldas.

Precisamente en aquellos días Avellaneda había buscado sin éxito atraerse las simpatías del Uruguay, negociaciones de las que se enteró Río de Janeiro acrecentando su favoritismo por la causa chilena, a pesar de su neutralidad.

El 31 de marzo llegaba Balmaceda a Buenos Aires, enfrentando de inmediato un clima hostil y virulento. Su americanismo quedó herido al advertir el fuerte favoritismo del pueblo y los políticos argentinos hacia Bolivia y el Perú, al punto de que la presentación de sus credenciales se postergó hasta el 5 de abril, cuando pasaran las animosidades contra el representante, siendo de todos modos recibido por Montes de Oca el mismo día del arribo. Sin poder atenerse a la postergación, el día 3, Balmaceda debió actuar por orden de Santiago, destinada a exigir la neutralidad de Argentina, Brasil y Uruguay luego de revelarse el compromiso del Perú en la alianza.

El día 5, en que presentaría las credenciales, las turbas de argentinos llenaron las calles gritando en favor de Perú y Bolivia y en contra de Chile, y rodearon de una humillante silbatina en todo el trayecto de ida y vuelta, a la comitiva del representante chileno, tocando tambores, sirenas y petardos. Afuera, la legación chilena continuó siendo objeto de ataques y manifestaciones por parte del populacho bonaerense.

En la prensa argentina, intoxicada por la propaganda belicista, comenzaron a abundar falsas noticias favorables a los aliados. Se dijo, por ejemplo, que Bolivia había recuperado Chiu Chiu y que el "Huáscar" peruano había echado a pique a la nave chilena "O'Higgins". Creyendo ciegamente estas especulaciones periodísticas, el 12 de abril Avellaneda tuvo el descaro de intentar atemorizar a Balmaceda informándole en persona que los acontecimientos de la guerra habían mermado las probabilidades de avenimiento. El representante le respondió en su cara que estaría dispuesto a discutir una transacción, pero sólo cuando se aprobara el convenio, para lo cual pidió a Avellaneda la misma energía que cuando fue firmado dicho acuerdo. El mandatario se fue por las evasivas, pero cometiendo el error de mencionarle la guerra y ofrecerse como mediador pues, como hemos dicho, se confiaba en Argentina que la situación sería desfavorable a Chile frente a los aliados. Balmaceda, junto con rechazar la propuesta, dejó helado a Avellaneda al espetarle categóricamente en la reunión:

"Y ya que habló de la guerra de Bolivia y Perú, ¿podría V. E. revelarme la historia de aquel tratado secreto que nuestros adversarios ocultos trajeron a este Gobierno y que el Congreso argentino rechazó?".

Avellaneda fue incapaz de responder y, balbuceando, puso fin a la audiencia. Molesto, Balmaceda se puso en contacto con su amigo, el representante inglés, para publicar en el diario "Standard" del 16, la noticia de que parte de la Legación chilena se trasladaría a Río de Janeiro. Aterrado con la idea de un acercamiento entre Chile y Brasil, Montes de Oca llamó de inmediato a Balmaceda para pedirle precisiones sobre este traslado. Éste respondió tajante que, si seguía postergándose la neutralidad, abandonaría Buenos Aires. Dio 48 horas de plazo.

El Canciller argentino respondió al día siguiente por nota, en la que "sin hacer la declaración que V. E. le pide", declaraba que la argentina mantendría su "línea de conducta impuesta... nunca puesta en duda, ni siquiera sospechada". Balmaceda aceptó esta respuesta y desistió de su decisión de marcharse. Habían conseguido, al parecer, un primer compromiso de neutralidad.

Ese mismo día 17 se reunieron Balmaceda y Montes de Oca. El Gobierno argentino quería llegar a un arreglo directo que evitara el inminente rechazo del congreso al Tratado Fierro-Sarratea, pero el Canciller argentino formuló una propuesta que sólo dejaba a Chile con la península de Brunswick, pues el límite de ambas Repúblicas iba por las más altas cumbres de cordillera de los Andes hasta el paralelo 52°, desde donde se trazaría una línea en dirección Sureste hasta la bahía Oazi, sobre la margen norte del Estrecho; la traza también se extendería hasta cortar la Tierra del Fuego y el canal Beagle, hasta las islas Wollaston. Balmaceda la rechazó de plano e insistió en que el convenio de diciembre debía ser aprobado antes de cualquier otro acuerdo, advirtiendo que ésta era menos generosa aún que la propuesta de Lastarria en 1865 y la formulada por Irigoyen en julio de 1876. Alegó también que la colonia chilena de Punta Arenas necesitaba un área de jurisdicción hasta río Gallegos por lo menos, idea que no gustó en nada a Montes de Oca. Ante la persistente discrepancia, la sesión se levantó y se protocolarizaron los puntos propuestos.

La Moneda fue informada de estos hechos el 18 siguiente, pero Santa María, que todavía no dimensionaba la situación del enviado, sólo respondió el 21 y le pidió al Plenipotenciario "moderar su precipitación". Esto molestó a Balmaceda a tal punto que, al día siguiente, envió a su Cancillería una nota en la que intenta abrir los ojos a La Moneda recomendando proteger el Estrecho y buscar un acercamiento con el Brasil, pues advierte que llegó la hora "de prevenirse para todo". Acorralado, Santa María cedió y el 23 de abril el Gabinete acordó enviar una Legación de Primera Clase a Río de Janeiro.

Como no llegaba una respuesta oficial a la abusiva propuesta de Montes de Oca, éste comenzó a acosar diariamente a Balmaceda presionándolo para responder. El día 25 amenazaba incluso que las cosas se saldrían de sus manos si se abrían las sesiones de Congreso sin una decisión ya tomada. Aunque el Plenipotenciario chileno no conocía los detalles, las negociaciones secretas entre Argentina y la Alianza continuaban perfectamente y no habían sido rechazadas en el parlamento. De hecho, el 26, el Plenipotenciario peruano De la Torre, enviaría un oficio reservado a su gobierno, según el cual Avellaneda le había confesado su convicción de que había llegado ya "el momento de imponer a Chile y de arrancarle concesiones que en otra época no hubiese sido fácil obtener".

En tanto, Santa María rechazó por completo el protocolo con las propuestas de Mones de Oca formuladas en la pasada reunión del 17 de abril. El 29 obtuvo del Consejo de Gabinete un acuerdo para conversar privadamente con el representante argentino Sarratea, para arribar a algún acuerdo en base a la propuesta de Irigoyen de julio de 1876.

Coincidió que en estos últimos días del mes de abril, saliera publicado el primero de los cuatro volúmenes de la extraordinaria obra de Miguel Luis Amunátegui titulada "La Cuestión de Límites entre Chile y la República Argentina", reuniendo la formidable investigación realizada por el autor en relación a los títulos históricos y jurídicos que Chile poseía en la Patagonia, comparándolos con la pobreza y las contradicciones de los argumentos argentinos para sostener similar posesión territorial. Santa María le envió un ejemplar a Balmaceda.

Sin embargo, un hecho inesperado que cambió por completo desarrollo de la guerra en que ya estaba enfrascados Chile, Perú y Bolivia, y con Argentina aun paso de involucrarse, tendría lugar en los próximos días del mes de mayo, en la rada de Iquique, conmocionando al continente y dando un golpe durísimo al caudal que habían tomado los acontecimientos.

Roca completa conquista del Desierto Patagónico. La "Expedición del Desierto" (1879)

• La primera, estaría dirigida por el Comandante el Jefe de la Campaña, General Julio Roca, acompañado de Manuel José Olascoaga, partiendo desde Carhué hasta río Colorado, y desde allí hasta Choele Choel, en río Negro, a 250 km. al Este de la confluencia de los ríos Limay con el Neuquén.
• La segunda, estaría al mando del Coronel Nicolás Lavalle y partiría también desde Carhué, pero en dirección al Suroeste hasta llegar a Traru Lauquén.
• La tercera partiría al mando del Coronel Eduardo Racedo desde los ranqueles de Sarmiento y Villa Mercedes hasta Potagüe.
• La cuarta debía estar al mando del Coronel Napoleón Uriburu, saliendo desde San Rafael, en Mendoza, hasta la ribera del río Neuquén, siguiendo desde allí hasta lo confluencia del Limay para reunirse con Roca.
• Finalmente, la quinta estaría subdividida en dos secciones, al mando de los Coroneles Lagos y Godoy. Una partiría desde Trenque Lauquén hasta Lue Lauquén y la otra desde Guamaní hasta Ñaicú.

"Nuestro ejército no debe detenerse en río Negro. Al otro lado hay numerosas tribus que es necesario someter para conjurar peligros futuros y para promover resueltamente la población de la Patagonia por el inmigrante europeo..."

"Los informes que se tienen del Limay que nace del gran lago Nahuelhuapi internado en la misma cordillera de los Andes, hacen suponer que muy pronto todos los buques de poco calado que entrar en el Río Negro irán hasta un paso de la provincia chilena de Llanquihue y sólo los separarán veintidós leguas de tierra del mar Pacífico, por el Golfo de Reloncaví. La comunicación de mar a mar será, pues, un problema de muy fácil solución para la población que venga de Río Negro y muy principalmente para el comercio exterior, que le seguirá muy de cerca y tal vez que le preceda".

Nuevamente, la campaña informativa de Buenos Aires, proclive a los Aliados, tuvo un rol fundamental para moldear la opinión pública en pro de la justificación de semejante acto expansionista, mientras los soldados iban atacando tribus de indígenas que se encontraban en la zona, las que fueron prácticamente exterminadas, e izaban la bandera argentina en los caseríos incluyendo pequeños poblados de chilenos que, de cuando en cuando, eran encontrados en el territorio, en valles cordilleranos.

Balmaceda, en todo ese mes, había mutado drásticamente su americanismo a un nacionalismo autodefensivo, al ver tamaño espectáculo como el de las calles de Buenos Aires. El día 8 volvió a insistir en su petitorio a la capital argentina, invocando a:

"...principios del Derecho Internacional... hacer que las autoridades de la dependencia de V. E. observen la más estricta neutralidad en los sucesos de la guerra".

Pero Avellaneda continuó negándose a responder tan tercamente, que Balmaceda comenzó a creer seriamente en la derrota de su Misión. Todo indicaba que Argentina se sumaría al cuadrillazo contra Chile en los próximos días, aliándose a Perú y Bolivia, luego de haber rechazado el acuerdo de diciembre del año anterior. No había posibilidad alguna, por lo tanto, de arribar a alguna fórmula de transacción como la propuesta en enero por Sarratea.

Tensas horas corrieron el los días siguientes, sumando los hechos de la guerra con la presión que había por el lado argentino. Después de acaloradas sesiones del Senado argentino en los días 13 y 14 de mayo, se acordó iniciar de inmediato un vertiginoso plan de armamentismo, con desembolsos extraordinarios de dinero. Y en Chile, una carta con fecha 15 de mayo llegó desde Iquique hasta la Intendencia de Valparaíso, firmada por el anciano pero siempre audaz Almirante Williams Rebolledo, quien anunciaba que en su calidad de Comandante General de la Armada, partiría con la escuadra a dar un golpe al enemigo, sin dar mayores detalles. Por varios días, La Moneda estuvo con el aire cortado, aterrorizados con la idea de que el viejo héroe de Papudo desatara un incidente gravísimo y con la mayor parte de la flota virtualmente "desaparecida".

"...Los argentinos nos fastidian como no es creíble. Por más que digan lo que digan, quieren aprovecharse de nuestra situación para arrastrarnos a una desventajosa transacción que, entre otras cosas, lisonjee su amor propio. Inútil empeño. Cuanto más se separen de la justicia más firmes nos encontrarán. Están representando una comedia. Si quieren ser pérfidos que lo sean, pues jamás podrán explicar por qué llegaban a la guerra con nosotros, cuando nosotros sólo pretendemos construir el arbitraje, como solución prescrita por el Derecho Internacional y un Tratado solemne..."

En ese ambiente sucedió un acontecimiento histórico inesperado, cuando llegó hasta Buenos Aires la noticia de los Combates Navales del 21 de mayo, dos días después de ocurridos.

Como habíanse provisto sólo de la primera información llegada a Santiago desde Antofagasta sobre los primeros instantes del Combate de Iquique, los argentinos quedaron convencidos de que el enfrentamiento de Iquique se reducía a la destrucción de la "Esmeralda" por el "Huáscar", causando una desatada euforia espontánea entre las chusmas argentinas, que repletaron las avenidas con un improvisado carnaval de festejo. Los diarios bonaerenses agregaron de su cosecha que la "Covadonga" se había rendido en forma humillante y que la flota peruana continuaba decididamente hacia el Sur para "bombardear Valparaíso". Sólo la prensa extranjera tuvo la decencia de reconocer el sacrificio de Arturo Prat en la capital argentina.

La euforia fue tremenda en el Plata. La noticia caía como maná de los cielos a los entusiastas congresales y patrocinadores de la incorporación de Buenos Aires al cuadrillazo. La celebración fue mayúscula y, a las pocas horas, se realizó una impresionante velada en el Teatro Colón, presidida por Bernardo de Irigoyen y los generales Frías y Guido, además de varias otras autoridades, donde se celebró a público lleno y sin ninguna discreción el "triunfo aliado".

Demás está recalcar la insolente omisión que los historiadores argentinos suelen hacer sobre estos hechos. Boquiabierto ante la actitud de sus ex amigos argentinos, Balmaceda notificó el día 24 a Santa María, aún aturdido por los hechos:

"Si en la guerra no se baten con éxito o con desesperación, si el éxito no es posible, nuestra situación será muy grave y amenazadora en este país".

Sin embargo, en la madrugada del día 25 de mayo se completó la noticia con el resto de los detalles de lo sucedido en la rada de Iquique y luego en Punta Gruesa: Los chilenos habían luchado con Prat hasta morir, no hubo rendición y Perú perdió la "Independencia", una de sus mejores naves, gracias a la pericia de Condell. De la noche a la mañana, la supuesta derrota humillante de los chilenos se había convertido en una de las más espectaculares epopeyas de la historia naval.

A continuación, sobrevino el terremoto en Buenos Aires. Todo lo supuesto, lo especulado y lo creído hasta entonces se derrumbaba en una estrepitosa avalancha. La creencia de que la guerra contra Chile iba a ser un mero trámite, fácil, rápido y casi sin costos materiales, se evaporó con la rapidez de la espuma al sol. Todos los chauvinismos debieron tragarse la vergüenza de las burdas fiestas y mítines en favor de los aliados. Todos los hombres sensatos anticiparon que el ansiado triunfo aliado, que en Argentina se juraba a pies juntos, estaba el serio peligro. Las calles quedaron vacías, las turbas iracundas desaparecieron del frontis de la Legación chilena y el silencio sustituyó a las celebraciones improvisadas de hasta hacía pocas horas.

Impresionados con los hechos, los secretarios argentinos organizaron una reunión en la Cancillería esa misma mañana del 25 y, a las 9 horas, el ministro Montes de la Oca se presentó ante la Legación de Chile clamando cínicamente -para sorpresa de Balmaceda y como si nunca hubiese ocurrido lo visto en los días anteriores- que: "La Marina de Chile se ha cubierto de glorias", rematando a continuación con un encendido "¡Viva Chile!".

Finalmente, la neutralidad argentina parecía lograda.

Virando en redondo tras la epopeya chilena del 21 de mayo, la Cancillería argentina bajó la guardia y, aprovechando la desaparición del fervor antichileno en las calles, el día 28 propuso complementar el Tratado Fierro-Sarratea con un arreglo previo, según el cual, cada nación cediese respectivamente:

"...una porción de sus territorios de manera que la nación favorecida ceda a lo que no lo fuere por un fallo arbitral, una parte de la porción adjudicada, a fin de tener las mismas ventajas en caso contrario".

Montes de Oca se mostraba ahora dispuesto a reconocerle a Chile la posesión de todo el Estrecho hasta bahía Oazi y desde allí tirando una línea hacia el Sur cortando tierra del Fuego. Todas las islas al Sur de ésta última eran chilenas, incluyendo las del Beagle.

Ahora bien, si no se arribara a acuerdo por esta vía, proponía entonces una concesión recíproca en territorios en el Estrecho. Si el árbitro fallaba que la Patagonia y el Estrecho eran de Chile, éste cedería a la Argentina la margen norte del Estrecho hasta el cabo Dungeness, más la margen Sur desde Punta Santa Catalina hasta cabo San Sebastián. Si, por el contrario, se fallaba a favor de la Argentina, ésta cedería a Chile la margen norte del Estrecho hasta bahía Oazi, más la margen Sur y todas las islas al occidente de una línea de frontera fijada entre el 52° 45' latitud Sur y 70° longitud Oeste (Greenwich) hasta 55° 12' latitud Sur y 66° 30' longitud Oeste (Greenwich). Pero Montes de Oca demoró más en explicar su propuesta que Balmaceda en rechazarla, nuevamente, por no considerarla equitativa, además de insistir por enésima vez en la aprobación del convenio de diciembre.

Ante la desventaja en que se sentía por los triunfos bélicos de Chile, el Canciller argentino habría quedado acorralado por la intransigencia de Balmaceda y la incapacidad de seguir postergando las cuestiones, de no ser por otra desafortunada acción del Gobierno de Chile, al autorizar Pinto, el 30 de mayo, al Canciller Santa María para que negociaría directamente con el Encargado de Negocios argentino una transacción segura que permitiera a Chile mantener el Estrecho y la Tierra del Fuego y a la Argentina la costa Atlántica y la Isla de los Estados. El árbitro debería fijar el límite oriental de Chile en la Patagonia.

Sin dejar pasar la oportunidad, Montes de la Oca creyó necesario olvidar definitivamente todos los intentos por alejar a la Patagonia del ámbito del arbitraje recurriendo a acuerdos y propuestas de transacción que no habían resultado, y comenzó a empeñarse entonces, en sacar este territorio de las estipulaciones del Tratado Fierro-Sarratea. Sin embargo, a sabiendas de la condición desfavorable a la Argentina que tomó el conflicto del Pacífico propuso, el 30 de mayo, que el asunto del statu quo considerado en los artículos 6, 7 y 8 del convenio se prorrogara por diez años. Balmaceda informó de esta sugerencia por telegrama del mismo día, y Pinto lo aprobó el día 1° de junio, firmándose este nuevo acuerdo el 3.

Avellaneda lo envió al Congreso el 6, mismo día en que La Moneda daba aviso a Balmaceda de que retornase a Santiago para ser reemplazado en los próximos días por Carrasco Albano como Encargado de Negocios. Sin embargo, se le informó que, mientras la Argentina no aprobara el acuerdo de modus vivendi recién suscrito, éste no sería sometido al Congreso chileno.

Epilogo de la misión Balmaceda. Triunfo de Angamos aleja al Plata de la Alianza (1879)

No obstante la posición desventajosa en que había quedado Buenos Aires, aprovechando la momentánea distensión Avellaneda se apresuró a continuar su solapado avance en el territorio, fundado -por recomendación de Roca- las subdelegaciones marítimas de Puerto Deseado y Río Gallegos.

Balmaceda se enteró de estas medidas y el día 23 de junio se dirigió hasta el despacho de Avellaneda expresando sus reparos. El mandatario, ladinamente, quiso justificarse diciendo que sólo quería materializar ante la opinión pública el Tratado Fierro-Sarratea, pero el Plenipotenciario chileno se manifestó molesto por la violación al modus vivendi que hacían tales medidas. Sin poder esquivarlo más, Avellaneda le aseguró que hablaría con el Canciller Montes de Oca. Mientras, le pidió confiar en su prudencia y no notificar a Santiago hasta que el convenio pasara al Senado argentino.

Craso error: el día 27, el acuerdo de prórroga fue sorpresivamente rechazado en la Cámara Alta por 18 votos contra 7. Deshechos en sus propios terrores, Avellaneda y Montes de Oca intentaron justificar lo sucedido alegando que el Senado había preferido una solución rápida y definitiva a la cuestión limítrofe en vez de un arbitraje dilatorio. Sin embargo, por nota del 30 de junio, dice el Canciller a Balmaceda que la creación de las cuestionadas subdelegaciones era el ejercicio de "un acto puramente administrativo, de jurisdicción propia en territorio nacional".

Por enésima vez, confiar en la buena fe del Plata había tenido una grave consecuencia para el interés chileno.

Santa María se enteró de la noticia estando en Antofagasta, mientras regresaba del teatro de operaciones de la guerra. Como todo el resto Gabinete chileno, tomó lo ocurrido con resignación y ya sin sorpresas, aunque era ciertamente un anticipo de lo que iba a ocurrir con el Tratado Fierro-Sarratea. Y así fue, efectivamente: el mismo día 8 de julio en que Avellaneda lo presentó ante el Senado de la Argentina, éste lo rechazo por casi la unanimidad de la Corporación, con un sólo voto favorable. La justificación fue que el asunto se retrotraía a la discusión en torno al Tratado de 1856, sobre el establecimiento de la colonia de Fuerte Bulnes. El día 10, Montes de Oca expresaba a Balmaceda su voluntad de continuar con las negociaciones "sobre las bases de transacciones propuestas".

A todo esto, el Presidente de Consejos de Ministros de Río de Janeiro se había excusado de participar de las propuestas aliancistas de Lastarria, recordándole que el Brasil ya no participaba en ententes desde la ola de críticas que recibió por haberse involucrado en la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, en 1866. Irónicamente, uno de los peores críticos americanos de la monarquía brasileña por su participación en dicha guerra, había sido el propio Lastarria. Sin embargo, la autoridad sí aseguró que no toleraría agresiones argentinas al Paraguay o al Uruguay, recomendándole al ministro chileno que se desplazara hasta Montevideo, en donde le esperaría el representante brasileño para ayudarle a observar desde allá los movimientos de la Argentina. Con tal motivo, Lastarria presentó credenciales ante el Presidente Coronel Lorenzo Latorre el 14 de julio.

Ese mismo día, Santa María había partido de vuelta al Norte de Chile a supervisar el desarrollo de la ocupación de Tarapacá.

Frustrado, el 24 de julio Balmaceda se comunicó con Montes de Oca para avisarle del fin de su misión:

"Considero que el arbitraje, regla común del Derecho Internacional, y en este caso, obligación solemne derivada del Tratado de 1856, es el medio más propicio y acertado para terminar la cuestión pendiente. No creo que los momentos actuales sean a propósito para una transacción que satisfaga las exigencias que cada país estima como su incontestable derecho".

Saltando como león herido, el Canciller respondió al día siguiente con una nueva propuesta, pero casi similar a la última rechazada por La Moneda. La cordillera sería el límite y la línea se trazaría entre vertientes de uno y otro lado. Un árbitro juris se ocuparía de determinar, en base al uti possidetis. Balmaceda recibió fríamente la propuesta y aseguró que la presentaría a La Moneda una vez llegado a Santiago.

Estaba con sus maletas listas cuando el 28 se enteró de que un barco viajaba con un cargamento de armas para Bolivia por la vía Rosario, y desde allí la carga sería llevada por tierra a través de Salta y Jujuy. De inmediato, presentó una protesta formal a Buenos Aires, acompañada de su despedida.

Saboreando el alejamiento del audaz representante, Montes de Oca le respondió "deplorando que V. E. no haya puesto punto final a una cuestión que, retrotraída a 1856, se presta a fácil solución"... ¡Palabras del mismo ministro que llevaba meses intentando evitar el arbitraje que exigía ese mismo Tratado de 1856!.

Se marchó entonces Balmaceda, el 1° de agosto, siendo relevado por Carrasco Albano. Su informe final, entregado a La Moneda el 28 de agosto, deja testimonio de su convicción de haberse hecho todo lo posible en "sana y elevada conducta".

Desde el día 26, además, el Gabinete de Pinto había sido reorganizado. Santa María y sus ambiciones presidenciales habían pasado al Ministerio de Interior.

Montes consideró la partida del Plenipotenciario chileno casi como un logro personal. En su mensaje ante el Congreso del 1° de septiembre, declaró todo el territorio "desde la Plata hasta el Cabo de hornos" y "de mar a cordillera", como "jurisdicción exclusiva" de la República Argentina, sacando instantáneos aplausos. No es de extrañar este lapsus de envalentonamiento de parte del Ejecutivo argentino, pues la decisión del Gobierno de Santiago de iniciar la campaña de ocupación de Tarapacá había resucitado algunas percepciones triunfalistas sobre el posible desarrollo de la guerra, que había saltado de los éxitos chilenos en el mar a las dificultades de la guerra en tierra firme, en los desiertos peruanos (y en parte no se equivocaron con esta percepción, a juzgar por el desastroso resultado de la Batalla de Tarapacá, poco después). Además, ya habían llegado noticias desde Bolivia, respecto de que la alianza se mantendría a pesar de lo ocurrido el 21 de mayo.

La fiebre que aún tenían algunos de los más agresivos políticos y congresales de la Argentina había logrado contener el deseo de retirar el proyecto de suscripción a la alianza del Senado, aún cuando había quedado frenado, como hemos visto. Sin embargo, la llegada a Buenos Aires de la noticia del nuevo triunfo naval chileno, esta vez en Angamos y que costara al Perú la pérdida del "Huáscar" y de su insigne comandante Miguel Grau Seminario, el 8 de octubre, golpeó los últimos sentimientos aliancistas de la Argentina, que no podía arriesgarse más a una aventura militar teniendo al Brasil como foco de tensión permanente. Mientras Perú y Bolivia veían la entrada de la Argentina al cuadrillazo como una garantía de victoria, ésta había confiado en la fama invencible de la flota peruana, que acababa de ser destruida irremediablemente.

Ignorante de lo que acababa de ocurrir, el día 9 Avellaneda se dirigió al Congreso con motivo de la clausura del período de sesiones ordinarias, aseverando que ya no había litigios en la Patagonia y que eran los Andes los que dividirían a ambas repúblicas, celebrando la creación de las subdelegaciones de Puerto Deseado y Río Gallegos.

Sin embargo, la tentación de una alianza perdió todas sus expectativas al día siguiente, conocido en Buenos Aires el resultado del combate de Angamos. Antes de promediar el mes de octubre, el proyecto de adhesión a la alianza contra Chile era definitivamente retirado de la legislatura extraordinaria y del Congreso de la Argentina.

El 15 de diciembre, el ministro Sarratea comunicaba a La Moneda el retiro de su Legación en Santiago, justificándose en la negativa chilena a aceptar la propuesta que hiciera en julio Montes de Oca a Balmaceda.

El 26 siguiente, y luego de insistencias rayanas en la majadería, Vicuña Mackenna logró que el Senado autorizara la publicación de las sesiones secretas del Tratado Fierro-Sarratea. Esto obró en favor de acentuar el clima derrotista de las altas esferas chilenas con relación a la controversia. A principios del año siguiente, el americanista fanático llegó a publicar, en el clímax de la controversia, su obra "La Patagonia", en la que da rienda suelta a su ignorancia sobre el territorio, creyendo ciegamente en las afirmaciones de Darwin sobre su nulo valor económico, a la par de reírse despiadadamente del nacionalismo de Ibáñez Gutiérrez acusándolo de poner a Chile y Argentina en disputa por una comarca inútil y estéril, a pesar de que ya en esos años existían informes que desmentían esa leyenda negra de la Patagonia.

Argentina intenta intervenir en la Guerra del Pacífico (1880)

El inicio del año 1880 sorprendió a los argentinos en una fuerte disputa presidencial, con Roca y Tejedor como abanderados de cada bando. Mientras el primero contaba con el mérito de haber realizado la "Conquista de la Patagonia", el segundo tenía a su chance la creación de una especie de guerrilla paramilitar disfrazada de sociedades provinciales de Tiro y Gimnasia, justificándose para tal medida justamente en el supuesto peligro de guerra con Chile.

Temiendo lo peor, Avellaneda tomó precauciones y el 13 de enero prohibió las reuniones de ciudadanos armados, clausurando varias sedes de estos grupos. A la larga, fue imposible reconciliar a estos dos sectores políticos.

En tanto, el clima confrontacional y regionalista de los argentinos había llegado a niveles insospechados conforme se acercaban las elecciones. Para poder detener posibles contrabandos de armas para las fuerzas de Tejedor, Buenos Aires había colocado a su flota controlando los movimientos portuarios de la capital platense. Sin embargo, un grupo de marinos argentinos aprovechó la situación para cometer actos cercanos a la piratería contra dos buques británicos y su tripulación, generando una enérgica protesta del Ministro inglés.

Por si fuera poco, el navío argentino "Vigilante" asaltó una pequeña barcaza apoderándose de una partida de municiones Remington, en Montevideo. A mediados de marzo, había renunciado el Presidente Latorre, siendo relevado por el Presidente del Senado uruguayo, don Francisco A. Vidal, quien exigió a Buenos Aires que el Comandante del "Vigilante" fuera destituido y que se devolviese en navío con toda su carga. Temeroso de la reacción uruguaya, y sabiendo que el Brasil vigilaba atento la seguridad de la Banda Oriental, Avellaneda envió una misión especial encabezada por Bernardo de Irigoyen, en el mes de mayo.

El día 15 de ese mismo mes, el Coronel Olascoaga elevó al Ministro de Guerra que sucedió a Roca, don Carlos Pellegrini, un informe titulado "Estudio Topográfico de la Pampa y Río Negro. La Gran Campaña de Ocupación y Establecimiento de la Línea Militar", posteriormente publicado en formato de libro. En él, Olascoaga levanta groseras y tendenciosas calumnias que parece imposible que provengan de quien fue tratado como huésped de honor durante su exilio el Chile y más encima participó directamente en la "pacificación" de Arauco:

"Personas que ocuparon muy altos puestos en Chile, no acreditaron tampoco una moralidad absoluta en las relaciones comerciales que tuvieron con nuestros indios por cuyo medio formaron establecimientos en la cordillera y levantaron fortunas adquiriendo vacas arrebatadas en nuestras estancias de frontera. El puesto de jefe del Ejército en el Sud de Chile que guardaba la frontera contra los araucanos, les facilitó los negocios".

Pero los problemas argentinos continuaron. El 4 de junio se debió colocar provisionalmente la capital en Belgrano, ante el peligro de que una guerra civil estallara en Buenos Aires, y después declaró rebelde quienes obedecieran a Tejedor, que a esas alturas se comportaba casi como cualquier caudillo alzado, exigiendo autoridad absoluta. Así las cosas, las elecciones presidenciales tuvieron lugar el 13 de junio, resultando triunfador el General Julio Roca, como era esperable. Decidido a terminar con las escaramuzas, a continuación el Coronel Eduardo Racedo arrasó militarmente las fuerzas paramilitares proclives a Tejedor, que eran lideradas por el Coronel José Inocencio Arias. El día 23 se firmó una tregua y el 1° de julio Tejedor abandonó la Gobernación, siendo sucedido por José María Moreno. El día 3 Avellaneda intervino en Corrientes y declaró el estado de sitio.

El 24 de agosto, Avellaneda decidió complacer a las fuerzas federalistas de Roca y remitió al Congreso un proyecto de ley que declaraba a Buenos Aires capital federal y establecía la provincia de la Plata, siendo aprobado el 12 de septiembre. El día 21, los poderes Ejecutivo y Legislativo retornaron a la ciudad y el día 9, Roca fue proclamado Presidente de la República, asumiendo el 12 y colocando a Irigoyen como nuevo Canciller. Precisamente en este trance llegó a Buenos Aires la noticia de las conferencias de Arica, celebradas el 22, con las cuales quedó clara la incapacidad de lograrse un acuerdo entre Chile y Perú para detener la guerra y, por el contrario, rondó la sensación de que Chile estaba en condición ventajosa después de la destrucción del eje aliado en la Batalla del Campo de la Alianza.

Aprovechando la coyuntura, Irigoyen se acercó al Plenipotenciario de los Estados Unidos en Buenos Aires, General Thomas O. Osborn, pidiéndole confidencialmente que interpusiera sus buenos oficios para solucionar la cuestión limítrofe con Chile. Como la última propuesta de arbitraje de Montes de Oca aún no era respondida por Santiago, el Canciller pidió al representante intervenir para que no fuese la casa presidencial argentina la que apareciera abriendo las negociaciones que, en la práctica, estaban cortadas desde mediados del año anterior. El Plenipotenciario accedió y se puso en contacto con su primo, Thomas A. Osborn, a la sazón Plenipotenciario norteamericano en Chile. El alcance nombres ha llevado en más de una ocasión a errores entre versados historiadores de ambos países involucrados. El Ministro establecido en Chile accedió también, proponiéndose, como primera etapa, sondear la opinión chilena. Rápidamente advirtió que las cuestiones de la guerra habían creado en La Moneda un fuerte interés por poner fin lo antes posible al litigio de la Patagonia, y creyó incluso que su solución significaría también sentar las bases de la paz con Perú y Bolivia.

De los resultados de esta negociación mediada, el Gabinete del Presidente Pinto estuvo de acuerdo en una base que contemplara someter al asunto en base al Tratado de 1856, destinando la solución de la controversia en un árbitro, cuya forma de proceder sería determinada por el Presidente de los Estados Unidos. Osborn recibió esta propuesta y la comunicó a su primo en Buenos Aires, el 15 de noviembre, para que éste las transmitiera a Río de la Plata.

Por cierto que, mientras tanto, Buenos Aires no se había sentado a esperar pacientemente la respuesta chilena. Al abandono del proyecto aliancista luego del combate de Angamos había que sumar ahora la difícil situación económica en que había caído la Argentina, lo que impedía dar un golpe de gracia a un Chile que, a sus ojos, se alzaba como un peligroso conquistador capaz de imponer por la fuerza sus intereses, al menos en el mar. Por tal motivo, ese mismo mes de noviembre Irigoyen ordenaría a su Ministro el Río de Janeiro, Luis L. Domínguez, que sugiriera a la autoridad carioca un intento de interponer una mediación conjunta para terminar con la Guerra del Pacífico, que se haría extensible incluso a los Estados Unidos.

En una retórica que indigna por su falta de ética, el día 9 intentó esconder sus intenciones con sensiblerías americanistas a las que la misma Argentina había renunciado con arcadas de repulsión en 1866, cuando Chile le rogó inútilmente a Mitre la entrada a la alianza en favor del Perú en la guerra con España. Omitiendo de paso, también, su anterior adhesión a la Alianza contra Chile, escribe a su Legación:

"El gobierno argentino vio con verdadero pesar la ruptura de la paz en el Pacífico... (el final) es reclamado por los sentimientos americanos y por los verdaderos intereses de la humanidad".

"La república Argentina y el Brasil profesan principios que no se armonizan seguramente con las pretensiones atribuidas al gobierno de Chile en las negociaciones de Arica".

"Concuerdo plenamente con Ud. en que una guerra y más especialmente una entre estas dos Repúblicas, debe ser evitada y que se deben hacer todos los esfuerzos posibles..."

"Me inclino a pensar que este Gobierno no aceptaría el (punto) primero, por el hecho de que Chile le da ahora al artículo 39 una interpretación completamente ajena a la que debería ser, a la que dieran por entendido a la fecha del Tratado, y por muchos años después, las autoridades del Gobierno de Chile".

Irigoyen decidió pedir auxilio en estas negociaciones al Diputado Luis Sáenz Peña, cuyo hijo, Roque Sáenz Peña había sido un prisionero "vip" de Chile, luego de ser apresado mientras luchaba junto a los peruanos en la defensa del Morro de Arica. Aprovechando la ocasión de agradecer a Sarratea su gestión en pro de la liberación de su hijo, el parlamentario bonaerense le ofreció, el 16 de enero, ayudar para resolver la cuestión limítrofe con Chile, proponiendo un arreglo directo. Por sorprendente coincidencia, Pinto también estaba intentando ponerse en contacto con Sarratea en esos mismos días, para solicitar su participación en la búsqueda de una solución final al conflicto.

"...ningún hombre sensato en Chile pretendía la Patagonia, pero que la dignidad del país no permite que el Gobierno renunciase explícitamente a los derechos que cree tener a ella".

"Colocado el asunto bajo bases sencillas y claras a que habíamos arribado, me parecería que no ofrecía dificultades. La demora perjudicará nuestro anhelo. No dejemos enfriar este asunto, pues ha costado bastante entendernos".

• La primera de ellas establecía necesario que el límite entre las repúblicas pasara por la cordillera de los Andes hasta el paralelo 52, corriendo por las más elevadas cumbres que dividan las aguas de una y otra vertiente, línea divisoria que debía ser establecida en Acta por dos peritos nombrados amistosamente por cada República y, en caso de haber acuerdo, ambas designarían a un tercero para decidir.
• La segunda base ponía el límite en el territorio magallánico, partiendo desde punta Dungeness hasta monte Dinero, continuando por los montes hasta el Aymond, y desde allí hasta la intersección del meridiano 70 con el paralelo 52, desde donde continuaría en base a la divisoria de aguas.
• En la tercera, se fijaba el límite de Tierra del Fuego partiendo del cabo Espíritu Santo hasta tocar el Beagle, perteneciendo a la Argentina todas los territorios e islas atlánticas al oriente de esta línea, mientras a Chile conservaría los ubicados al poniente, incluyendo el canal Beagle y el Cabo de Hornos (esta idea, originalmente introducida por los argentinos, echa por tierra las posteriores pretensiones bonaerenses en el Beagle y que casi terminan en guerra en 1978).
• La base cuarta disponía que fuesen los peritos quienes fijaran esta línea.
• La base quinta proponía que el Estrecho mantuviese la libre navegación.
• Finalmente, la sexta recalcaba el dominio pleno y perpetuo de los territorios asignados a cada República, estableciéndose que, cualquier futura discrepancia, fuese resuelta por una nación amiga en calidad de árbitro.

El Tratado final: Chile cede un millón de kilómetros cuadrados (1880-1881)

A todas luces, las bases del último acuerdo constituían una entrega territorial enorme para los derechos que Chile tenía en el territorio en litigio, además de tener una serie de imprecisiones, como no especificar dónde empezaba por el Norte esta línea de frontera entre Chile y Argentina, por no estar resuelta aún la frontera final con Bolivia.

La cesión que realizaba Chile equivalía a la estratosférica cifra de 1.189.566 kilómetros cuadrados de territorio, a cambio de paz y amistad. Como referencia, se recordará que catorce años antes, Estados Unidos había comprado a la Rusia Imperial el territorio de Alaska por la suma de 7,2 millones de dólares en oro, provincia de 1.481.347 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la necesidad de La Moneda por zafarse de la cuestión fue mayor a todas las reflexiones posibles, por lo que vemos.

Poco después de llegarles el borrador del acuerdo, siempre con la Legación de los Estados Unidos como intermediaria, Buenos Aires comunicó su deseo de hacer dos adiciones: en el punto uno, Irigoyen propuso aclarar que la línea fronteriza "pasará por entre las vertientes que se desprenden a un lado y otro" de la cordillera (atendiendo, al parecer, sugerencias de Francisco P. Moreno); y en el punto cinco, prefirió que la redacción declarara explícitamente que la neutralización del Estrecho y la prohibición de establecer en él fortificaciones. De paso, y conciente de los derechos chilenos en el territorio demostrados por Amunátegui, Morla Vicuña e Ibáñez Gutiérrez, rechazó terminantemente la propuesta de compensaciones de Osborn.

"¿Qué entienden Uds. por neutralidad del Estrecho? Ella no puede referirse sino a las aguas y queda suficientemente garantida con la redacción chilena. No está seguramente en el ánimo de Uds. el que Chile no pueda levantar establecimientos militares, ya con el propósito de defender el territorio que le pertenece ya para mantener el orden interior. Una redacción clara que resuelva esta duda salvará la dificultad".

Irigoyen respondió al día siguiente, alegando que era la Argentina la que "cedía" territorios y que, por lo tanto, "es necesario atenuar la cesión con estipulaciones convenientes" a la paz y la confianza (!). A pesar de todo, Barros Arana accedió a tenderle la mano y, en los días siguientes, se reformuló la redacción siendo presentada el día 25. Primó sobre Pinto y el Gabinete el concepto simplista de la época, de que para defender el Estrecho bastaban en realidad los buques de la escuadra. El 26, La Moneda aceptaba las nuevas bases y comunicaba la decisión a Sarratea.

Pinto, que ya estaba próximo a dejar el mandato, realizó una reunión de Gabinete para explicar la situación. Como se podrá sospechar, se justificó completamente en el problema de que Chile aparecía ahora rodeado de vecinos en actitud hostil y convenía poner fin a tan enojosa situación, diluyendo el peligro. El miedo a la guerra fue el argumento central de toda su exposición.

El 16 de julio, Santa María expresó al mandatario su molestia por haber sometido la neutralidad del Estrecho en la cuestión limítrofe con Argentina, pues el tema no estaba relacionado. Sin embargo, estuvo de acuerdo en seguir adelante ya que:

"...la paz con los argentinos nos va a facilitar la manera de entendernos con el Perú y Bolivia y de solucionar muchos problemas interiores".

El 18, con el procedimiento de firma del convenio ya fijado, Valderrama telegrafió al Plenipotenciario en Buenos Aires, Borja Echeverría, para que se dispusiera a firmarlo en representación de Chile. Irónicamente, unos años antes él se había retirado de la Cámara de Diputados al considerar el Tratado Fierro-Sarratea como lesivo al interés chileno.

El día 22, Thormas A. Osborn comunicaba al Secretario de Estado norteamericano, James Blaine, los resultados de su misión de paz, agregando que no podía considerarla "como un feliz término de mi vida diplomática aquí", pues con este problema resuelto, le parecía "que no ha de quedar ningún obstáculo serio para el desarme general de Sudamérica". Al día siguiente, a las tres de la tarde, el Plenipotenciario chileno firmó el acuerdo y remitió su texto original a bordo del vapor "Britania", que zarpó de Montevideo el día 28.

El duplicado salió por tierra el día 29, llegando a Santiago el 10 de agosto, mismo día en que Irigoyen lo enviaba al Congreso argentino. La Cámara seguía presidida por Félix Frías.

Decidido a detener esta monstruosa entrega, Adolfo Ibáñez saltó de su pupitre para intentar atravesar la opinión del Brasil en el camino del acuerdo, por lo que el día 25 de julio se puso en contacto con el Plenipotenciario del Brasil en Santiago explicándole la situación. A su juicio, el nuevo tratado cometía errores mayúsculos como entregar todas las vertientes orientales de la Araucanía, que estaban en posesión de Chile desde largo tiempo ya; además, eliminaba la proyección chilena con el Atlántico en la boca oriental del Estrecho, buscando por ello cortar la relación entre Chile y Brasil por la zona magallánica, algo que sólo los más visionarios políticos chilenos habían sido capaces de advertir en tantos años de discusiones. Finalmente, Ibáñez Gutiérrez se oponía a impedir la fortificación del Estrecho. Su intención, entonces, era lograr un pronunciamiento carioca en vista de que ambos países son "dos aliados naturales", según declaró.

Ibáñez Gutiérrez estaba avisado de que retornaría a la Cancillería, una vez que asumiera Santa María, por lo que confiaba en perturbar el nuevo acuerdo hasta enfrentar desde el ministerio una salida beneficiosa para Chile. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba. Notificado de la propuesta el Barón de Cabo Frío, Director General de Itamaraty, éste esquivó el compromiso al no poder recoger una propuesta como aquella, dadas las dificultades internas por las que transitaba el Brasil en esos días. Y, para mayor frustración del sagaz político, fue informado casi encima del cambio de Gobierno que el puesto de Canciller no sería suyo, sino de Balmaceda.

Casi como una sincronía del mal momento chileno, el intento de intervención norteamericana creció peligrosamente en el Perú, dirigida por el Ministro Blaine, poniendo a La Moneda en verdaderos minutos de encrucijada.

El 23 de agosto, Irigoyen telegrafió a Arroyo para que consiguiera la aprobación chilena al Tratado, en vista que la cosa se veía difícil en Buenos Aires. Con esto desconocía el acuerdo último que había logrado con Barros Arana. El 26, el Tratado llegó al Congreso argentino. Durante los tres días de discusión, Zeballos lo atacó violentamente, alegando que era innecesario pues no era una solución al problema limítrofe, sino un "apaciguamiento". Luego, reclamó que los supuestos peligros de guerra que motivaron la firma "jamás fueron reales".

Sus palabras fueron omitidas, posteriormente, del Archivo de la Cámara para evitar una ola indignación popular en la Argentina.

Texto del Tratado de Límites chileno-argentino de 1881

EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO

Animados los Gobiernos de la República de Chile y de la República Argentina del propósito de resolver amistosa y dignamente la controversia de límites que ha existido entre ambos países, y dando cumplimiento al artículo 39 del Tratado de abril del año 1856, han resuelto celebrar el Tratado de Límites y nombrando a este efecto sus Plenipotenciarios, a saber:

S.E. el Presidente de la República de Chile , a don Francisco de B. Echeverría, Cónsul General de aquella República;

S.E. el Presidente de la República Argentina, al Doctor don Bernardo de Irigoyen, Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores.

Quienes, después de haberse manifestado sus Plenos Poderes y encontrándonos bastantes para celebrar este acto, han convenido en los artículos siguientes:

ARTICULO I

El límite entre Chile y la República Argentina es, de Norte a Sur, hasta el paralelo cincuenta y dos de longitud, la Cordillera de los Andes. La línea fronteriza correrá por esa extensión por las cumbres más elevadas de dichas Cordilleras que dividan las aguas y pasará entre las vertientes que se desprenden de un lado y otro. Las dificultades que pudieran suscitarse por la existencia de ciertos valles formados por la bifurcación de la Cordillera y en que no sea clara la línea divisoria de las aguas, serán resueltos amistosamente por dos peritos nombrados por cada parte. En caso de no arribar estos a un acuerdo, será llamado a decidirlas un tercer perito designado por ambos Gobiernos. De las operaciones que se practiquen se levantará un acta en doble ejemplar, firmada por los dos peritos en los puntos en que hubieren estado de acuerdo y además por el tercer perito en los puntos resueltos por éste. Esta acta producirá pleno efecto desde que estuviere suscrita por ellos y se considerará firme y valedera sin necesidad de otras formalidades o trámites.

Un ejemplar del acta será elevada a cada uno de los Gobiernos.

ARTICULO II

En la parte austral del continente y al norte del Estrecho de Magallanes, el límite entre los dos países será una línea que, partiendo de Punta Dungeness, se prolongue por tierra hasta el Monte Dinero; de aquí continuará hasta el oeste, siguiendo las mayores elevaciones de la cadena de colinas que allí existe, hasta tocar en la altura del Monte Aymond. De este punto se prolongar la línea hasta la intersección del meridiano setenta con el paralelo cincuenta y dos de latitud, y de aquí seguirá hacia el oeste coincidiendo con este último paralelo hasta el divortia aquarum de los Andes. Los territorios que quedan al norte de la línea perteneciente a la República Argentina; y a Chile los que se extienden al Sur, sin perjuicio de lo que dispone respecto de la Tierra del Fuego e islas adyacentes al artículo tercero.

ARTICULO III

En la Tierra del Fuego se trazará una línea que, partiendo del punto denominado Cabo del Espíritu Santo en la latitud cincuenta y dos grados cuarenta minutos, se prolongará hacia el Sur; coincidiendo con el meridiano occidental de Greenwich, sesenta y ocho grados treinta y cuatro minutos hasta tocar con el canal Beagle. La Tierra del Fuego dividida en esta manera será chilena en la parte occidental y argentina en la parte oriental. En cuanto a las islas, pertenecerán a la República Argentina la isla de los Estados, los islotes próximamente inmediatos a ésta y las demás islas que haya sobre el Atlántico al oriente de la Tierra del Fuego y costa orientales de la Patagonia; y pertenecerán a Chile todas las islas al Sur del Canal Beagle hasta el Cabo de Hornos y la que haya al occidente de la Tierra del Fuego.

ARTICULO IV

Los mismos peritos a que se refiere el artículo primero fijarán en el terreno las líneas indicadas en los artículos anteriores y procederán en la misma forma que allí se determina.

ARTICULO V

El Estrecho de Magallanes queda neutralizado a perpetuidad y asegurada su libre navegación por las banderas de todas las naciones. En el interés de asegurar esta libertad y neutralidad, no se construirán en las costas fortificando ni defensas militares que puedan contrariar ese propósito.

ARTICULO VI

Los Gobiernos de Chile y la República Argentina ejercerán pleno dominio y a perpetuidad sobre los territorios que respectivamente les pertenecen según el presente arreglo. Toda cuestión que, por desgracia, surgiere entre ambos países ya sea con motivo de esta transacción, ya sea de cualquiera otra causa, será sometida al fallo de una potencia amiga, quedando en todo caso como límites inconmovible entre las dos Repúblicas el que se expresa en el presente arreglo.

ARTICULO VII

Las ratificaciones de este Tratado serán canjeados en el término de sesenta días o antes si fuere posible, y el canje tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires o la de Santiago de Chile.

En fe de los cual los Plenipotenciarios de la República de Chile y de la República Argentina, firmaron y sellaron con sus respectivos sellos y por duplicado el presente Tratado en la ciudad de Buenos Aires a los veinte y tres días del mes de julio del año de Nuestro Señor mil ochocientos ochenta y uno.

(L.S.).- (firmado) Francisco de B. Echeverría

(L.S.),. (firmado) Bernardo de Irigoyen

La aprobación en los respectivos Congresos. Algunos hechos controversiales

Pinto se enteró de las dificultades y las críticas radicales al acuerdo vertidas en el parlamento platense, por lo que comenzó a presionar a Irigoyen y a Echeverría para que consiguieran la aprobación. Arroyo no había logrado convencerle de aprobar el Tratado antes que Argentina, por lo que para el 1° de septiembre, cuando cerraba el período ordinario de sesiones, aún no era discutido en el Congreso chileno.

La noticia movilizó una avalancha de descontento popular y político contra Irigoyen, quien fingió desconocer el compromiso con Barros Arana, al tiempo de insistir a La Moneda de aprobar lo antes posible el asunto, por intermedio de Sarratea y Osborn. Ante esta insistencia, el 10 de septiembre Valderrama expresó a Echeverría que la aprobación argentina sería mirada como "una demostración de cortesía y reciprocidad" en Chile.

El día 13, el Ministro norteamericano en Chile, General Judson Kilpatrick, escribía al Secretario Blaine poco después de desplazar a Osborn y advirtiendo el interés argentino en sacar partido a la guerra:

"A mi juicio el retardo no es cuestión de etiqueta, como lo supone el señor Osborn, sino de conveniencias. El Tratado fue firmado por la República Argentina cuando Chile se encontraba no sólo victorioso, sino con grandes perspectivas de una paz pronta y satisfactoria con el Perú. Chile no ha podido lograr la paz. La República Argentina se da cuenta de estos hechos, sus periódicos están llenos de inamistosas aseveraciones respecto a Chile. Parece prevalecer la impresión de que nuestro Gobierno insistirá en la integridad del territorio del Perú y he recibido aquí en Santiago un telegrama expresando que "personas de gran autoridad en Buenos Aires ha recibido seguridades de Washington en el sentido de que el Gobierno de Estados Unidos no toleraría la dominación de Chile en América del Sur". En Argentina estos fútiles rumores han llegado a ser creídos como si se tratara de hechos verdaderos y, en consecuencia, han influido la acción del Congreso".

"...la aprobación del tratado eliminaría los peligros de una guerra con la República Argentina, pero tal vez no las simpatías e interés que había manifestado aquélla en favor del Perú y Bolivia".

El Tratado de 1881 fue, para Chile, el final de una larga maratón de errores y desaciertos increíbles, que pusieron en evidencia la extrema debilidad de la diplomacia chilena, además de la incapacidad de manejar las Relaciones Exteriores al nivel estricto y disciplinado de los asuntos de Estado, reduciéndolas a meras cuestiones políticas y convencionales. Puso de manifiesto, también, el sentido leguleyo de las autoridades chilenas a la hora de defender los intereses nacionales y la extrema confianza en los compromisos con la otra parte, incluso cuando sean de palabra e informales.

De la posición ventajosa en que se encontraba Chile para imponer sobre la Argentina su posición cerrando el debate definitivamente o bien conduciéndolo a un arbitraje en cumplimiento del Tratado de 1856, se pasó a una sumisión absurda e innecesaria hacia 1866, con el envío de Lastarria a Buenos Aires para buscar la adhesión argentina a la alianza para el Perú en contra de España, ocasión que el nefasto agente utilizó para confirmar una voluntad de entrega de la Patagonia y Magallanes ante el Presidente Mitre. Sólo la sagacidad y el talento indiscutible del Canciller Ibáñez Gutiérrez, poco frecuentes en la fauna política chilena, permitieron restaurar el lugar privilegiado de Chile en el debate en 1873.

Sin embargo, la improvisación y los desatinos de La Moneda comenzaron a derribar toda su monumental obra a partir de 1876, coincidiendo con el envío de Barros Arana a Buenos Aires, especialmente en su segunda misión.

Haber comenzado a variar la vía estricta de un arbitraje para la zona patagónica, sobre la cual Chile tenía los más valiosos e indiscutibles títulos de dominio derivados del uti possidetis de 1810, arrastró las negociaciones hacia ámbitos completamente apartados de los cimientos dejados por Ibáñez Gutiérrez, desprendiéndose del monopolio del Derecho y poniendo a La Moneda en campos de acción en los que jamás, históricamente hablando, ha sido diestra, algo proveniente de la propia identidad personalista, poco docta y escasamente prolija que tanto daño hace desde la idiosincrasia característica del elemento chileno.

Obró en contra de los derechos de Chile, además, la ignorancia ciega de las autoridades y el sentido americanista enfermizo de los intelectuales de la época, como Vicuña Mackenna y Lastarria, que a pesar de haber errado en prácticamente todo lo que hicieron y dijeron durante su vida en las mayores arenas de la política contingente, eran respetados y escuchados casi con un fanatismo hipnótico por académicos y otros políticos, incluso cuando insistían en la inutilidad de los terrenos patagónicos y la inconveniencia de que Chile los mantuviera en su territorio a costa de dañar sus relaciones con una República hermana y amiga, como era la Argentina. En satisfacción de estos intereses, llegaron a actuar como francos conspiradores: en el caso de Lastarria, negociando por su propia cuenta la entrega de la Patagonia con Mitre y desobedeciendo órdenes explícitas de Santiago, y luego intentando sabotear la mantención de la colonia de Punta Arenas, desde el Congreso.

En el caso de Vicuña Mackenna, la conjura se hizo actuando en las sombras de la intriga política y publicando en el peak del debate patagónico un libro en el que reafirma todos sus equivocados prejuicios contra el valioso territorio en disputa. De no ser por su compensatorio vuelco patriótico y literario durante la Guerra del Pacífico, el ilustre ex intendente de Santiago y ex candidato presidencial podría haber cargado su biografía con un durísimo juicio histórico a su memoria. Juicio que, correcto o incorrecto, no pudo evadir por ejemplo Barros Arana, como hemos visto.

El mismo sentimiento encarnado por Lastarria, Vicuña Mackenna e incluso por Barros Arana, fue el que nubló la vista a las autoridades chilenas de 1876 a 1879, cuando se tenía todo lo necesario para aplastar las pretensiones de la Argentina con un certero golpe militar contra su escuálida escuadra, situación que la postración económica argentina y sus pésimas relaciones con el Brasil le habrían impedido contrarrestar. Por el contrario, primó en La Moneda un articulado de sensiblerías y romanticismos bolivarianos que hicieron desaprovechar todas las oportunidades ofrecidas y que el vecino pagó pésimamente, al convertirse él en esa amenaza bélica, una vez iniciada la Guerra del Pacífico, revirtiendo de forma insólita la situación entre ambas Repúblicas. Peor aún: esta absurda y majadera ternura americanista ha sido interpretada en épocas posteriores como pruebas de cobardía chilena para enfrentar una guerra. A ratos, la preferencia patológica de Chile por mantener una integración directa con la Argentina en lugar del Brasil, pasando por encima de sus intereses estratégicos, parecería no tener otra explicación.

Una vez que estalló la conflagración de Chile con Perú y Bolivia, la Argentina supo utilizar perfectamente las circunstancias adaptándose a los momentos de fortaleza o debilidad de Chile en el teatro de la guerra y las relaciones internacionales, conforme le conviniese a su propósito final de avanzar sobre toda la Patagonia Oriental. La nefasta ventana abierta que dejaron los intentos de negociar una salida dio oportunidad a Buenos Aires de conseguir satisfacer sus pretensiones, transformándolas en hechos cada vez más consumados e irreversibles, sacando partido de la dificultad con que Chile se enfrentaba para lograr la paz con el Perú ya ocupado. Y, cuando la escuadra peruana resultó aniquilada, la Argentina no sólo supo eludir hábilmente su compromiso con el cuadrillazo de la Alianza, sino que siguió obrando en favor de su interés, aprovechando la ocasión dada para concretar la conquista de la Patagonia y comenzar a convertirse, desde ese momento, en un nuevo peligro de guerra para Chile, ya bastante ocupado con los problemas de la frontera Norte.

Del mismo modo, la acción casi coordinada de los argentinistas chilenos y las autoridades argentinas permitió en planteamiento mental iluso de evaluar la negociación bajo un criterio "transaccional", es decir, cambiando el Estrecho por la Patagonia en los derechos que cada nación le reconocería a la otra. En el pensamiento casi desequilibradamente simplista de la mayoría de los políticos chilenos de la época, no había espacio a la lucidez necesaria para advertir que una "transacción" entre dos unidades que pertenecen a un mismo conjunto es imposible, menos arrojando por resultado que alguna de esas dos unidades finalmente quede dentro de un segundo conjunto distinto del que originalmente la poseía. Incluso en nuestros días, el fallecido agente diplomático e historiador chileno, Santiago Benadava, seguía defendiendo la tesis ilusa e imposible de la "transacción" de 1881.

No menos relevante fue la imprevisión de las autoridades chilenas y su confianza desbordada en Buenos Aires, a pesar de las innumerables veces en que ésta desconoció los acuerdos, alteró los compromisos o simplemente se negó a acatarlos. La fe dogmática en la palabra jurada, además, provocaba un sometimiento exagerado y dramático de La Moneda a esos mismos compromisos que la Argentina cumplía o desconocía a conveniencia, poniendo la parte chilena en una tremenda desventaja.

Los más de un millón de kilómetros cuadrados entregados a la Argentina en 1881, coincidieron con el inicio de una época de esplendor y crecimiento platense que se extendió por medio siglo, aproximadamente, viéndose reforzado por los programas de poblamiento con inmigrantes mayoritariamente italianos de esos territorios, sobre los cuales desarrolló una extraordinaria industria ganadera. Territorios, por lo demás, sumamente ricos en minerales, hidrografía y recursos naturales, al contrario de lo que los americanistas repetían a coro en Chile intentando restar importancia al objeto del litigio con la Argentina.

Los hechos de entonces deberían haber creado una conciencia nacional sobre la forma de enfrentar de ahí en adelante todos los debates limítrofes de Chile, especialmente con Argentina, mas no fue así. La Patagonia fue sólo la primera de una seguidilla de entregas territoriales que tienen en ella su principio, pero no un final a la vista. Abrió la senda práctica de la geopolítica de la Argentina hacia el Pacífico y ha tenido que ver, de un modo u otro, con todas las controversias que han ido surgiendo en años posteriores entre ambas Repúblicas, en un cuento de nunca acabar. Sin miedo a la exageración o al tremendismo, el Tratado de 1881 constituye para Chile uno de sus grandes desastres de su historia, teniendo lugar, para la ironía de las crónicas, en precisos momentos en que el país lograba victorias avasalladoras en el campo de batalla, a veces contra todos los pronósticos.

Curiosamente, como un mal presagio, los patriotas que lograron defender los intereses chilenos frente a la Argentina se fueron extinguiendo en los años que siguieron. Vicente Pérez Rosales y Antonio Varas abandonaron este mundo en 1886. Dos años después, le tocó el turno a Miguel Luis Amunátegui. El ilustre José Manuel Balmaceda se suicidó en 1891, negándose a entregar la Presidencia al final de la Guerra Civil. Adolfo Ibáñez Gutiérrez falleció en 1898. Después de su retiro de la vida política, el ex Presidente Avellaneda reconocería ante sus compatriotas que éste último:

"...es el único hombre de valer en el terreno diplomático que tiene Chile. Por suerte para mi patria, sus compatriotas no lo han comprendido".