| EL DESTACADO HISTORIADOR OSCAR ESPINOSA ESPINOSA MORAGA ACUÑÓ EL TÉRMINO "MITO DE LA AMISTAD CHILENO-ARGENTINA" PARA REFERIRSE AL FALSO DISCURSO DE HERMANDAD Y AMISTAD QUE IMPERA EN LA LABIA POLÍTICA E INTELECTUAL DE AMBOS PAÍSES, PERO QUE EN REALIDAD ESCONDE UNA DE LAS ENEMISTADES Y RIVALIDADES MÁS LARGAS Y PROFUNDAS DE LA HISTORIA CONTINENTAL, DERIVADAS DE LAS INTENCIONES GEOPOLÍTICAS DE PROYECCIÓN AL PACÍFICO Y DE HEGEMONÍA DEL CONO SUR POR PARTE DE LA ARGENTINA. LOS SIGUIENTES CASOS SON EJEMPLOS HISTÓRICOS DE LA EXISTENCIA DE UNA PERMANENTE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD O DE BAJA FRECUENCIA QUE LA ARGENTINA HA SOSTENIDO POR CASI DOSCIENTOS AÑOS CONTRA CHILE, Y QUE DESMIENTEN ROTUNDAMENTE EL MITO DE LA AMISTAD FRATERNA ENTRE AMBOS PAÍSES. ******************************************
Uno de los mitos republicanos más extendidos entre las culturas hispanas del continente es el de la "hermandad" de los pueblos que conforman el vecindario inmediato de cada país americano. Ideario que, por cierto, fue traicionado mil veces, empezando por exilio en que debieron morir los libertadores de esta misma América Latina (O'Higgins, Carrera, San Martín, etc.). Mientras, todo el resto del mundo civilizado parece comprender ya que las naciones no son almas fraternas que "juegan a las muñecas como hermanas", al decir de Mitre, sino que, en el mejor de los casos, pueden ser socias con intereses comunes. Pero la lírica y la poesía del mito de la fraternidad americana sigue influyendo en las decisiones políticas y en la conciencia con que muchos historiadores se enfrentan a la necesidad de ser veraces y objetivos. Usualmente, bastará una visita al vecino país para advertir que su gente debe ser una de las más cálidas y generosas de todo el continente, especialmente entre los sectores más modestos de su sociedad, virtud curiosa de los pueblos de América Latina, en donde los que menos tienen suelen ser lo que más dan. Sin embargo, "algo" parece persistir, a veces, en el modelo colectivo de conciencia. Una rivalidad capaz de materializarse de modos violentos y peligrosos cuando las condiciones lo permiten.... Algo que explota cada cierto tiempo, ya sea a través de casos específicos o de crisis generalizadas, y que no parece presente en Chile por mucho que los propagandistas de la lucha contra el racismo y la xenofobia se esmeren en revisar los antecedentes históricos. Chile y Argentina jamás han tenido una guerra. Han estado a sólo horas de concretarla, pero caprichos providenciales lo han impedido, como sucediera en 1978 en el Canal de Beagle (ver más abajo). Esta situación se considera toda una excepción ejemplar para dos naciones compartiendo una frontera tan extensa como la que les exige su vecindad. Pero, ¿lo es realmente así? ¿Es motivo de celebración?. La amistad y las buenas relaciones que puedan darse entre ambos pueblos, especialmente en el nivel de intercambios que existen hoy en día, no es suficiente para desconocer un peligroso síntoma histórico entre ambas naciones que celebran con orgullo no haberse enfrentado jamás en un campo bélico. Sin embargo, el análisis fácil y optimista de la generalización sobre una paz permanente, cae por su propio peso al advertir la cantidad de veces que Chile y Argentina han estado al borde mismo de enfrentarse, la violencia histórica que se ha dado en sus fronteras y el derramamiento de sangre que ha tenido lugar en plenos períodos de paz, hechos siniestros que los historiadores de ambos lados de la cordillera, de común acuerdo, parecen haber olvidado por conveniencia al calor del relato fraterno y en pro del fomento de la idea parcial de que nunca hubo ni habrá guerra entre los dos vecinos. A veces, basta una pequeña chispa para desencadenar algo que puede ser un caso simple de violencia o un escándalo de proporciones nacionales. El entreguismo chileno, siempre atento a minimizar estas situaciones, busca permanentemente la negación de estos sucesos y, según veremos, esconderlos. Cuando se filtran en el conocimiento público y crece la indignación, vienen las muletillas sobre "hechos aislados". Atendiendo otra de las arrogancias más oscuras que lamentablemente alojan en ciertos círculos retóricos argentinos, se ponen del lado de los prejuicios sobre el "complejo de inferioridad" de los chilenos frente a los argentinos, ¡por denunciar atropellos a sus propios derechos!. Maltratos de chilenos en territorio argentino, manifestaciones indiscutibles de violencia racista, situaciones abusivas e incluso el comprensible resquemor provocado por los hechos de sangre en los últimos años, pasan a ser detalles irrelevantes y fáciles de olvidar en el ideario superior de amistad y fraternidad. Estos extravagantes seguidores del modelo de psicología de Adler, sin embargo, suelen hacer saltar al chileno súbitamente, esta vez, al esquema del "complejo de superioridad" cuando se trata de explicar ahora los roces y los choques con la idiosincrasia de pueblos como el peruano y el boliviano (como si fuese fácil que ambos complejos convivan así en un mismo individuo o colectividad), demostrando los oscuros estatus de superioridad e inferioridad que en realidad operan activamente dentro de las conciencias de estos pregones, con respecto a los pueblos vecinos. Quienes estén familiarizados con la investigación histórica, saben bien que la Historia no busca establecer verdades, sino hechos. En este sentido, el altruismo de los relatos o las intenciones del relator no nos interesan, ni siquiera si la censura o la omisión va en beneficio de un bien superior. Desde este punto de partida, el lector podrá distinguir por sí mismo si entre Chile y Argentina realmente nunca hubo guerra, o si, como sostenemos nosotros, desde el origen de estas repúblicas, ambas han estado empeñadas en un permanente estado de guerra de baja intensidad, de carácter cíclico y que repetitivo durante ciertos períodos históricos.
El choque particular de los caracteres chileno y argentino es casi tan viejo como lo son ambas Repúblicas. Se recordará que, tras el frustrado el intento por llevar a la primera magistratura chilena al General San Martín, Pueyrredón envió desde Buenos Aires al "hermano" lautarino Tomás Guido como Diputado en Santiago de Chile. Éste quiso meterse torpe e innecesariamente en cuestiones políticas internas, desatando otra ola de desconfianzas hacia la presencia argentina. O'Higgins debió solicitar su renuncia. Poco después, O'Higgins delegó temporalmente el mando en el Coronel argentino Hilarión de la Quintana, pariente de San Martín, el 16 de abril de 1817. Quintana inició de inmediato una administración con rasgos de tiranía, persiguiendo despiadadamente a todos los opositores y ganándose el odio generalizado chileno. El 6 de septiembre, dejó por fin el cargo desatando la alegría unánime. San Martín había recibido toda clase de protestas por el actuar de su amigo y familiar. Conciente de que los caracteres de ambos pueblos eran incompatibles, sugirió a O'Higgins que de ahí en adelante sólo escogiera chilenos para ser reemplazado. De hecho, el mismo San Martín había escrito desde Santiago a un amigo suyo en Buenos Aires:
Pero la virtuosa Mendoza de San Martín también cayó en la hostilidad a pesar de sus profundos nexos históricos con Chile. Uno de los primeros casos confirmados de abusos y atropellos fue al chileno Domingo S. Godoy, a quien la Gobernación de Mendoza acusó, en 1828, de conspirador contra el orden público, obligándosele a comparecer ante las autoridades locales, tras violarse toda su correspondencia y allanarse su casa. Los cargos nunca fueron comprobados y bien podrían surgir de intencionalidades políticas. Entre 1831 y 1832, los chilenos residentes en dicha ciudad argentina llegaron a ser víctimas de abusos y atropellos tan reiterados, además de tropelías contra sus bienes, que el Gobierno de Chile debió suspender todo tráfico comercial hacia la Confederación Argentina, como represalia a la indiferencia de la Casa Rosada ante las denuncias contra hechos. Negociaciones intentadas por Mendoza directamente con Chile y que condujeron después al Acuerdo de 1835, por su cercanía y dependencia del Pacífico, habían generado en el Gobierno Central de Buenos Aires una violenta eclosión de sentimientos confrontacionales, temerosos de que la ciudad buscara un acercamiento político con el país vecino como aquel que, efectivamente, quiso después en los tiempos del Ministerio de Portales con una propuesta de anexión. Quienes pagaron el pato por todas estas odiosidades y temores, fueron los chilenos residentes en la provincia de Cuyo y algunos ganaderos que atravesaban la cordillera. En un principio, se les castigó con tributos altísimos, requisando ganados e impartiendo órdenes de cumplir servicio militar obligatorio, como si fuesen naturales de la Argentina. A los residentes se les llamó los "transplantados" y se les privó de una serie de derechos civiles. A los ganaderos se les trataba como delincuentes y de hecho, hasta el famoso político nacional Vicente Pérez Rosales, pasó por una peligrosa situación al interior de Curicó, cuando fue abordado por agentes argentinos que invadían el territorio entonces chileno de los potreros cordilleranos. El audaz intelectual relata con detalles esta insólita experiencia en su obra "Recuerdos del Pasado: 1814-1810". Como la Argentina en formación republicana se encontraba entonces agitada por una dolorosa convulsión y por la anarquía interna, el Presidente de Chile J. J. Prieto, llegó al absurdo de solicitar a su representante en Mendoza, el Teniente Coronel Juan de Dios Romero, que no ventilara demasiado los abusos contra los chilenos para no crear más problemas al débil orden político de la Argentina. Como era de esperar, con esta actitud pusilánime y complaciente, los abusos crecieron en orden exponencial para 1840, motivando una intervención de parte del Ministro Manuel Montt, por carta al Gobernador de Mendoza del 3 de noviembre, que no logró ningún resultado. Le siguió, entonces, una carta del Canciller al Gobierno de Mendoza, a la sazón bajo la dictadura de Juan M. de Rosas. La carta chilena 7 de noviembre de 1841, solicitando únicamente "protección y exenciones" para los chilenos residentes, ni siquiera fue contestada por el mandatario argentino. Consciente de los atropellos a los chilenos y con los medios de comunicación enterados de lo que sucedía, el Presidente Prieto pidió, en discurso del 1º de mayo al Congreso Nacional, las herramientas para derogar los acuerdos suscritos entre Chile y Mendoza como represalia. El proyecto fue presentado sólo dos semanas y media después y la autorización para modificarlas relaciones comerciales con Mendoza se promulgó el 1º de octubre siguiente, aunque Prieto no la utilizó de inmediato ilusionado en un cambio de actitud del vecino país. Irónicamente, comenzaron a llegar por esos mismos meses, miles de argentinos exiliados de la tiranía de Rosas, que fueron recibidos en Chile con la más completa generosidad y buen trato, precisamente mientras los chilenos vivían un calvario en tierras argentinas. Rosas reaccionó colocando en la Gobernación de Mendoza a uno de sus más leales: el ex fraile dominicano Félix Aldao, el 12 de marzo de 1842. Aldao presentó excusas por los hechos denunciados pero, apenas La Moneda le dio la espalda, alegó que todas las peticiones del Gobierno de Chile tenían que ser dirigidas a Buenos Aires y no a su persona, ya que la situación de los chilenos sería asumida por los tribunales de esa ciudad cuando se restituyera el orden interno de la Argentina. En otras palabras, no haría nada al respecto, pues su condición de autoridad regional le impedía actuar en el campo de de las relaciones internacionales o las relaciones exteriores. Molesto, el Gobierno de Chile cortó el tráfico comercial con Mendoza el 13 de abril de 1842. Aldao, furioso, pasó por encima de sus propias excusas sobre su autoridad regional y sobre su competencia en relaciones exteriores de Mendoza, y estableció una prohibición de que diarios chilenos circularan por su provincia, el 17 de enero de 1843. En septiembre de ese mismo año, exigió un tributo especial a los ganados chilenos llevados a su territorio para invernar o pastar en los potreros cordilleranos. Aldao murió en enero de 1845, sin haber perdido un solo día en satisfacer su obsesión de hostigar a las familias chilenas residentes. Sin embargo, el nuevo Gobernador de Mendoza, don Pedro Pascual Segura, se mostró más civilizado y sabio que su antecesor, dando un respiro momentáneo a la situación. Esto no impidió, sin embargo, que en marzo de 1845 llegara hasta la hacienda del chileno Manuel Jirón, en Talca, una pandilla de diez o doce cuatreros de Cuyo exigiendo un pago de dinero, en nombre de la Gobernación de Mendoza, por pastoreos de reses que Jirón realizaba en los potreros del Yeso, Los Ángeles, Valenzuela y Montañés, territorios transcordilleranos situados al sur del río Diamante y que, por lo tanto, no pertenecían a Cuyo y ni siquiera entonces a la Argentina, pues correspondían a Chile por derechos territoriales coloniales. Ante la amenaza de que serían despojados de sus animales, Jirón aceptó pagar todo lo que tenía en dinero, pero partió inmediatamente a poner una denuncia ante el Gobierno de Santiago, esperando que se le indemnizara por las pérdidas. Para evitar nuevos abusos, solicitó también el amparo de la Intendencia de Talca. Vale advertir que, por entonces, las administraciones provinciales de Buenos Aires contrataban a cualquier rufián o mercenario para labores de inspección o policía, de modo que estos abusos, más que al chilenismo, muchas veces se debían a la escasa calidad moral del personal en servicio. Enterado de los hechos, Montt se dirigió a la Cancillería de Buenos Aires recordándoles que el territorio de los potreros utilizados por Jirón era chilenos, el 7 de abril de 1846. Recién hubo una respuesta argentina el 14 de julio, en la que se avisaba que Buenos Aires solicitó antecedentes del caso a Mendoza. Vale advertir que en este primer momento Argentina no mostró ninguna clase de reparos o incomodidades por el hecho de que el ministro chileno acababa de definir tales territorios como pertenecientes a su país. Al no haber respuesta en los meses siguientes, la Cancillería de Chile volvió a dirigir un oficio, esta vez a la capital de Cuyo, el 13 de octubre. En reacción a las denuncias chilenas, una comisión técnica creada a fines de 1846 en Buenos Aires, compuesta por Carmen José Domínguez y el Teniente Nicolás Villanueva, publicó sus resultados de observación en terreno del área en controversia. Como era de esperar, concluyeron en una pobrísima exposición basada en la relación de los ríos de la comarca, en la que se pretendía demostrar que tales terrenos cordilleranos eran enteramente argentinos, aunque sin especificar si pertenecían o no a la Provincia de Cuyo, pues se encontraban al Sur del límite natural de esta región, correspondiente al río Diamante. La razón de esto es muy sencilla: para aquel entonces, la Argentina ya estaba comenzado la disputa con Chile por el territorio de la Patagonia Oriental. En tanto, y temiendo nuevas tropelías, los ganaderos chilenos decidieron buscar una representación a sus intereses en la persona del comisionado Agustín Labra, hacia fines de aquel año. Insólitamente, en medio de este ambiente, La Moneda volvió a creer en la buena fe del vecino y reestableció las relaciones comerciales con Mendoza el 21 de noviembre. En marzo de 1847, Labra y otros seis huasos viajaron hasta el otro lado de la cordillera para presidir algunos rodeos y cobrar las cuotas de los ganaderos chilenos allá establecidos. Grande fue su sorpresa, el 13 de ese mes, al encontrarse con que uno de los potreros del Yeso había sido tomado por cinco individuos armados con sables, machetes y tercerolas, esperando interceptar a los chilenos que por allí pasaran para cobrarle -bajo amenazas- el ilegal tributo para la Gobernación de Mendoza. Labra resolvió detenerlos luego de una lucha que dejó a tres argentinos heridos y milagrosamente ningún muerto. Cuatro de los cinco rufianes quedaron tras las rejas en Talca por disposición de la Intendencia, pero en el juicio aseveraron que no tenían ninguna relación con los cargos que se les imputaban. El inexperto juez de letras la ciudad les creyó y ordenó, entonces, apresar a Labra, mientras los argentinos salían libres por falta de méritos. La Corte Suprema dictaminó una sentencia de un año para el comisionado chileno contando los días que ya llevaba detenido, el 19 de enero de 1848, estando preso hasta el 17 de marzo siguiente. El órgano judicial sin embargo, manifestó sus dudas por la decisión del juez de dejar libres a los argentinos detenidos sin continuar con el proceso correspondiente... Increíblemente, estos reaparecieron a las pocas semanas en los potreros cordilleranos, cobrando nuevamente tributos en pleno territorio chileno. Sus nombres eran Domingo Muñoz, Pascual Orellano, Domingo Pino y Cruz Becerra. Rosas continuó casi la totalidad del año 1848, cobrando el impuesto a los agricultores de Talca que pasaban con su ganado al sector de los potreros, para lo cual siguió armando su policía mercenaria destinada controlar tales efectos, con más gañanes y cuchilleros. Los abusos allí cometidos hicieron historia.
El mito del "destino de divino" y del papel hegemónico de la Argentina en el continente americano, comenzó a adquirir rasgos abominables conforme empeoraba la situación entre Chile y Bolivia, a la par de avance en la controversia por la posesión de la Patagonia Oriental. Se puede afirmar perfectamente que la Argentina tuvo un papel importantísimo en la gestación del cuadrillazo aliancista de 1873 que desembocó en la Guerra del Pacífico. La experiencia de la Alianza Tripartita había resultado en un éxito para los intereses expansionistas argentinos sobre la aguerrida y valerosa nación paraguaya. Con tal antecedente, no fue raro que, pocos años después, Domingo Faustino Sarmiento repitiera la fórmula mostrándose dispuesto a suscribir un nuevo tratado aliancista, esta vez con Perú y Bolivia y en contra de Chile. La única razón para semejante acción era imponer el interés de Argentina sobre la Patagonia y la totalidad de Pacífico Sur. Por ironía del destino, Sarmiento había comido del amargo pan del exilio en Chile, hasta pocos años antes, país donde fue tratado como honores y hasta destinado en cargos públicos. El Senador Exequiel González Madariaga escribió al respecto:
Resulta gravísimo que Argentina haya intentado involucrarse en una guerra que no le pertenecía y sin otro objeto que el de imponer su interés en materias limítrofes que eran de exclusiva competencia bilateral, chileno-argentina. No se puede hablar de que Chile fuese un peligro para aquella nación, menos con un frente beligerante aproximándose por el Norte. No se puede aducir, tampoco, que Chile sacara cálculos de guerra para los próximos años con Argentina, cuando las negociaciones en torno a la Patagonia llevaban celebrando varios aniversarios sin que se abandonara la disposición al diálogo y el interés de las autoridades por llevar el problema a un arbitraje. Uno de los pocos parlamentarios argentinos que se opusieron tenazmente a esta alianza, fue el Diputado Guillermo Rawson, quien, a pesar de apoyar el expansionismo hacia el Pacífico, declaró ante la Cámara en 1873 que "La invitación de Bolivia y Perú constituiría una traición acogerla", además de definirla en una de sus cartas como "impolítica", "ineficaz", "antiargentina" y "cobarde", pues "...muestra a la República incapaz del aliento viril, que fue su gloria, para realizar por sí misma grandes hechos y, sobre todo, para defender su territorio y su independencia". A pesar de ello, la Alianza fue apoyada por 48 contra 18 votos. Alianza absolutamente ofensiva, como lo dice el propio texto de la carta de Rawson al Senador Plácido Bustamante, a pesar de los graciosos intentos del historiador boliviano Alberto Gutiérrez, que intentó fingir que este término de "alianza ofensiva", era en realidad "un error tipográfico". González Madariaga agrega de aquel lamentable hecho histórico:
La fricción política provocada por la cuestión de la Patagonia comenzó a tener ecos en los sentimientos nacionalistas y la patriotería local de la Argentina. Nuevamente, los afectados por estas odiosidades fueron los chilenos allá residentes, situación que en Mendoza se vio agravada por la agitación y las revueltas que sucedieron a las elección de Gobernador de la provincia, Arístides Villanueva, a mediados de 1873, y luego por el alzamiento militar del Coronel Ignacio M. Segovia, el 29 de septiembre, en San Rafael. Mientras, el cónsul chileno Nicanor Zenteno telegrafiaba desesperadamente al Canciller Ibáñez para informarle de lo sucedido y de la vulnerabilidad de los chilenos residentes en la zona, el 7 de octubre. Blest Gana, a la sazón plenipotenciario chileno en Buenos Aires, le ordenó formular sus denuncias directamente a la capital argentina, cosa que realizó el 22 de octubre. Villanueva jamás le perdonaría esta acción y acusó al chileno de falsificar papeletas de nacionalidad para que los argentinos no cumplieran con sus deberes militares, falsa imputación que tuvo drásticas consecuencias para Zenteno, luego de que el día 18 de noviembre una partida militar invadiera el consulado chileno con la excusa de perseguir un ciudadano argentino remiso. La violenta invasión terminó siendo estudiada en la Corte Suprema de Mendoza. Así las cosas, Blest Gana se reunió con el Canciller Tejedor de la Argentina para exponerle la situación de los chilenos en Mendoza, el 27 de enero de 1874. El ministro, sin arrugarse, apoyó todas los excesos cometidos contra el consulado chileno. Blest Gana insistió en sus observaciones por nota del día siguiente. No hubo ninguna respuesta de parte de la Casa Rosada hasta el 4 de mayo, cuando Tejedor reafirmó su posición, cancelando el exquatur de Zenteno y repitiendo que el cónsul habían adulterado papeles de ciudadanos argentinos. Mientras esto ocurría, el cónsul interino de Mendoza, Antero Barriga, defendía estoicamente a los chilenos de las tropelías contra sus haciendas y de los ataques físicos de que eran objeto. Gran participación en estas agresiones la tuvieron los propios miembros del ejército de la provincia. Sin embargo, el carácter provisorio de Barriga limitaba enormemente sus capacidades. La filtración de uno de sus informes en la prensa chilena acabó por enfurecer más aún a la Gobernación de Mendoza, que expulsó a Barriga pocos días después. Así, el 15 de noviembre de 1875 se nombraba al nuevo cónsul, el señor Rufino Cubillos. En medio de la controversia por la Patagonia oriental, hubo algunos casos que involucraron a barcos internacionales (como el "Jeanne Amélie" y el "Thomas Hunt") y que casi rompieron la frágil paz entre ambos países. Sin embargo, un grupo importante de argentinos estaba decidido a desatar la tormenta chilonófoba. Al carecer la Argentina de una fuerza naval contundente, debió valerse del servicio de extranjeros, como un ingeniero oficial norteamericano que ofrecía llevar una gran cantidad de torpedos ingleses con que contaban las maestranzas de Buenos Aires, contra las naves chilenas, a bordo del buque "El Fulminante", construido para servir de transporte a los explosivos. De ahí su nombre. Pero, inexpertos en el manejo de tales torpedos, al mediodía del mismo 5 de octubre de 1877 en que se disponían a zarpar con proa a Magallanes, uno de los explosivos de "El Fulminante" reventó, desatando un infierno de explosiones y fuego. En pocas horas, el barco desapareció para siempre con su valiosa carga y el fuego continuó alcanzando al "Santa Bárbara", donde permanecían cerca de 80 arrobas de pólvora fina y varios otros torpedos. La segunda gran explosión se llevó no sólo a lo que quedaba de ambos barcos, sino también a las instalaciones portuarias e incluso parte de las casas cercanas, afortunadamente con un bajísimo número de sólo 12 muertos. Como ya se venía hablando desde hacía meses de la guerra contra los chilenos, la oportunidad dada por el incidente no se dejó pasar y de inmediato comenzó una odiosa campaña destinada a poner el dedo acusador sobre Chile por el desastre de "El Fulminante". Las más absurdas y disparatadas suposiciones se formularon durante esos días, dirigidas en gran medida por el ex ministro Félix Frías desde la prensa y el congreso bonaerense, al tiempo de que se inició la recolección de fondos para comprar otro navío de similares funciones. El Presidente de la Cámara de Diputados llegó al delirio de llamar a las juventudes argentinas a sumir que había llegado "el momento de cerrar los libros para acudir a la defensa de la Patria". Una investigación ordenada por el Presidente Avellaneda, sin embargo, dejó en evidencia que la explosión de "El Fulminante" de había debido a una acción brusca de parte de uno de los obreros del barco. Moría así la tesis ridícula del sabotaje chileno, pero el largo período de fomento de los odios y los resquemores permaneció intacto. En tanto, y como dijimos, desde 1873 estaba detenido en el Senado de la Argentina el proyecto de ley para adherir al cuadrillazo antichileno de Perú y Bolivia. Al estallar la Guerra del Pacífico, el entusiasmo por entrar a la Alianza Secreta creció incluso por sobre el temor que provocaba a Buenos Aires la actitud del Brasil. Rápidamente, se reanudaron las negociaciones entre los plenipotenciarios y el ladino Canciller argentino Montes de Oca, quien estaba interesado en lograr para la Argentina una salida al litoral del Pacífico, en las actas de las conversaciones que mantenía con los representantes de Chile aparece otorgando testimonios de buena voluntad para asegurar la solución más cordial y amistosa de la controversia de la Patagonia, al tiempo que se relacionaba secretamente en estas negociaciones aliancistas Se estaba en estos menesteres cuando vino la epopeya de Iquique y Punta Gruesa, el 21 de mayo de 1879. Un acto de majestuosos heroísmo chileno con Prat y su tripulación de "La Esmeralda", y la pérdida peruana de una de sus mayores garantías de triunfo en el mar como fue la "Covadonga", pusieron de cabeza a los argentinos partidarios de adherir a la alianza bajo el convencimiento iluso de que Chile tenía todas las probabilidades de perder. El proyecto quedó detenido a la espera de un vuelco en favor de los Aliados. En lugar de eso, vino el episodio de Angamos, en donde el Perú pierde ahora al "Huáscar", el 8 de octubre siguiente. Desesperados, los parlamentarios del Honorable Senado de la Argentina retiraron aceleradamente el proyecto de ley y dieron por terminada toda discusión de entrada a la Alianza Secreta. Así, Argentina abortó su entrada al cuadrillazo tras estas victorias navales chilenas. Habiendo sabido de la fuerte propaganda antichilena que corría por la Argentina al iniciarse la guerra, el Barón de Andrana, en París, escribía una carta con fecha 4 de mayo de 1879 a doña Emilia Herrera, líder femenina de los argentinistas enquistados en Chile y suegra de José Manuel Balmaceda, donde se lee este categórico párrafo:
Mientras, el plenipotenciario chileno Balmaceda, que iba a ser futuro Presidente de Chile, fue enviado a Argentina al final de las negociaciones justo en el momento en que sus convicciones pasaban de un entreguismo americanista ingenuo a un ferviente patriota dispuesto a defender los derechos chilenos en la Patagonia. Su misión era asegurar la neutralidad argentina en el conflicto del Pacífico. Allá observó no sólo el verdadero carnaval popular con que los argentinos celebraron el estallido de la Guerra del Pacífico en favor de la alianza peruano-boliviana, sino también cómo se preparaba el clima de intervención del país en el conflicto, que festejaba como si fuese suyo. Estas impresiones calaron hondo en su personalidad y motivaron un rápido abandono de los sentimientos de unidad y americanismo que había compartido por años. La más patética muestra presenciada por Balmaceda tuvo lugar al llegar las noticias a medias de lo sucedido en Iquique el 21 de mayo de 1879. Los diarios bonaerenses se apresuraron a festejar la "derrota" chilena, asegurando que ambos navíos habían sido hundidos, y que ahora los acorazados peruanos viajaban hacia Valparaíso para bombardearlo, posibilidad que alegraba el corazón de todo el pueblo argentino y sus periódicos. Sobre esto, Oscar Espinosa Moraga nos dice:
Pero, al completarse la información sobre los hechos, luego de saberse del triunfo de la "Covadonga" sobre la "Independencia" y advertir que, en el mar, los chilenos con medios mínimos habían derrotado una parte de las más importante de la armada peruana, el optimismo argentino cesó de súbito y se acabaron las celebraciones. Era claro que en esa particular guerra de 1879 iba a tener un prioritario poder la capacidad humana de los hombres de armas de cada país, y el sacrificio de Prat había dejado en claro hasta donde llegaban estos talentos.
Como hemos dicho, con lo sucedido tras el Combate de Angamos cuando cae el "Huáscar", la joya naval del Perú, el antichilenismo argentino acabó de ver frustrados sus peores deseos hacia Chile y culmina de golpe la intención de unirse a la alianza peruano-boliviana. Las muestras de solidaridad hacia Perú y Bolivia, sin embargo, se mantuvieron por todo el año 1880 y sólo comenzaron a mermar con la caída de Lima, símbolo inequívoco del triunfo chileno que venía en camino. A pesar de todo, la Argentina supo sacar partido de la situación militar de Chile con Perú y Bolivia, forzando la entrega de la Patagonia Oriental por el Tratado de 1881, bajo la amenaza implícita de crear un peligroso segundo frente de guerra con la nación del Pacífico que resultaría lapidario a sus capacidades, si no se satisfacía la entrega de casi un millón de kilómetros cuadrados que involucró aquel acuerdo. Éste fue el espíritu de la famosa "Expedición del Desierto", dirigida por el General Julio Roca. Para dar una pista sobre el ánimo de esta operación, recordamos las palabras del Coronel argentino Manuel José Olascoaga informando a Buenos Aires sobre el éxito de las incursiones sobre el territorio, que le encargara Roca ya de camino a la Presidencia de la República (los destacados son nuestros):
Olascoaga se refería en estos viles términos a los chilenos aplastados en Neuquén por el ejército argentino, crimen que pasó casi inadvertido en La Moneda, ocupada del desarrollo de la Guerra del Pacífico. Estas infundadas acusaciones pesaron por varios años más sobre los desamparados chilenos residentes en territorio de la recién entregada Patagonia oriental. Al asumir el Presidente Santa María, se hizo imperioso terminar con los brotes de violencia y desorden en la Araucanía, pues el conflicto indígena había sido excusa para que toda clase de cuatreros y asaltantes se fuesen a refugiar a la tierra de nadie, realizando sus fechorías tanto del lado chileno de la cordillera como del que ahora pertenecía oficialmente a la Argentina. Esto motivó acciones de ambos países contra dichos rufianes, en las que los traspasos involuntarios de la frontera fueron comunes. Sin embargo, un hecho asombroso tuvo lugar el 15 de enero de 1883. Aquel día, un destacamento de fuerzas argentinas al mando de Miguel Emilio Vidal, penetró la frontera cordillerana de Arauco hasta Relmiro, territorio completa e indiscutiblemente chileno. Allí, asesinaron a varios habitantes, se llevaron algunos prisioneros y requisaron un buen número de ganado bovino, llegando hasta Coriné con sus tropelías. Hay que recordar que por aquellos años, las fuerzas argentinas destinadas a pacificar la zona indígena seguían conformadas de forma improvisada, por personajes de escasa moralidad e incluso ex convictos. Enterado de los hechos el cuartel de Villarrica, el Coronel Basilio Urrutia entregó los antecedentes al General argentino Conrado Villegas exigiendo una respuesta. Emplazado por sus superiores a explicar lo sucedido, Vidal se limitó a responder por oficio del 27 de enero que sólo había operado intentando detener bandas de indígenas ladrones en territorio argentino. La prensa argentina dio rienda suelta a esta cínica versión de lo sucedido y así se liberó rápidamente de la incómoda gravedad de los incidentes. A pesar de los intentos de mejorar las cosas, sin embargo, el clima recalcitrante provocó otro encuentro violento entre chilenos y argentinos, ahora en el valle de Alto Biobío, conocido como el incidente del Lonquimay. El 16 de febrero un grupo de 10 soldados argentinos bajó de la cordillera por el lado chileno del río Ricalme, apoderándose esta vez de un rebaño de ovejas. Siguieron avanzando hacia el Biobío. Allí, tomaron cautivas a dos muchachas indígenas y a tres niños, y luego partiendo de vuelta por río Rucanuco. Un segundo destacamento argentino, esta vez de 30 hombres armados hasta los dientes, acampó en horas de la tarde en Gualletué. Los indios corrieron a denunciar los hechos a Licura. Avisaron que si no eran expulsados los argentinos, los aplastarían, pues los tenían secretamente rodeados y en gran número. El Teniente Domingo Rodríguez salió con 32 hombres para poner orden pacíficamente y evitar una escaramuza. Sin embargo, al llegar al Rucanuco comenzaron a ser atacados sorpresivamente a balazos por las fuerzas argentinas. Seis chilenos cayeron muertos: el Cabo 1º Vicente Merino, el Cabo 2º Benito Muñoz, y los soldados José de la Cruz Aranda, Genaro Leiva, Juan de Dios Campos y José Mercedes Oliva. Otros tres resultaron heridos. Por el lado argentino, la respuesta de los chilenos dejó dos muertos y un herido que debió ser llevado a rastras por sus compañeros, cuando comenzaron a huir de las balas y bayonetas chilenas. La noticia prendió como en pasto seco dentro de ambos países, precipitando una nueva serie de peligrosos incidentes que bien podrían haber terminado en más conflictos, de no ser por afortunados caprichos zodiacales. El fuego ardió a llegar a la prensa bonaerense, azuzada por el Instituto Geográfico Argentino, que acababa de fundar el ex ministro Zeballos. Pero, al avanzar la discusión, los propios argentinos comenzaron a advertir el tremendo error de considerar que esa parte del territorio era suyo confiando en una delimitación en base a altas cumbres, pues la frontera era allí la divisoria de aguas, por lo que mientras el lago Gualletué o el río Biobío siguieran siendo de vertiente pacífica, Argentina no tenía derecho a poner allí un solo dedo. La controversia terminó, de este modo, en la forma tan extraña y confusa que empezó. No obstante que esto no alcanzó para revivir a los chilenos muertos en la refriega.
Hemos visto que la Argentina acarició durante toda la Guerra del Pacífico, la posibilidad de intervenir en favor de los Aliados, luego de apartarse del Pacto Secreto celebrado por Perú y Bolivia con supuestos intereses defensivos contra Chile. Sin embargo, el ocaso y final de la guerra no fueron obstáculo para que Buenos Aires continuara estudiando fórmulas de participación en favor del eje aliancista Perú-Bolivia-Argentina y así acorralar a Chile que, a pesar de todo, seguía poseyendo los territorios más valiosos y estratégicos de la región en el Pacífico Sur. Esto incluía también un intenso revisionismo sobre las razones que llevaron a Buenos Aires a abandonar a los Aliados luego de haberles prometido su adhesión, como también hemos estudiado más arriba. Pero, ¿cuál era la razón de esta disponibilidad argentina y la casi zalamería que llegó a ofrecer en favor del revanchismo peruano y boliviano? Sencillamente, porque en esos precisos momentos la Argentina comenzaba a cuestionar la divisoria de aguas que ellos mismos habían exigido en el Tratado de 1881, para poder avanzar más aún hacia el Pacífico conforme a las teorías de línea de altas cumbres defendidas por los ideólogos del expansionismo argentino como Francisco P. Moreno, Estanislao Zeballos y Osvaldo Magnasco, entre otros. El éxito de esta intentona, como quedó demostrado unos años después, sólo era posible de garantizar complicando a Chile en asuntos internacionales y la participación de terceros; tanto así que la Argentina incluso se valió de capitales británicos para comprometer los territorios disputados con Chile en los proyectos de construcción de líneas ferroviarias para la Argentine Southern Land Company Limited. En este ambiente altamente irritable, vino a tener lugar un curioso incidente que, gracias a las gotas de mesura y delicadeza que aún lograban sobrevivir en la diplomacia de ambos lados de la cordillera por entonces, no pasó a mayores y sólo se inscribió anecdóticamente en la historia de las relaciones entre Chile y Argentina. Sucedía que durante el verano del año 1889, el Consulado de la Argentina ofreció una comida para la oficialidad cañonera. Aunque al encuentro no asistieron jefes de la Armada, sí lo hicieron los representantes de la Comandancia General. Ocurrió que hacia el final de la reunión, uno de los presentes levantó su copa y propuso que la última ronda de champaña fuese dada en homenaje al Club Valparaíso que los acogería aquella noche. Así lo acordaron y partieron hacia en el prestigioso centro de eventos, junto al puerto y probablemente el más elegante de los salones sociales de la ciudad en aquellos años. Allá los esperaba un banquete y más champaña. Llegados todos al Club Valparaíso, se presentaron los invitados con los marinos argentinos que allá se encontraban esperando. En el comedor, un invitado propuso otro brindis, esta vez para "un gran guerrero americano que simboliza la fraternidad entre Chile y la Argentina, y cuyo nombre glorioso, que vivirá siempre en la historia y en el corazón de los dos pueblos, seria perpetuo lazo de unión para ambos", refiriéndose al General José de San Martín (Diario "El Heraldo" de Valparaíso, 25 de febrero de 1889). Entre dos pueblos con tan pocas cosas en común a pesar de la prolongada y estrecha vecindad, no era raro que siempre rondara el fantasma del prócer argentino cada vez que se necesitaban exaltar los rótulos de unidad transcordillerana en esta clase de reuniones sociales, por lo que hasta ese momento, nada salía de lo normal. Sin embargo, un oficial de la Armada Argentina llamado Manuel A. Barraza, quizás pasado ya un poco de copas, interrumpió el brindis proponiendo un homenaje especial que acabaría convertido en una agria polémica. Levantándose de su puesto, "pidió una copa por otra figura inmortal de la historia americana, por héroe legendario, cuya gloria bastaba por si sola para para dar honor a un continente, por un marino que debió alumbrar al mismo océano en la reciente guerra del pacifico, por uno de esos guerreros sublimes, ante los cuales el sentimiento de la nacionalidad desaparece dejar solo en el alma el sentimiento de la admiración" (Diario "El Heraldo", la misma fecha señalada). Se recordará que, sólo el año anterior, los restos de los Héroes del Combate Naval de Iquique habían sido trasladados hasta sus lugares de reposo definitivo en el complejo monumental de Plaza Sotomayor de Valparaíso, inaugurado hacia 1885 con un emotivo discurso de Balmaceda, por lo que la figura del Capitán Arturo Prat seguía siendo de enorme y particular sensibilidad para los chilenos por esos días. Pero cuando Barraza alzó su copa, lo hizo en homenaje a... ¡El Almirante peruano Miguel Grau! Venciendo la incomodidad y el bochorno, todos los presentes guardaron silencio. El Comandante de la Armada Argentina, presente también en el encuentro, intentó salir nerviosamente del paso excusando a su oficial por haber cometido "un error" al confundir el nombre de Arturo Prat con el de Miguel Grau, pero Barraza continuó insistiendo en que su homenaje era para el héroe peruano y no para otro, a consecuencia de lo cual los chilenos se retiraron molestos poniendo fin al encuentro y presentando sus protestas, ante el sonrojo de los representantes argentinos. Y aunque intentaron hacer silencio para evitar darle publicidad al incidente, al poco tiempo éste aparecía detallado en los diarios chilenos "El Independiente" de Santiago y luego en "El Heraldo" de Valparaíso. Cabe indicar que lo sucedido en esta ocasión era sólo un reflejo de la animosidad que imperaba entonces en el Plata. Durante las conferencias iniciadas en Washington por sugerencia del Secretario de Estado P. F. Bayard, el 15 de enero del año siguiente, por ejemplo, y que tenían el objeto de evaluar la posibilidad de un arbitraje para los conflictos suscitados, el comisionado argentino Roque Sáenz Peña (Coronel que había luchado voluntariamente a favor de los aliados durante la Guerra del Pacífico), exigió un arbitraje retroactivo que dejara las cosas tal como un día antes de empezar la guerra, además de la eliminación del derecho de conquista territorial chileno. Este prepotente y desafiante proyecto tenía respaldo de Bolivia y Perú, buscando evidentemente un acercamiento con estas naciones en contra de Chile. Pero los representantes chilenos en la Conferencia, José Alfonso y Emilio Crisólogo Varas, se negaron a tomar parte en la votación y en el debate por orden del Presidente Balmaceda, actitud que fue aprobada por el veedor de la Casa Blanca. Al no poder imponer su propuesta, los comisionados argentinos, peruanos y bolivianos debieron redactar una nueva e inocente "recomendación" de los puntos que habían sido expuestos. Santiago había bloqueado, así, la treta fraguada desde la Casa Rosada.
El 16 de octubre de 1891, un par de marinos norteamericanos del navío "Baltimore" murieron en una vulgar riña callejera en la que se involucraron tras desembarcar en Valparaíso, provocando una inusitada reacción norteamericana que casi culmina en un despliegue bélico entre Chile y el gigante del Norte, antes de que las vías diplomáticas lograran mantener la paz. Las relaciones entre Chile y los Estados Unidos venían arrastrando dificultades desde hacía varios años, lo que da un poco de luz para comprender el sobredimensionamiento del incidente. La revolución y la guerra civil de aquel año habrían de empeorar el clima existente. Durante el período de mayor tensión por las consecuencias del asunto "Baltimore", la Argentina corrió a ofrecer su apoyo a los Estados Unidos para invadir paralelamente y por su propia cuenta el territorio chileno, pidiendo a cambio todas las costas australes del Pacífico. Esta es una grave situación viola toda la prédica americanista sostenida hasta entonces por las autoridades argentinas, algo digno de considerar para toda la historia posterior y para rememorar ante las constantes acusaciones de "traición" que refriega la historiografía de la Argentina a Chile por el apoyo dado a los británicos en la Guerra de las Falkland. No menos oscuro fue el apoyo diplomático formulado secretamente por el Perú a la reacción norteamericana, aunque no tenía los visos de participación militar que sí estaba ofreciendo Buenos Aires. Oscar Espinosa Moraga escribe sobre este abominable suceso:
Uno de los más grandes cazadores de mitos históricos nacionales y gran americanista, el cronista Joaquín Edwards Bello, escribe muy documentadamente sobre la veracidad de estos acontecimientos, en 1952:
Esto aparece también en la obra de 1998 "El Caso Baltimore", del ex embajador argentino Luis Santiago Sanz, quien intenta liberar de los cargos imputados a su país por la cantidad de fuentes que demuestran el apoyo argentino al plan de invasión exagerando para este fin, además, la tensión existente entre ambas naciones a la fecha, aunque recurre a afirmaciones tan sugerentes como la que sigue:
Ante la gravedad de la avalancha desatada por el caso del "Baltimore", el Canciller Errázuriz accedió a indemnizar a las familias de los marinos muertos, el 13 de julio de 1892. Bastó este pequeño gesto para que Washington calmara sus ánimos y las cosas volvieran a la normalidad. Nunca se sabrá si la asistencia militar ofrecido por el Gobierno argentino fue considerada necesaria o no por los norteamericanos. El apoyo argentino a los Estados Unidos por el asunto del "Baltimore" es un hecho que los historiadores platenses con frecuencia se resisten a aceptar como cierto hoy en día -a pesar de estar confirmado por una notoria cantidad de fuentes incontestables-, por las características de deshonestidad y descaro que involucran.
A fines del siglo XIX tendría lugar en Neuquén uno de los actos más salvajes y criminales de violencia antichilena en toda la historia, al punto de que Oscar Espinosa Moraga la llamara "La San Bartolomé de los chilenos", en torno a la que, obviamente, entreguistas y americanistas de Chile han demostrado un talento divino para olvidarse de mencionar estos hechos en los libros de historia, sólo comparable al de sus colegas argentinos. Alguna vez perteneciente a Chile, Neuquén recibió una gran cantidad de colonos provenientes de aquel lado de los Andes, incluso después del Tratado de 1881, por el cual pasó formalmente a ser territorio argentino como todo el resto de la Patagonia oriental. Posteriormente, el General Roca se valió de estos pioneros para las luchas contra los indígenas de la zona. El casi nulo interés de los argentinos por ocupar ese territorio permitió que, para 1896, cerca de 15 mil de sus habitantes fuesen de origen chileno, mientras que sólo 2.500 eran argentinos, más de la mitad de ellos militares miembros de la guarnición de Río Negro. Otra cantidad cercana a las 500 personas correspondían a otras nacionalidades. En Neuquén muchos chilenos continuaban inscribiendo a sus hijos al otro lado de la cordillera, sin tentarse con las ofertas de nacionalización que les hacían las autoridades locales. Por esto, y porque frecuentemente denunciaban una gran cantidad de atropellos y abusos contra sus derechos fundamentales, se creó un consulado chileno en la provincia argentina con el objeto de velar por sus intereses. El Cónsul, Enrique Fuenzalida, partió a la comarca el 15 de abril de 1896. Sin embargo, el Presidente José E. Uriburu no vería desde la Casa Rosada con buenos ojos este acercamiento chileno, animosidad que fue advertida por nota de Fuenzalida el día 6 de julio: "sin duda ven en éste (Cónsul) un incómodo testigo de sus actos...", escribió. Como consecuencia de tal predisposición, Buenos Aires se resistió a otorgarle a Fuenzalida las letras patentes para su actividad, ante lo cual el plenipotenciario chileno en Argentina, Carlos Morla Vicuña, acorraló al ministro Amancio Alcorta exigiéndole una explicación a su actitud. El 3 de agosto, Alcorta se excusó pidiendo que se designara a otro Cónsul en lugar de Fuenzalida, cosa que cayó como bomba sobre el enrarecido clima que ya existía entonces por la controversia de la Puna de Atacama. Morla solicitó como garantía de integridad de los chilenos que no se renovara en el cargo de Gobernador de Neuquén a Franklin Rawson, quien era señalado como el principal culpable de los atropellos y cuyo período administrativo terminaba en octubre de 1897. Alcorta accedió. Las controversias por los valles australes andinos y por la Puna de Atacama avivaron más altas animosidades argentinas en contra de la comunidad chilena residente. En este viento inflamable, Rawson se enteró del acuerdo que había logrado Morla y que ponía en peligro sus ambiciones políticas, por lo que decidió dar una vendetta ejemplar a los chilenos en Chos Malal, la capital neuquenina, cuando 300 de ellos celebraban en la plaza central las Fiestas Patrias de su país natal, el 18 de septiembre de 1895, precisamente en los días en que Jorge Montt dejaba La Moneda, cediéndola a Federico Errázuriz Echaurren. Rawson llegó con un enorme destacamento armado y, sin mediar provocación y de forma sorpresiva, ordenó asesinarlos a todos con sus cuchillos de servicio. Las escenas de muerte y carnicería fueron horrorosas. No contento con eso, el sanguinario Gobernador ordenó la detención de Fuenzalida, justificando más tarde estos actos con la acusación de "conspirar contra el Gobierno". Pero Fuenzalida, avisado oportunamente que le esperaban sus verdugos, escapó llegando a duras penas a Buenos Aires, el 21 de septiembre, a bordo del "Liguria". En medio del caos del cambio de mando y deficientemente informado de lo sucedido, el flamante Presidente Errázuriz Echaurren creyó oportuno dar prioridad a un enfermizo y grotesco americanismo, rayano en la morbosidad, para proteger las relaciones con el país vecino. Acto seguido, el 30 de octubre bajó del consulado a Fuenzalida, colocando en su lugar a Alberto Gándara. Desconcertados por la actitud del mandatario, y sin más excusas en el saco, los argentinos debieron aceptar el consulado chileno en Neuquén, el 11 de diciembre de 1896. Así, la nauseabunda masacre de esos 300 chilenos quedó en la más absoluta impunidad y a un instante de pasar al completo olvido, con la salida de Fuenzalida. Las autoridades argentinas, acostumbradas a sentarse una y otra vez sobre sus propias palabras, volvieron a colocar a Rawson por un nuevo período en la Gobernación de la provincia. Pero la historia no terminó allí. Al llegar a suelo argentino, Gándara comprobó con espanto que en la cárcel de Chos Malal habían cerca de 20 chilenos presos, con grilletes amarrados a los pies y sometidos a trabajos forzados desde hacía más de un año. Ninguno de ellos había tenido juicio previo, por lo que el Cónsul presentó un recurso de amparo ante el Juez Miguel Ángel Garmendia, quien los liberó de inmediato. Furioso, Rawson inició otra sucia campaña de hostigamiento para correr a Gándara y a Garmendia de su territorio, citándolos inclusive a declarar, cosa que pasaba por encima de sus respectivos fueros. El Cónsul chileno resistió estoicamente esta tempestad odiosa, situación que el ministro representante de Chile, don Joaquín Walker Martínez intentó aliviarle enviando una nota a Alcorta, donde describía lo que estaba sucediendo en la comarca cordillerana, el 8 de agosto de 1898. Como era de esperar, el Canciller argentino respaldó plenamente al rufián, consciente de la cobardía que reinaba entonces en La Moneda. Envalentonado por las circunstancias, Rawson continuó ordenando robos de animales y disparos al aire ante la casa de Gándara, durante las noches. Sin resignarse, el Cónsul se armó hasta los dientes y convirtió su casa en un fuerte, mostrándose dispuesto a dar la vida pero a alto precio, de lo que dio aviso a La Moneda el 13 de enero de 1899. Se le dio, entonces, la orden de salir del consulado y luego volver a Chile, cosa que hizo escoltado por unos buenos samaritanos del lugar. Rawson, que era un cobarde en esencia cuando se veía de igual a igual, no se atrevió a enfrentarlo y le dejó salir. El chileno soportó en el cargo hasta el 26 de diciembre, cuando renunció siendo relevado por Víctor Aquiles Bianchi. La guerra entre Rawson y el consulado chileno de Neuquén terminó entonces ese mes...
Los abusos antichilenos, sin embargo, persistían en todo el territorio argentino. En febrero de 1898, por ejemplo, había sido detenido el ingeniero asistente de la Segunda Subcomisión chilena Ismael Vargas Salcedo, mientras realizaba labores de reconocimiento totalmente legítimas en el valle mendocino de Tunuyán. Ninguna explicación impidió que el destacamento de caballería al mando del General Fotheringham, Jefe de la Plaza de Mendoza, lo detuviera junto a sus peones, bajo la excusa de que no contaba con autorización de la Casa Rosada, algo absurdo ya que, en su condición de subcomisionado, los papeles y autorizaciones quedaban retenidas por el Jefe de la Subcomisión, en este caso Luis Riso Patrón. Vargas Salcedo permaneció así varias semanas, tras las cuales fue puesto en libertad. Los deshonrados agentes mendocinos, sin embargo, lo despojaron de todos los bienes de valor que traía consigo y dejaron detenidos aún a los peones. Coincidió que por esos mismos días fueron apresados unos chilenos en Buenos Aires, de apellido Billa, quienes terminaron encarcelados y tratados como reos comunes sin ningún juicio ni un motivo justificado, probablemente por alguna clase de roce con autoridades policiales. Al conocerse estas noticias en La Moneda, Silva Cruz le escribía al representante chileno en la Argentina, Joaquín Walker Martínez, el 9 de marzo siguiente:
Pero lo peor estaba por ocurrir, pues otro incidente particularmente grave tendría lugar en torno al mismísimo ministro representante Joaquín Walker Martínez, dado el odio visceral que se había ganado de algunas autoridades argentinas por sus acciones destinadas a evitar las tropelías realizadas sobre la comunidad chilena y especialmente por haber denunciado y protestado el 30 de marzo de aquel año, por la fundación del pueblo de San Martín de los Andes en el valle del Lácar, a la sazón completa e indiscutiblemente chileno en virtud del Tratado de 1881. La fundación se había realizado casi furtivamente por el General Rudecindo Roca, con la intención de perturbar cualquier aplicación del principio de la divisoria continental de aguas en la zona, según la cual todo el valle, por ser de cuenca pacífica, era territorio chileno. A la sazón, se estaba preparando el estudio de un tribunal británico destinado precisamente a clarificar el límite en la zona (Laudo de 1902). En noviembre de 1898, Joaquín Walker Martínez transitaba por uno de los últimos poblados de la Argentina en la cordillera, de vuelta a Chile luego de haber solicitado su renuncia a la Legación en el país platense. El ex plenipotenciario acababa de terminar su gestión en las difíciles condiciones que los infames acuerdos secretos Errázuriz-Roca sobre la Puna de Atacama se lo permitían y se encontraba gustoso de poder volver al país tras el verdadero calvario que había significado su labor diplomática en territorio argentino. Sin embargo, al pasar a almorzar a un restaurante de Punta de Vacas con su distinguida esposa y su hijo Horacio, de siete años, fue reconocido por dos oficiales argentinos de la Compañía Zapadores, el 21 de noviembre. Uno de ellos, de apellido Ramírez, se aproximó violentamente hasta su mesa, insultándolo y empujándolo para provocar una riña. De no ser satisfecho en su deseo de armar camorra, el uniformado argentino amenazaba a Walker Martínez con detenerlo en el camino, poco más allá. El renunciado representante se mantuvo incólume, principalmente por respeto a su familia, que veía aterrada el descontrol del oficial argentino, pues ambos ya habían desenfundado sus armas y hacían gestos de apuntarlas contra la autoridad. Una vez que los cobardes agresores se cansaron y se retiraron en medio de una andanada de insultos, Walker Martínez se limitó a reclamar ante el dueño del local por su falta de intervención e informó a Santiago de lo sucedido. Al llegar a la capital chilena, el 23, se enteró del sumario que se había levantado en Mendoza contra sus dos agresores. Sin embargo, el día 25, el General Fotheringham le mandó un telegrama avisando que ambos oficiales "quedan en libertad, sin que se les haya aplicado pena alguna". Cínicamente, los agresores se habían justificado declarando que sólo reaccionaron a las frases "poco halagüeñas para esta República" que supuestamente habría proferido Walker Martínez de puro y morboso gusto.
Concientes de su superioridad militar, las autoridades argentinas comenzaron a ensayar más formas de provocación y de acoso contra el territorio austral chileno, con el inicio mismo del siglo XX. Cediendo a las presiones de los nacionalistas, el Presidente Roca cedía a las presiones de los nacionalistas y ordenaba penetraciones furtivas en territorio chileno, asegurándose puntos específicos del territorio que estaba en litigio ante el árbitro británico, con la intención de influir sobre el tribunal con estas ocupaciones. De esta manera, ordenó a la Jefatura de Plaza de San Martín de los Andes que destacara fuerzas hasta las inmediaciones de Lago Pirehueico, en la Pampa de Huahum, a unos 38 kilómetros hacia el Oeste y también del lado occidental de la divisoria de aguas andina, por lo que correspondían a territorios chilenos según el espíritu del Tratado de 1881. En estos territorios aislados y virtualmente sin comunicación con el resto del territorio, los argentinos que los ojos de las autoridades no llegaban hasta ellos y con indignante prepotencia comenzaron a cobrar a los ganaderos chilenos contribuciones de pastoreo fijadas en $120 por cabeza de ganado. No satisfechos con esto, y en un intento por evitar que la autoridad chilena se enterara de estas acciones arbitrarias, prohibieron a los colonos navegar por el Lago Pirehueico, llegando incluso a requisar ilegalmente la canoa de un poblador chileno de apellido Ormazábal, nave que le había sido proporcionada por la Comisión Chilena de Límites. La noticia tardó en llegar a Santiago, pero al hacerlo, provocó la indignación social y política, liderada por el ex representante Walker Martínez, ahora en la Cámara de Diputados. A fines de octubre de 1900, el Gobernador de Río Gallegos, Matías Mackinlay Zapiola, ordenó que un grupo de 13 de sus hombres se apoderaran del estuario chileno de Última Esperanza para ser entregado a Gremdwein y al Banco Amberes, ambos concesionarios del Gobierno de la Argentina. Un grupo se instaló junto a la Casa de Whalers, levantando prepotentemente la bandera albiceleste. El otro acampó en Barrancas Blancas, junto a cerro Palique y en la estancia de los chilenos Rómulo Correa y Luis Aguirre. La Comandancia del Apostadero Naval de Punta Arenas se enteró de la invasión el 3 de noviembre y reaccionó enviando al escampavía "Huemul". Los argentinos se retirarían sin que se produjeran enfrentamientos. El día 16, el Canciller chileno Emilio Bello Codesido advirtió del peligro de estas acciones al representante argentino, ordenando una vigilancia permanente en la zona. Vale advertir que esta clase de invasiones argentinas al territorio chileno fueron sorprendentemente comunes en esos años, especialmente en la zona del Beagle, como así también las expulsiones masivas de chilenos desde la Patagonia oriental, en lo que la administración argentina simplemente llamó el "cumplimiento" del Tratado de 1881. La mayor parte de estos trasplantados debieron volver a Chile colaborando, sin embargo, en la colonización de Aysén y Magallanes, por lo que a la larga, la medida tuvo alguna consecuencia positiva al afianzar la chilenidad de la Trapananda. Temiendo que la escalada de agresiones continuaba y pretendiendo resolver el enorme desequilibrio armamentístico que existía desde fines del siglo anterior a favor de la Argentina -del que esta nación había sacado, además, grandes ventajas-, la proximidad del Primer Centenario de la Independencia de Chile sería recibida con un austero plan de renovación militar que, curiosamente, permitió fortalecer la paz y bloqueó las pretensiones territoriales platenses por casi cuarenta años más. Fue así como en el marco de estas celebraciones, se aprobó la ley del 6 de julio de 1910, que destinaba 400 mil libras esterlinas anuales "con el fin de que el país tenga siempre en construcción una nave de guerra de primera clase", autorizando la construcción de dos acorazados de 28.000 toneladas: el "Valparaíso" y el "Santiago", rebautizados "Almirante Latorre" y "Almirante Cochrane", respectivamente. También serían adquiridos seis destructores de 1.500 toneladas y dos submarinos de 340 toneladas. Las nuevas incorporaciones experimentaron algunos retrasos al estallar la Primera Guerra Mundial, pero fueron retomadas por gestiones del ministro representante chileno en Londres, don Agustín Edwards Mc Clure. En 1916, por ejemplo, se adicionaron los cazatorpederos "Almirante Riveros", "Almirante Williams" y "Almirante Uribe", y el Remolcador "Sibbald", mientras que el "Almirante Latorre" pudo ingresar a la Armada de Chile sólo en 1920. Estas adquisiciones de guerra cambiaron radicalmente la forma en que, hasta entonces, se había venido dando el diálogo entre Chile y Argentina por la infinidad de cuestiones territoriales que esta nación despertaba y volvía a despertar en distintos puntos de la vasta frontera, algo que se notó también en la relación con los súbditos chilenos residentes allá o de tránsito por sus fronteras. De hecho, sería en este mismo contexto que la Argentina se mostró llana ante Chile y el Brasil a firmar una especie de alianza estratégica, conocida como el "ABC" por las iniciales de los países miembros, proyecto formalizado hacia 1914, pero que terminó en otro de los estrepitosos fracasos propios de los experimentos de unidad latinoamericana. Fue, precisamente, cuando gran parte de este material ya estaba de baja o falto de mantención y de nuevas adquisiciones, que la Argentina pudo restaurar sus reclamaciones sobre los territorios chilenos de Palena, Canal Beagle y Laguna del Desierto, entre los años cincuentas y sesentas.
En 1920, sin embargo, se produjo otro de los más asombrosos acontecimientos que evidencian una predisposición bélica y odiosa de parte de las autoridades argentinas. Aunque fue uno de los pocos incidentes que perturbaron la paz que la renovación de armamentos en Chile había garantizado momentáneamente durante este período, destaca especialmente por su crueldad y por el uso de carácter político que pretendió dársele en su momento. En aquel año, las provincias del Sur de la Argentina había sido objeto de varios movimientos sindicales y protestas, especialmente entre las poblaciones de los campos y los trabajadores de las haciendas. Coincidía que aquel período de bonanza y desarrollo, llevó a los argentinos a construir el mito del supremacismo poblacional y de la virtual "condena al éxito" del territorio platense, de modo que también ha de ser necesario explorar cargas psicológicas profundas de la conciencia colectiva de entonces, para comprender la actitud de la Argentina hacia estos movimientos, donde participaba una gran cantidad de elementos extranjeros. Una de estas multitudinarias huelgas de obreros de predios estancieros se había levantado en la provincia de Santa Cruz, amenazando con afectar de tal manera a la economía que, después de varias semanas, el gobierno de Hipólito Yrigoyen determinó proceder con la intervención del Ejército Argentino temiendo que los paros se salieran de control como había sucedido hacia 1895 durante el Gobierno de Sáenz Peña o en 1907 durante el Gobierno de Figueroa Alcorta. Debe recordarse que, a pesar de la prosperidad, la producción agrícola argentina había experimentado retrocesos, aumentando en cambio la ganadería, mientras que las actividades de cultivo se iban trasladando más hacia provincias de más al norte, como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. La sofocación de los huelguistas culminó en un brutal e innecesario despliegue de crueldad de varias jornadas, que acabó en masacres de inocentes, de características muy análogas a las "matanzas del salitre" que regaban de sangre Atacama también a principios del siglo XX. La baja densidad poblacional y el fomento a la migración de chilenos por parte de terratenientes habían estimulado el éxodo hasta la provincia de algunos trabajadores que ahora figuraban en las nóminas de víctimas. Al contrario de lo que afirmen hoy algunos creativos historiadores argentinos, esta presencia criolla no tenía características de "invasión," dado que la escasa población local no alcanzaba para todas las necesidades laborales de los fundos y las estancias. En 1900, por ejemplo, ingresaron a la Argentina más de 300 mil inmigrantes, mayoritariamente españoles e italianos. Lo anterior explica que los propios hacendados motivaran la migración de chilenos y de otros ciudadanos para actividades agrícolas y ganaderas, pues demostraban particulares capacidades para trabajar hasta bajo la lluvia y trueno, o en condiciones extenuantes. Como muchos de ellos eran de Chiloé, se acostumbró usar el apodo de "chilotes" para todos estos inmigrantes allí establecidos, gentilicio que pasaría a emplearse en la Argentina con un sentido despectivo hacia todo chileno. A pesar de las características del incidente de Santa Cruz, los partes militares describieron una situación muy distinta: se habían enfrentado a "dos mil hombres" armados hasta los dientes, que a las órdenes de "Oficiales del Ejército Chileno", habían intentado una invasión a la provincia. ¿Puede aceptar la inteligencia del lector que este chisme absurdo y ridículo haya sido creído masivamente?... Pues sí lo fue, y hasta ahora: Osvaldo Bayer, en "La Patagonia Rebelde" (Hyspamérica, 1986) evidencia que autores argentinos continuaban dando fe de la realidad de estos hechos hasta años recientes. Los partes del Capitán Viñas Ibarra no describen otra cosa que este cuento venenoso.
Los procesos de la Segunda Guerra Mundial provocaron una gran cantidad de reacciones en el expansionismo argentino, en los que directa o indirectamente hubo una figura central: el General Juan Domingo Perón. En 1938, siendo agregado militar de su país, Perón y su correligionario Lonardi, ambos futuros presidentes, protagonizan un sorprendente escándalo de espionaje contra Chile, del que salvaron libres de polvo y paja. La Argentina estaba entonces en un proceso de violencia rayano en lo delirante en sus afanes de expansión al Pacífico, como se podrá recordar. La colonización chilena de Palena se estaba realizando con con grandes dificultades, lo que llevó a muchos colonos a abastecerse en poblados argentinos, cruzando la frontera. Entonces, la Casa Rosada ordenó al destacamento de Gendarmería de Tecka, al oriente de Corcovado, detener el paso de todos los colonos chilenos que procedieran de Alto Palena, en 1941, en una actitud inaudita que sólo buscaba hacer fracasar la colonización chilena de la zona, para permitirle a la Casa Rosada una entrada expedita y con características invasoras, como efectivamente ocurrió unos años después. En tanto, 1942 el gobierno de Roberto Ortiz vivía sus últimos meses en la Casa Rosada ante el avance de las fuerzas nacionalistas de Ramón Castillo, que estaba por ocupar el sillón presidencial en el mes de junio. En este trance, el 6 de enero de 1942, durante su paso por Buenos Aires de camino a la Conferencia Interamericana de Cancilleres de Rio Janeiro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile don Juan Baustista Rossetti, se reunión con su homólogo platense Enrique Ruiz Guiñazú, con el Secretario de Guerra General Tonnazzi y con el de Marina Almirante Fincati. Allí le propuso a los ministros argentinos la modificación del artículo 5º del Tratado de 1881, sobre la prohibición de artillar el Estrecho de Magallanes, pues la vulnerabilidad de Chile era extrema en esos días de la Segunda Guerra Mundial, siendo una modesta nación que producía materias estratégicas para el conflicto (cobre, salitre, manganeso y hierro), además de ser corredor del estaño boliviano, y sin embargo no tener ninguna defensa para proteger el Estrecho en caso de ser bombardeado el Canal de Panamá. Sorprenden dos cosas de aquel encuentro del Canciller Rossetti en 1942. Primero, que haya llegado tan sumisamente a pedir "autorización" a los argentinos para modificar una cláusula del mismo tratado que las autoridades platenses habían violado y vuelto a violar a destajo provocando el Laudo de 1902 y las consecuentes revisiones a la frontera con Chile. Además, la restricción de fortificaciones para el Estrecho de Magallanes en el Tratado de 1881 era para "las costas", y no para los territorios interiores o adyacentes al paso interoceánico, en donde se pretendían levantar las defensas. Y segundo, que esperara aunque sea remotamente que los ministros estuviesen de acuerdo en esta fortificación del Estrecho, en circunstancias de que sólo un miope no no habría advertido las intenciones que Buenos Aires se traía entre manos desde la década anterior para con Chile. Como era de esperar, Ruiz Guiñazú, Tonnazzi y Fincati rechazaron categóricamente la propuesta alegando sin ruborizarse que, en una eventual guerra entre Chile y Argentina, su país se encontraría en desventaja ante la fortificación del Estrecho. Como contrapropuesta, ofrecieron al Canciller chileno un plan conjunto de defensa que éste rechazó, pero de todos modos se consideró el estudio de un proyecto de arreglo. Sin embargo, el día 22 de enero el propio Ministro Fincati anunció el desahucio de la gestión. Coincidían aquellos años con el aumento en la popularidad del General Perón, alcanzando rápidamente una gran cantidad de adeptos y leales reclutados para sus aspiraciones presidenciales. Instalado en 1944 como Ministro de Guerra del Presidente Edelmiro Farrell Balcarce, Perón no tuvo empachos en planificar una invasión militar a Chile en medio de una posible revuelta golpista contra el Presidente Ríos, que se planificaba entre grupos nacionalistas criollos afines al Eje, para mediados de febrero. Esta intentona fue frustrada luego de que los Estados Unidos desplegaran un fuerte plan de presiones y hostigamientos contra el gobierno de Buenos Aires, obligándole a romper con Alemania y Japón. En 1948, la mano de Perón reaparece tras los desbaratados intentos golpistas contra La Moneda del complot conocido como las "Patitas de Chancho", dirigido por una oscura rama de la logia masónica "La Montaña" y por militares afines a un gobierno dictatorial que depusiera al Presidente González Videla. Esta vez, el Gobierno de Chile fue oportunamente advertido encargando una exhaustiva investigación militar que logró aplastar las intenciones de los sediciosos, quedando al descubierto sus vínculos con altas autoridades diplomáticas y militares del Gobierno de Perón. En fin, parece que Chile era de gran interés para Perón, como quedó de manifiesto también en las declaraciones de expansionismo formuladas entonces por varios de sus hombres más afines, y conocidas como la "Declaración de los Almirantes Argentinos". Perón no pudo guardar las apariencias en sus intenciones expansionistas sobre el Cono Sur. Entre 1950 y 1951 el navío "Parker" de la Armada Argentina, fue descubierto en tres ocasiones fondeando ilegalmente en territorio chileno de Magallanes, con su tripulación en tierra y dedicada a levantar en forma clandestina planos de la zona. Emplazados a dar explicaciones, los argentinos se excusaron en todos los casos diciendo no conocer los detalles de la situación. Poco antes había sido sorprendido también el navío argentino "Fournier" en la zona de canales fueguinos. En 1952 volvieron a haber noticias similares, incluyendo desembarcos en la isla Picton. La necesidad o la predisposición de estar señalando permanentemente a un enemigo involucra tener que estarlo amedrentando de todas las formas posibles, haciéndole ver su inferioridad -real o supuesta- ante ciertas situaciones, para poder mantener el supuesto estatus de superioridad o supremacía. Bajo este propósito, la propaganda de la guerra "de baja intensidad" o "en baja frecuencia" de Argentina ha caído en hechos que llegan a ser francamente graciosos en nuestros días, más aún cuando se ven sazonados con la megalomanía y el sentido místico del "destino divino" a que hemos hecho referencia más arriba. Perón siempre pretendió manejar estos recursos propagandísticos. Capítulo especial merece, entonces, el de sus bombas atómicas, quizás uno de los fraudes comunicacionales más burdos conocidos por estas latitudes. Hacia fines de los cuarenta, los argentinos iniciaron gestiones para instalar un Centro Experimental Atómico en la Isla Huemul, del lago Nahuelhuapi. Se dice que otro estaba proyectado también en algún lugar de Tierra del Fuego. Sorprendentemente, comenzaron a invadir secretamente y sin tapujos el territorio chileno de Volcán Copahue, para abastecerse de uranio y agua pesada desde una de las lagunas, proveyéndose también de carbón desde Río Turbio, donde tendría lugar otra de la grandes controversias limítrofes, pues los argentinos penetraron por el subsuelo la frontera con Chile para aumentar la producción del mineral. Pero, conforme se alejó el olor a pólvora de la Segunda Guerra Mundial, Buenos Aires debió comenzar a lidiar con una serie de problemas internos derivados de la mala gestión gubernamental, poniendo momentáneamente de lado los programas atómicos. En medio de este incipiente cataclismo económico, en marzo de 1951, el General Juan Domingo Perón creyó tener entre manos una carta segura para guardar las apariencias ante Chile y Brasil, los enemigos "naturales" de la Argentina al entender del instinto natural de competencia vecinal del justicialismo de aquellos años. De esta manera, apoyado por los diarios y los medios de comunicación bonaerenses, anunció por cadena radial nacional la siguiente plétora de afirmaciones fantásticas y rayanas en la patología alucinante:
Increíblemente, esta afirmación propagandista ha sido cultivo de nuevos mitos internos argentinos, como el de "armas nucleares secretas" que poseería esta nación, según la leyenda urbana. Era, no obstante, un intento por hacer creer que Argentina poseía armas nucleares propias (y más potentes que las de EE.UU, según sugiere), destinado a intimidar a las naciones vecinas y causar agitación en la prensa. Ante el revuelo desatado, se comenzó exigir más antecedentes y pruebas sobre el misterioso programa de armas nucleares de la Argentina. No hubo respuestas de las autoridades, por lo que la incertidumbre llenó a la prensa. Sin embargo, al poco tiempo el supuesto plan nuclear debió ser escondido vergonzosamente, al igual que el pretendido "Heisemberg" argentino de esta imaginaria bomba atómica: el Profesor Richter, considerado por muchos como un charlatán alemán que prácticamente desapareció de la vida pública a partir de aquel momento. La excusa para estas reservas fue que el carácter secreto de los supuestos "experimentos" obligó a dar órdenes a la prensa de no volver a hablar de la bomba nuclear, que a todas luces era un fraude y un montaje circense. Así lo reconoció también el autor Raúl Damonte Taborda en "¿A Dónde va Perón?". Si bien el despotismo y la demagogia le permitieron ser reelecto en noviembre de 1951, estas bravuconadas de guerra no salvaron a Perón del desastre social. Acorralado, debió reajustar los precios en un 40%, provocando una debacle económica que, a su vez, obligó a nuevos acercamientos con Washignton, contrariando el discurso anti imperialista que por años fue su sello. Irónicamente, también debió buscar mejoras a las relaciones con los "enemigos" chilenos y brasileños, al menos fugazmente. Para empeorarle las cosas, sin embargo, ese mismo año de 1952 fallece su mujer, Eva Duarte o "Evita Perón", como quedó incorporada en el inconsciente colectivo argentino con características de Santa, para muchos la verdadera mano y voluntad detrás del duro General. Desesperado, las emprendió contra la Iglesia, en la que identificaba una opositora, ganándose la ira popular de una masa mayoritariamente católica como la argentina, especialmente después de permitir que sus gañanes "descamisados" asaltaran templos y conventos, dirigidos por Guillermo Patricio Kelly. Todo terminaría en 1955, con el alzamiento militar del General Lonardi, que fue ampliamente aplaudido en casi todo el país.
Luego de años de insistencia, las autoridades argentinas habían logrado hacer que el tramo entre Hito 16 y el Hito 17 de la demarcación en Alto Palena fuera reestudiado, provocando una confusión artificial entre los montes "Cerro de la Virgen" y "Picacho de la Virgen". Éste último correspondía al monte-hito fronterizo y se situaba al Este de Palena, mientras que el primero, más pequeño, se encontraba diez kilómetros al Oeste. Ya en los tiempos de la Comisión Demarcadora Británica, que colocó los hitos de acuerdo al Laudo de 1902, Argentina había dejado en claro su descontento con la traza fijada para aquel sector. Las divergencias y hechos circunstanciales habían llevado a la Comisión Mixta de Límites a entrar en operaciones hacia 1945, ocasión en que los comisionados chilenos aceptaron el planteamiento argentino de que la ubicación del monte-hito en el Cerro de la Virgen, pues el verdadero, el Picacho de la Virgen, había sido rebautizado como "Cerro Central" por los argentinos, entre otras muchas adulteraciones de la toponimia en la zona realizadas a principios de siglo por el Perito Moreno y el cartógrafo Lange. Se encontraba la Comisión Mixta chileno-argentina en plenas labores en Palena, cuando, de forma sorpresiva, en julio de 1952 y estando aún Juan Domingo Perón en el poder, el auxiliar argentino Domingo Cianis del Río y sus hombres ocuparon el territorio chileno del valle. Le explicó a los colonos que "desde ese momento" estaban en territorio argentino y que, a partir del día 26, tenían un mes exacto para regular su presencia con las siguientes disposiciones: sacar cédulas de residencia argentinas, registro de marcas de Gendarmería Argentina, prohibición de retirar sus enseres hacia Chile o de atravesar la frontera sin permiso de los gendarmes, en un claro intento por convertir nuestros colonos en suyos y de retener inmoralmente sus bienes y propiedades. Cercaron gran parte del territorio. Este incidente, que podría haber desatado consecuencias bélicas, motivó una protesta chilena y el embajador, Germán Vergara Donoso, recibió una sorprendente respuesta de parte del Canciller argentino Jerónimo Remorino: la Casa Rosada no sabía una palabra de lo ocurrido ni de quién dio la orden de invasión. En tanto, los gendarmes argentinos se permitieron actuar con brutalidad y prepotencia características sobre los colonos, a pesar de que en Argentina se hablaba de los habitantes de la zona en calidad de "compatriotas" y de señalar una actitud "desafiante" de parte de los chilenos. Autoridades de Carabineros de Chile y hasta Parlamentarios concurrieron personalmente hasta la zona ocupada a dialogar con los gendarmes, pero la respuesta argentina era nula. El Senador González Madariaga protestó airadamente por estos hechos innumerables veces, pero la eterna pasividad del resto de sus autoridades favorecieron la permanencia de los argentinos. Mientras, la Comisión Mixta intentaba seguir funcionando normalmente en 1953. Atendiendo un llamado final de Chile para resolver la traza definitiva, en 1954, la Casa Rosada presentó al año siguiente su propuesta de cómo sería la frontera real en Palena: todo el territorio que estaba ocupado sería suyo. Ante estos hechos, el 20 de junio de 1955 Chile reestructuró por decreto la comisión, colocando ahora al prestigioso Ingeniero Militar, Teniente Coronel Eduardo Saavedra Rojas. Previniéndose, Perón dio la orden de que sus tropas volvieran a entrar a Alto Palena y exigieran a los colonos la nacionalización argentina, el 4 de agosto. Sería derrocado por Lonardi poco tiempo después. Unos años más tarde, el Presidente Alessandri Rodríguez había quiso apelar al derecho de llamar unilateralmente al árbitro inglés en caso de discrepancia, como lo establecía el Tratado General de Arbitraje de 1902, para lo cual se había dado aviso al Foerign Office. Este sería, a la postre, el principio de la entrega de Palena.
En pleno canal Beagle, entre las islas Navarino y Picton, se encuentra el islote Snipe, reconocidamente chileno y no pretendido hasta entonces por las reclamaciones argentinas. El 12 de enero de 1958 la Armada de Chile le instaló con esfuerzo un faro-baliza que facilitaría la navegación por estas zonas difíciles, incluso para las embarcaciones argentinas. El 1° de mayo se instalaron las luces del faro y se notificó en el Boletín de Avisos a los Navegantes. Para entonces, la fuerza naval se encontraba con varios de sus principales buques en reparaciones o en retiro, situación que apareció en la prensa nacional. En la mañana del 10 de mayo llega urgente una noticia a los cuarteles de la Armada de Chile: inexplicablemente, un acorazado argentino, el "Guaraní", había atacado el día anterior y sin motivo alguno al faro, cortándolo con sierras para metal. El día 11, Chile formalizó una protesta. Como es usual en las acciones de prepotencia argentinas, la Casa Rosada manifestó no saber de lo ocurrido y, para evitar incidentes, declaró haber dado la orden a todos sus buques de "no intervenir". Se volvió a levantar una nueva estructura. Increíblemente, el personal chileno fue sorprendido por una poderosa escuadra de tres navíos argentinos en plena acción, estando al borde de desatarse una escaramuza que bien podría haber sido el principio de una guerra, lo que no aconteció por un milagroso capricho del destino, como lo relatara años más tarde el Capitán de Navío Hugo Alcina Calderón, testigo y protagonista de los hechos . Tres meses completos pasaron. Un indio yagán, autorizado por las autoridades chilenas para mantener allí su rebaño de ovejas, era la única compañía que tenía el solitario faro chileno. El día 9 de agosto, por orden del Almirante argentino Clement, destructor argentino "San Juan" cañoneó el faro y, esta vez, desembarcó a sus tropas. Una actitud de prepotencia sin límites mezclada con un increíble infantilismo de saña contra un inocente faro. Esta vez, la protesta de Chile fue enérgica y obligó a volver al país al embajador José Maza Fernández, dejando sólo al Canciller chileno, don Alberto Sepúlveda Contreras, encargado de resolver directamente lo que ocurriría en las relaciones con Argentina. Hubo un fuerte movimiento militar de ambas partes y en Punta Arenas las autoridades locales hacían lo imposible por contener a exaltados miembros de la Armada de Chile, que querían partir por su propia cuenta a desalojar a los argentinos del islote. Ante el descontrol que podía suscitarse, los representantes argentinos y chilenos lograron emitir un urgente acuerdo el día 18 de agosto, en el que el señor Ernesto A. Nogues, Encargado de Negocios de Argentina en Santiago -que hacía las veces de Cónsul ante los hechos-, se comprometía a nombre de Buenos Aires en retirar las tropas invasoras a partir del día siguiente. De este modo, Chile estuvo otra vez al borde de una guerra con la Argentina en 1958, únicamente por la prepotencia de sus autoridades militares. La conflagración de guerra como tal no estalló, pero la guerra de baja intensidad a que nos hemos referido en este capítulo persisitió impecable e imperturbable. En 1902, un Laudo Arbitral dejaba establecido que el área cordillerana austral entre el Lago O'Higgins y el Monte Fitz Roy correspondiente a Laguna del Desierto era territorio chileno. Desde la instalación del Hito 62, en este punto, nunca hubo alguna clase de problemas con Argentina. Sin embargo, en el país platense se había continuado desarrollando una línea de trabajo basada en los estudios del Perito Francisco P. Moreno, sobre lo que llamó "encadenamiento principal" de Los Andes. A juicio del estudioso, por ella debía correr la frontera chileno-argentina. Las exploraciones y las investigaciones de varias fuentes habían demostrado la existencia de otro cordón montañoso paralelo al Martínez de Rozas (por el que corría la frontera según el Laudo de 1902), la Cordillera de Darwin, más hacia el Oeste, en pleno territorio chileno y del lado occidental de Laguna del Desierto. Así las cosas, comenzaron desde temprano los hostigamientos y las amenazas contra los colonos chilenos por parte de gendarmes argentino, atropellos que fueron comprobados por el Prefecto de Punta Arenas, Teniente Coronel Luis Jaspard Da Fonseca, en oficio reservado que dirigió a la Quinta División del Ejército, basado en un informe sobre un patrullaje en Laguna del Desierto realizado por el Teniente Tucapel Vallejos Reginatto, futuro General y Ministro de Agricultura del Gobierno Militar. Pero sería con la creación del Retén de Carabineros Lago O'Higgins, en 1861, que los oficiales argentinos comenzaron a actuar con mayor prepotencia y agresividad. En 1965, unos gendarmes visitaron a los chilenos Héctor y Juana Sepúlveda, que habían recibido sus tierras de su padre, don Ismael Sepúlveda. Los oficiales alegaron que se encontraban ocupando territorio argentino y que debían concurrir a Río Gallegos para notificarse. Los Sepúlveda se negaron, recibiendo una nueva visita de otros dos gendarmes: esta vez, les daban un plazo de una semana para abandonar sus tierras. Informado el Gobierno de Chile de la actitud de Gendarmería de Argentina, el 11 de octubre, se dispuso la salida de una patrulla de Carabineros hasta el sector Sur de Laguna del Desierto, en la casa de doña Juana, al mando del Mayor Miguel Torres Fernández, que partió acompañado del Teniente Hernán Merino Correa y otros diez carabineros. En tanto, aprovechando una visita del Presidente Frei Montalva a Mendoza, se firmaron allí acuerdos importantes sobre los trabajos de la Comisión de Límites en la zona y un posible arbitraje para el Canal del Beagle. Tanto Frei Montalva como el Presidente Illía de Argentina, convinieron en que debía esperarse un pronunciamiento de la Comisión Mixta sobre el límite en Laguna del Desierto. Sin embargo, la Cancillería de Buenos Aires envió a las pocas horas una protesta a La Moneda por la presencia de Carabineros de Chile en el territorio. Movilizando al Embajador Hernán Videla Lira, el Canciller chileno Gabriel Valdés Subercaseaux consiguió que las autoridades argentinas dieran por superado el asunto el día 6 de octubre, por Declaración Conjunta, fijándose un plazo de 48 horas para que las fuerzas de ambos países hicieran abandono del territorio y así pudiese trabajar en terreno la Comisión Mixta de Límites. Pero ese mismo día, cuando aún no se cumplía el plazo para abandonar el área, una numerosa patrulla de casi cien gendarmes argentinos armados y acompañados hasta de "corresponsales de guerra", protagonizó una violenta invasión a Laguna del Desierto y emboscó vilmente a un grupo de sólo cuatro Carabineros chilenos acompañados de dos niños de la zona, liderados por el Mayor Torres. En el cobarde ataque, los argentinos asesinaron al Teniente Hernán Merino Correa, y tomaron detenidos a los otros tres. Jamás volverían a retirarse del suelo chileno invadido y vilmente entregado como consecuencia de la irresponsabilidad del nefasto Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, en 1994.
El 11 de diciembre de 1967, y de acuerdo a lo acordado por primera vez en el Tratado Chileno-Argentino de 1856 y sucesivamente ratificado en varias ocasiones hasta 1902, Chile decidió solicitar un laudo arbitral para resolver de una vez por todas el problema, decisión que quedó a manos de Su Majestad Británica. Se recordará que los famosos y celebradísimos Pactos de Mayo de 1902 (que continúan emocionando a los actuales entreguistas) obligaban a ambas naciones a resolver por esta vía los conflictos, además de que, recientemente, Chile había debido aceptar un perjudicial Laudo de 1966 solicitado por Argentina a la corona británica, en el controvertido asunto de Palena. La decisión, tomadas tras casi veinte años de provocaciones argentinas en la zona austral, vino a ser la única salida pacífica al asunto luego de que, alrededor de aquellos días de fines de año, tuviese lugar otro de los frecuentes actos de abuso en el número de parte de los uniformados argentinos. Todo comenzó cuando un numeroso grupo de unidades de la armada argentina bloquearon sorpresivamente el paso a una embarcación naval chilena en el Beagle, lo que provocó una gran confusión y la posterior reacción diplomática. Los argentinos emitieron un comunicado oficial desde el Comando Aeronaval de Ushuaia, donde se leía que Argentina simplemente defendía su soberanía:
Vemos, por enésima vez, la exagerada y tendenciosa inclinación de las autoridades argentinas a operar bajo la presión de estados de guerra que, en estricto rigor, no existen. La explicación de esta actitud es sencilla: es la guerra formal, la conflagración la que no existe, pero en cambio se mantiene vigente y absolutamente activo el estado de guerra de baja intensidad, dosificada y persistente, como hemos dicho. Si se duda de ello, leamos lo que dice el comunicado anterior a sus hombres:
Ahora, el personal chileno detenido en sus propias aguas territoriales era un "enemigo", y el acto expansionista de Argentina era legítima "defensa territorial", cual partido de fútbol y como local. Este incidente, detonante de la decisión de ir definitivamente a arbitraje internacional por petición del Presidente Eduardo Frei Montalva y el Canciller Gabriel Valdés, fue ridículamente elevado en Argentina a la categoría de una "cuasi guerra" entre ambos países y muchos de sus historiadores insisten en plantearlo de tal forma. Como no podían faltar, los expansionistas que hacen empleo de la táctica de guerra de presentar a un enemigo ridiculizándolo ante sus hombres como "cobarde", han agregado que Chile se amedrentó ante los hechos y evitó el mismo conflicto que había detonado al invadir el territorio "argentino". Sería interesante preguntarse cómo podría ser evaluado, bajo esta perspectiva chata de valientes y cobardes, la actitud que había tenido Buenos Aires menos de una década antes, al retirar apresuradamente a sus hombres del Snipe y abandonar las instalaciones allí levantadas, como hemos visto. Varios encontrones de este tipo habían tenido ese año de 1967. De hecho, en septiembre , la Argentina había optado por impedir que los prácticos chilenos que conducían los barcos mercantes extranjeros por los canales interiores de la zona, desembarcaran en Buenos Aires una vez cumplida su misión y en calidad de meros pasajeros, situación en la que seguían a bordo por el Atlántico al Norte. Era una medida de presión a través de la cual la Casa Rosada intentaba imponer artificialmente algo que era insostenible en el plano jurídico: que todo el recorrido hasta Ushuaia debía estar reservado a prácticos argentinos, como legitimación de su "soberanía" en el lugar. "Era una medida que cuadra perfectamente con lo que se ha llamado un estado militarista, en oposición a un estado de derecho", diría un año después el Senador González Madariaga. Una nueva ironía del destino vino a sazonar esta situación, sin embargo. A principios del mes de junio de 1968, en medio del clima recalcitrante provocado por la Argentina, una de sus naves, un bote del patrullero "Sonavirón", se perdió en las bravas aguas de los bajíos de islas Picton, tras invadir territorio chileno del Beagle. Como los argentinos no lograron encontrarlos, Ushuaia no tuvo más remedio que dar aviso a la estación chilena de Puerto Natales, la que advirtió de lo sucedido a la torpedera "Quidora". Fueron encontrados atrapados en las corrientes de la isla, y devueltos sanos y salvos a su país. Las autoridades de Ushuaia dieron un público reconocimiento a la acción heroica del rescate de la "Quidora", que permitió salvar la vida de nueve marinos y un oficial.
Una mención especial merece el incidente ocurrido en 1970. Había entre los argentinos un fuerte sentimiento antichileno arrastrado desde los resultados del Laudo de 1966 para Palena (a pesar de que le costaron a Chile la entrega del valle cordillerano pero no su totalidad) y la revitalización del conflicto en el Beagle. Tras la cumbre presidencial Onganía-Frei, el 25 de febrero de 1970, una patrulla completa de gendarmes argentinos se aventuraron a avanzar descaradamente dentro de territorio chileno, a la altura de Paso Valdez, desde Chos Malal. Tocó la mala coincidencia de que unos arrieros chilenos pasaban por la zona y, al encontrarse de cara a cara con los gendarmes en plena actividad invasora, estos reaccionaron con la tradicional prepotencia y agresividad que se los identifica. El chileno Aurelio Parra terminó muerto y su compañero de trabajo detenido. Tras este inaceptable hecho, el Gobierno de Chile protestó dada la gravedad del incidente que evidenciaba, además, la siempre negada política argentina de hacer constantes incursiones en territorio chileno (acusación frecuentemente hecha desde allá contra Chile, sin ninguna clase de argumento). La nota oficial firmada por la Cancillería define directamente como un asesinato la muerte del arriero, aludiendo, además, al convenio bilateral de 1929, según el cual los detenidos deberían haber sido entregados a las autoridades chilenas. Argentina apenas se limitó a pedir disculpas, como si repararan el algo el daño. La cifra de arrieros chilenos asesinados a seguido subiendo en 1990, con otro nuevo caso. Aquel año, además, el 1º de septiembre y sólo tres días después de haber abandonado el país el Presidente argentino Carlos Menem, un enorme grupo de militares argentinos descendió bulliciosamente desde una cuadrilla de helicópteros "Lama" y encañonó a un equipo chileno de la Comisión Chilena de Límites que operaba legítimamente en el sector al Sur de Villa O'Higgins, cerca de Laguna del Desierto y en territorio chileno. Luego de algunas discusiones, los argentinos permanecieron en un campamento instalado a pocos metros del lugar de trabajo de los comisionados, quedándose allí hasta el día 5 siguiente, período en el que continuaron perturbando el trabajo de los chilenos. Sólo cuando los comisionados denunciaron la situación a la Intendencia Regional y luego amenazaron con llamar a las fuerzas de Carabineros de la Tenencia de Lago O'Higgins, la autoridad argentina ordenó el retiro de los invasores, quienes se largaron tan rápido como aparecieron, poniendo fin a otra situación de extrema peligrosidad que bien podría haber culminado en un incidente de proporciones. La embajada de Chile en Buenos Aires recibió como explicación que todo había sido un "error que no volvería a repetirse". Poco duró la paz, sin embargo: el 6 de julio de 1991, un joven turista chileno llamado Rodrigo Villablanca, quien se encontraba con un amigo recorriendo Mendoza, fue interceptado por un sospechoso argentino que comenzó a provocarlo por su nacionalidad y, luego de un altercado, cayó muerto por una herida de proyectil. Al llegar la fuerza policial, se procedió a detener a su amigo, acusado de haber participado en una riña y deslizando la posibilidad de que él mismo hubiese dado muerte al muchacho. Sin embargo, a los pocos días los testigos confirmaron a la familia de Villablanca que el asesino del viajero había sido un policía mendocino, información que fue revelada por los hermanos del fallecido, Eduardo y Jorge Villablanca, al diario "La Segunda" del 11 de julio de 1991. Este caso jamás fue correctamente investigado por la autoridad argentina y el asesino nunca fue individualizado. Cabe señalar que, ese mismo año, en el mes de noviembre, fuerzas de la Armada argentina hicieron ejercicios ilegales en las islas Picton y Nueva, demostrando claramente que aún aloja allí alguna clase de pretensión persistente sobre el Canal Beagle por parte de elementos militares y de ultraderecha argentinos. En tanto, los crímenes contra arrieros chilenos vuelven a repetirse con el asesinato de otro campesino chileno en manos de un gendarme argentino, esta vez en Reigolil, Curarrehue. Amparado en las facilidades que otorga el Tratado de 1919, el oficial del vecino país había atravesado la frontera con una patrulla que perseguía a cuatro ladrones a caballo, llegando hasta el sector cordillerano chileno y matando de un disparo al agricultor, para luego fugarse de la escena del crimen. El Juez de Pucón, Guillermo González Díaz, había solicitado a la Argentina la extradición del asesino, por petición del Canciller Enrique Silva Cimma. Sin embargo, el mismo ministro después reculó en su actitud y volvió la espalda a este gravísimo incidente, prefiriendo priorizar las buenas relaciones con la Argentina en pleno proceso de entrega del territorio de Laguna del Desierto. Luego, en abril de 1993, donde se suponían las relaciones en plena paz y, sin embargo, gendarmes argentinos mataron a otros dos campesinos dentro de su propio territorio nacional, esta vez en las inmediaciones del Lago Cochrane, acontecimiento completa y absolutamente gravísimo, inaceptable a nivel de relaciones internacionales, al que el Canciller del entreguismo, Silva Cimma, nuevamente bajó el perfil sin rubores ni remordimientos. Dado que la táctica de penetrar secretamente sectores fronterizos del territorio enemigo es propia de un estado beligerante, podemos presumir que la política de invasión por parte de gendarmería argentina pasa a formar un detalle del itinerario de guerra de baja intensidad que hemos descrito como propio de la actitud permanente de la Argentina hacia Chile. La reciente decisión chilena de comprar Aviones F-16 de Estados Unidos, por ejemplo, ha despertado una serie de reacciones exageradas de parte de las autoridades argentinas, sobre una escalada bélica de parte de Chile. Así mismo, cuando se repitieron sucesivos recortes militares en las Fuerzas Armadas de Argentina, entre los años 1998 y 2000, más de algún general de Ejército salió de cuarteles a advertir que el desabastecimiento (que llegó incluso a vacaciones obligadas para los militares) creaba las condiciones ideales para tentar a Chile a "invadir territorio de la Argentina". ¿Hasta dónde podría llegar la paranoia? Vuelve a ponerse en evidencia, así, que esta peligrosa rutina de los gendarmes argentinos de penetrar suelo chileno, corresponde a la misma clase de invasiones que se han achacado mañosamente a Chile en otras ocasiones. Varios otros abusos y escaramuzas antichilenas podrían mencionarse entre los años de 1950 a 1970, especialmente contra colonos de la frontera, pero creemos que los casos señalados son los mejor documentados e ilustrativos.
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