| EL PROYECTO FORESTAL TRILLIUM HA DERIVADO EN UNA CURIOSA PROPUESTA DE VENTA LOS LLAMADOS "BONOS DE CARBONO", LUCRATIVO NEGOCIO QUE PODRÍA EXPLICARNOS EN PARTE EL SAQUEO QUE SE HA HECHO DE LA PATAGONIA Y DE LOS PELIGROS IMPLÍCITOS QUE REVISTEN ESTAS VENTAS DESMEDIDAS DE TERRITORIO A MAGNATES Y CONSORCIOS INTERNACIONALES. EN SEPTIEMBRE DE 2004, CUANDO YA SE HABÍA CANCELADO EL PROYECTO, LOS TERRENOS DE LA EX TRILLIUM FUERON TRANSFERIDOS POR EL BANCO INTERNACIONAL GOLDMAN SACHS A UNA ONG VERDE QUE LOS ADMINISTRA DESDE AHORA EN AUTONOMÍA, CUAL VERDADERO ENCLAVE TERRITORIAL SOBRE LA SOBERANÍA CHILENA DEL EXTREMO AUSTRAL  El misterio nunca aclarado de la forestal "Trillium"Trillium y la propuesta de venta de los "bonos de carbono"¿Inspiración ecológica o negocio millonario?La transferencia del territorio por Goldman Sachs en 2004
Uno de los hechos más curiosos en torno a la compra de vastas extensiones de territorio austral por parte de magnates extranjeros, lo protagonizó la controvertida empresa Trillium Corporation, propietada por el magnate norteamericano David Syre. La noticia sorprendió a muchos en la más completa ignorancia sobre el origen de la empresa y la naturaleza del proyecto forestal que pretendía realizarse en el extremo austral del Chile continental, y al que muchos incautos suscribieron de inmediato, al evaluar la proyección laboral que representaba en una zona magallánica, especialmente afectada por la cesantía y los bajos niveles de ingreso. Como se sabe, aproximadamente desde 1992 la compañía había ido adquirido -a muy bajo precio- enormes extensiones de bosque nativo al oriente del Canal Whiteside y en la frontera con argentina en la Tierra del Fuego. Parte de esos territorios, que abarcaban unas 256.000 hectáreas colindantes directamente en la frontera con Argentina, junto al Lago Blanco, ocupando cerca de un tercio del territorio chileno en la isla. La intención original era directamente la depredación del valioso bosque austral, a través del nefasto Proyecto Río Cóndor, que correspondía a la Forestal Trillium, millonaria empresa norteamericana de Bellingham, que en 1995 había manifestado su interés por invertir US$ 150 millones en la explotación de los bosques nativos lenga de la zona. Por alguna extraña razón nunca bien iluminada, el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle decidió aceptar el proyecto y darle celeridad sin meditar en la ola de protestas que generaría, ya que -como era de esperar- suscitó el rechazo unánime de todos los movimientos y ONG de corte ecologista en Chile, incluyendo las que apoyan a Douglas Tompkins y a otros ecofilántropos. En abril de 1996, Trillium logró obtener los permisos de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la XII Región de Chile. Sin embargo, una avalancha de recursos judiciales hicieron que la Corte Suprema acogiera estos reclamos y anulara el visto bueno del proyecto que había otorgado la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA. Dos años después, el organismo de Estado volvió a aprobar un nuevo estudio de impacto ambiental que resultaba favorable a la Trillium, que poco después prepararía proyectos adjuntos a la explotación de los bosques, como la creación de grandes barracas madereras dentro de la región.
Sin embargo, a los pocos días se informó que la ecologista Adriana Hoffman Jacoby -amiga de Tompkins y enemiga de la Trillium- había sido asignada por el flamante Presidente electo, don Ricardo Lagos, para dirigir la CONAMA en su gobierno próximo a asumir. El cargo estaba siendo revisado por el futuro Secretario General de la Presidencia, don Álvaro García, también defensor de Tompkins, aunque poco simpatizante de la señora Hoffman, que era conocida por ser una cercana colaboradora del magnate, de quien había recibido grandes cantidades de dinero para financiar la fundación "Defensores del Bosque Chileno", de la que era presidenta. Muchos la acusaban a ella y a los grupos que representa, sin embargo, de ser ecologistas ligth, ambientalistas a la moda. De cualquier modo, su efímera presencia en la CONAMA podía llegar a ser un evidente obstáculo para el proyecto de Syre y sus socios. Detrás de estos negocios, aparentemente, estaban también los intereses del banco de inversiones Goldman Sachs, que ya proyectaba la construcción de un gran parque en esos territorios y que tendría una labor vital en el desenlace de esta historia siniestra. A principios de febrero de 2000, los medios de prensa ya habían confirmado y hecho pública la noticia de que la Trillium, elegantemente llamada ahora "Forestal Savia", había iniciado -nuevamente con apoyo del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que ya se extinguía- sus actividades de explotación del proyecto Río Cóndor. No deja de llamar la atención que la coalición gobernante, la Concertación, haya dado a conocer esta situación sólo después de la primera vuelta de las reñidas elecciones presidenciales de aquel año, y a pocos días de asumir Ricardo Lagos Escobar.
Tras casi un año de nuevas controversias, en diciembre del 2000 la opinión pública fue sorprendida con otra revelación sobre este conflictivo asunto de los territorios privados de la Tierra del Fuego: ante la molestia generalizada por las faenas en el territorio fueguino, el directorio de la Trillium -asesorado por la empresa C-Fix y la Fundación Chile- había decidido reorientar el proyecto, minimizando la explotación maderera ejecutada por el Proyecto Río Cóndor y optando ahora por actividades de ecoturismo y venta de los llamados "bonos de carbono". La propuesta ganó la inmediata simpatía de los "archienemigos" de Syre y asociados, como fue el caso de la propia directora de la CONAMA, cuando declaró:
De la 103.000 hectáreas de lenga explotable, Trillium ahora trabajaría sólo en 1.492 de ellas, para luego subir a 2.200 y, finalmente, a 2.300, con la condición de construir caminos en la zona. El punto más curioso del proyecto, sin embargo, era el de la venta de estos "bonos de carbono". Y no es casual que haya sido de gran simpatía entre los ecologistas que, hacía sólo un año atrás, habían declarado la guerra a Trillium. Los "bonos de carbono" equivalen a garantías de producción natural de aire puro, o bien bonos ecológicos, y su nombre está referido a la conservación de sumideros de carbono en bosques naturales, reservas, plantaciones o áreas de reforestación. Para comprender de qué se trata este concepto de venta casi de argot, de bonos (venta de aire, aunque usted no lo crea), debemos revisar los últimos encuentros conservacionistas del mundo, particularmente la VI Conferencia de la Convención del Cambio Climático (noviembre 2000), en donde se validó el compromiso de la Convención de Kyoto de 1997, cuyo resultado principal se conoce como el "Protocolo de Kyoto". Por dicho instrumento, se llegó a la conclusión de que los bosques podían llegar a ser considerados como mecanismos productores de aire puro, compensadores ambientales de los gases culpables del Efecto Invernadero y, por lo tanto, medidos bajo un concepto de inversión y bonificación. Se puede calcular cuánto dióxido de carbono es capaz de reciclar un árbol y se realiza una estimación de la capacidad de un bosque considerando la cantidad de árboles que posea. Esta equivalencia genera el "bono" porcentual al que se puede acceder para cumplir con la exigencia del protocolo, que compromete a las naciones industrializadas a reducir su producción de Gases de Efecto Invernadero o GEI, en al menos un 5% para el año 2008. Dentro de este concepto, una compañía contaminante de un país desarrollado, por ejemplo, puede compensar sus emisiones comprando una cantidad similar o superior de estos bonos relacionados a países subdesarrollados, precisamente, con lo contrario; es decir, con la producción natural de aire puro, la oxigenación natural. Al respecto, es interesante el paquete de adquisiciones que ha desarrollado, por ejemplo, el empresario chileno Luis Smok, quien ha adquirido vastas extensiones de territorio austral con intenciones de destinarlo a venta de hectáreas bajo bonificación de carbono, según veremos más abajo. Sin embargo, la idea quedó esbozada en la conferencia sin que se llegara a un acuerdo total para incluir los bosques en el Protocolo de Kyoto. Entre otras grandes dificultades, se encontró con la negativa del Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a suscribir al protocolo en el año 2001. Los detractores del acuerdo, encabezados por académicos como el profesor de la Universidad de Illinois Dr. Frederick Seitz -además de ex presidente de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y ex Consejero Científico de la OTAN- alegan que las teorías catastróficas del Protocolo de Kyoto de 1997 están basadas en datos de la época errados e imprecisos y simulaciones computaciones inadecuadas en relación a la realidad ambiental y climática del mundo, que no se ajustan a proyecciones realizadas sobre datos reales y concretos de las investigaciones historiadas del comportamiento de mundo. Los defensores del protocolo, en cambio, acusan a sus detractores de estar comprometidos con los intereses de las grandes compañías internacionales acusadas precisamente de subir los niveles mundiales de CO2. Se hace evidente que el interés por integrar los bosques y persuadir a los Estados Unidos de suscribir al protocolo no cesó, y la idea siguió siendo insistida con majadería. He ahí, entonces, una fuente de enriquecimiento sin límites en pleno proceso de ser descubierta, y debe darse por descontado que los bosques chilenos de Palena, Chiloé, Aysén o Magallanes ya están considerados en estos proyectos empresariales. Chile, a través de este nuevo proyecto, pasa a ser el primer país en iniciar la gestión de estos bonos de carbono, lo que también se había intentado introducir en países americanos de la cuenca atlántica.
La idea de la emisión de bonos de carbono deriva del hecho de que empresas o consorcios transnacionales altamente industrializados y, por lo tanto, culpables de emisiones contaminantes o de daño progresivo al medio ambiente, puedan compensar sus acciones con la compra de bonos de mantención de estas reservas de carbono, es decir, adquiriendo hectáreas de bosques internacionales o reforestando en zonas estratégicas, como ha ocurrido en los últimos años en el Amazonas, pudiendo evitar con ello impuestos o tributaciones-castigos por el mismo daño ecológico al que contribuyen en forma acumulativa o, inclusive, recibir alguna forma de ganancia monetaria por plantar nuevos árboles equilibrando o superando su producción "corporativa" de Gases de Efecto Invernadero o GEI. Esto podría convertir estas reservas en monstruosos y eficientes negocios para las mismas empresas contaminantes, según veremos. La creación de estos bonos también está asociada al uso de los llamados Mecanismos de Energía Limpia, o MEL. Si una compañía instalada en Chile, por ejemplo, opta por cambiar su consumo de petróleo a un MEL, se calculará la diferencia entre su antigua emisión de Dióxido de Carbono con la nueva y se traspasará dicho valor a una equivalencia en bonos de carbono, que podrá vender a compañías de países suscritos al Protocolo de Kyoto.
A pesar de que la efectividad de estos procedimientos para revertir el calentamiento global es cuestionada, la rentabilidad de tales proyectos no está en duda. El citado empresario ambientalista chileno, Luis Smok, por ejemplo, inició en 1999 la compra de 2.500 hectáreas de bosques de la Región de Los Lagos, por $150 millones. Sus propiedades son conocidas como los Bosques de Huellelhue, y según el propio Smok ha declarado en medios de prensa y ante organizaciones ecologistas, calcula que la rentabilidad del emergente negocio puede llegar fácilmente a más del doble de su inversión inicial, a mediano plazo. De hecho, el potencial mundial del mercado de estos bonos y renovación de MEL alcanzaría los US$ 10 billones anuales, según los cálculos. Chile fue el primer país latinoamericano en recibir una bonificación por disminución de contaminantes. El "premio" se le otorgó a la empresa Guardia Vieja, constructora de la central hidroeléctrica Chacabuquito, de la Quinta Región. La infraestructura permitió evitar la emisión de 112.607 toneladas de carbono, recibiendo a cambio US$ 400 mil (US$ 3.5 por tonelada). Desde entonces, Chile ha puesto en venta bonos que el año 2003 llegaron a ocupar el 7% del mercado internacional. Le siguen Argentina, Brasil, Costa Rica y México. El caso de Trillium, asociado a la destinación de territorios para la venta de bonos de carbono, genera por sí mismo una serie de interrogantes:
Cabe señalar que la venta de bonos de aire puro puede ser una muestra concreta y materializada de lo que anuncia la Teoría del analista mexicano Juan Enríquez sobre la independización de nuevos territorios en el mundo, condicionando la relación del Estado con la de las corporaciones privadas, colocándolas en el estatus y el alcance que ocupaban las demás naciones en el nivel de relaciones internacionales.
A fines del 2001, producto de las presiones y de la nueva orientación de la CONAMA con las fuerzas de Douglas Tompkins al mando, Trillium simplemente no pudo sostener por más tiempo la situación de retrasos y replanteamientos del proyecto, dando por terminadas sus gestiones en Tierra del Fuego y dejando los bienes territoriales en manos de sus acreedores financieros. Las dificultades en que supuestamente quedó la empresa, obligaron a disponer, en febrero de 2002, los enormes terrenos al poderoso banco Goldman Sachs, con sede en Oregon, uno de los bastiones del capitalismo norteamericano y el banco de inversiones más grande del mundo. Como Trillium jamás pudo pagar los cerca de 30 millones de dólares que adeudaba al banco, en diciembre de 2003 los terrenos pasaron directamente a la cartera del organismo financiero. Comenzaría aquí un segundo capítulo en esta siniestra y vertiginosa historia, que acabaría aislando estos territorios del resto de la soberanía de Chile. El desarrollo de los sucesos siguientes linda francamente en el terreno de lo más oscuramente conspirativo, en un esquema donde el engaño, el poder del dinero y los subterfugios se aliaron con escalofriante eficacia. Como se recordará, el año 2001 había asumido el poder de Washington D. C. el republicano George W. Bush luego de una controvertida elección presidencial en la que el ex vicepresidente del Gobierno de Clinton y representante de las fuerzas liberales, el demócrata Al Gore, había terminado derrotado por sólo 5 votos electorales. Como se había anticipado que Bush se negaría a firmar el Protocolo de Kyoto, las fuerzas "verdes" de los movimientos ecologistas y ambientalistas se habían agrupado en torno a la candidatura de Gore, pronosticándole un triunfo rotundo que, finalmente, no llegó. En consecuencia, las fuerzas de los carteles verdes internacionales que operan en el arena política yanqui, quedaron a la deriva debiendo atrincherarse en el poder financiero de una serie de poderosos organismos internacionales que les eran afines y desde los cuales poder influir sobre la política contingente a falta de simpatía entre los conservadores de la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos. Entre estos grupos financieros de bandera liberal estaba, precisamente, el banco Goldman Sachs, algo que ha quedado demostrado posteriormente, en 2004, con la creación de un fondo de desarrollo internacional para empresas que practiquen la política de "responsabilidad social corporativa" en materias medioambientales, por iniciativa de Al Gore y dirigida por dos altos directores de Goldman Sachs: David Blood y Mark Ferguson. Con este nivel de influencia, los grupos verdes comenzaron a presionar insistentemente al Goldman Sachs para que traspasara las 272 mil hectáreas de la desaparecida Trillium a una millonaria ONG ecologista llamada Wildlife Conservation Society, WCS, cuyas operaciones se extendían por más de 50 países, remontándose a 1895 y en América Latina a 1903. WCS también es el organismo encargado de la administración de los zoológicos neoyorkinos del Bronx, Central Park, Queens, Prospect Park y el Acuario de New York. En Chile había participado con la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en algunos programas de conservación de flamencos nativos desde los años sesenta. Aunque el banco había anunciado sus intenciones de ceder la propiedad para la creación de una reserva natural, en diciembre de 2003, al menos desde el año 2001 una serie de figuras del mundo político y empresarial norteamericano estaban operando en el más completo silencio para lograr la transferencia en favor de la WCS. Entre otros, destaca especialmente el ex embajador de Clinton en Chile, John O'Leary, quien presidía desde 1992 el Comité de Recursos Naturales y Protección Ambiental de la IABA, organismo dedicado precisamente al intervencionismo en países como Brasil, Colombia y Chile para estimular políticas medioambientales. Además, ese mismo año en que asumió O'Leary en Chile, poco antes había llegado de visita a una reunión de Pucón la Primera Dama de los Estados Unidos, la maritalmente tan engañada Hillary Clinton, invitada en el mes de marzo de 1998 por otra ONG verde dirigida por el "ecofilántropo" y amigo de Douglas Tompkins, el magnate norteamericano Rick Klein, quien también figura en la lista de compradores masivos de territorio del Sur de Chile. Según el escritor y periodista norteamericano, Eric Samuelson, J.D., O`Leary, que se desempeñaba realizando asesorías para grupos ecologistas en Portland, aparece también a la tenebrosa lista de miembros de la logia secreta Skull & Bones, una sociedad mística de los ex estudiantes de Yale, figurando con ingreso a la secta en 1969. En dicha lista, Samuelson incluye también a George W. Bush (1967) y su ex contendor presidencial demócrata de 2004, John F. Kerry (1966).
En este ambiente desfavorable, Goldman Sachs y sus cómplices verdes en Chile realizaron una movida estratégica genial: el traspaso a la WCS se ejecutó furtivamente y casi sin publicidad, adelantándolo para el día el 10 de septiembre de 2004, en medio de la euforia popular que ese mismo día producía la llegada de los tenistas chilenos campeones olímpicos de Atenas, Nicolás Massú y Fernando González. En tal situación de distracción, la terrible noticia pasó inadvertida y a penas se escucharon las voces de protestas. Entrevistado por un medio de prensa nacional, O'Leary justificó la acción declarando
En otras palabras, todos los territorios transferidos quedaban desde ahora bajo una administración extranacional y foránea, ajena al ordenamiento del Estado de Chile, además de marginados para todo efecto de proyectos de desarrollo económico regional, descentralización y colonización. Pretendiendo esconder esta realidad, el Presidente de la WCS, Steven Sanderson, anunció la creación de un comité integrado por chilenos para evaluar proyectos de "desarrollo" en la zona. Obviamente, estos planes serán bajo la concepción extremista de los carteles verdes, en donde toda presencia o intervención humana es considerada una amenaza. Cabe recordar, sin embargo, que el traspaso de las tierras a la WCS, lejos de ser un magnánimo acto de altruismo y conciencia ecológica, para Goldman Sachs era nada más que un mero trámite de grandes beneficios lucrativos, pues desligaba al banco de las responsabilidades tributarias que debía asumir al poseer dichos terrenos, a cambio de la cesión y de un compromiso por seguir apoyando los planes de conservación sobre los mismos por tres años más desde el momento de la transferencia, a través de jugosas sumas de dinero que entrarán directamente a la WCS. Dicho de otro modo, con el negocio del traspaso ganan Goldman Sachs, la WCS, los ecologistas que asesoraron la gestión suscribiéndola al llamado Proyecto Gondwana, destinado a la creación de un megaparque mundial bajo todo el paralelo 40º del Hemisferio Sur... Todos ganan, MENOS EL ESTADO DE CHILE que, como legítimo poseedor patrimonial de los territorios, deberá conformarse con ver cómo otros administran y lucran con buena parte de su propia soberanía. Termina así, con un amargo final, esta historia de diez años de despojo en la Patagonia chilena, por manos negras del capitalismo salvaje y en una trama tejida por el monstruoso interés especulador del dinero y de las intrigas políticas. El nuevo territorio aislado del resto de Chile es a penas un 10% más pequeño que el controvertido Parque Pumalín y, como señaláramos, equivale a un tercio de la soberanía chilena en Tierra del Fuego. | |||
Tras seis años de controversia y de retraso, en enero del 2000 se supo que la Trillium había iniciado en secreto sus actividades de explotación, misma que se intentó detener por todas las vías legales, dadas las gravísimas consecuencias medioambientales que dicho proyecto tendría, además de la pésima señal que da Chile sobre el cuidado y respeto a su patrimonio soberano. A la sazón, y desde 1998, se rumoreaba insistentemente en que la empresa ya no contaba con los recursos necesarios para la explotación del bosque, a causa de los retrasos en el inicio de faenas. Las faenas habían entrado en marcha a fines del año anterior, tal vez aprovechando la distracción generada por el período eleccionario y las vacaciones, para evitar la atención pública sobre el asunto. Los trabajos iniciales iban a ocupar 103.000 hectáreas de bosque de lenga y coigüe, cercanos al sector de Timaukel. A la fecha, Trillium ya poseía 272 mil hectáreas en el territorio.
Las presiones de los grupos internacionalistas no han faltado, por cierto, para hacer que las grandes naciones suscriban al acuerdo. La mencionada negativa del Presidente George W. Bush de incorporar a los Estados Unidos en la ratificación del Protocolo de Kyoto, motivó respuestas tan millonarias y duras como la producción del filme "The Day After Tomorrow", del director Roland Emmerich, que describe precisamente la destrucción del mundo y una glaciación planetaria por el Efecto Invernadero. Otra parte no menos importante la ha hecho también, a este respecto, el documentalista Michael Moore, declarado enemigo de la administración Bush y de los republicanos.
Goldman Sachs anunció que, para fines de 2004, iba a comunicar su decisión sobre la transferencia de terrenos de Tierra del Fuego, pues no había conseguido venderlas. Como un cercano al banco y colaborador de algunos de sus directores, O'Leary debía saber con anticipación que los resultados le favorecerían. Sin embargo, en esos momentos se advirtió que la opinión pública chilena estaba notoriamente incrédula y reacia a los traspasos de terrenos para supuestos fines "ecológicos", después de la gran cantidad de críticas que había generado el polémico Acuerdo Huenchumilla-Tompkins de diciembre de 2003 y la oscura compra de la Estancia Valle Chacabuco, en Cochrane, por parte de Tompkins, en julio del año siguiente.